COMUNICADO DE PRENSA; CIDH; Nº 45/07
PRESIDENTE DE LA CIDH URGE A INVESTIGAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA EN OAXACA
Washington, D.C.,16 de agosto de 2007 – A invitación del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de Oaxaca, el Dr. Florentín Meléndez, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Relator para México y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, realizó una visita al Estado de Oaxaca del 8 al 11 de agosto. El objetivo de la visita fue principalmente recabar información sobre los hechos de violencia sucedidos desde 2006 a fin de complementar la información recibida en audiencias realizadas en su sede en Washington, D.C. La CIDH agradece a las autoridades federales y estatales, y a las organizaciones de la sociedad civil, por la cooperación brindada durante su visita.
El Presidente de la CIDH observa que la situación por la que atraviesa el Estado de Oaxaca obedece a circunstancias y hechos de carácter estructural que han afectado derechos fundamentales de la población, particularmente de los pueblos indígenas, que se manifiestan, especialmente, en la impunidad, la inequidad, la exclusión social y la discriminación racial. La CIDH ha seguido con detenimiento la situación en Oaxaca, y en diferentes oportunidades ha respondido con solicitudes de información al Gobierno y con medidas cautelares para proteger a personas en grave riesgo, entre ellos, líderes sociales e indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos. La CIDH se ha pronunciado públicamente sobre el tema en diversas oportunidades, incluyendo los comunicados de prensa emitidos el 31 de octubre de 2006 y el 20 de julio de 2007. Durante la visita realizada a Oaxaca del 8 al 11 de agosto, la CIDH recibió numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. El Presidente de la CIDH manifiesta, por lo tanto, su profunda preocupación por los hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos sucedidos recientemente en Oaxaca, los cuales han afectado gravemente derechos de muchas personas, y han obstaculizado el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y de la sociedad en general.
Entre junio y diciembre de 2006, y en julio de 2007, se registraron hechos de intensa violencia en un ambiente de mucha polarización. La CIDH recibió denuncias sobre muertes violentas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, brutalidad policial, uso desproporcionado de la fuerza, detenciones masivas, casos de incomunicación y aislamiento de detenidos, uso de francotiradores y gases lacrimógenos, agresiones a periodistas y llamados públicos a atacar a defensores de derechos humanos y líderes sociales. Asimismo, se recibieron denuncias sobre policías retenidos por los manifestantes, que fueron golpeados y heridos, atentados con bombas incendiarias y bombas molotov, destrucción e incendio de la sede del Poder Judicial y otros edificios. Según la información recibida, se realizaron también exhortaciones públicas a la violencia y atentados contra medios de comunicación.
Especialmente, el Presidente de la CIDH desea expresar su profunda preocupación por la información recibida acerca de al menos dos personas desaparecidas, varias personas muertas, torturadas y heridas de gravedad. En este sentido, el Presidente de la CIDH exhorta al Gobierno del Estado de Oaxaca y al Gobierno Federal a investigar de manera objetiva e imparcial las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la represión violenta de manifestaciones públicas, a reparar a las víctimas, y a que ninguna de las violaciones de derechos humanos quede en la impunidad. El Presidente de la CIDH fue informado también sobre la falta de investigación en unos casos y la lentitud en iniciar las investigaciones en otros casos, por lo que destaca la importancia de que las autoridades federales y estatales, según su competencia, avancen con celeridad en dichas investigaciones, esclarezcan la verdad y deduzcan las responsabilidades legales. En especial, el Presidente de la CIDH urge a las autoridades a esclarecer cuanto antes el paradero de los señores Edmundo Reyes y Raymundo Rivera, cuya desaparición fue denunciada públicamente, y también por familiares ante la CIDH durante la visita a Oaxaca. El Presidente de la CIDH visitó en el Hospital de Especialidades de Oaxaca al señor Emeterio Marino Cruz, de oficio albañil, quien se encuentra en grave estado de salud como consecuencia de la golpiza que presuntamente le habrían propinado agentes de policía momentos después de su captura en julio de 2007. La CIDH espera que este grave caso sea investigado a la brevedad posible, tal como se ha comprometido el Gobierno de Oaxaca, se identifique y sancione a los responsables, y se garantice una reparación integral.
La Comisión observa que el derecho de reunión y la libertad de expresión materializan la participación ciudadana y la fiscalización del accionar del Estado en cuestiones públicas. Por lo tanto, el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado en el contexto de manifestaciones públicas no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo. En consecuencia, la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas y ser ejercida con moderación y con proporción al objetivo legítimo que se persiga. Es decir, el grado de fuerza ejercido por las fuerzas de seguridad no debe ser más que el absolutamente necesario reduciendo al mínimo las lesiones personales y las pérdidas de vidas humanas.
El Presidente de la CIDH urge a que se adopten medidas y políticas tendientes a esclarecer los hechos violentos y las violaciones de derechos humanos, identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley, todo ello en el marco de un debido proceso, y reparar los daños morales y materiales a las víctimas.
En base a las funciones y atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión elaborará próximamente un informe en el que desarrollará de manera más amplia sus observaciones sobre las dos visitas realizadas a México en 2007, así como sus conclusiones y recomendaciones finales, a las cuales dará seguimiento en sus próximas visitas a fin de verificar su fiel y total cumplimiento. La CIDH reitera su disposición para colaborar con las autoridades y con la sociedad civil, en el marco de sus atribuciones y competencias, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en México.
Contacto de prensa: María Isabel Rivero
tel. (202) 458-3867
Correo electrónico: cidh-prensa@oas.org
Sitio en Internet de la Comisión: www.cidh.org
16 ago 2007
"Tengo pólvora en la canana": Subprocurador Castro
"En Oaxaca, el gobierno estatal violó derechos humanos: Castro Lozano"
Así cabecea la nota en primera plana el periódico La Jornada, en su edición de este jueves 16 de agosto.
La declaración la dio en el marco de una conferencia magistral que dicto el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicio a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro Lozano.
Vale la pena a quienes les interese, leer la ponencia completa, pero sobretodo las preguntas y respuestas.
La versión estenográfica completa puede consultarse en http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/coms07/150807.shtm
Por cierto, las declaraciones no gustaron a el gobierno de Oaxaca.
Dice la nota signada por Georgina Saldierna que un funcionario del gobierno de Oaxaca -Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, secretario técnico del gobierno- señaló categórico: "rechazamos señalamientos infundados y dolosos en los que se ponga en duda la autonomía de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como también aquellos donde se emitan juicios a priori que buscan confundir a la opinión pública" (manifestó el secretario técnico del gobierno de Oaxaca Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva). E incluso exigió a la PGR aclarar el sentido de las declaraciones del subprocurador y exhortó a los funcionarios federales a conducirse con respeto a las instituciones de las entidades federativas, así como a abstenerse de hacer declaraciones irresponsables que puedan perjudicar la coordinación que debe privar entre los diferentes niveles de gobierno.
Preguntas y respuestas de la conferencia magistral “La Democracia en México y los Derechos Humanos”, dictada por el doctor Juan de Dios Castro Lozano, Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicio a la Comunidad de la PGR, llevada a cabo en el Auditorio “Jesús Reyes Heroles” de la Secretaría de Gobernación.
Pregunta: -Qué tal. Muy buenas ya tardes prácticamente. Muchas gracias por esta apertura para este tipo de preguntas.
Habla usted de la libertad de expresión, la libertad de la que ahora los mexicanos gozamos. Me deja la impresión de que a su vez quiere dejarnos a nosotros, como auditorio, el hecho de que esto se logró gracias a la llegada del PAN a la gubernatura, que fue obra y gracia de ustedes. ¿La libertad de expresión no al conquista un pueblo? La primera pregunta.
Y en este mismo sentido de la libertad de expresión, hubo alguien que tuvo la osadía, el valor de decir que no había tiempo para un formato de debate entre el Presidente Felipe Calderón Hinojosa con los partidos políticos en el Congreso de la Unión y ni tardos ni perezosos, en menos de 24 horas, ¡zas!, se le cayó la cabeza, ya no está en la Jefatura de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Mario Escárcega.
Pregunta: Sí, buenos días. Señor, buenos días, primero preguntarle; bueno, únicamente una sola pregunta, preguntarle: El Coordinador de los Senadores del PRI ayer mencionaba, ante todo este jaloneo sobre al Reforma Fiscal, que en México si no se pone atención se va incendiar el país.
Tienen identificadas las zonas pobres del país, según los legisladores priístas, y le advertía esto al Secretario de Hacienda, en virtud de que si no se hace con estos recursos que está pidiendo el Gobierno Federal, a partir de una eventual Reforma Fiscal, si no se utilizan estos recursos para gasto social se puede incendiar el país y esto evidentemente tiene que ver con le violación a los derechos humanos.
¿Cuál es su opinión concretamente sobre este tema, por favor?
Así cabecea la nota en primera plana el periódico La Jornada, en su edición de este jueves 16 de agosto.
La declaración la dio en el marco de una conferencia magistral que dicto el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicio a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro Lozano.
Vale la pena a quienes les interese, leer la ponencia completa, pero sobretodo las preguntas y respuestas.
La versión estenográfica completa puede consultarse en http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/coms07/150807.shtm
Por cierto, las declaraciones no gustaron a el gobierno de Oaxaca.
Dice la nota signada por Georgina Saldierna que un funcionario del gobierno de Oaxaca -Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, secretario técnico del gobierno- señaló categórico: "rechazamos señalamientos infundados y dolosos en los que se ponga en duda la autonomía de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como también aquellos donde se emitan juicios a priori que buscan confundir a la opinión pública" (manifestó el secretario técnico del gobierno de Oaxaca Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva). E incluso exigió a la PGR aclarar el sentido de las declaraciones del subprocurador y exhortó a los funcionarios federales a conducirse con respeto a las instituciones de las entidades federativas, así como a abstenerse de hacer declaraciones irresponsables que puedan perjudicar la coordinación que debe privar entre los diferentes niveles de gobierno.
Preguntas y respuestas de la conferencia magistral “La Democracia en México y los Derechos Humanos”, dictada por el doctor Juan de Dios Castro Lozano, Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicio a la Comunidad de la PGR, llevada a cabo en el Auditorio “Jesús Reyes Heroles” de la Secretaría de Gobernación.
