Reporta
atropellos laborales y personales en la Segob
LA
REDACCIÓN
Revista
Proceso
# 1959, a 17 de mayo de 2014
PALABRA
DE LECTOR
Señor
director:
A
principios de 2013 fui invitada a colaborar en el diseño y acompañamiento
metodológico del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia, en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de
la Segob, a cargo de Roberto Campa Cifrián; me fue ofrecida una plaza como
directora de área dentro de la Dirección General de Planeación Estratégica para
la Prevención Social, a cargo de Lucila Guerra Delgado.
Acepté
el reto profesional entusiasmada por contar con la oportunidad de aportar algo
a mi país, pero dicho entusiasmo pronto se desvaneció y hoy puedo afirmar que
mi paso por la subsecretaría ha sido la peor experiencia laboral en mi
trayectoria profesional.
Mi
primer día de trabajo fue el 1 de abril de 2013; no obstante, la plaza me fue
asignada cinco meses después (en septiembre). Con engaños y falsas promesas me
hicieron creer que al darse tal asignación me pagarían retroactivamente el
monto que se me adeudara, pero esto no ocurrió, y aunque en mayo de 2013 recibí
una remuneración (por honorarios asimilados) con carácter extraordinario,
equivalente a tres quincenas de mi salario, la subsecretaría me despojó
alevosamente de las siete quincenas restantes que legalmente me correspondía
cobrar, así como de las prestaciones que no recibí durante esos cinco meses, la
antigüedad laboral que no me fue reconocida por el mismo periodo, los viáticos
de comisiones laborales que tuve que cubrir con mi dinero y la parte
proporcional de aguinaldo correspondiente al pago por honorarios asimilados.
Frente
a estos atropellos, me pregunto: ¿quién o quiénes son los responsables, quién o
quiénes malversan los fondos destinados al pago de trabajadores al servicio del
Estado? ¿Dónde está ese dinero: el de los salarios y prestaciones que nunca
llegaron a mí, como ocurre a muchos otros servidores públicos?
En
octubre de 2013 ingresó a la subsecretaría Ibeth Rodríguez Guerrero, como
directora general adjunta de Formación e Innovación, y, por lo tanto, sería mi
jefa directa. Pronto, Ibeth Rodríguez, avalada por Lucila Guerra, comenzó a
tener una actitud despótica y persecutoria para conmigo, de absoluta
insensibilidad respecto de la situación de vida que enfrentaba, producto de los
incumplimientos de la subsecretaría y, sobre todo, de mi situación como madre
trabajadora.
Paradójicamente,
la tarea de quienes laboran en la subsecretaría es dar seguimiento a un
programa nacional diseñado desde la perspectiva de género que, entre sus líneas
de acción para la prevención de la violencia contra las mujeres, incluye el
desarrollo de mecanismos que apunten a la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar. Me pregunto: ¿Entienden las y los funcionarios como la
licenciada Rodríguez lo que esto significa? ¿O más bien se trata de una
estrategia que no pasa por la falta de entendimiento, sino por el ejercicio de
un poder abusivo que se aprovecha de la vulnerabilidad de las madres
trabajadoras para que renuncien y en su lugar puedan colocar a gente que sirva
a sus intereses personales? ¿Cómo visualizar avances en la prevención social de
la violencia, problema medular en nuestro país, si quienes diseñan y ejecutan
parte importante de la política pública en la materia son los primeros en
ejercerla?
En
virtud de la violencia laboral y del atropello personal de los que fui víctima,
a finales de 2013 presenté mi renuncia, y el 31 de diciembre fue mi último día
de trabajo, convencida de que a los altos funcionarios no les interesa servir,
sino servirse del poder y de los recursos del Estado. (Carta resumida.)
Atentamente
Paola
Hernández Salazar
Doctora
en Ciencias Sociales,
investigadora
y docente
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