Birmania

• Kouchner, Total y Birmania/Nicole Muchnik, pintora y escritora

Publicado en EL PAÍS, 29/09/2007;

Nicolas Sarkozy acaba de exigir de las empresas francesas, y particularmente de Total, que no inviertan más en Myanmar, una decisión tardía, pero bienvenida. Sin embargo, falta todavía una aclaración sobre el papel del actual ministro francés de Exteriores, Bernard Kouchner, responsable de un informe del año 2003 pagado por Total sobre la explotación del sitio Yadana y la instalación de un oleoducto.
Rangún, Myanmar, 1990. La Liga Nacional para la Democracia, dirigida por Aung San Suu Kyi, obtiene el 85% de los votos en las elecciones organizadas por la Junta Militar en el poder. Pero la Asamblea Nacional surgida de las urnas nunca se reunirá. Sigue una campaña de arrestos masivos, torturas y represión con el objetivo, entre otros, de exterminar a los rebeldes karens del centro del país. A partir de esa fecha la dirigente Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, estará casi siempre detenida, ya sea en la cárcel o bien en su domicilio. Otros cuarenta diputados fueron encarcelados; 150 debieron exiliarse.
Asimismo, 1990 es el año en que la compañía petrolera francesa Total responde a una oferta de prospección del sitio off-shore Yadana. Dos años más tarde se firma un contrato de explotación entre Total y la compañía birmana Myanmar, al que se unen en 1995 la americana Unocal y la tailandesa PTTEP. La inversión de Total está garantizada por el Gobierno francés hasta una suma de 6 millones de euros. Una cláusula del contrato establecido por Total prevé la protección de la zona y en particular del oleoducto por parte del Ejército birmano, que se aprovecha de ello para intensificar la represión en contra de los karens, cuya guerrilla causa problemas al norte del sitio Yadana.
Ahora bien, una de las características del régimen birmano es la utilización del trabajo forzado bajo la vigilancia del Ejército. El trabajo forzado impuesto a aldeas enteras no nació con la prospección petrolera, pero ¿lo aprovechó Total para acondicionar el sitio de prospección y construir el oleoducto? Un informe de la Organización Internacional del Trabajo, fechado en julio de 1998, describe “la impunidad con que los funcionarios del Gobierno y sobre todo los militares tratan a la población civil como una inmensa fuente ya sea de trabajadores forzados no remunerados o de servidores a su disposición, elemento propio de un sistema político basado en la fuerza y la intimidación”. Se revela que el mejor modo que tienen los militares de enrolar a los trabajadores consiste en la destrucción de aldeas, sobre todo en la zona que rodea el futuro pipeline de Total.
Total siempre ha negado haberse beneficiado del trabajo forzado: sus 2.500 trabajadores, asegura, son “adultos, voluntarios y están remunerados”. Por lo demás, siempre según la versión de Total, no existe ningún contrato entre la compañía y el Ejército birmano. En cambio, Total habría creado los Comités de Aldea, mejorado considerablemente la situación médica y social de la región y, como consecuencia, reducido la mortalidad infantil; asimismo habría asegurado la vacunación, disminuyendo las cifras de paludismo y tuberculosis, y también habría logrado un mejor diagnóstico del sida.
Birmania carece de industrialización y la población budista se conforma, en su mayoría, con una sencilla vida rural. Las universidades, cerradas en 1988, fueron reabiertas entre 1995 y 1996 y vueltas a cerrar. Sólo el 27% de los niños termina la escuela primaria. El resto, o son demasiado pobres o acaban reclutados para trabajos forzados. A partir de los trece o catorce años son enrolados a la fuerza en el Ejército como soldados o trabajadores, generalmente en estado de desnutrición. Hay pocos médicos y, sobre todo, muy pocos medicamentos, como deja claro el hecho de que la sistemática reutilización de jeringuillas haya ocasionado la propagación del sida. Hay que añadir que Birmania es el primer productor de heroína en el mundo, y que una pequeña parte de la droga es consumida in situ. Entre 1 y 2 millones de birmanos están refugiados en Tailandia sin que les sea reconocido el estatuto de refugiados.
No nos sorprenderá que, por razones éticas, la mayoría de los inversores extranjeros haya abandonado Birmania en los últimos años. Entre ellos -y no hablamos de altermundistas-, podemos mencionar a British American Tobacco, Texaco, Pepsi Cola, Levi-Strauss, Coca Cola, Ericsson, Accor, PriceWaterhouse-Coopers, Motorola, Philips, Apple, Heineken, Carlsberg, Reebok, Shell… También durante esta década, Suu Kyi ha solicitado en varias ocasiones a la comunidad internacional evitar las inversiones y el turismo, cuyo “beneficio va exclusivamente a la junta militar y sus protegidos”. En el transcurso de los últimos doce años, los efectivos del Ejército birmano pasaron de 250.000 a 400.000, dedicándose a una represión interna que usa los “crímenes contra la humanidad” denunciados en el último informe de la ONU.
El que Total haya decidido durante todo este tiempo seguir en Birmania es, desde luego, un escándalo ético en sí. Y aún lo es más el que esta política haya sido apoyada, en diciembre de 2003, por un notable informe acerca de la situación en la sociedad birmana de Bernard Kouchner, el actual ministro francés de Exteriores, y ex ministro de Sanidad, fundador de Médicos Sin Fronteras y el good french doctor que “inventó” el derecho de injerencia humanitaria.
Realizado en tres días de encuestas, y sin incluir consulta alguna a los opositores al régimen militar ni a cualquiera de las numerosas asociaciones por la democracia y el respeto a los derechos humanos en Birmania, el informe de Kouchner, por el que Total pagó 25.000 francos (3.800 euros), intentó justificar la presencia de la empresa francesa en ese país y limpiar su actuación. Según su autor, “la práctica del trabajo forzado disminuyó en la zona del pipeline, aunque es imposible afirmar que haya desaparecido por completo”. No obstante, Total, según Kouchner, jamás había utilizado el trabajo forzado, y en cambio había velado por la salud de la población. Asimismo, el informe señaló que la acusación de trabajos forzados de los niños era falsa ya que “los niños no tienen fuerza suficiente para levantar tubos de oleoducto”.
Es cierto, reconocía Kouchner, que Total nunca había condenado pública y enérgicamente al régimen birmano, pero el hoy ministro de Exteriores de Sarkozy sostenía que si la empresa francesa no aprovechaba esa oportunidad en Birmania, otras compañías tomarían su lugar. Juez y parte, Bernard Kouchner, para el que también “les affaires” (los negocios) son “les affaires”.

Y después de Putin qué?

• Después de Putin/Walter Laqueur, director del Instituto de Estudios Estratégicos de Washington.