Pregunta: -Qué tal. Muy buenas ya tardes prácticamente. Muchas gracias por esta apertura para este tipo de preguntas.
Habla usted de la libertad de expresión, la libertad de la que ahora los mexicanos gozamos. Me deja la impresión de que a su vez quiere dejarnos a nosotros, como auditorio, el hecho de que esto se logró gracias a la llegada del PAN a la gubernatura, que fue obra y gracia de ustedes. ¿La libertad de expresión no al conquista un pueblo? La primera pregunta.
Y en este mismo sentido de la libertad de expresión, hubo alguien que tuvo la osadía, el valor de decir que no había tiempo para un formato de debate entre el Presidente Felipe Calderón Hinojosa con los partidos políticos en el Congreso de la Unión y ni tardos ni perezosos, en menos de 24 horas, ¡zas!, se le cayó la cabeza, ya no está en la Jefatura de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Mario Escárcega.
¿Qué me podría comentar al respecto, si es tan amable?
También inició su alocución mencionando un hecho vergonzoso, de que un presidente municipal ahora, antes diputado, orinara en vía pública.
Me gustaría también que me hiciera la diferencia, en la medida de lo posible y de la manera también de mi parte mucho muy respetuosa, cuál es la diferencia de este acto a que un legislador legisle en beneficio de la nación y, al mismo tiempo, litigue en contra de la nación y cobre millonarias sumas de dinero, caso específico Diego Fernández de Cevallos. Muy amable, con todo el respeto, por supuesto.
Juan de Dios Castro Lozano: Claro, y voy agarrar el toro por los cuernos y le voy a pegar sin odio. Miren, señores, voy empezar por la última.
Primero, creo que yo no mencioné al PAN o sí lo mencioné. ¿Verdad que no?
No, yo no creo que un partido político sea el único artífice de un régimen democrático. Yo pienso que Acción Nacional luchó desde 1939 pero miren: Vasconcelos no era del PAN -y a él sí lo mencioné- y Vasconcelos se enfrentó al abuelo del PRI, que era el PNR, Partido Nacional Revolucionario, en 1929. Fue al que mencioné.
Y creo que la libertad de prensa, la primera etapa en que hablé de la libertad de prensa -y de todas las libertades, ¿eh?: de asociación, de expresión- me acuerdo que dije que había sido en la época de Madero. Creo que dije eso, ¿verdad? ¿O no lo dije?
Bueno, porque a veces, como tengo 66 años, me da Alzheimer y se me olvidan las cosas.
No, yo no menciono al PAN porque luego, luego me dicen: “está haciendo usted propaganda al PAN”.
Yo puedo darle destacadísimos dirigentes sociales como el doctor Salvador Nava, en San Luis Potosí, que jamás perteneció al PAN y levantó un movimiento estatal en una época dictatorial que le valió la cárcel en las mazmorras del Ejército Mexicano.
Y quiero darles también otros movimientos: los movimientos del 68, de los cientos o miles de jóvenes que fueron asesinados el 2 de octubre.
Y puedo darles también los muertos de 1971, del Jueves de Corpus, donde su asesino está ahorita procesado, muy bien defendido, con un abogado de mucha lana también -porque no nada más en el PAN hay abogados de mucha lana; también en el PRI don Salvador Rocha Díaz, que es del PRI, tiene lana y es un excelente abogado- y está ahorita recluido en su domicilio porque hay una reforma legal que dice que si sube usted de 75 años, el arresto y la penalidad la cubre usted dentro de su domicilio.
Entonces, primera rectificación: yo no le atribuí al PAN. Primero mencioné la época de Madero y luego mencioné la época del 2000. Y en 2000, usted no me negará eso: que hay libertad de prensa, que hay federalismo, que hay división de Poderes.
Pero vamos a hablar de mi amigo Diego, porque le dije que iba a agarrar el toro por los cuernos, ¿verdad? Cómo me defiendo de lo que él dijo, cómo me defiendo.
Un abogado que es legislador y que dice él que por ser legislador ha hecho dinero; ¿por qué no menciona también a Fauzi Hamdam, del PAN, por qué no han sido mencionados los dos?; ¿y por qué no mencionan también a Lozano Gracia, del PAN, que también litiga y fue legislador también?
Bueno, pero también mencióneme a Salvador Rocha Díaz, que es del PRI, que ha sido Senador, que lo puso Miguel de la Madrid de Ministro de la Corte -él mismo lo dijo en la Tribuna del Senado- y que es del PRI y que cobra un dineral.
¿Y sabe usted?
Pues yo estoy en contra -y voy a argumentarlo- de quienes pretenden que un legislador, si es abogado, no litigue.
Dirán: “oiga, ¿entonces usted está a cargo del influyentismo?”.
No. Lo que le está prohibido a un legislador, de acuerdo con las leyes -y el protesta cumplir con las leyes- es intervenir en las Comisiones, en la discusión de una ley en la que tenga interés personal.
Pero dije que iba a tomar el toro por los cuernos, hasta ahora mi argumentación es endeble para defender a don Diego. No lo estoy defendiendo, defiendo a todos los legisladores que litiguen.
Dígame, señor: ¿hay o no hay una Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha dictado fallos históricos desde la reforma del 95, en la época de Zedillo a la fecha?
Y fíjese, le dictó fallos contra Fox, dictó fallos contra el Presidente de la República. Dictó fallos a favor de pequeños municipios del país contra leyes emitidas por el Congreso.
Pues no me diga que Diego tiene más influencia que el Presidente de la República, o que Diego tiene más influencia que el Congreso de la Unión para manipular al Poder Judicial, porque quién es, repito, quién es quien dicta las sentencias: el Poder Judicial.
Se litiga ante el Poder Judicial, se litiga ante los tribunales federales en una doble jurisdicción, en el juicio ordinario, jurisdicción ordinaria y en el juicio de amparo.
¿Y qué no le pegó la Corte a Diego hace poquitito, que yo sepa? Cuando reclamaba, no sé cuántos millones de pesos en un asunto, y la Corte resolvió que la cantidad grandotota se reducía a una cantidad chiquitita. ¿Qué no lo dijo la Corte?
Perdóneme, respeto, respeto su manera de pensar. Respeto el derecho que tiene de opinar de Diego, como usted acaba de opinar, pero yo también le digo que ya tenemos un Poder Judicial con división de poderes.
Que haya uno que otro juez rata, lo hay. Pero también tenemos un Consejo de la Judicatura que hace una labor de supervigilancia.
Le voy a decir dónde no hay y dónde sí hay influencia, terrible, mi estimado. En los pocos estados, un tercio, creo, donde todavía se sigue el sistema antigüito de que el gobernador maneja al Congreso y maneja al Poder Judicial. El gobernador tiene mayoría en lo diputados, pone los magistrados del tribunal superior y pone todos los jueces del estado, y ahí sí se hace lo que el gobernador dice.
Como todavía no llegamos a esa etapa, en esos estados, ahí sí le concedo toda la razón. Pero hasta donde yo sé el señor Fernández de Cevallos, del PAN, y el señor Salvador Rocha Díaz, que usted no mencionó, no sé por qué, que es del PRI. Ah, y otro excelente abogado capaz, brillante: Trinidad Lanz Cárdenas. Que fue ministro de la Corte, que fue senador, mi compañero, y que litigó asociado con Salvador Rocha Díaz en asuntos de millones de pesos.
¿Eso está mal? No, no está mal. Sencillamente son muy buenos abogados, los ven los clientes. Ganan y pierden juicios.
Y respecto del señor Subsecretario, que usted mencionaba. Me rajo, no contesto la pregunta, porque formo parte de este gobierno y no sé los detalles, no sé lo que hizo, lo que dejó de hacer. Yo también lamentablemente he tenido que degollar, hace poco degollé a uno de mis colaboradores porque rasuraba sueldos.
¿Saben qué es rasurar sueldos? ¿Nadie sabe qué es rasurar? Ah, pues usted que gana cinco mil allá en Lerdo, donde yo vivo. Digo: véngase a colaborar conmigo, le voy a pagar 80, firma por 80. Y luego cuando ya firmó el recibo por 80, por debajito le agua usted me da 40 ó 45. Usted sale ganando, porque de cinco gana 40, y yo salgo ganando. Eso se llama rasurar sueldos, y lo corrí. Y algunos me llaman injusto, tal por cual, etcétera, porque lo corrí.
En este caso me rajo porque no sé las razones por las cuales le hayan al señor privado del cargo.
Y ahí sí no intervengo. Cada jefe tiene sus razones, y pueden ser ésas. A veces son muchas y una es la que colma el vaso y se toma la decisión. Ni modo.
Dejé de contestar algunas, repítamela y se la contesto.
¿Alguna otra pregunta que quieran entrarle, yo estoy listo, tengo pólvora en la canana?
También inició su alocución mencionando un hecho vergonzoso, de que un presidente municipal ahora, antes diputado, orinara en vía pública.
Me gustaría también que me hiciera la diferencia, en la medida de lo posible y de la manera también de mi parte mucho muy respetuosa, cuál es la diferencia de este acto a que un legislador legisle en beneficio de la nación y, al mismo tiempo, litigue en contra de la nación y cobre millonarias sumas de dinero, caso específico Diego Fernández de Cevallos. Muy amable, con todo el respeto, por supuesto.
Juan de Dios Castro Lozano: Claro, y voy agarrar el toro por los cuernos y le voy a pegar sin odio. Miren, señores, voy empezar por la última.
Primero, creo que yo no mencioné al PAN o sí lo mencioné. ¿Verdad que no?
No, yo no creo que un partido político sea el único artífice de un régimen democrático. Yo pienso que Acción Nacional luchó desde 1939 pero miren: Vasconcelos no era del PAN -y a él sí lo mencioné- y Vasconcelos se enfrentó al abuelo del PRI, que era el PNR, Partido Nacional Revolucionario, en 1929. Fue al que mencioné.
Y creo que la libertad de prensa, la primera etapa en que hablé de la libertad de prensa -y de todas las libertades, ¿eh?: de asociación, de expresión- me acuerdo que dije que había sido en la época de Madero. Creo que dije eso, ¿verdad? ¿O no lo dije?
