¿Prepara socia de Grupo Higa su incursión en el ISSSTE?/Lourdes Mendoza

 Sobremesa

¿Prepara socia de Grupo Higa su incursión en el ISSSTE?/Lourdes Mendoza

El Financiero, diciembre 05, 2022 

Al interior del ISSSTE, instituto que quesque lleva el Comandante Z, Pedro Zenteno, se avecina otro escándalo, pues me cuentan que Ingeniería y Control de Proyectos, SA de CV, mejor conocida como Incop, de José de Jesús Flores Lagos, tendría el respaldo de la… polémica, por decirle de bonita manera, Almendra Ortiz, directora normativa de Administración y Finanzas, para quedarse con el contrato para construir el nuevo hospital de alta especialidad en Tlajomulco, Jalisco.

Aunque Ramiro López Elizalde, director normativo de Salud en el ISSSTE, aseguró que se licitaría la obra para arrancar los trabajos a inicios del siguiente año, al interior del instituto se habla de que Incop sería la favorita para adjudicarse este contrato. Ahora bien, si usted se pregunta qué historial tiene Ingeniería y Control de Proyectos, lo más relevante es que se dedica, principalmente, a la construcción de hospitales públicos y privados, además de que obtuvo obras en conjunto con Grupo Higa; sí, de Juan Armando Hinojosa, el mismo que le vendió la ‘casa blanca’ a la Gaviota, la exesposa de Enrique Peña Nieto y quien también formó parte de los 17 denunciados sin pruebas por parte de Emilio Lozoya.

El dueño de Incop, Jesús Flores, habría construido, en alianza con Grupo Higa, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, en el Estado de México, inaugurado en 2011, y luego se asoció con la empresa de Juan Armando Hinojosa para edificar el hangar donde está estacionado el avión presidencial –el mismo que se rifó, pero no; que se vendió, pero tampoco– en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Incop, junto con Higa, desarrollaron esta obra de infraestructura durante el sexenio de Peña Nieto, con un costo total de inversión de mil 182 millones 263 mil 84 pesos, lo que le mereció el mote del inmueble más costoso de la Presidencia de la República. ¡Quiúboles!

México producirá gas licuado

La firma que hizo hace unos días Pemex, del agrónomo Octavio Romero, con la empresa estadounidense New Fortress Energy (NFE), del multimillonario neoyorkino Wes Edens, para invertir en el campo de aguas profundas Lakach es, a diferencia de otros proyectos, una apuesta innovadora para que México pueda producir gas natural licuado e incluso la posibilidad de exportarlo a otros países. ¡Hasta que a alguien se le prendió el foco! Para los que no sepan, este campo ya había sido descubierto, pero financieramente no era viable hace seis años, algo que, por cierto, siguen diciendo algunos analistas que no se han enterado que lo que hoy lo hace rentable es la tecnología que tiene NFE. Básicamente es tener una planta de licuefacción en medio del mar para de ahí abastecer, ya sea los barcos de Pemex o los de la empresa, sin tener que llevar el gas a tierra. El compromiso es que la producción inicie en el primer semestre de 2024. ¿Será que puedan pensar más proyectos como éste en otras dependencias? Soñar no cuesta nada.

Ridículo en la ONU

Tremendo ridículo pasaron los representantes del colectivo Movimiento Indígena Maya, encabezados por Raúl Benet y Quetzal Tzab, que quisieron participar en el 11° Foro de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, en Ginebra. Trataron sin éxito de sumar a otros movimientos internacionales para detener las operaciones de la cantera Calica en Playa del Carmen, propiedad de Vulcan Materials.

Lo que callaron los activistas es que México enfrenta un arbitraje internacional promovido por la compañía estadounidense, por la aplicación de medidas arbitrarias del gobierno que terminaron por clausurar su operación. El monto del pleito no es menor. Se trata de más de mil 500 millones de dólares, que muy probablemente tendrá que pagar México en esta disputa. ¡Así como lo están leyendo!

Conflictos de interés y dolores de cabeza en Hidalgo

Vaya, vaya. El pasado 29 de septiembre de 2022, el maestro José Eduardo Galaviz Macías, de la Guardia Nacional, entregó un contrato de 250 millones de pesos a la pareja sentimental del nuevo secretario del gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares. Se trata de la licitación pública internacional bajo los tratados de libre comercio LA-036H00998-E231-2022, referente a la adquisición de neumáticos para todo tipo de vehículos terrestres del parque de la GN.

Desde las tierras de los pastes y los Tuzos del Pachuca, campeones del futbol nacional, afirman que Martha Patricia Salomé Briseño Ortiz no sólo goza de la cercanía y contactos de Olivares Reyna, sino que también es impulsada por el empresario Juan Carlos Martínez. El gobernador Julio Menchaca debería estar atento con el conflicto de intereses de sus subalternos, pues Martha Patricia Salomé podría convertirse en un dolor de cabeza para su administración. Que conste que se le avisó.