Publicado en LA VANGUARDIA, 30/09/2007;
Traducción de José María Puig de la Bellacasa
El próximo mes de marzo, Rusia elegirá a un nuevo presidente para suceder a Vladimir Putin. La campaña electoral ha empezado en serio, hecha la salvedad de que naturalmente no hay tal campaña puesto que será presidente la persona designada por Putin. La semana pasada se especulaba sobre si Medvedev o Ivanov sucederían a Putin; ambos son miembros de su círculo íntimo, el primero formado en el KGB y el segundo vinculado - como el primero- a las grandes empresas estatales. Ambos pertenecen también al “grupo de Leningrado”, el guardaespaldas político de Putin. Y ahora de repente ha surgido un nuevo candidato en la persona de Viktor Zubkov, el nuevo primer ministro del que poco se sabe; nueve de cada diez rusos nunca habían oído hablar de él hasta hace unos días.
¿Por qué Zubkov? Parece ser tan leal como los demás y por otra parte digno de confianza para mantener el asiento caliente hasta el 2012, cuando Putin puede querer volver como presidente. No es joven ni parece muy ambicioso ni carismático. Claro que siempre se corre el riesgo de que un personaje que actúe como sustituto abrigue sed de poder y sea renuente a ceder el testigo en su momento. Por eso Maquiavelo dijo que “no basta con que un político triunfe, debe cuidar de que su sucesor sea inferior a él”.
Sea como fuere, ¿qué significará políticamente la transición? Persiste un enojo popular - no injustificado- contra quienes se han enriquecido durante los últimos 15 años, no abriendo nuevos caminos e impulsando iniciativas productivas, sino comprando barato empresas de propiedad estatal. Por comprometido que esté (en principio) el nuevo Gobierno con la economía liberal, deberá hacer concesiones a tal condición. En un libro sobre Rusia tras la caída del imperio soviético, escribí en 1992 que “al menos no hay multimillonarios…”. Hoy día se cuentan una veintena de multimillonarios rusos entre el primer centenar de personas más ricas del mundo.
Zubkov intentó combatir algunos de los casos más escandalosos de evasión fiscal de las mafias y grandes fortunas, pero cabe abrigar la sospecha de que más bien fue una operación cosmética. La corrupción se halla demasiado enraizada y se hallan involucrados demasiados miembros del establishment como para poderla desarraigar.
Hay razones para pensar que tal política continuará. En las escuelas se les enseñará a los niños que Stalin hizo más bien que mal y que fue un gran líder, que la iglesia ortodoxa es un pilar de Rusia… pero el sistema económico no cambiará. Se encarcelará a unos cuantos multimillonarios si no obedecen al Gobierno. Pero en general no tienen gran cosa que temer si se comportan.
En cuanto a los inversores extranjeros, el clima imperante no será tan favorable. Rusia les necesita en menor medida y aplica una política nacionalista; a menos que los europeos consientan que les arrebaten sus bancos y empresas (sobre todo en el sector energético que Rusia quiere controlar) la vida de los inversores será cada vez más difícil. La línea nacionalista, en términos generales, proseguirá. Putin ha dicho que ha llegado la hora de poner fin a la “ridícula y extravagante solidaridad atlántica” entre Europa y EE UU; tampoco le gusta la UE pues desde una perspectiva rusa resulta mucho más fácil y cómodo tratar con cada país por separado en lugar de con los Veintisiete. Bien: muy plausible visto desde Moscú, pero los europeos muestran cierto desasosiego ante esta estrategia rusa tan descarada.
¿Qué razones se hallan tras esta estrategia? Una muy popular, basada en la creencia de que no sólo Estados Unidos sino Occidente en general son hostiles a Rusia y aprovecharán cualquier ocasión para atacarla de uno u otro modo. Algo muy comprensible psicológicamente; muchos rusos creen que la caída del imperio soviético obedeció a las intrigas occidentales. Se rechaza la idea de que pudo guardar alguna relación con el hecho de que el sistema soviético no funcionaba. Este sentimiento recuerda al existente en Alemania e Italia después de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, ¿resulta sensato? A duras penas, ya que desvía a Rusia de los verdaderos peligros que afrontará durante los próximos años. Rusia no es amenazada por EE UU y Europa, que estos años estarán preocupados por sus propios problemas y ni querrán ni podrán seguir una política exterior agresiva. Ni Europa ni EE UU desean en modo alguno apoderarse del norte de Rusia, de Siberia o del lejano oriente ruso que cada año se despueblan más. Hablar mal de Estados Unidos y Europa puede ser popular, pero no lleva a ninguna parte.

Reflexiones del Consejero Presidente

• Avances, riesgos y mitos de la reforma electoral/Luis Carlos Ugalde
  

Publicado en Reforma, 30/09/2007;