Bueno, porque a veces, como tengo 66 años, me da Alzheimer y se me olvidan las cosas.
No, yo no menciono al PAN porque luego, luego me dicen: “está haciendo usted propaganda al PAN”.
Yo puedo darle destacadísimos dirigentes sociales como el doctor Salvador Nava, en San Luis Potosí, que jamás perteneció al PAN y levantó un movimiento estatal en una época dictatorial que le valió la cárcel en las mazmorras del Ejército Mexicano.
Y quiero darles también otros movimientos: los movimientos del 68, de los cientos o miles de jóvenes que fueron asesinados el 2 de octubre.
Y puedo darles también los muertos de 1971, del Jueves de Corpus, donde su asesino está ahorita procesado, muy bien defendido, con un abogado de mucha lana también -porque no nada más en el PAN hay abogados de mucha lana; también en el PRI don Salvador Rocha Díaz, que es del PRI, tiene lana y es un excelente abogado- y está ahorita recluido en su domicilio porque hay una reforma legal que dice que si sube usted de 75 años, el arresto y la penalidad la cubre usted dentro de su domicilio.
Entonces, primera rectificación: yo no le atribuí al PAN. Primero mencioné la época de Madero y luego mencioné la época del 2000. Y en 2000, usted no me negará eso: que hay libertad de prensa, que hay federalismo, que hay división de Poderes.
Pero vamos a hablar de mi amigo Diego, porque le dije que iba a agarrar el toro por los cuernos, ¿verdad? Cómo me defiendo de lo que él dijo, cómo me defiendo.
Un abogado que es legislador y que dice él que por ser legislador ha hecho dinero; ¿por qué no menciona también a Fauzi Hamdam, del PAN, por qué no han sido mencionados los dos?; ¿y por qué no mencionan también a Lozano Gracia, del PAN, que también litiga y fue legislador también?
Bueno, pero también mencióneme a Salvador Rocha Díaz, que es del PRI, que ha sido Senador, que lo puso Miguel de la Madrid de Ministro de la Corte -él mismo lo dijo en la Tribuna del Senado- y que es del PRI y que cobra un dineral.
¿Y sabe usted?
Pues yo estoy en contra -y voy a argumentarlo- de quienes pretenden que un legislador, si es abogado, no litigue.
Dirán: “oiga, ¿entonces usted está a cargo del influyentismo?”.
No. Lo que le está prohibido a un legislador, de acuerdo con las leyes -y el protesta cumplir con las leyes- es intervenir en las Comisiones, en la discusión de una ley en la que tenga interés personal.
Pero dije que iba a tomar el toro por los cuernos, hasta ahora mi argumentación es endeble para defender a don Diego. No lo estoy defendiendo, defiendo a todos los legisladores que litiguen.
Dígame, señor: ¿hay o no hay una Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha dictado fallos históricos desde la reforma del 95, en la época de Zedillo a la fecha?
Y fíjese, le dictó fallos contra Fox, dictó fallos contra el Presidente de la República. Dictó fallos a favor de pequeños municipios del país contra leyes emitidas por el Congreso.
Pues no me diga que Diego tiene más influencia que el Presidente de la República, o que Diego tiene más influencia que el Congreso de la Unión para manipular al Poder Judicial, porque quién es, repito, quién es quien dicta las sentencias: el Poder Judicial.
Se litiga ante el Poder Judicial, se litiga ante los tribunales federales en una doble jurisdicción, en el juicio ordinario, jurisdicción ordinaria y en el juicio de amparo.
¿Y qué no le pegó la Corte a Diego hace poquitito, que yo sepa? Cuando reclamaba, no sé cuántos millones de pesos en un asunto, y la Corte resolvió que la cantidad grandotota se reducía a una cantidad chiquitita. ¿Qué no lo dijo la Corte?
Perdóneme, respeto, respeto su manera de pensar. Respeto el derecho que tiene de opinar de Diego, como usted acaba de opinar, pero yo también le digo que ya tenemos un Poder Judicial con división de poderes.
Que haya uno que otro juez rata, lo hay. Pero también tenemos un Consejo de la Judicatura que hace una labor de supervigilancia.
Le voy a decir dónde no hay y dónde sí hay influencia, terrible, mi estimado. En los pocos estados, un tercio, creo, donde todavía se sigue el sistema antigüito de que el gobernador maneja al Congreso y maneja al Poder Judicial. El gobernador tiene mayoría en lo diputados, pone los magistrados del tribunal superior y pone todos los jueces del estado, y ahí sí se hace lo que el gobernador dice.
Como todavía no llegamos a esa etapa, en esos estados, ahí sí le concedo toda la razón. Pero hasta donde yo sé el señor Fernández de Cevallos, del PAN, y el señor Salvador Rocha Díaz, que usted no mencionó, no sé por qué, que es del PRI. Ah, y otro excelente abogado capaz, brillante: Trinidad Lanz Cárdenas. Que fue ministro de la Corte, que fue senador, mi compañero, y que litigó asociado con Salvador Rocha Díaz en asuntos de millones de pesos.
¿Eso está mal? No, no está mal. Sencillamente son muy buenos abogados, los ven los clientes. Ganan y pierden juicios.
Y respecto del señor Subsecretario, que usted mencionaba. Me rajo, no contesto la pregunta, porque formo parte de este gobierno y no sé los detalles, no sé lo que hizo, lo que dejó de hacer. Yo también lamentablemente he tenido que degollar, hace poco degollé a uno de mis colaboradores porque rasuraba sueldos.
¿Saben qué es rasurar sueldos? ¿Nadie sabe qué es rasurar? Ah, pues usted que gana cinco mil allá en Lerdo, donde yo vivo. Digo: véngase a colaborar conmigo, le voy a pagar 80, firma por 80. Y luego cuando ya firmó el recibo por 80, por debajito le agua usted me da 40 ó 45. Usted sale ganando, porque de cinco gana 40, y yo salgo ganando. Eso se llama rasurar sueldos, y lo corrí. Y algunos me llaman injusto, tal por cual, etcétera, porque lo corrí.
En este caso me rajo porque no sé las razones por las cuales le hayan al señor privado del cargo.
Y ahí sí no intervengo. Cada jefe tiene sus razones, y pueden ser ésas. A veces son muchas y una es la que colma el vaso y se toma la decisión. Ni modo.
Dejé de contestar algunas, repítamela y se la contesto.
¿Alguna otra pregunta que quieran entrarle, yo estoy listo, tengo pólvora en la canana?
Pregunta: Sí, buenos días. Señor, buenos días, primero preguntarle; bueno, únicamente una sola pregunta, preguntarle: El Coordinador de los Senadores del PRI ayer mencionaba, ante todo este jaloneo sobre al Reforma Fiscal, que en México si no se pone atención se va incendiar el país.
Tienen identificadas las zonas pobres del país, según los legisladores priístas, y le advertía esto al Secretario de Hacienda, en virtud de que si no se hace con estos recursos que está pidiendo el Gobierno Federal, a partir de una eventual Reforma Fiscal, si no se utilizan estos recursos para gasto social se puede incendiar el país y esto evidentemente tiene que ver con le violación a los derechos humanos.
¿Cuál es su opinión concretamente sobre este tema, por favor?
Juan de Dios Castro Lozano: Se lo digo con toda honradez que he tenido una gravísima preocupación por mejorar, cuando he sido legislador, las condiciones de justicia social del pueblo de México. México y muchos otros países, vaya usted a Cuba, cómo los médicos ganan 30 dólares al mes y no los dejan salir de la isla. Mi guía en Cuba tenía dos licenciaturas. Allá el problema de vivienda es gravísimo, terriblemente grave; seis, siete, ocho familias hacinadas en una sola vivienda.
Cuando subí a uno de esos carritos que arrastra un caballo, ¿cómo se llaman? Le pregunté al dueño: Oiga, ¿de quién es este carrito? Dijo: Es del Estado. Y lo que le pago es suyo: No, dice, eso es del Estado; el Estado me paga a mí un sueldo.
La injusticia social en casi toda Latinoamérica es terrible. Y efectivamente nadie puede negar que el problema para los cambios los da la clase media.
Los pobres no tienen nada qué perder. Cualquier cambio les beneficia.
Los muy ricos se van con todo el dinero que tienen, pero la clase media es la que es obstáculo porque quiere conservar su estatus y es legítimo.
Yo nada más le digo lo siguiente: No se ha hecho una reforma fiscal lamentablemente por razones políticas.
Hacer pagar a la gente más impuestos no le agrada a nadie y a ningún partido le da ganancia electoral.
Tan es así que en los países donde hay el referéndum y el plebiscito lo hay en todas las leyes, menos en las fiscales, porque si ponen a referéndum una ley fiscal que aumente impuestos la mayoría del pueblo dice que no.
Y cuando usted pone una Reforma Fiscal le ponen peros. No, sí, pero este sector no. Y luego lo otro: Bueno, pero este sector tampoco, quítalo; y este sector tampoco, quítalo.
Yo nada más le digo, mi estimado amigo, tres datos, usted me dijo concretamente y se los voy a dar.
Lo único que va dar justicia al pueblo de México es el empleo y lo único que le va dar empleo al pueblo de México es el crecimiento económico; y lo único que puede darle crecimiento económico al pueblo de México es la Reforma Fiscal.
Se paga el 33 por ciento de Impuesto Sobre a Renta en México; en los países asiáticos se paga el 15 por ciento de Impuesto Sobre la Renta.
A dónde, mi querido amigo, se van las inversiones que querámoslo o no, nos guste o no, son las que dan empleo.
Yo, si fuera, no soy economista, pero cuando uno es legislador tiene que saber un poco de Historia, de Psicología de Economía, yo diría que el camino, querámoslo o no es incrementar el impuesto al consumo y disminuir el Impuesto Sobre la Renta para ser competitivos.
¿Saben por qué?
Porque somos un mundo glo-ba-liza-do. Y si yo soy muy humanista y digo: “Señores, todo mi grupo parlamentario tenemos mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y vamos a poner en la Ley Federal del Trabajo que las empresas le den el 50 por ciento de sus utilidades a sus trabajadores”. Fifty / fifty.