DERECHO DE RÉPLICA

Sr. Director

A propósito de la columna Sobremesa del 11 de noviembre, deseo hacer las siguientes precisiones:

1.- En ningún momento, tanto la empresa que represento, coma en forma personal, hemos tratado de burlar la injusta y arbitraria inhabilitación que el Órgano lnterno de Control del ISSSTE resolvió el día 8 de septiembre del año en curso. La empresa que represento, y como parte de los distintos recursos legales que le permite la ley, compareció en un juicio de amparo indirecto ante los juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, donde se solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado.

2.- La periodista Lourdes Mendoza afirma que el suscrito asistió a la Fórmula 1 en el Gran Premio de la Ciudad de México y que varios asistentes escucharon que el suscrito había sobornado a servidores públicos, tanto del ISSSTE como de la Función Pública. Niego rotundamente estos dichos, los cuales son falsos y difamatorios.

3-La señora Lourdes Mendoza afirma que la familia Baillères contrató a Casanova Vallejo, desde hace más de dos años, para brindar servicio de transporte y logística de la mercancía que llega al domicilio de los clientes de Palacio de Hierro, afirmación que es totalmente falsa y dolosa, y que, incluso, la misma empresa Palacio de Hierro ha desmentido.

4.- Y, por último, quiero informarle a usted que, efectivamente, las empresas de Casanova prestan el servicio de renta de transporte desde hace 46 años a más de 500 empresas privadas, siendo este sector el principal negocio del grupo, ya que las operaciones con el sector gobierno representan una proporción menor de nuestro portafolio. Así mismo, informo que dentro del Código de Conducta de Casanova se establecen los principios rectores y políticas, entre ellas las relacionadas con anticorrupción, conflicto de intereses y antilavado de dinero, mismas políticas y criterios que Casanova aplica en todas sus líneas de negocio.

Atentamente

Lic. Carlos Echenique Casanova

Representante legal y miembro del Consejo de Administración de Casanova Vallejo, SA de CV

Respuesta de la columnista Lourdes Mendoza

Sr. Director

En términos generales, niego de manera categórica que, en la columna en cuestión, como en ninguna otra de mi autoría, haya escrito jamás información alguna con dolo, con ánimo de dañar ni atribuir ningún hecho a cualquier persona, a sabiendas de ser falso. Además, quiero resaltar que mi columna, al ser de naturaleza editorial o de opinión, me permite utilizar diversos tonos, como ironía, humor negro y lenguaje coloquial; todos estos elementos, permitidos y amparados por el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Ahora bien, respecto a los puntos particulares, me permito hacer las siguientes precisiones:

Respecto a la manifestación en el sentido de que “en ningún momento han tratado de burlar la inhabilitación que el Órgano Interno de Control del ISSSTE”, esta columna cuenta con una tarjeta informativa circulada dentro de la Secretaría de la Función Pública, cuya autenticidad verifiqué, en la que se expresa literalmente que: “La empresa interpuso un recurso de revisión ante el Órgano Interno de Control (OIC), en el que se le negó la suspensión; sin embargo, posteriormente se desistió del recurso y recurrió al Poder Judicial, donde promovió un juicio de amparo”. Si bien es cierto que, como resultado de la interposición de una demanda de amparo, el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó la suspensión definitiva, publicada el 11 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cuyo efecto es solamente que no aparezca en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, la realidad es que la inhabilitación existe, la multa también y éstas han quedado firmes dentro del proceso administrativo correspondiente. Jamás escribí que la empresa representada por el licenciado Echenique quisera tratar de burlar, sino que “estaban a punto de” burlar, término coloquial que utilicé para sintetizar la intención de la compañía para evitar o eludir los efectos de la inhabilitación.

Sobre los 5 millones de pesos que la empresa habría entregado a servidores públicos para evadir la inhabilitación, es una versión, según lo escuchado por varios asistentes a la Fórmula 1.

Esta información, tal y como lo expresé en mi columna, la recibí de una fuente que estuvo también presente en el evento de referencia y cuya identidad conozco plenamente, pero me reservo por haberme pedido conservar su anonimato; no es una fuente anónima y es una persona que tiene para mí total credibilidad. Incluso, si bien es cierto que el licenciado Echenique niega haber dicho lo escrito en la columna, reconoce tácitamente haber estado en dicho evento y tampoco niega haber hablado con los asistentes al mismo. Sin embargo, al ser un trascendido y estar imposibilitada de revelar mi fuente, la negativa expresada por el licenciado Echenique de haber manifestado lo escrito en la columna, naturalmente debe prevalecer y, por ello, tomo nota y admito se tenga por hecha la rectificación que corresponda.

Aunque el apoderado legal de Casanova Vallejo afirma que el sector gobierno representa una proporción menor de su portafolio de clientes, lo cierto es que, de acuerdo con datos públicos, Casanova ha obtenido contratos con la administración pública federal por más de 9 mil 700 millones de pesos, una cantidad que ciertamente no es menor y merece la atención ser fiscalizada, oficial y periodísticamente.

Atentamente

Lourdes Mendoza