Una vez que ha sido aprobada por la mayoría de los congresos locales, la reforma electoral es una realidad y ello me permite hacer algunas reflexiones sobre los principales avances, riesgos y mitos, más allá del tema de la remoción de los consejeros electorales que he abordado de manera pública en las últimas semanas.
Avances
1. El modelo de acceso "gratuito" de los partidos a los medios elimina la contratación comercial y la negociación privada entre partidos políticos y los medios electrónicos de comunicación. Esta medida evitará opacidad en el gasto de campañas políticas que caracterizó la elección de 2006 y que dio lugar a que hoy se desconozca cuánto costaron y quién pagó más de 281 mil spots transmitidos durante el pasado proceso electoral, y que es una obligación de los partidos políticos explicar.
El modelo de gratuidad es apropiado, aunque su alcance parece excesivo y puede ser contraproducente para la equidad y competitividad de los procesos electorales por tres razones. Primero, porque se fortalece el statu quo pues sólo los partidos consolidados tendrán una exposición mediática amplia, mientras que los partidos emergentes tendrán siempre un techo de visibilidad en función del resultado electoral anterior. Segundo, porque las estrategias de campaña se vuelven rígidas ya que la capacidad de reacción y comunicación de los candidatos durante las campañas pasa por la asignación de tiempos en radio y televisión que les da el IFE. Y tercero, porque se corre el riesgo, detectado por muchos analistas, de que la cobertura noticiosa sea realmente el espacio de influencia en el electorado.
Sería preferible un modelo mixto, con un porcentaje predominante de acceso gratuito, pero con una franja para compra comercial a través del IFE. Con ello se transparenta la relación entre partidos y medios, y se mantiene un colchón de flexibilidad para las estrategias de comunicación de los candidatos. Con el esquema actual, será muy difícil que haya candidatos exitosos fuera del esquema de los tres principales partidos.
2. Prohibir la difusión de la imagen de los funcionarios públicos en la propaganda gubernamental corrige un defecto ancestral en la publicidad de los gobiernos: usar dinero público para promover la imagen personal de servidores públicos con aspiraciones políticas. La prohibición es una medida sana que fomenta la equidad porque evita que gobernantes en funciones adquieran ventaja anticipada frente al electorado, incluso años antes del proceso electoral en el cual aspiran a competir.
3. Prohibir la difusión de publicidad de gobiernos durante los procesos electorales fomenta la equidad, porque evita que, al amparo de pautajes intensos en radio y televisión, los gobiernos en funciones puedan influir a favor de partidos o candidatos.
4. Precampañas. La propuesta de reforma propone reglas mínimas de competencia al interior de los partidos y genera mayor certeza y equidad entre precandidatos en asuntos como duración, topes de gastos en procesos internos de selección y sanciones a quienes infrinjan dichas disposiciones.
5. Se promueven criterios generales que deberán adoptarse en todas las legislaciones electorales de los estados, con lo cual se generan estándares mínimos entre las leyes estatales y la federal.
6. El proyecto de reforma electoral otorga al IFE más y mejores instrumentos de sanción para quienes violen disposiciones legales o constitucionales, lo cual da mayor eficacia al arbitraje.
Riesgos
1. Contralor general del IFE nombrado por la Cámara de Diputados. La presencia de un contralor que responda a los partidos en el Congreso puede convertirse en un instrumento inhibitorio para la actuación de los consejeros y funcionarios del IFE. Los contralores deben dar resultados, pero con base en criterios contables y financieros. Cuando un contralor responde a partidos, su desempeño puede politizarse y sesgarse.
Las analogías son ilustrativas: es como si los bancos privados nombraran al contralor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o las empresas de telecomunicaciones al contralor de la Cofetel. Una medida como esta genera conflicto de intereses. Si el Congreso considera que esta medida fortalece al IFE y lo transparenta, supongo que pronto habrá contralores nombrados por el Congreso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Banco de México o en la UNAM. ¿Sería sana esa tendencia para las instituciones autónomas del país?
2. El consejero presidente del IFE dura seis años y es reelegible por un periodo adicional. La reelección puede convertirse en un incentivo perverso que usen los partidos para colocar al presidente en una suerte de "evaluación" permanente para reelegirlo o no. Que el presidente del IFE sea vigilado por los partidos es sano y necesario. El problema es que la evaluación de los partidos sobre el desempeño del IFE siempre ha estado influido por las sanciones que reciben y por el resultado de las elecciones. En ocasiones, los partidos aprecian más la "cercanía" de los consejeros que su actuación firme e imparcial.
3. La remoción injustificada de los consejeros electorales sienta un mal precedente para la independencia del IFE. Ellos deben ser ajenos a la presión política y a las negociaciones entre partidos. Vale la pena resaltar que durante las deliberaciones en el Congreso no hubo una sola intervención de senador o diputado en donde se expresara una razón objetiva o legal para justificar la salida anticipada de consejeros actuales.
El cambio anticipado puede generar un tránsito complejo y discrecional. Por ejemplo, hoy se desconoce cómo se escogerán a los cinco consejeros que, junto conmigo, concluirán sus encargos antes de septiembre de 2008. Si se trata de un órgano colegiado, ¿cómo se decidirá quién se va o se queda? ¿Argumentos objetivos o criterios políticos? Eso vuelve vulnerable al IFE porque limita su autonomía para tomar decisiones.
4. La prohibición de emplear en la propaganda electoral expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos políticos o calumnien a las personas enfrenta una discusión muy relevante sobre el derecho ciudadano a estar informado. Con la nueva medida ¿estarán los ciudadanos mejor informados, o simplemente estarán sujetos a campañas llenas de lugares comunes y promesas políticamente correctas? ¿Eso mejora la calidad de los ciudadanos para decidir? No estoy usando el argumento de la libertad de expresión que tanta controversia ha generado, sino uno sobre el derecho de los votantes a contar con información para decidir, a pesar del riesgo de que parte de esa información sea falsa, sesgada o trivial. Antes de medidas que protejan a los candidatos de la denigración, debemos proteger a los ciudadanos para que estén informados.
Evidentemente no estoy a favor de la calumnia en la política, pero prefiero soluciones que induzcan comportamientos esperados más que sanciones que pueden generar efectos contraproducentes. Una vez promulgada, empezarán las dudas y las tentaciones. El IFE, por ejemplo, defendió la libertad de expresión cuando a principios de este año se quiso suspender la transmisión del programa de Andrés Manuel López Obrador en TV Azteca. Muchos dijeron que ofendía a las instituciones y el IFE argumentó que la libertad de expresión era más importante que otra consideración. Con la nueva normatividad, ¿deberá retirarse del aire el programa de AMLO en caso de que denigre a personas o a instituciones? Ojo, la redacción del artículo constitucional habla de la propaganda que difundan los partidos, pero el criterio de la culpa in vigilando hace a los partidos responsables de lo que hagan sus militantes. ¿Qué pasará? Al menos habrá controversia y muchas tentaciones.
5. Indefensión jurídica frente a invasión de competencias. Una reforma electoral que verdaderamente fortalezca al IFE debería contemplar en el artículo 105 constitucional al instituto como sujeto legitimado para promover controversias constitucionales.
En la discusión sobre la controversia constitucional promovida por el IFE en contra del presupuesto de egresos para el 2007, ministros de la Corte expresaron que el IFE carece de mecanismos constitucionales para proteger su esfera de competencia cuando es invadido por otro poder, y por ello expresaron que sería positivo que el legislador dotara al IFE de facultades para presentar controversias constitucionales. ¿Por qué no se le dio al IFE ese medio de defensa?
6. La propuesta de reforma electoral no incluye explícitamente a los partidos políticos como sujetos obligados de transparencia.
7. Se prohíbe que las autoridades electorales intervengan en la vida interna de los partidos políticos, salvo los casos que determine la ley. Un gran avance democrático de los últimos años fue la creación de tesis y jurisprudencia para proteger los derechos políticos de militantes y para garantizar la legalidad estatuaria de los partidos. Con ello se ha ido construyendo un marco que da mayor certeza y legalidad a la vida interna de los partidos. En la nueva legislación secundaria podríamos descubrir que algunos de esos avances queden eliminados y que los partidos sean menos sujetos al control y la regulación por parte del IFE y del Tribunal Electoral.
Mitos
1. Con la reforma electoral se acaba la espotización de la política. Esto es falso. Con esta reforma se incrementa significativamente el fenómeno de la espotización. En 2012, se transmitirán ocho veces más spots que en 2006, tomando como base las 146 emisoras de televisión que el IFE monitoreó el año pasado. Si tomamos como ejemplo el canal de mayor audiencia en el país ("Canal de las Estrellas"), en 2006 los partidos políticos adquirieron un total aproximado de 33.7 horas de transmisión de spots, mientras que en 2012 se les destinarán de manera gratuita 61.2 horas.
La espotización y la manera como se paga esa espotización son elementos diferentes. Con la nueva reforma, la democracia electoral mexicana va a estar más sometida a la fuerza persuasiva de los spots. La diferencia es que ahora los partidos no tendrán que pagar por ello, lo cual es un avance como se mencionó anteriormente.
Es interesante notar que tiempo aire no significa impacto en los votantes. La reforma ataca el problema del tiempo, no del rating, y eso puede ser contraproducente. Imaginemos la reacción de los niños frente a spots de campañas en la barra de programas infantiles de 3 a 6 de la tarde; o bien, la reacción de amas de casa con spots a las 10 de la mañana. La reforma distribuye homogéneamente spots desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, pero eso no garantiza rating entre votantes probables porque los espacios más relevantes están a partir de las 7 de la noche. El riesgo es que los candidatos saturen a la población, pero no generen un impacto favorable entre los votantes probables.
2. Se reduce el financiamiento a los partidos políticos. Cierto, pero no se reducen las prerrogativas. Los partidos reciben menos dinero del IFE, pero no disminuirán su ingreso disponible porque ahora ya no tendrán que pagar por publicidad en radio y televisión. Es decir, la suma de las prerrogativas gratuitas en radio y televisión más el financiamiento en efectivo será igual o superior a la suma que recibían antes.
Conclusiones
La reforma electoral contiene elementos positivos y elementos negativos para la democracia del país. No es justificable que al amparo de los avances que se logran se permitan retrocesos en otros temas.
El IFE contará con más atribuciones y poder sancionatorio sobre medios de comunicación y particulares. A la vez su independencia frente a los partidos estará cuestionada. ¿Qué implicaciones puede tener una autoridad electoral con más poder para regular, pero menos independiente de los partidos a quienes debe vigilar y sancionar?
La reforma aprobada será evaluada a la luz de las experiencias de los próximos procesos electorales. Es probable que en la próxima década deba haber una nueva reforma para matizar excesos y afinar instrumentos regulatorios.
Es un hecho el avance de la democracia y era inaplazable una reforma electoral, aún cuando prevalezcan omisiones o aspectos que signifiquen retroceso. Pero aun con eso, debe reconocerse el ímpetu reformista que ha mostrado el Congreso mexicano.
El autor es consejero presidente del Instituto Federal Electoral.