¿Pero díganme cuántos capitales van a poner empresas en México, cuántas empresas se están yendo a Centroamérica?
¿Saben qué hacen los chinos?
Tienen esclavos en los barcos. Y los chinos -como esclavos- fabrican muebles en el propio barco y ya cuando llegan, ya están fabricados.
Por Long Beach, en Estados Unidos, nos llegan todos los productos taiwaneses, tailandeses, de Taiwán, de China, a precios más bajo que lo que nos cuesta fabricarlos a nosotros.
Yo comparto con usted y con don Manlio Fabio la preocupación de la pobreza en el país pero se requiere una Reforma Fiscal consensada y que cada partido sea lo bastante generoso de que aunque le cueste votos, aceptarla en bien del país porque el país está por encima del interés de los partidos. Incluyo también al PAN, que sea también generoso.
El PAN no aceptó la Reforma Energética, fue un gravísimo error, en la época de Zedillo. ¿Y la Reforma Energética saben qué significa?
No privatizar -como dicen- la CFE. Yo no estoy de acuerdo en que se privatice CFE. No.
Que el inversionista privado pueda: ejemplo, voy a poner una enorme industria: “permítame producir mi propia electricidad y no comprársela a la Comisión Federal de Electricidad y hacer yo todas las instalaciones”.
Se llama autogeneración y autoconsumo.
Me dirán: “Señor, ¿no hay leído la Ley de la Comisión Federal?; ahí está, la hizo Salinas”.
Sí, ahí está, pero el Congreso la puede cambiar en cualquier momento y el inversionista privado lo que quiere es seguridad, quiere que esté en la Constitución y los partidos no aceptan por no tener costos electorales. Termino.
Moderadora: ¿Se le puede hacer una pregunta más?
Cuando subí a uno de esos carritos que arrastra un caballo, ¿cómo se llaman? Le pregunté al dueño: Oiga, ¿de quién es este carrito? Dijo: Es del Estado. Y lo que le pago es suyo: No, dice, eso es del Estado; el Estado me paga a mí un sueldo.
La injusticia social en casi toda Latinoamérica es terrible. Y efectivamente nadie puede negar que el problema para los cambios los da la clase media.
Los pobres no tienen nada qué perder. Cualquier cambio les beneficia.
Los muy ricos se van con todo el dinero que tienen, pero la clase media es la que es obstáculo porque quiere conservar su estatus y es legítimo.
Yo nada más le digo lo siguiente: No se ha hecho una reforma fiscal lamentablemente por razones políticas.
Hacer pagar a la gente más impuestos no le agrada a nadie y a ningún partido le da ganancia electoral.
Tan es así que en los países donde hay el referéndum y el plebiscito lo hay en todas las leyes, menos en las fiscales, porque si ponen a referéndum una ley fiscal que aumente impuestos la mayoría del pueblo dice que no.
Y cuando usted pone una Reforma Fiscal le ponen peros. No, sí, pero este sector no. Y luego lo otro: Bueno, pero este sector tampoco, quítalo; y este sector tampoco, quítalo.
Yo nada más le digo, mi estimado amigo, tres datos, usted me dijo concretamente y se los voy a dar.
Lo único que va dar justicia al pueblo de México es el empleo y lo único que le va dar empleo al pueblo de México es el crecimiento económico; y lo único que puede darle crecimiento económico al pueblo de México es la Reforma Fiscal.
Se paga el 33 por ciento de Impuesto Sobre a Renta en México; en los países asiáticos se paga el 15 por ciento de Impuesto Sobre la Renta.
A dónde, mi querido amigo, se van las inversiones que querámoslo o no, nos guste o no, son las que dan empleo.
Yo, si fuera, no soy economista, pero cuando uno es legislador tiene que saber un poco de Historia, de Psicología de Economía, yo diría que el camino, querámoslo o no es incrementar el impuesto al consumo y disminuir el Impuesto Sobre la Renta para ser competitivos.
¿Saben por qué?
Porque somos un mundo glo-ba-liza-do. Y si yo soy muy humanista y digo: “Señores, todo mi grupo parlamentario tenemos mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y vamos a poner en la Ley Federal del Trabajo que las empresas le den el 50 por ciento de sus utilidades a sus trabajadores”. Fifty / fifty.
¿Pero díganme cuántos capitales van a poner empresas en México, cuántas empresas se están yendo a Centroamérica?
¿Saben qué hacen los chinos?
Tienen esclavos en los barcos. Y los chinos -como esclavos- fabrican muebles en el propio barco y ya cuando llegan, ya están fabricados.
Por Long Beach, en Estados Unidos, nos llegan todos los productos taiwaneses, tailandeses, de Taiwán, de China, a precios más bajo que lo que nos cuesta fabricarlos a nosotros.
Yo comparto con usted y con don Manlio Fabio la preocupación de la pobreza en el país pero se requiere una Reforma Fiscal consensada y que cada partido sea lo bastante generoso de que aunque le cueste votos, aceptarla en bien del país porque el país está por encima del interés de los partidos. Incluyo también al PAN, que sea también generoso.
El PAN no aceptó la Reforma Energética, fue un gravísimo error, en la época de Zedillo. ¿Y la Reforma Energética saben qué significa?
No privatizar -como dicen- la CFE. Yo no estoy de acuerdo en que se privatice CFE. No.
Que el inversionista privado pueda: ejemplo, voy a poner una enorme industria: “permítame producir mi propia electricidad y no comprársela a la Comisión Federal de Electricidad y hacer yo todas las instalaciones”.
Se llama autogeneración y autoconsumo.
Me dirán: “Señor, ¿no hay leído la Ley de la Comisión Federal?; ahí está, la hizo Salinas”.
Sí, ahí está, pero el Congreso la puede cambiar en cualquier momento y el inversionista privado lo que quiere es seguridad, quiere que esté en la Constitución y los partidos no aceptan por no tener costos electorales. Termino.
Moderadora: ¿Se le puede hacer una pregunta más?
Dr. Juan de Dios Castro Lozano: Yo, las que quieran. El problema es que tengan paciencia. Es una virtud maravillosa.
Pregunta: -Usted hablaba de la Corte, la Corte como garante constitucional. Está nombrando una Comisión que investigue las violaciones graves y sistemáticas tanto en Oaxaca como en Atenco.
¿Usted considera como una solución, en el caso de Oaxaca, la salida o la renuncia de Ulises Ruiz? Sobre todo porque está considerado por su proclividad a la represión y no al diálogo.
Juan de Dios Castro Lozano: Bueno, agarro al toro por los cuernos también.
Miren, en el priato era facilísimo resolver el problema. El Presidente le decía: “Ulises, renuncia o te va como en feria, tú sabes a lo que te atienes”; y al día siguiente, Ulises renunciaba. Así lo hizo Díaz Ordaz, así lo hizo Luis Echeverría, así lo hizo López Portillo con Flores Tapia, pero lamentablemente vivimos un régimen federal.
Cuando me visitan de Derechos Humanos, de los organismos internacionales, no tienen respuesta a lo que yo les pregunto.
Les digo: miren, México es una República Federal. ¿Puede el Presidente quitar un Gobernador? No, porque violaría el Artículo 40 Constitucional que dice que los Estados son libres y soberanos en su régimen interno.
Pero alguien me dirá:
“Oiga, pero el Senado sí puede” y por eso los de la APPO se plantaron afuera del Senado, ¿no es así, Senador? Hasta lo secuestraron.
Y yo dije, yo era entonces Consejero Jurídico del Presidente y le dije: “oiga, Presidente, pero esto es absurdo, me parece kafkiano porque si leemos el Articulo 76 de la Constitución -abro comillas-: “Artículo 76, Facultades exclusivas del Senado. El Senado tiene facultad para declarar cuando hayan desaparecidos los poderes en un estado que ha lugar a nombrar gobernador provisional”.
Ojo, el Senado no desaparece poderes, no tiene esa facultad. Sólo si al gobernador le dio un infarto, porque en una noche tomó demasiado vodka o demasiado alcohol y le dio un infarto, o hacia otras cosas y le dio un infarto, y se muerte, ya no hay gobernador. Y todos los señores legisladores se van a la Costa Azul, en Francia, y abandonan el Congreso y no hay Permanente, y los jueces dicen: pues si lo hicieron los legisladores también nosotros nos vamos, y se queda el estado sin poderes. Entonces el Senado le nombre un gobernador provisional, ah, dice: siempre y cuando la legislación local no prevea esa situación. Y además tenemos una legislación secundaria que regula eso.
En el caso de Oaxaca, con todo respeto ni el ejecutivo ni el legislativo ni el judicial pueden hacer nada, para obligar al señor Ulises Ruiz a que vaya.
Y le voy a dar algo más, ¿qué pueden hacer? Juicio político o declaración de procedencia. ¿Saben qué es la declaración de procedencia? Cometió delitos, que lo juzgue la Cámara de Diputados.
¿Pero saben qué dice el 110, 111 de la Constitución? Si el señor gobernador sometido a procedimiento de declaración de procedencia resulta culpable la resolución se manda al congreso local de Oaxaca, para que resuelva lo que él quiera.
Y Oaxaca, ahí coincido con usted, y no tengo empacho en decirlo, como en mi estado Durango, es todavía de los estados donde el gobernador manda al congreso y manda al poder judicial.
Ahí es una decisión, con todo respeto, del partido al cual pertenece el señor Ulises Ruiz. Yo hablo desde el punto de vista legal únicamente.
¿Que hubo violación de derechos humanos, me preguntaban ayer o antier los periodistas, en Oaxaca? Sí, de los dos lados. No de uno, de los dos lados.
Cuando ayer se sorprendió Excélsior que le dijera: coincido con la señora de Amnistía que dijo que los derechos humanos en México era una esquizofrenia. La esquizofrenia, señores, es una enfermedad donde se desdobla la personalidad. Hay una doble esquizofrenia. Primero, ¿se excedieron las autoridades del estado de Oaxaca? Sí. ¿Violaron derechos humanos las autoridades de Oaxaca? Sí.
¿Afectaron propiedades de muchos ciudadanos oaxaqueños que no tenía nada que ver con el pleito los señores de la APPO? ¿Qué no vimos los camiones incendiados? ¿No vimos los explosivos que manejaban? Yo estoy de acuerdo con mi estimado amigo, el doctor Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Oaxaca hubo excesos de las dos partes.
