¿Es del César o es de Diós?

"La libertad requiere de la religión como la religión requiere libertad"(...) "Si tengo la fortuna de ser presidente, no serviré a ninguna religión, a ningún grupo, a ninguna causa, a ningún interés. Ningún candidato debería ser el portavoz de su fe". Mitt Romney.

Presentaron ¿Es de césar o es de Dios?, libro del antropólogo
Yerra la Iglesia católica en su meta de influir entre la feligresía: Masferrer
La Jornada, 18/03/2008;

José Antonio Román, reportero
Ante el “fracaso” del sistema pastoral de la Iglesia católica, su jerarquía insiste de nuevo en presionar al gobierno para impartir instrucción religiosa en las escuelas públicas. Es evidente que esta institución ha fallado en su tarea evangelizadora y en lograr mayor influencia y compromiso entre su feligresía, consideró el especialista en temas religiosos Elio Masferrer Kan.
En la presentación de su libro ¿Es del césar o es de Dios?, el investigador y antropólogo estimó que en una eventual apertura política a los ministros de culto, los pastores evangélicos están “mucho mejor preparados” que los católicos, pues no enfrentan la contradicción ni el impedimento de su fe para participar en los temas públicos.
El libro fue presentado por los especialistas Bernardo Barranco, Fred Álvarez y Norma Barranco Torres. El autor señaló que aunque los católicos siguen siendo mayoría, no asisten regularmente a sus templos ni tienen un compromiso a fondo con su fe, en una sociedad cada vez más secularizada. Mientras, los evangélicos –quienes a pesar de que muestran un crecimiento importante siguen siendo minoría– tienen un mayor compromiso con su Iglesia, lo que les da una fuerza social importante.
En su intervención, Bernardo Barranco señaló que enmedio de los temas vinculados con la sexualidad –entre los que están los escándalos de sacerdotes pederastas, el aborto, el celibato y el planteamiento de “nuevas parejas” y la falta de diálogo de la Iglesia con la modernidad–, el modelo actual enfrenta una grave crisis. La Iglesia católica ha sido rebasada por las manifestaciones de la cultura y la religiosidad popular, expresó.
Consideró que con la falta de participación de los fieles, está pagando los ataques que en el pasado lanzó contra la teología de la liberación, pues hoy los “vasos capilares” de la Iglesia mexicana “están muy enfermos” y no hay reacción.
Además, Barranco planteó que la visibilidad de la jerarquía católica se basa principalmente en una participación mediática que podría asemejarse, dijo, a una figura con cabeza de hierro y pies de barro; mientras que el movimiento evangélico enfrenta una situación a la inversa, donde la cabeza es endeble y sus bases son sólidas y en crecimiento.
Por su parte, Fred Álvarez se dijo convencido de que un Estado laico no está contra la religión, sino que, por el contrario, garantiza la libertad de conciencia, el derecho de todos los ciudadanos de creer y practicar su fe sin interferencias. La sociedad laica es pluralista, secularización y pluralismo son casi sinónimos, agregó.
Asimismo, citó algunas encuestas, que sin aclarar su metodología, demuestran que una contundente mayoría de mexicanos rechaza abiertamente la participación política de los ministros de culto.

Revista Cambio,

Vota pro nobis/César Aguilar García, reportero

La iglesia Católica en México ya no quiere ser un poder fáctico; busca convertirse en un sector con influencia formal y legal en la política, la educación pública, los medios de comunicación. La sensible pérdida de convocatoria y feligresía que ha padecido en la última década, impulsa a la iglesia Católica a regresar por sus fueros promoviendo reformas constitucionales para cambiar su estatus jurídico actual y se les permita ser actores políticos. Sin embargo, persiste el rechazo a que los ministros de culto participen en política.

A casi 16 años de la vigencia de la reforma constitucional en materia religiosa y la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la institución Católica hace valer de nuevo su papel de importante actor social y político para demandar modificaciones a la Carta Magna y ampliar así su libertad religiosa para poder votar y ser votados a cargos públicos.En voz de su presidente, Carlos Aguiar Retes, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) revive de nuevo su petición de modificar el concepto constitucional de libertad de culto y de creencia por el de libertad religiosa, argumentando que la iglesia Católica no quiere privilegios, sino superar escollos y clarificar la definición de libertad religiosa.

No obstante, especialistas religiosos descartan que en el Congreso de la Unión los partidos políticos vayan a poner atención y analizar esta añeja petición de la Iglesia, a pesar de que tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, se declaran a favor de estudiar la posibilidad de que los ministros de culto participen en política.

En contraparte, el analista de temas religiosos Fred Álvarez Palafox considera que con esta solicitud los católicos no pretenden regresar por sus fueros, sino simplemente pedir modificaciones a la libertad de culto. Además, sostiene que hay una contradicción entre el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde indica que nadie puede ser discriminado, en tanto que el 130 dice que los ministros de culto no pueden participar en política.