Ni verdad ni justicia, reportaje

El fiscal fracasó
Reportaje Ni verdad ni justicia/Laurence Pantin y Ernesto Núñez, reporteros.
Publicado en Reforma (suplemento Enfoque), 30/09/2007;
Desde la academia y el activismo social, cuatro personajes responden a Ignacio Carrillo Prieto: nunca hubo voluntad de enjuiciar a los responsables de la Guerra Sucia.
Marcelino Perelló Vals
'Hizo su trabajo sucio'
La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado no fue más que una maniobra político-electoral del gobierno de Vicente Fox, asevera el ex líder estudiantil del 68, Marcelino Perelló."Estoy convencido, como él (Ignacio Carrillo Prieto) lo sugiere pero no lo discute en su texto, que no se trata de una acción legal sino de una acción política", expresa, "su fiscalía debió llamarse no Fiscalía Especial sobre los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, sino Fiscalía Especial sobre los Movimientos Políticos y Sociales del Futuro, porque cuando la fundan no están pensando en 1968. Les vale madre 1968. Están pensando en el 2006".
Perelló, quien estuvo preso en 1968 por ser miembro de la Juventud Comunista de México, señala como prueba de la motivación electoral detrás del organismo, que el 30 de junio del 2006, el viernes anterior a las elecciones presidenciales, se ordenó el arresto domiciliario del ex presidente Echeverría.
Confirma que se reunió con Carrillo Prieto, y que en una comida en un restaurante del sur de la ciudad, le advirtió que el motivo por el cual el general Rafael Macedo de la Concha -titular de la PGR- lo invitaba a ser fiscal era para que incidiera en la campaña electoral del 2006. "Y ahora se saca de onda porque después de la campaña electoral, clausuran su comité. Pues sí, ya hizo su trabajo sucio", sostiene.
Por esa razón, Perelló, quien tuvo que exiliarse en 1969 por su participación en el Consejo Nacional de Huelga, lamenta que el ex fiscal y otros ex camaradas suyos se hayan prestado a esta operación, y acusa a éstos últimos de aceptar participar en el Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía por interés personal. "Los miembros del comité recibían un jugoso salario por no hacer nada", manifiesta, "solamente alquilaron sus nombres".
Por su parte, dice que rechazó ser parte del Comité Ciudadano porque no quería participar en la operación política que describe, pero también porque cree que el comité que investiga lo que pasó en el 68 no debe ser conformado por personas que participaron en los hechos.
"¿Qué pasa si el resultado fuera de que hubo quien recibió el Ejército a balazos en la plaza?", se pregunta, "o sea, yo soy inculpado al principio. Hay que verlo desde una perspectiva que no esté predeterminada. Y este comité nace predeterminado".
Agrega que él es uno de los detractores a los que se refiere el ex fiscal en su texto, ya que desde el principio detestó a la fiscalía y lo que representaba. Declara que no cree en los jueces porque éstos son parte del poder.
"Y lamento mucho que ex camaradas míos crean que los jueces son la neta, y van a decir la verdad, y van a decidir justicia, ¡mis huevos!", exclama. "O sea, van a decidir lo que el poder quiera que se decida".
Aclara que no es que no tenía fe en que la fiscalía iba a resolver las denuncias que se presentaron, sino que no le importa si estos casos se resuelven o no. Rechaza que el 68 se reduzca a si Echeverría es un asesino, y reivindica el 68 como un movimiento revolucionario que se inscribió en la lucha mundial por cambiar el orden capitalista establecido.
"Lo que sería importante, y eso se lo digo también a doña Rosario Ibarra de Piedra, es levantar la voz. ¿Qué decían los muchachos asesinados? ¿Qué decía el hijo de Doña Rosario? Repitámoslo. Porque si castigamos a los asesinos, nos vamos a quedar perfectamente contentos".
"Enjuiciar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de los sesentas y setentas es una desviación", asegura, "el verdadero crimen en toda esta historia es querer convertir al magnífico movimiento del 68 en nota roja".
Finalmente, acerca de las memorias del fiscal, Perelló expresa que todo lo que se diga siempre es bueno, sea verdad o mentira, y cita al psicoanalista francés Jacques Lacan, quien considera que el sujeto se diferencia del objeto porque miente. "Entonces, las memorias, los testimonios, las crónicas deben ser siempre tomadas como eso, como provenientes de un sujeto mentiroso, como todos los sujetos", estima.
Salvador Martínez della Rocca
'Nunca le dieron apoyo'
Según Salvador Martínez della Rocca, la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado evidenció que el sistema jurídico mexicano está reprobado.
El líder estudiantil del 68 coincide con el ex fiscal Ignacio Carrillo Prieto en que el organismo nunca obtuvo el apoyo necesario, empezando por el presupuesto. "Cuando el asesinato de Colosio, el fiscal que estaba investigando el asesinato tenía un edificio de cinco pisos y 200 ministerios públicos", explica, "la fiscalía empezó sólo con 17 ministerios públicos para investigar casi 40 años de guerra sucia en México. Entonces, en realidad, el fiscal tiene razón. Por eso, siempre lo apoyamos".
Está de acuerdo con Carrillo Prieto en que hubo un intento de boicotear al Comité Ciudadano, pero por parte del mismo gobierno, ya que nunca se cumplió la promesa del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, de otorgar al comité recursos propios.
En lo que el hoy diputado local por el PRD discrepa con el ex fiscal es cuando exime a Fox de ser el responsable de la falta de apoyo. "Yo estoy seguro de que no tuvo el apoyo del presidente Fox", afirma, "el fiscal es una gente política -no lo digo peyorativamente-, es una gente prudente. Ha salido muy golpeado de esta bronca y lo que él está tratando de decir es que las masacres del 2 de octubre, del 10 de junio, la Guerra Sucia son intereses de tal nivel que trascienden al presidente de la República".
Pero el balance de la fiscalía no es totalmente negativo para él. Estima que un resultado importante es que se reconoció públicamente la responsabilidad de Luis Echeverría en el asesinato de opositores, pues los jueces no argumentaron que él no había cometido estos delitos, sino que éstos habían prescrito.
"Históricamente, es una cosa mucho muy importante", insiste, "y se evalúa poco esto porque no se logró que encarcelaran a Echeverría o que lo tuvieran en arraigo domiciliario, por la edad".
"Ver a Echeverría sentado en el banquillo de los acusados fue un momento muy emocionante", agrega.
Para acabar los pendientes que dejó la fiscalía, Martínez della Rocca considera muy interesante la recomendación de constituir una Comisión de la Verdad que hizo el fiscal español Carlos Castresana, quien junto con Baltasar Garzón llevó a cabo las acciones jurídicas contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
"Hay que escucharlo con atención y necesito juntarme con mis amigos, hablar con el fiscal, y ver por dónde vamos a caminar", expresa, "pero la lucha va a continuar".
El Pino admite que, como muchos de sus compañeros que fueron presos políticos durante los setenta, no tenía mucha fe en la fiscalía cuando ésta inició y por eso empezó por rechazar la invitación de Carrillo Prieto para participar en un Comité Ciudadano de Apoyo.