Para que impere el Estado de Derecho se requiere, primero, que la autoridad sancione a las autoridades ejecutoras que se excedieron en sus funciones, que catearon sin orden judicial.
Segundo, que también se sancione a los líderes de esa organización que también afectaron libertades, afectaron propiedades y afectaron derechos, de los dos lados.
La Corte, en el Artículo 97, tiene el derecho de oficio o a petición de investigar si hubo violación grave a las garantías individuales. Su decisión no vincula, pero tiene un gran peso moral, que en todos los casos en que lo ha hecho las autoridades involucradas han tenido que renunciar. Esperemos que eso suceda en el caso de la Corte.
En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sus decisiones no vinculan, tiene peso moral.
En el caso de mi Subprocuraduría solamente en tratándose de la comisión de delitos federales cometidos por funcionarios de la Procuraduría. Y es todo.
Pregunta: Buenas tardes. Ante el panorama que usted plantea, donde ya hay una división de poderes, el federalismo, la libertad de expresión, ya no hay un partido hegemónico ni un presidencialismo, ¿la ciudadanía ha pasado de ser un habitante a un ciudadano? ¿El mexicano ha pasado de ser un espectador a actor? ¿Sólo le corresponde ir a las urnas y votar?
Juan de Dios Castro Lozano: No tenemos, como en algunos contones suizos, la posibilidad de que todos los ciudadanos se junten y voten a favor de una ley.
Tenemos una República representativa. Efectivamente usted, ciudadana, ejercita su derecho cuando vota; pero no solamente tiene esos derechos, mi estimada compañera y colaboradora del Gobierno Federal.
Cuando usted se dé cuenta que tiene un funcionario rata aquí, en Gobernación, denúncienlo a Contraloría.
El problema es que la gente no tiene la cultura de la denuncia, porque ¡ay!, ¿y qué me va pasar? Me van a degollar, me van a correr.
Mire, en todos los pueblos del país toda la gente sabe dónde se vende droga. ¿Sabe cuántos denuncian? Ni uno.
Se requiere lo que se llama valor civil; necesitamos educar valores en toda la ciudadanía de México, para que tengan valor civil.
Como decían unos letreros grandotes que yo vi en el Distrito Federal: Si es ladrón, llámalo como se llama, dile ladrón.
Y esos también son deberes de la ciudadanía, porque comete más injusticia el que la tolera, que el que la comete y la infringe.
Y, lamentablemente, vemos muchas injusticias y nos quedamos callados.
Cuando la ciudadanía se organice en su colonia, en su barrio y con todo respeto le pida a la autoridad y le exija que cumpla su deber, verá que van ir poco a poco cambiando las cosas.
Pero además no se extraña de los tumultos y manifestaciones. Decía un escritor sobre la Historia de Roma, que las dictaduras son tranquilas y plácidas, nadie protesta y nadie habla, que sólo en la democracia hay tumulto, hay opiniones, hay discrepancias.
Esta discrepancia incipiente, yo soy optimista, va ir mejorando poco a poco.
Y el cambio se viene con nosotros y sin nosotros, pero si llega sin nosotros, pobres de nosotros.
Moderadora: Agradecemos al maestro Juan de Dios Castro Lozano la respuesta a las preguntas planteadas.
Pregunta: -Usted hablaba de la Corte, la Corte como garante constitucional. Está nombrando una Comisión que investigue las violaciones graves y sistemáticas tanto en Oaxaca como en Atenco.
¿Usted considera como una solución, en el caso de Oaxaca, la salida o la renuncia de Ulises Ruiz? Sobre todo porque está considerado por su proclividad a la represión y no al diálogo.
Juan de Dios Castro Lozano: Bueno, agarro al toro por los cuernos también.
Miren, en el priato era facilísimo resolver el problema. El Presidente le decía: “Ulises, renuncia o te va como en feria, tú sabes a lo que te atienes”; y al día siguiente, Ulises renunciaba. Así lo hizo Díaz Ordaz, así lo hizo Luis Echeverría, así lo hizo López Portillo con Flores Tapia, pero lamentablemente vivimos un régimen federal.
Cuando me visitan de Derechos Humanos, de los organismos internacionales, no tienen respuesta a lo que yo les pregunto.
Les digo: miren, México es una República Federal. ¿Puede el Presidente quitar un Gobernador? No, porque violaría el Artículo 40 Constitucional que dice que los Estados son libres y soberanos en su régimen interno.
Pero alguien me dirá:
“Oiga, pero el Senado sí puede” y por eso los de la APPO se plantaron afuera del Senado, ¿no es así, Senador? Hasta lo secuestraron.
Y yo dije, yo era entonces Consejero Jurídico del Presidente y le dije: “oiga, Presidente, pero esto es absurdo, me parece kafkiano porque si leemos el Articulo 76 de la Constitución -abro comillas-: “Artículo 76, Facultades exclusivas del Senado. El Senado tiene facultad para declarar cuando hayan desaparecidos los poderes en un estado que ha lugar a nombrar gobernador provisional”.
Ojo, el Senado no desaparece poderes, no tiene esa facultad. Sólo si al gobernador le dio un infarto, porque en una noche tomó demasiado vodka o demasiado alcohol y le dio un infarto, o hacia otras cosas y le dio un infarto, y se muerte, ya no hay gobernador. Y todos los señores legisladores se van a la Costa Azul, en Francia, y abandonan el Congreso y no hay Permanente, y los jueces dicen: pues si lo hicieron los legisladores también nosotros nos vamos, y se queda el estado sin poderes. Entonces el Senado le nombre un gobernador provisional, ah, dice: siempre y cuando la legislación local no prevea esa situación. Y además tenemos una legislación secundaria que regula eso.
En el caso de Oaxaca, con todo respeto ni el ejecutivo ni el legislativo ni el judicial pueden hacer nada, para obligar al señor Ulises Ruiz a que vaya.
Y le voy a dar algo más, ¿qué pueden hacer? Juicio político o declaración de procedencia. ¿Saben qué es la declaración de procedencia? Cometió delitos, que lo juzgue la Cámara de Diputados.
¿Pero saben qué dice el 110, 111 de la Constitución? Si el señor gobernador sometido a procedimiento de declaración de procedencia resulta culpable la resolución se manda al congreso local de Oaxaca, para que resuelva lo que él quiera.
Y Oaxaca, ahí coincido con usted, y no tengo empacho en decirlo, como en mi estado Durango, es todavía de los estados donde el gobernador manda al congreso y manda al poder judicial.
Ahí es una decisión, con todo respeto, del partido al cual pertenece el señor Ulises Ruiz. Yo hablo desde el punto de vista legal únicamente.
¿Que hubo violación de derechos humanos, me preguntaban ayer o antier los periodistas, en Oaxaca? Sí, de los dos lados. No de uno, de los dos lados.
Cuando ayer se sorprendió Excélsior que le dijera: coincido con la señora de Amnistía que dijo que los derechos humanos en México era una esquizofrenia. La esquizofrenia, señores, es una enfermedad donde se desdobla la personalidad. Hay una doble esquizofrenia. Primero, ¿se excedieron las autoridades del estado de Oaxaca? Sí. ¿Violaron derechos humanos las autoridades de Oaxaca? Sí.
¿Afectaron propiedades de muchos ciudadanos oaxaqueños que no tenía nada que ver con el pleito los señores de la APPO? ¿Qué no vimos los camiones incendiados? ¿No vimos los explosivos que manejaban? Yo estoy de acuerdo con mi estimado amigo, el doctor Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Oaxaca hubo excesos de las dos partes.
Para que impere el Estado de Derecho se requiere, primero, que la autoridad sancione a las autoridades ejecutoras que se excedieron en sus funciones, que catearon sin orden judicial.
Segundo, que también se sancione a los líderes de esa organización que también afectaron libertades, afectaron propiedades y afectaron derechos, de los dos lados.
La Corte, en el Artículo 97, tiene el derecho de oficio o a petición de investigar si hubo violación grave a las garantías individuales. Su decisión no vincula, pero tiene un gran peso moral, que en todos los casos en que lo ha hecho las autoridades involucradas han tenido que renunciar. Esperemos que eso suceda en el caso de la Corte.
En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sus decisiones no vinculan, tiene peso moral.
En el caso de mi Subprocuraduría solamente en tratándose de la comisión de delitos federales cometidos por funcionarios de la Procuraduría. Y es todo.
Pregunta: Buenas tardes. Ante el panorama que usted plantea, donde ya hay una división de poderes, el federalismo, la libertad de expresión, ya no hay un partido hegemónico ni un presidencialismo, ¿la ciudadanía ha pasado de ser un habitante a un ciudadano? ¿El mexicano ha pasado de ser un espectador a actor? ¿Sólo le corresponde ir a las urnas y votar?
Juan de Dios Castro Lozano: No tenemos, como en algunos contones suizos, la posibilidad de que todos los ciudadanos se junten y voten a favor de una ley.
Tenemos una República representativa. Efectivamente usted, ciudadana, ejercita su derecho cuando vota; pero no solamente tiene esos derechos, mi estimada compañera y colaboradora del Gobierno Federal.
Cuando usted se dé cuenta que tiene un funcionario rata aquí, en Gobernación, denúncienlo a Contraloría.
El problema es que la gente no tiene la cultura de la denuncia, porque ¡ay!, ¿y qué me va pasar? Me van a degollar, me van a correr.
Mire, en todos los pueblos del país toda la gente sabe dónde se vende droga. ¿Sabe cuántos denuncian? Ni uno.
Se requiere lo que se llama valor civil; necesitamos educar valores en toda la ciudadanía de México, para que tengan valor civil.
Como decían unos letreros grandotes que yo vi en el Distrito Federal: Si es ladrón, llámalo como se llama, dile ladrón.
Y esos también son deberes de la ciudadanía, porque comete más injusticia el que la tolera, que el que la comete y la infringe.
Y, lamentablemente, vemos muchas injusticias y nos quedamos callados.
Cuando la ciudadanía se organice en su colonia, en su barrio y con todo respeto le pida a la autoridad y le exija que cumpla su deber, verá que van ir poco a poco cambiando las cosas.