Al mismo tiempo y en perjuicio de la Iglesia Católica, una encuesta levantada por BGC y el diario Excelsior revela que en México persiste un considerable rechazo a la participación política de los ministros de culto y una gran desconfianza en su pretensión por cambiar su estatus actual de su papel en el Estado.

Carlos Salinas siembra la semilla

En la historia y cultura del país es innegable la presencia de la institución Católica, por lo que las relaciones Estado-Iglesia han sido complicadas y hasta tormentosas, pero al mismo tiempo ambas instancias han aprendido a negociar y buscar espacios para la conciliación.

Sometidas a lo que dictaban cinco artículos de la Constitución Política de 1917, durante décadas la religión estuvo prácticamente relegada a la esfera privada, el culto público sólo podía tener lugar al interior de los templos, se negaba personalidad jurídica a las comunidades religiosas y, con ello, su actividad pública se encontraba limitada.

En 1988, en su toma de posesión, el presidente Carlos Salinas de Gortari, hizo el llamado para que se formalizarán legalmente las relaciones del Estado con las iglesias. Pero no fue hasta 1991 cuando se sentaron las bases en las que el gobierno estaría dispuesto a realizar una reforma a fondo en la materia.

Los principios básicos fueron: separación entre el Estado y las iglesias; respeto a la libertad de creencias; personalidad jurídica de las asociaciones religiosas; culto externo; sistema patrimonial de las asociaciones religiosas y, educación laica en las escuelas públicas.

El pasado 28 de enero se conmemoró el 16 aniversario de las reformas constitucionales a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130, reformas que permitieron a las iglesias adquirir personalidad jurídica a través de un trámite para constituirse como asociación religiosa.

Derivado de esta reforma, se reconoció el derecho de las asociaciones religiosas para participar en actividades educativas, de asistencia privada y de salud; se eliminó la prohibición constitucional de establecer todo tipo de órdenes monásticas, además de que se superó la disposición de tener que celebrar sólo al interior de los templos los actos de culto público.

En tanto, el 15 de julio de 1992 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en la que se reconoce a toda persona la protección del Estado frente a acciones de discriminación, derechos a las asociaciones religiosas, realizar actos de culto público religioso al exterior de los templos, adquirir inmuebles, entre otros.

Otro aspecto relevante surgido de estas reformas fue que, el 20 de septiembre de 1992, México reconoció como Estado a El Vaticano, por lo que se formalizaron las relaciones diplomáticas con la santa Sede, luego de casi 150 años interrumpidos. El Papa Juan Pablo II nombró como Nuncio a Jerónimo Priogione, mientras que Enrique Olivares Santana fue nombrado embajador.

Prohibida su actuación política

El artículo primero del texto vigente de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala la separación del Estado y las iglesias así como la libertad de creencias religiosas, además de que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país.

El inciso B del artículo segundo garantiza al individuo “no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas”, mientras que el tercero indica que el Estado mexicano es laico y ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo en la observancia de las leyes.

El artículo sexto señala que las Iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas, una vez que obtengan su correspondiente registro ante la Secretaría de Gobernación.

El artículo 14 de esta normatividad indica que los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto, tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable.

Pero, “no podrán ser votados para puestos de elección popular”, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes del día de la elección.

El precepto añade que tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de un candidato, partido o asociación política alguna.

En cuanto a su régimen patrimonial, el artículo 16 señala que las asociaciones religiosas constituidas conforme a la ley, podrán tener patrimonio propio que les permita cumplir su objetivo, los cuales serán exclusivamente el indispensable para cumplir el fin o fines propuestos en su objeto.

Indica, además, que las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar, por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva.

El origen

Muchos son los episodios que marcan la relación Estado-Iglesia, en especial con la poderosa Católica, entre ellos el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993, el surgimiento del conflicto armado del EZLN en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que derivó en una campaña en contra de un sector de la iglesia Católica, concretamente contra algunos obispos.

Álvarez Palafox destaca que en julio de 1994 deja el cargo como Arzobispo Primado Ernesto Corripio Ahumada, hombre clave en las reformas, lugar que ocupó un año después el obispo de Tehuacan, Norberto Rivera Carrera.

Y fue precisamente Rivera Carrera quién movió las aguas Católicas cuando en una homilía celebrada el 20 de octubre de 1996, dijo en Catedral que “siendo la Iglesia continuadora de Jesús en la historia, podemos concluir que puede y debe meterse en política como lo hizo Jesús”.

El especialista dice que para muchos fue una provocación y con ello se tocó el tema de los límites de acción de la Iglesia Católica, lo que generó una de las primeras polémicas sobre religión y política. “Las reacciones no se hicieron esperar, la mayoría de diputados del PRI, PRD y PT coincidieron en hacer un llamado a los ministros de la iglesia Católica a sujetarse a la ley y no violar el principio de separación Estado-iglesias al intervenir en política.