Pero relata que sus amigos, Carlos Montemayor y Carlos Monsiváis, le dijeron que entrara al comité por su pasado de perseguido político y los dos años y medio que pasó en Lecumberri. Quien luchó por la libertad de sus compañeros presos políticos a su salida de la penitenciaria, en 1971, afirma que acabó de convencerse de participar cuando el rector Juan Ramón de la Fuente lo llamó para pedírselo personalmente.
Explica que le interesó la posibilidad de tener investigadores de alto nivel que indagaran en el Archivo General de la Nación, de tener reuniones periódicas con el fiscal y de poder influir en la manera de juzgar a los responsables de los delitos analizados por la fiscalía.
"(Me convenció) la posibilidad de tener incidencia en las personas que se tenían que citar a comparecer y meterles juicios para que se pusieran bajo la ley, como ellos nunca lo hicieron con nosotros", expresa, "ellos asesinaron gente, mataron gente, desaparecieron gente, masacraron gente, encarcelaron gente y siempre lo hicieron violando la ley. Lo único que nosotros estábamos pidiendo es que se sujetaran a la ley".
Narra que muy rápidamente pasó de una relación profesional con Carrillo Prieto a una amistad. "Me pareció luego luego que él le iba a echar ganas", asegura, "la alusión que hace a su sobrina era un elemento para mí y para varias gentes de que el fiscal se les iba a salir de las manos, que no lo iban a poder controlar como ellos querían. Y fue lo que pasó. O sea, escuché muchos comentarios y leí a muchos analistas cómo señalaban que las broncas con el fiscal eran que ya no tenían control sobre de él".
Rosario Ibarra de Piedra
'Fue una burla, un engaño'
Sin concesiones, la fundadora del Comité Eureka descalifica la fiscalía creada por Vicente Fox para investigar la Guerra Sucia.
Para Rosario Ibarra de Piedra no fue necesario ver nacer y fracasar una fiscalía especial, para dudar del compromiso gubernamental con el esclarecimiento de la Guerra Sucia; ella ya estaba decepcionada desde muchos años antes.
En 1990 acudió a la oficina del entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, con otros integrantes del Comité Eureka y, según relata, ese encuentro y lo que ocurrió en las semanas posteriores confirmaron su escepticismo hacia el gobierno.
"Estuvimos presionando mucho, como familiares de desaparecidos, a ver si Salinas nos solucionaba el problema. Él nos recibió, habló con nosotros, muy amable, con ese estilo de político que tenía, y nos dijo: 'en 20 días sabrán de sus hijos'. Bueno, yo salí escéptica totalmente, porque su mandato fue producto de un fraude. No le creí, porque sabía que en 20 días era difícil, además el tono en que lo dijo no me inspiró confianza, y luego sus expresiones absurdas. Cuando yo le dije que mis padres eran de Nuevo León, él dijo 'ajúa', una cosa totalmente fuera de tono, como queriendo emular a un cómico muy querido que se llama Piporro.
"A los 20 días, fuimos a la Secretaría de Gobernación, en donde estaba Fernando Gutiérrez Barios, a quien habíamos visto siempre para estos casos, y él me dijo: 'ya doña Rosario, se van a resolver estos problemas', y me dio una invitación para la inauguración de la CNDH. Se trajo a Luis Ortiz Monasterio de donde andaba en Alemania, y luego puso al doctor Carpizo al frente de la CNDH y nos mandaron invitaciones a granel y fuimos a Palacio Nacional a una ceremonia.
"Después fuimos a ver al doctor Carpizo, no nos recibió, nos mandó con Jorge Madrazo, que era el primer visitador. Él tenía las cinco cajas de expedientes que le habíamos entregado a Gutiérrez Barios hacía mucho tiempo. Cuando lo vimos, nos dijo: 'a ver, aquí están todos los expedientes y no he tenido tiempo de leerlos, pero antes de eso quiero que me manden las actas de nacimiento de cada uno de los desaparecidos, para poderle probar al procurador que existieron'. Caray, esto era una bofetada, ¿cómo íbamos a tener 20 años buscando a nuestra gente sin que hubieran existido?, era un grosero consumado el tal Jorge Madrazo".
Fue a raíz de esa experiencia que la hoy senadora retiró toda su confianza de las instituciones oficiales de derechos humanos. El Comité Eureka, que ella fundó en 1977 para buscar a su hijo Jesús Piedra Ibarra y otros 528 desaparecidos, acordó no reconocer a la CNDH, nacida en el salinismo ante la presión de organismos internacionales que constantemente señalaban el respeto a las garantías individuales como una asignatura pendiente de México.
Con el mismo escepticismo, Ibarra de Piedra acogió en el 2000 la promesa del entonces candidato presidencial, Vicente Fox, quien hizo alusión a su lucha y al movimiento estudiantil del 68 durante el debate entre candidatos a la Presidencia del 27 de mayo. Ya desde ese año, la regiomontana había renegado de esa ocurrencia del candidato de Acción Nacional y dudó del compromiso foxista para enjuiciar a los responsables de la represión y cerrar la herida abierta por la Guerra Sucia.
La creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, anunciada en noviembre del 2001, tampoco le dio esperanza. Y con la misma actitud vuelve a juzgar hoy, seis años después, el papel del jurista Ignacio Carrillo Prieto al frente de la Femospp.
"Fue otra burla. Yo le llamaba la fiscalía de nombre largo y alcances nulos, le duele, pobre señor. Yo hablé con él por teléfono unas pocas veces, pero nunca tuvimos mis compañeras y yo la oportunidad de tomar ningún acuerdo de ir a la fiscalía especial. Nosotros sentimos que fue un engaño, un ente raro de Fox, como fue la CNDH de Salinas".
Como un ejemplo de las contradicciones de Fox, Ibarra menciona que el ex Presidente propuso al Senado que la ratificación de México a la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas tuviera una reserva con la que se protege al Ejército de ser juzgado por crímenes cometidos en el pasado.
La declaración interpretativa hecha por el gobierno de México al momento del depósito del instrumento de ratificación, el 9 de abril del 2002, señala: "se entenderá que las disposiciones de dicha Convención se aplicarán a los hechos que constituyan desaparición forzada de personas, se ordenen, ejecuten o cometan con posteridad a la entrada en vigor de la presente Convención".
A Carrillo Prieto la senadora le reprocha un error muy grave: usar el nombre de su hijo en la denuncia contra Miguel Nazar Haro. "Hubo muchísimos que cayeron mucho antes que mi hijo, y eso fue una cosa muy grave para mí, a mi me molestó que se haya escogido a mi hijo. Pero él tenía sus razones malignas, malévolas; lo hizo para demostrarle a mis compañeras que yo buscaba a mi hijo y no a todos como era mi obligación. Era una triquiñuela. Aparte llevaron a Nazar Haro a la cárcel en una parodia de juicio".
Para Ibarra de Piedra, a futuro no habrá fiscalía ni Comisión de la Verdad que valga. Ella demanda, a secas, que las autoridades cumplan la ley a través de las procuradurías. "Nuestro grito de batalla sigue siendo 'vivos se los llevaron, vivos los queremos'. Si los han tenido y han ido muriendo algunos de viejos, y a los jóvenes los maltrataron o los asesinaron a sangre fría, nosotros no vamos a pedir restos, nunca. Nosotros exigimos, si es que los asesinaron, que nos digan quién, cómo, dónde y cuándo, y castigar al responsable".
Ernesto Núñez, reportero