Pero además no se extraña de los tumultos y manifestaciones. Decía un escritor sobre la Historia de Roma, que las dictaduras son tranquilas y plácidas, nadie protesta y nadie habla, que sólo en la democracia hay tumulto, hay opiniones, hay discrepancias.
Esta discrepancia incipiente, yo soy optimista, va ir mejorando poco a poco.
Y el cambio se viene con nosotros y sin nosotros, pero si llega sin nosotros, pobres de nosotros.
Moderadora: Agradecemos al maestro Juan de Dios Castro Lozano la respuesta a las preguntas planteadas.
15 ago 2007
Diego Rivera el marido de Frida
El marido de Frida/Jorge G. Castañeda
Tomado de Reforma, 15/08/2007;
Trataré una noche de jueves de evitar las colas interminables y afortunadas para visitar la exposición de Frida Kahlo en Bellas Artes, antes de que cierre. Lo haré por compromiso más que por entusiasmo ya que supongo que sería políticamente muy incorrecto no recorrer las salas y no poder luego comentar en las cenas y salones todas las extraordinarias impresiones que me provocó el talento deslumbrante de la heroína de miles de feministas y sus acompañantes en el mundo.
Pero confesaré en las reuniones más íntimas y selectas mi asombro ante el poder inmenso de la corrección política, ya no sólo en París y Nueva York, sino también en Bellas Artes, México. Porque dicha corrección política ha logrado algo que ni siquiera los Rockefeller pudieron hacer: borrar no sólo de las paredes de "The Rock" en la 5a. avenida los rostros de Lenin y Trotsky, sino la memoria de Diego Rivera en el seno de un pueblo entero. Diego seguramente se revuelca en su tumba -solo, o como solía ser el caso, acompañado- al ver cómo pasó de ser uno de los grandes artistas del siglo XX al simple marido de Frida.
Los extraordinarios murales del Palacio, de la SEP, de Chapingo, del domingo en la Alameda, de Detroit y la prolongada evolución de su prolífica obra de caballete, desde el cubismo parisino hasta los retratos abstractos de benefactoras-beneficiarias, todo se pierde ante el aplastante carisma silofeminista de las dos Fridas. Más aún la verdadera militancia política de Diego, desde ser prácticamente uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano, junto con el hindú Manabendra Nath Roy, el suizo Woog, y el malrauxiano Borodin, su acogida, audacia y cronocasta a Trotsky; su compromiso de una vida entera con una causa cuya aberración no llegó a conocer; todo eso empalidece frente a la otra causa, la que las mujeres de hoy le inventaron a una mujer sufrida por sus desgracias personales no por las de la sal de la tierra.
No es que su único mérito haya consistido en ser compañera de Diego, tampoco. Como el único mérito de Cristina Fernández, y de Hillary Clinton no es ser esposas de Kirchner y Bill. En los tres casos se trata, como en otros de mujeres dotadas de talento innegable, que sin embargo no sabemos si hubiera florecido en ausencia de sus parejas. Pero sí sabemos que, a diferencia de Diego, ellas no lograrán borrar el recuerdo de sus cónyuges. No habrá Madonna que compre un tailleur de Cristina o un vestido de gala de Hillary; no habrá más biografía de Cristina Fernández que la de Olga Wornat; y seguramente Jennifer Aniston no hará el papel de la señora Clinton dentro de 20 años.
La corrección política no es nueva ni privativa de México de las feministas. El arte, la literatura, la música y el cine (del siglo XX) encierran siempre valores intrínsecos y efectos de moda. Antes la combinación estaba sólo al alcance de las élites; hoy la cola en Bellas Artes se extiende hasta la Alameda. Millones y millones leen a García Márquez, ven a Spielberg, y escuchan a Lennon y McCartney; pero nunca ha habido filas interminables en el Art Institute of Detroit, o siquiera en Palacio. Diego quiso hacer arte para las masas y su única creación de masas, y que sí cundió en el corazón y la mente de los pueblos... fue una de sus esposas: Frida. La corrección política puede ser la moda cultural y política masificada. Va junto con pegado. Todo parece indicar que no se puede extender la cultura y la militancia al ámbito de una izquierda de masas sin esta corrección política. Es el precio a pagar y bien vale una misa.
La última vez que alguien lloró a Diego Rivera fue en 1957 cuando murió, recién retornado, ya desahuciado, de esa Unión Soviética cuya medicina tantos creyeron entonces, como creen ahora en la de La Habana. La última gran retrospectiva de Diego, que es efectivamente una pesadilla para todo curador ya que por definición sus obras magnas, a saber sus murales no pueden ser incluidos, fue en Filadelfia, sin considerar la de caballete organizada por Dolores Olmedo en el Tamayo en los ochenta. Quizás falta de crear el verdadero museo nacional de arte, donde hubiera podido caber la Colección Gelman para no ser enviada al Met, se podría un día presentar esta retrospectiva en Palacio o en las calles de Argentina, in situ, pero en ese caso tendría que crear un criterio histórico, plástico y político de verdad; y no uno PC, es decir políticamente correcto, es decir, un insulto a la inteligencia.
Tomado de Reforma, 15/08/2007;
Trataré una noche de jueves de evitar las colas interminables y afortunadas para visitar la exposición de Frida Kahlo en Bellas Artes, antes de que cierre. Lo haré por compromiso más que por entusiasmo ya que supongo que sería políticamente muy incorrecto no recorrer las salas y no poder luego comentar en las cenas y salones todas las extraordinarias impresiones que me provocó el talento deslumbrante de la heroína de miles de feministas y sus acompañantes en el mundo.
Pero confesaré en las reuniones más íntimas y selectas mi asombro ante el poder inmenso de la corrección política, ya no sólo en París y Nueva York, sino también en Bellas Artes, México. Porque dicha corrección política ha logrado algo que ni siquiera los Rockefeller pudieron hacer: borrar no sólo de las paredes de "The Rock" en la 5a. avenida los rostros de Lenin y Trotsky, sino la memoria de Diego Rivera en el seno de un pueblo entero. Diego seguramente se revuelca en su tumba -solo, o como solía ser el caso, acompañado- al ver cómo pasó de ser uno de los grandes artistas del siglo XX al simple marido de Frida.
Los extraordinarios murales del Palacio, de la SEP, de Chapingo, del domingo en la Alameda, de Detroit y la prolongada evolución de su prolífica obra de caballete, desde el cubismo parisino hasta los retratos abstractos de benefactoras-beneficiarias, todo se pierde ante el aplastante carisma silofeminista de las dos Fridas. Más aún la verdadera militancia política de Diego, desde ser prácticamente uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano, junto con el hindú Manabendra Nath Roy, el suizo Woog, y el malrauxiano Borodin, su acogida, audacia y cronocasta a Trotsky; su compromiso de una vida entera con una causa cuya aberración no llegó a conocer; todo eso empalidece frente a la otra causa, la que las mujeres de hoy le inventaron a una mujer sufrida por sus desgracias personales no por las de la sal de la tierra.
No es que su único mérito haya consistido en ser compañera de Diego, tampoco. Como el único mérito de Cristina Fernández, y de Hillary Clinton no es ser esposas de Kirchner y Bill. En los tres casos se trata, como en otros de mujeres dotadas de talento innegable, que sin embargo no sabemos si hubiera florecido en ausencia de sus parejas. Pero sí sabemos que, a diferencia de Diego, ellas no lograrán borrar el recuerdo de sus cónyuges. No habrá Madonna que compre un tailleur de Cristina o un vestido de gala de Hillary; no habrá más biografía de Cristina Fernández que la de Olga Wornat; y seguramente Jennifer Aniston no hará el papel de la señora Clinton dentro de 20 años.
La corrección política no es nueva ni privativa de México de las feministas. El arte, la literatura, la música y el cine (del siglo XX) encierran siempre valores intrínsecos y efectos de moda. Antes la combinación estaba sólo al alcance de las élites; hoy la cola en Bellas Artes se extiende hasta la Alameda. Millones y millones leen a García Márquez, ven a Spielberg, y escuchan a Lennon y McCartney; pero nunca ha habido filas interminables en el Art Institute of Detroit, o siquiera en Palacio. Diego quiso hacer arte para las masas y su única creación de masas, y que sí cundió en el corazón y la mente de los pueblos... fue una de sus esposas: Frida. La corrección política puede ser la moda cultural y política masificada. Va junto con pegado. Todo parece indicar que no se puede extender la cultura y la militancia al ámbito de una izquierda de masas sin esta corrección política. Es el precio a pagar y bien vale una misa.
La última vez que alguien lloró a Diego Rivera fue en 1957 cuando murió, recién retornado, ya desahuciado, de esa Unión Soviética cuya medicina tantos creyeron entonces, como creen ahora en la de La Habana. La última gran retrospectiva de Diego, que es efectivamente una pesadilla para todo curador ya que por definición sus obras magnas, a saber sus murales no pueden ser incluidos, fue en Filadelfia, sin considerar la de caballete organizada por Dolores Olmedo en el Tamayo en los ochenta. Quizás falta de crear el verdadero museo nacional de arte, donde hubiera podido caber la Colección Gelman para no ser enviada al Met, se podría un día presentar esta retrospectiva en Palacio o en las calles de Argentina, in situ, pero en ese caso tendría que crear un criterio histórico, plástico y político de verdad; y no uno PC, es decir políticamente correcto, es decir, un insulto a la inteligencia.
Exhorto al Ejecutivo sobre la Comisión de Juárez
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a abstenerse de emitir el decreto que abroga la creación de la comisión para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y a rendir un informe sobre las justificaciones técnicas para extinguirla.
Fue aprobado por el pleno en votación económica el miércoles 15 de agosto.
Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.:
HONORABLE ASAMBLEA
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, el ocho de agosto del año en curso, fue turnada para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo relativa a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, presentada por las Diputadas Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- Con fecha ocho de agosto del año en curso, las Diputadas Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente.
3.- La proposición en estudio, en síntesis, contiene los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:
A.- Que en días pasados diversos medios de comunicación publicitaron el contenido de un proyecto mediante el cual se abroga el decreto de creación de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, hasta ahora dependiente de la Secretaría de Gobernación.