El único partido que defendió lo dicho por el Arzobispo Primado fue el PAN”, recuerda Fred Álvarez.

Fue hasta octubre de 2007 cuando la Iglesia Católica revivió su petición de realizar cambios a la constitución, pues Dominique Mamberti, secretario de El Vaticano para las relaciones con los Estados, sostuvo que en la legislación mexicana de perciben equívocos y limitaciones sobre libertad religiosa.“Espero que este encuentro nos ayude a proponer nuevos caminos del marco jurídico actual con vistas a una plena garantía a la libertad religiosa de todos los ciudadanos, superando limitaciones y equívocos que se perciben en las normas vigentes”, dijo a propósito del 15 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y El Vaticano.

Así, en febrero pasado el presidente de la CEM se pronunció de nuevo por una revisión de las leyes constitucionales respectivas para cambiar el concepto de libertad de culto y de creencia por el de libertad religiosa. Indicó que para la Iglesia Católica la libertad religiosa significa la libertad de todo mexicano, incluidos los ministros de culto, de “vivir su fe en público y privado, de manera individual y asociada, en toda actividad y sector, sin ningún límite que el respeto al derecho de terceros”.

Hay simulación

En entrevista con CAMBIO, Fred Álvarez destaca que la laicidad del Estado “no debe” estar bajo cuestionamiento alguno pero si bajo una revisión, sobre todo en los tiempos actuales que la secularización –separación clara entre Estado y religión– parece que cada día va perdiendo vigencia.

Indica que en la actualidad la iglesia Católica se está introduciendo cada vez más a los asuntos públicos, tanto locales como internacionales. “La religión es mucho para dejárselos a los religiosos, entonces tiene que entrar el Estado porque sí hay un retorno de lo religioso”, puntualiza.

No obstante, asegura que hay una contradicción entre el artículo primero de la Constitución Política donde indica que nadie puede ser discriminado; en tanto que el artículo 130 dice que los ministros de culto no pueden participar en política.

El artículo primero de la Carta Magna que refiere las garantías individuales, señala que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otros, por la religión o cualquier otra que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; en tanto, el artículo 130 que indica la separación del Estado y las iglesias, puntualiza que los ministros de culto no tienen derecho a ser votados ni participar en la política.

“Creo que no es el regreso de la iglesia Católica por sus fueros, veo más el planteamiento de la ampliación de la libertad religiosa, y aquí se requiere una revisión no dirigida hacia la Iglesia Católica, sino al ministro de culto o pastor que oficia los fines de semana, pero que el resto de los días es una persona común y corriente con distintas profesiones”, considera Fred Álvarez.

“No veo yo al PRI votando una reforma, vería algunos del PRD metiéndose en ese tema y a los panistas, pero una reforma constitucional requiere las dos terceras partes, no lo veo. Entonces la visita de Mamberti para entrar al asunto de las posibles reformas, creo que fue una llamarada de petate, el planteamiento reciente de la CEM también lo veo por ahí, van a insistir, lo van a meter en la agenda pero no pasará nada”.

“No nos hagamos, en efecto los ministros de culto participan en política, Lo siguen haciendo, lo van a seguir haciendo y los otros temas de derecho a la educación lo siguen haciendo, siempre lo han hecho”, asevera.

Peligra su convocatoria

Para Elio Masferrer, profesor e investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, esta petición y otras de la Iglesia Católica responde a que en los últimos años perdieron mucho de su poder, y coincide en que en estos momentos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión “no se van aventar a respaldarlos”.

En entrevista el tambi’en autor del libro Ritos y creencias del nuevo milenio, dice que esta pérdida de feligreses “responde a que la institución Católica no ha renovado su discurso y sigue diciendo lo mismo que en los años 60, ni siquiera ha asimilado el Concilio Vaticano II”.

Asegura que en este momento el 15 por ciento de los mexicanos profesa otras religiones, entre ellos un millón en el movimiento pentecostal, otro millón y medio con testigos de Jehová, un millón con los mormones, y otros 500 mil con los adventistas.

“A nadie le quita que la iglesia haga su trabajo en México, pero hablan como si estuvieran en la antigua Unión Soviética. Simplemente sucede que nadie va a misa y están relativamente desesperados por la pérdida de feligreses y un abandono de las prácticas que es impresionante”, asegura Elio Masferrer.

Por su parte, Bernardo Barranco, sociólogo especializado en temas religiosos y Vicepresidente del Centro de Estudios de las Religiones en México, coincide en que el catolicismo pierde autoridad moral porque es percibida como una Iglesia anciana, además de que la imagen de los jerarcas católicos en México ha ido en detrimento, porque no son líderes espirituales o morales, sino políticos.