Sergio Aguayo Quezada
'Concedió una amnistía de facto'
El problema de la fiscalía fue de origen, argumenta Aguayo. No se concibió como una instancia de justicia y no se colocó al frente a la persona indicada.
Según el académico Sergio Aguayo, Ignacio Carrillo Prieto fue un instrumento de Vicente Fox y de su gobierno en su estrategia para otorgar una amnistía de facto a los responsables de violaciones a los derechos humanos en los años sesenta y setenta.
"El fiscal es un hombre bien intencionado que, sin embargo, vive un drama. No tenía la preparación para embarcarse en una tarea de esa magnitud y no acaba de reconocerlo", afirma.
Aguayo recuerda que mientras Fox encargaba a la fiscalía investigar los crímenes del pasado, su gobierno cambiaba leyes nacionales, ponía reservas a convenios internacionales y se negaba a dar dinero para organizar los archivos relativos a los casos investigados. "El gobierno de Fox le apostó al olvido", estima, "concedió una amnistía de facto y se confió en que se iba a olvidar".
Para Aguayo, quien está a punto de publicar un trabajo basado en documentación del sexenio pasado, titulado Fox y el pasado: la anatomía de una capitulación, la apuesta del gobierno de Fox hacia el olvido era equivocada porque los familiares de las víctimas nunca iban a olvidar los casos.
Además, considera que el resurgimiento de la guerrilla con la misma consigna de los familiares de los desaparecidos de la Guerra Sucia -"Vivos se los llevaron, vivos los queremos"- es otra demostración del fracaso de esta estrategia."Vicente Fox nunca fue capaz de entregar verdad, justicia y reparaciones a las víctimas del pasado, ni hablarnos con la verdad sobre ese tema", expresa, "y en ese drama el papel del fiscal tiene una dimensión muy precisa, que no hay que minimizar ni sobredimensionar".
Para el investigador de El Colegio de México, quien participó en una Comisión de la Verdad independiente creada en 1993 por intelectuales, historiadores y ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, la fiscalía tuvo algunos aciertos. Destaca en particular el trabajo extraordinario de recuperación de documentos que hizo la fiscalía al conformar un archivo que está ahora en manos de la PGR y que según él debería entregarse a la sociedad civil o a los familiares.
La fiscalía también cometió varios errores.
Aguayo recuerda que la idea de hacer un informe final fue del fiscal, ya que en el acuerdo de conformación de la fiscalía no se menciona. Si bien reconoce que algunas partes del informe son excelentes, estima que no le incumbía al fiscal hacer un informe de este tipo. "Si yo busco la verdad, utilizo las técnicas del historiador y busco que me den testimonios y me los van a dar tal vez porque saben que no tiene consecuencias legales", expone, "si yo, por el contrario, soy un fiscal que voy a meter a la cárcel a alguien, no puedo esperar que me digan la verdad. Ésa era una contradicción que nunca se resolvió".
Por otra parte, Aguayo argumenta que la estrategia penal del fiscal fue cuestionada por juristas, ya que el delito de "genocidio" que usó para perseguir a los responsables de los crímenes de 1968 y 1971 no está sustentado en la legislación internacional ni nacional.
Tampoco fue satisfactorio el manejo que la fiscalía hizo de su presupuesto, subraya el investigador. "Le pedimos Javier Treviño y un servidor a la fiscalía información sobre su presupuesto y nos respondió que eran 43 millones en cinco años", relata, "Hacienda nos dijo oficialmente 200; la PGR, de manera informal, 240 y tantos millones. Le dieron mucho dinero y lo dejaron suelto".
Considera que algunos errores no fueron de la fiscalía sino de los que la crearon. Para empezar, a diferencia de las fiscalías que se establecieron en otros países, no se le puso fecha a la fiscalía para terminar su trabajo, lo cual explica en parte su cierre cuestionado.
También menciona que el acuerdo de fundación de la fiscalía preveía la creación de un comité especializado para dar reparaciones, que nunca se concretó. "Gobernación acaba de resucitar el comité de reparaciones", agrega, "no sé qué tan serio sea el intento, pero me parece grotesco, de mal gusto y absolutamente contraproducente que creen a estas alturas un grupo para dar reparaciones a las víctimas cuando ni hay verdad ni hay justicia".
Con respecto a las memorias del fiscal, Aguayo califica su estilo de intimista. "Más que una reflexión intelectual, es una colección de anécdotas y sentimientos que le despertaron diferentes acontecimientos", asevera.
Destaca la selectividad del fiscal a la hora de detallar la conformación del Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía. En particular, se sorprende del silencio de Carrillo Prieto en torno a la renuncia de Denise Dresser.
Identifica también un intento de legitimarse por parte del ex fiscal, cuando éste dedica el texto publicado al ex líder estudiantil del 68, Raúl Álvarez Garín, y cuando menciona que una pariente suya fue víctima de la Guerra Sucia.
Otro aspecto que llama la atención, según Aguayo, es la descripción que hace Carrillo Prieto de su nombramiento como fiscal, después de encontrarse al general Macedo de la Concha en un restaurante. "Simplemente confirma la impresión que dejó el nombramiento de que nunca quedó claro cuáles fueron los criterios (de selección)", dice. "Aún ahora siguen sin estar claros los criterios. Haría falta que 'don general Macedo de la Concha' nos contara si ya había tomado la decisión y sus agentes le dijeron que allí estaba Ignacio Carrillo Prieto, o si por el contrario, cuando lo vio se le ocurrió invitarlo".
Laurence Pantin, reportero