El proyecto de Decreto publicado en la página de internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, da cuenta de los argumentos del Gobierno Federal, vía la Secretaría de Gobernación, para que el órgano que depende de dicha dependencia desparezca y sus funciones sean absorbidas por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Entre ellos, se dice que con las atribuciones que le da Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a dicho Instituto, éste puede integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Federal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres; además de proponer a las autoridades los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia de género.
B.- Que sobre el particular, las autoras de la proposición consideran necesario apuntar cual es el objeto del INMUJERES, que en el artículo 4º de su ley establece que es el de "...promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país..." Por su parte, el artículo 6º del mismo ordenamiento establece en su fracción III como uno de sus objetivos específicos, en materia de violencia de género, la promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia.
De lo anterior se desprende que el INMUJERES, por su objeto es un organismo que se encarga de la protección, promoción y difusión de los derechos de las mujeres, sin que la propia ley que le dio origen le otorgue facultades de investigación para la violencia que se ejerce contra las mujeres, en este caso, de los feminicidios.
C.- Que en ese sentido, en opinión de las proponentes, las atribuciones del INMUJERES no se encuentran "estrechamente relacionadas" (como se lee en el proyecto de Decreto mencionado) con las que actualmente tiene la Comisión para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, pues en el artículo segundo de su Decreto de creación, publicado el 18 de febrero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación se establece que es la promoción al acceso de la justicia de las víctimas, que incluye la investigación y sanción a los responsables de los delitos, reparación del daño y adopción de medidas que eviten la repetición de los hechos; además de la coordinación y la generación de políticas que comprendan la prevención, apoyo y dignificación de las víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez.
A su vez, el artículo tercero señala como atribuciones de este órgano las de promover la adopción de medidas para que las víctimas tengan un acceso efectivo a la justicia y documentar y analizar las causas que han dado lugar a la violencia en contra de las mujeres en Cd. Juárez, para lo cual podrá solicitar información y cooperación a diversas instancias. Con ello, el objeto y atribuciones de la Comisión referida van más allá de las facultades del INMUJERES; por lo que los argumentos en los que se sustenta la Secretaría de Gobernación en el proyecto de Decreto para trasladar las funciones de esta Comisión al INMUJERES son endebles.
D.- Que es necesario apuntar que de 1999 a 2005 se registraron cerca de 6 mil asesinatos contra mujeres, y en promedio tres de ellas son asesinadas al día en nuestro país; lo anterior tomando como base el estudio Violencia Feminicida en 10 Entidades de la República Mexicana, elaborado por la Comisión especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, de la pasada Legislatura de la Cámara de Diputados; por ello, el problema de los feminicidios es un asunto de seguridad nacional, ya que no sólo se han presentado en Ciudad Juárez, sino que han ido extendiéndose en prácticamente en todo el país, como los casos alarmantes de los estados de México y Morelos, por lo que se requiere de una política seria del Gobierno Federal para prevenir y erradicar dicha violencia, a la vez de que se castigue a los responsables de estos atroces crímenes.
Respecto a Cd. Juárez, los feminicidios que se han registrado, suman casi los 400 de 1993 a 2006, situación que se observa en el siguiente recuadro:
FEMINICIDIOS EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.
AÑO
1993 18
1994 19
1995 36
1996 37
1997 32
1998 36
1999 18
2000 31
2001 37
2002 36
2003 28
2004 19
2005 32
2006 20
TOTAL 399
E.- Que el principal problema de los feminicidios es la falta de procuración de justicia y el INMUJERES no puede atender ni solucionar esta demanda, en todo caso, la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país (FEVIM) dependiente de la PGR, sería la instancia indicada para que haga el trabajo que realiza la Comisión que ahora se quiere desaparecer, pues la FEVIM cuenta con todas las atribuciones legales para la investigación y persecución de los delitos en la materia y, hasta el momento, se ha mostrado al margen de los casos paradigmáticos en materia de violencia de género.
Sobre el particular, se menciona que el Acuerdo A/003/06 del Procurador General de la República, por el que se crea la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, en su artículo tercero otorga a la titular de esta Fiscalía Especial la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación; con ello es competente para investigar y perseguir delitos relacionados con actos de violencia contra la mujer, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
En tanto que el artículo cuarto faculta a la titular de la Fiscalía Especial para ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, incluida ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común. De igual forma, el artículo sexto la faculta para participar, en coordinación con las instancias competentes, en la elaboración y ejecución de programas federales y locales para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Con base a lo anterior, las autoras de la proposición consideran indispensable exhortar al Ejecutivo Federal a no emitir el decreto que deroga aquél que creó a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en ciudad Juárez y, al mismo tiempo, convocar a mesas de trabaja para el efecto de hacer un balance y perspectivas sobre dicha Comisión.
En consecuencia, se emite el presente dictamen con base a las siguientes
CONSIDERACIONES
1.- Los integrantes de esta Comisión, observando lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tienen conocimiento de que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, entre otras funciones, tiene la de eficientizar los trámites administrativos y mejorar el ejercicio de la administración pública, lo que implica, en muchos de los casos, el adelgazamiento de los organismos y dependencias de la administración pública, a fin de acumular las funciones de una dependencia en otra, lo que redundaría, pretendidamente, en el ahorro de recursos públicos y en el mejor ejercicio de las funciones de cada dependencia de gobierno.
En ese orden de ideas, debe asumirse que la decisión de derogar el decreto que creó la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Ciudad Juárez, obedece a un estudio técnico y especializado de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y que, en ese entendido, las funciones de esta entidad pueden ser legal y claramente absorbidas por el Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de no dejar en el desamparo a las victimas de violencia en Ciudad Juárez, ya que es evidente que se trata de un fenómeno social que no puede pasar desapercibido por ninguna autoridad.
2.- Al respecto, no pasa desapercibido por esta Comisión que es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal tanto la creación como extinción de dichas dependencias de la administración pública; sin embargo, no menos cierto resulta que, dada la problemática social que implica la violencia hacia las mujeres y, sobre todo, el alto interés que ha generado, no sólo a nivel nacional, sino internacional, el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, resulta importante que el mantenimiento de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez o, en su caso, su desaparición, se defina en forma clara, transparente, legal y, sobre todo, como mecanismo eficiente para garantizar seguridad y justicia a las personas afectadas por esos acontecimientos.
En ese sentido, esta Comisión considera oportuno exhortar al Ejecutivo Federal a que no emita el decreto derogatorio de la creación de la citada Comisión, a fin de conocer previamente un balance y perspectivas de la misma, así como los criterios y elementos que sirven de base para su posible desaparición con base a lo establecido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Para todo lo cual se juzga oportuno exhortar al Ejecutivo Federal a que emita un informe detallado al respecto a esta Soberanía y, una vez que obre el mismo, sea remitido a las Comisiones de Equidad y Genero y la Comisión Especial para conocer las Políticas Públicas y la Procuración de Justicia Vinculada a los feminicidios en el País, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones, si lo considera pertinente, convoque a comparecer a los servidores públicos involucrados.
Por tanto, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DEACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a abstenerse de emitir el decreto por el que se abroga el similar que crea a la Comisión para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a fin de conocer previamente un balance y perspectivas de la misma, así como los criterios y elementos que sirven de base para su posible desaparición con base a lo establecido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal rinda un informe detallado a esta Soberanía respecto del balance y perspectivas de la Comisión para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, así como los criterios y elementos que sirven de base para su posible desaparición con base a lo establecido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 14 de agosto de 2007.
PRIMERA COMISION
Fue aprobado por el pleno en votación económica el miércoles 15 de agosto.
Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.:
HONORABLE ASAMBLEA
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, el ocho de agosto del año en curso, fue turnada para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo relativa a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, presentada por las Diputadas Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- Con fecha ocho de agosto del año en curso, las Diputadas Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente.
3.- La proposición en estudio, en síntesis, contiene los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:
A.- Que en días pasados diversos medios de comunicación publicitaron el contenido de un proyecto mediante el cual se abroga el decreto de creación de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, hasta ahora dependiente de la Secretaría de Gobernación.
El proyecto de Decreto publicado en la página de internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, da cuenta de los argumentos del Gobierno Federal, vía la Secretaría de Gobernación, para que el órgano que depende de dicha dependencia desparezca y sus funciones sean absorbidas por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Entre ellos, se dice que con las atribuciones que le da Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a dicho Instituto, éste puede integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Federal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres; además de proponer a las autoridades los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia de género.
B.- Que sobre el particular, las autoras de la proposición consideran necesario apuntar cual es el objeto del INMUJERES, que en el artículo 4º de su ley establece que es el de "...promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país..." Por su parte, el artículo 6º del mismo ordenamiento establece en su fracción III como uno de sus objetivos específicos, en materia de violencia de género, la promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia.
De lo anterior se desprende que el INMUJERES, por su objeto es un organismo que se encarga de la protección, promoción y difusión de los derechos de las mujeres, sin que la propia ley que le dio origen le otorgue facultades de investigación para la violencia que se ejerce contra las mujeres, en este caso, de los feminicidios.
C.- Que en ese sentido, en opinión de las proponentes, las atribuciones del INMUJERES no se encuentran "estrechamente relacionadas" (como se lee en el proyecto de Decreto mencionado) con las que actualmente tiene la Comisión para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, pues en el artículo segundo de su Decreto de creación, publicado el 18 de febrero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación se establece que es la promoción al acceso de la justicia de las víctimas, que incluye la investigación y sanción a los responsables de los delitos, reparación del daño y adopción de medidas que eviten la repetición de los hechos; además de la coordinación y la generación de políticas que comprendan la prevención, apoyo y dignificación de las víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez.
A su vez, el artículo tercero señala como atribuciones de este órgano las de promover la adopción de medidas para que las víctimas tengan un acceso efectivo a la justicia y documentar y analizar las causas que han dado lugar a la violencia en contra de las mujeres en Cd. Juárez, para lo cual podrá solicitar información y cooperación a diversas instancias. Con ello, el objeto y atribuciones de la Comisión referida van más allá de las facultades del INMUJERES; por lo que los argumentos en los que se sustenta la Secretaría de Gobernación en el proyecto de Decreto para trasladar las funciones de esta Comisión al INMUJERES son endebles.