Enfoque del Lector / Sobre las fotos del fiscal en Tlatelolco
Reforma, Enfoque, 30 septiembre 2007;
Son insultantes las fotografías que aparecen en el artículo "Memorias de un fiscal" (Enfoque 704). El montaje fotográfico en el que el ex fiscal para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, aparece en la Plaza de las Tres Culturas rodeado de expedientes y mirando al cielo es grotesco e insolente. No debe olvidarse lo que significa Tlatelolco; miles de sueños truncados por las balas, el profundo dolor de los familiares, las luchas de miles de mexicanos que antecedieron al movimiento estudiantil y la constante presencia de quienes sobrevivieron, para que no olvidemos lo sucedido.
Deplorable que Reforma, quien solicitó al ex fiscal acudir a Tlatelolco, haya sugerido o en su caso aceptado este tipo de fotografías. Máxime cuando este funcionario no asumió la enorme responsabilidad que implica aclarar lo sucedido en nuestro país a lo largo de tantos años de represión e impunidad.
Atentamente,
Olga Murguía,
ex investigadora del área histórica de la Femospp.

Memorias de un fiscal (II)

• Una historia y algunos cuentos (II)/Ignacio Carrillo Prieto
  Testimonio Memorias de un fiscal. (Segunda de tres entregas).