D.- Que es necesario apuntar que de 1999 a 2005 se registraron cerca de 6 mil asesinatos contra mujeres, y en promedio tres de ellas son asesinadas al día en nuestro país; lo anterior tomando como base el estudio Violencia Feminicida en 10 Entidades de la República Mexicana, elaborado por la Comisión especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, de la pasada Legislatura de la Cámara de Diputados; por ello, el problema de los feminicidios es un asunto de seguridad nacional, ya que no sólo se han presentado en Ciudad Juárez, sino que han ido extendiéndose en prácticamente en todo el país, como los casos alarmantes de los estados de México y Morelos, por lo que se requiere de una política seria del Gobierno Federal para prevenir y erradicar dicha violencia, a la vez de que se castigue a los responsables de estos atroces crímenes.
Respecto a Cd. Juárez, los feminicidios que se han registrado, suman casi los 400 de 1993 a 2006, situación que se observa en el siguiente recuadro:
FEMINICIDIOS EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.
AÑO
1993 18
1994 19
1995 36
1996 37
1997 32
1998 36
1999 18
2000 31
2001 37
2002 36
2003 28
2004 19
2005 32
2006 20
TOTAL 399
E.- Que el principal problema de los feminicidios es la falta de procuración de justicia y el INMUJERES no puede atender ni solucionar esta demanda, en todo caso, la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país (FEVIM) dependiente de la PGR, sería la instancia indicada para que haga el trabajo que realiza la Comisión que ahora se quiere desaparecer, pues la FEVIM cuenta con todas las atribuciones legales para la investigación y persecución de los delitos en la materia y, hasta el momento, se ha mostrado al margen de los casos paradigmáticos en materia de violencia de género.
Sobre el particular, se menciona que el Acuerdo A/003/06 del Procurador General de la República, por el que se crea la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, en su artículo tercero otorga a la titular de esta Fiscalía Especial la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación; con ello es competente para investigar y perseguir delitos relacionados con actos de violencia contra la mujer, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
En tanto que el artículo cuarto faculta a la titular de la Fiscalía Especial para ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, incluida ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común. De igual forma, el artículo sexto la faculta para participar, en coordinación con las instancias competentes, en la elaboración y ejecución de programas federales y locales para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Con base a lo anterior, las autoras de la proposición consideran indispensable exhortar al Ejecutivo Federal a no emitir el decreto que deroga aquél que creó a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en ciudad Juárez y, al mismo tiempo, convocar a mesas de trabaja para el efecto de hacer un balance y perspectivas sobre dicha Comisión.
En consecuencia, se emite el presente dictamen con base a las siguientes
CONSIDERACIONES
1.- Los integrantes de esta Comisión, observando lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tienen conocimiento de que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, entre otras funciones, tiene la de eficientizar los trámites administrativos y mejorar el ejercicio de la administración pública, lo que implica, en muchos de los casos, el adelgazamiento de los organismos y dependencias de la administración pública, a fin de acumular las funciones de una dependencia en otra, lo que redundaría, pretendidamente, en el ahorro de recursos públicos y en el mejor ejercicio de las funciones de cada dependencia de gobierno.
En ese orden de ideas, debe asumirse que la decisión de derogar el decreto que creó la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Ciudad Juárez, obedece a un estudio técnico y especializado de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y que, en ese entendido, las funciones de esta entidad pueden ser legal y claramente absorbidas por el Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de no dejar en el desamparo a las victimas de violencia en Ciudad Juárez, ya que es evidente que se trata de un fenómeno social que no puede pasar desapercibido por ninguna autoridad.
2.- Al respecto, no pasa desapercibido por esta Comisión que es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal tanto la creación como extinción de dichas dependencias de la administración pública; sin embargo, no menos cierto resulta que, dada la problemática social que implica la violencia hacia las mujeres y, sobre todo, el alto interés que ha generado, no sólo a nivel nacional, sino internacional, el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, resulta importante que el mantenimiento de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez o, en su caso, su desaparición, se defina en forma clara, transparente, legal y, sobre todo, como mecanismo eficiente para garantizar seguridad y justicia a las personas afectadas por esos acontecimientos.
En ese sentido, esta Comisión considera oportuno exhortar al Ejecutivo Federal a que no emita el decreto derogatorio de la creación de la citada Comisión, a fin de conocer previamente un balance y perspectivas de la misma, así como los criterios y elementos que sirven de base para su posible desaparición con base a lo establecido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Para todo lo cual se juzga oportuno exhortar al Ejecutivo Federal a que emita un informe detallado al respecto a esta Soberanía y, una vez que obre el mismo, sea remitido a las Comisiones de Equidad y Genero y la Comisión Especial para conocer las Políticas Públicas y la Procuración de Justicia Vinculada a los feminicidios en el País, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones, si lo considera pertinente, convoque a comparecer a los servidores públicos involucrados.
Por tanto, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DEACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a abstenerse de emitir el decreto por el que se abroga el similar que crea a la Comisión para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a fin de conocer previamente un balance y perspectivas de la misma, así como los criterios y elementos que sirven de base para su posible desaparición con base a lo establecido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal rinda un informe detallado a esta Soberanía respecto del balance y perspectivas de la Comisión para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, así como los criterios y elementos que sirven de base para su posible desaparición con base a lo establecido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 14 de agosto de 2007.
PRIMERA COMISION
Veneno xenófobo en EE UU
Veneno xenófobo ( en EE UU) /Jorge Ramos Ávalos
Tomado de Refoma, 15/08/2007;
Tomado de Refoma, 15/08/2007;
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- Se confunden. Perseguir a indocumentados no es la mejor manera de luchar contra el terrorismo. Estos inmigrantes, que cruzaron ilegalmente la frontera para venir a trabajar, no son el enemigo. Por el contrario, pudieran convertirse en los mejores aliados de Estados Unidos... si los dejan.
En los casi 25 años que llevo viviendo en Estados Unidos nunca había visto una campaña antiinmigrante como ahora. Nunca. Por lo que veo y oigo parecería que le están echando la culpa a los inmigrantes latinoamericanos de los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001 y del fracaso de la guerra en Iraq. Como no pueden agarrar a Osama bin Laden y a sus secuaces en la frontera entre Paquistán y Afganistán, la traen agarrada aquí contra trabajadores inocentes.
Las señales están por todos lados. El gobierno del presidente Bush está planeando llevar la persecución de indocumentados hasta sus mismos lugares de trabajo. Se impondrían multas de miles de dólares a las compañías y empleadores que contraten a trabajadores con números del seguro social falsos o correspondientes a otras personas. Y no es ningún secreto que los 12 millones de indocumentados en Estados Unidos sobreviven con identificaciones falsificadas.
Si este plan se pone en práctica va a generar despidos masivos y un ambiente de terror en la comunidad inmigrante. De nuevo, aquí hay que recordar que no estamos hablando de criminales ni de terroristas sino de la gente que cosecha lo que comemos, que construye los lugares donde vivimos, que mantiene la inflación bajo control, que paga impuestos, que genera empleos, que toma los trabajos que nadie más quiere, que reemplaza a los norteamericanos que se retiran y que ayuda a que este sea un mejor país.
Hay más. La incompetencia del Congreso para negociar y aprobar una reforma migratoria a nivel nacional ha generado que los estados y las ciudades del país tomen el asunto en sus propias manos.
En Hazleton, Pennsylvania, querían prohibir la renta de casas y apartamentos a indocumentados hasta que una corte lo evitó por inconstitucional. En Kansas quieren que el inglés sea el idioma oficial. Varias ciudades quieren que sus policías se conviertan, también, en agentes de inmigración. Y éstas son las ideas menos radicales. Otras piden, por ejemplo, quitarle escuela y servicios médicos a los inmigrantes recién llegados o negarle la ciudadanía norteamericana a hijos de indocumentados.
La avalancha antiinmigrante no tiene fin. En lo que va del año se han aprobado 170 leyes estatales relacionadas con el asunto migratorio. Algunas de esas propuestas de ley destilan toneladas de resentimiento y veneno xenófobo.
El problema está en que si los norteamericanos ven que sus políticos -que deberían ser ejemplo de decencia, sabiduría y compasión- atacan despiadadamente a los indocumentados, entonces, ¿qué se puede esperar del resto? Lo mejor de Estados Unidos son sus oportunidades; lo peor es el racismo y la discriminación. Una encuesta hecha por Sergio Bendixen para el Banco Interamericano de Desarrollo corrobora esta visión. Una tercera parte de los mexicanos y centroamericanos encuestados en español dijo que el principal problema de Estados Unidos es la discriminación. El 83 por ciento de los mexicanos y el 79 por ciento de los centroamericanos consideran, además, que la discriminación va en aumento.
Entiendo que Estados Unidos quiera aplicar sus leyes y proteger sus fronteras. Ése es el derecho de cualquier país. Lo que pasa es que esas leyes no reflejan la realidad del país. No podemos cerrar los ojos ante millones de personas sin documentos y al hecho de que todos los que vivimos aquí somos sus cómplices, ya que nos beneficiamos de su trabajo.
Me temo que lo peor aún está por venir: no habrá reforma migratoria en años, el servicio de inmigración está bajo enorme presión política para aplicar las actuales y defectuosas leyes, las redadas y las deportaciones se van a incrementar y con ellas la separación de las familias, y los grupos más conservadores continuarán imponiendo su agenda de odio a una mayoría poco comprometida a actuar a favor de extranjeros.
Perseguir a indocumentados le da a muchos la falsa ilusión de estar luchando contra el terrorismo. Pero no nos equivoquemos. Ninguno de los 19 terroristas que mataron a casi 3 mil norteamericanos el 9/11 entró por México, era latinoamericano o hispano. Ninguno. Y ninguno de los indocumentados en Estados Unidos ha tenido algo que ver con la muerte de soldados norteamericanos en Iraq. Ninguno.
Si a estos inmigrantes les permitieran quedarse legalmente se convertirían, por simple agradecimiento, en los más firmes defensores de las libertades y del estilo de vida norteamericano. Además, al identificarlos, Estados Unidos sería un país más seguro contra el terrorismo.
Pero no los dejan.
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