En la segunda entrega de estas memorias, el autor asegura que fue presionado para no proceder contra el ex presidente Luis Echeverría
Publicado en Reforma (suplemento Enfoque), 30/08/2007;
Ya instalados en aquellas modestísimas oficinas de la Avenida Juárez, frente a la Lotería Nacional -nueva paradoja para el fiscal ganador de "la rifa del tigre"- había urgencia, premura, impaciencia incontenible para entrar de lleno en el trabajo ministerial, reto criminalístico y jurídico penal sin parangón en nuestra historia. La febril actividad del comienzo no permitía detenerse en contemplaciones: tascábamos el freno y sólo mirábamos oportunidades y resquicios legales sin parar mientes ni prestar oídos a otras voces, que, en tono sombrío, presagiaban fracasos y reacciones adversas, ominosas. Este murmullo susurrado a nuestros oídos nos advertía de peligros y revanchas en clave solemne a veces, y otras burlona y sarcástica: "¿A dónde vas fiscal, si todo está prescrito y bien prescrito?" Era el "atado y bien atado" del "Caudillo por la Gracia de Dios" o, mejor, grotesca caricatura de un modelo de por sí deleznable. En el fondo, el mismo rictus de asco del poderoso que se cree eterno, al entrever o adivinar el fin de privilegios y preeminencias mantenidas a sangre y fuego. No faltó quien exhortara, una y otra vez: "con Echeverría ni te metas: para salvar la cara dicta un 'no ejercicio de la acción penal' y deja abierto el triplicado. Quien examine la cosa te dará la razón y como el triplicado (de la averiguación previa) permite seguir investigando.... ¡que investiguen eternamente! Tú no te comprometas y llega sano y salvo al puesto de tu jubilación, que así será jugosa, te lo aseguro. Tengo un departamento, allá por Santa Fe, con unas amigas preciosas, que te esperan una de estas noches, cuando tú digas. No te envenenes con esto, haz gala de colmillo. Esos infelices alborotadores y guerrilleros no merecen que sacrifiques tu carrera. Fueron -lo sabes ya- crueles hasta con los suyos: purgas y facturas mortales son parte de su mezquina historia de enemigos del Estado y sus instituciones. ¡Tales por cuales, desgraciados vendepatrias! Tú eres, has sido siempre, hombre institucional, no abjures de tus credos. A nadie de bien le gustan los apóstatas. ¡Cuidado fiscal porque, además, te van a dejar solo... te van a dejar solo... ya lo verás! Este ranchero iletrado de Fox no entiende ni jota de este enredo y lo que es más... ¡ni le importa!".
Al escuchar la desconsideración con el presidente de México le dije al mensajero que era para mí imposible seguir este "hilo argumentativo", que no era sino rosario de disparates. Que su torpeza hacía inviable, en adelante, cualquier conversación objetiva y de ponderación correcta de las cosas, puesto que pretendía impunidad ofendiendo a quien, hipotéticamente, podía regalarla: se equivocaba de cabo a rabo. Fox -le dije- ni les daría ese salvoconducto ni faltaría a su promesa. Es Presidente democrático, sin los aspavientos teatrales tan del gusto de ustedes, populistas irredentos y mendaces. "En aras de la amistad que tuvimos, te pido no vuelvas a pretender interferir en nuestro trabajo".
El mensajero, con el rabo entre las patas, sólo pudo balbucear en algún pasquín, torpe descalificación sin trascendencia. Tampoco la tendría ya su carrera política, enfrentada a la candidatura de Roberto Madrazo, de burlas o veras. Perdí así, lamentablemente, un amigo inteligente y laborioso. En esta misma línea recibí una llamada inesperada de un dueño de periódicos y revistas de circulación nacional; me invitaba a comer en sus oficinas (provistas de una barra de cantina de perpetua recordación). Ahí me dijo: "si se meten con Luis Echeverría, Fox no concluirá su período". Atónito repuse que me explicara su desmesurada profecía. No lo hizo y me pidió pusiera en conocimiento del Presidente su advertencia amenazante. Así se lo dije al Presidente y desde las alturas de su investidura el gran Fox repuso: "¡qué curiosa ocurrencia!, ¡qué raro! Bueno, habrá de ser llamado el opinante de marras". No le dije que el profeta del desastre colectivo también me había prometido un desastre mediático personal. Cumplió a medias.
Los visitantes del fiscal
La oficina del fiscal comenzó a recibir visitantes, curiosos algunos, otros con interés legítimo en la ventanilla recién abierta, y muchos portadores de mensajes de aliento aunque escépticos y reticentes. Excepcional fue la de la presidenta de Amnistía Internacional, la doctora Irene Khan, cuya figura -mejor que la de Indira Gandhi-, la recordaba sin embargo en mi imaginación. La presidenta había estado con Vicente Fox en la mañana de ese mismo día agridulce, pues de esa fecha data la dimisión de Mariclaire Acosta, magnifica y elocuente, y el nombramiento de doña Patricia Olamendi, que no pudo ser mejor protectora de la fiscalía. Patricia es ejemplo consumado de laboriosidad, talento, buen humor y perspicacia política. A la presidenta de Amnistía debió resultarle anticlimática aquella tarde en nuestras pobres oficinas tan lejanas de los fastos "Los Pinos". Sin embargo, pienso que supo sobreponerse a la decepcionante primera impresión que, seguro, hubimos de causarle, porque nos ofreció ayuda y consejo que aprovechamos literalmente: "las escaleras se barren de arriba para bajo". Ya se ve que lo hicimos: Echeverría, al día de hoy, es preso formalmente hablando en sus extensos dominios de San Jerónimo. Fue el peldaño más alto de la escala autoritaria in illo témpore.
Llegó un antiguo encargado del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales del autoritarismo, hombre instruido y curtido: Oscar de Lassé, quien quiso preparar normas y procedimientos para la fiscalía. No se le negó oportunidad y elaboró documentos serios, pero alejados de la realidad que se configuraba ante nuestros ojos.
Era preciso reconocer que nuestras mejores armas habríamos de forjarlas con los materiales de la conciencia universal de hoy sobre los crímenes de Estado y la copiosa normativa internacional. Así reapareció entre nosotros un hombre excepcional, mi viejo amigo Raúl Eugenio Zaffaroni, hoy ministro de la Corte Suprema de Argentina, el ilustre penalista de fama mundial, vicepresidente de la centenaria Asociación Internacional de Derecho Penal, sociedad científica de abolengo, con la que ya el fiscal mantenía cordialísimas relaciones gracias a Raúl, amigo entrañable, ejemplo de rigor intelectual hermanado con vigor moral y político más que probado en los avatares por la democracia austral. En otra responsabilidad anterior, cuando tuve el honor durante cuatro años reglamentarios, de dirigir el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el doctor Zaffaroni, presidente entonces del Instituto Latinoamericano de la Organización de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, con sede en Costa Rica, consintió en establecer en ese organismo una sede alterna de éste, con el consiguiente provecho y avance para el esfuerzo mexicano. Raúl era, es, garantía de insobornable claridad e impecable estratega jurídico. Zaffaroni nos confirmó en nuestra perspectiva de hacer de la cuestión, no un diferendo parroquial, sino antes bien un asunto del "mundo ancho y ajeno" (ya no tan ajeno y cada vez menos ancho, por fortuna). La enseñanza del gran jurista argentino era imprescindible y de utilidad grandísima para el grupo de agentes del Ministerio Público que conformábamos la fiscalía. Estudioso desde entonces del embrollo mexicano de la prescripción autóctona. Con la generosidad dilapidadora de su preciado tiempo y agenda -munificencia que lo mantiene esbelto y correoso, amén de su cotidiana natación en la piscina más cercana a su trabajo internacional- aceptó Raúl impartir el Seminario de Estrategia Ministerial para la Consignación Judicial de Crímenes contra la Humanidad.
Con la sonrisa y el acento inolvidables que lo caracterizan y con la diplomacia que sabe desplegar magistralmente, sin palabra que sobre o falte, aceptó acompañarme a visitar al procurador Macedo de la Concha, en sus flamantes oficinas. El general Macedo -quien había sido advertido por mí de la conveniencia de tener contacto con Zaffaroni- nos recibió con la solemnidad del caso: era claro que el fiscal disponía de un cañón argentino y universal de larguísimo alcance, imprevisto y contundente, que fue adversario político de la dictadura militar que enlutó a su patria, tan hermanada con la nuestra. El general Macedo, perspicaz y oportuno, le dio la bienvenida como preceptor de nuestros trabajos iniciales y, con gesto que mucho le honra, abordó sin rodeos el tópico del fuero militar, protestando su convicción de que el precepto contenido en el articulo 13 de la Constitución federal es tajante: "Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar", punto. Ni Raúl ni yo ocultamos nuestra satisfacción de escuchar del procurador y del general de división tan claro deslinde. Macedo nunca se desdijo, ante el fiscal, de su convicción de que toda persona militar que tuviera cuenta pendiente no podría cobijarse o esconderse bajo ese fuero que "subsiste"; tampoco hubo ni el menor atisbo de cambio de rumbo en este tema. El presidente Fox sabía que la menor vacilación sobre la preeminencia de la ley civil equivaldría a retrógrado suicidio. Después, algunos intentarían, creciente y veladamente, introducir modulaciones que debimos atajar con firmeza "no rupturista". La historia del dificilísimo viaje hacia las Lomas de Sotelo merece ser consignada más adelante.
Zaffaroni profesó como sólo él sabe hacerlo, y las estudiosas jornadas que compartimos mis compañeros y yo con él son unos de los recuerdos y de las lecciones mejores de esa travesía en el desierto (que tuvo por nombre el muy feo de Femospp). Más tarde me invitó a la Argentina a fin de dar a conocer allá a la fiscalía y conocer de allá, vívidamente, las luces y las sombras del procesamiento de la Junta Militar. En Buenos Aires se nos recibió con gran respeto y amistad cordialísima, regalada por abogados, jueces y periodistas interesados genuinamente por la vía mexicana, con pizca escéptica, ya de rigor. Los trabajos y los días no impidieron largas horas borgianas y la visita a uno de mis amigos: el librero erudito don Alberto Casares, en cuyo recinto de la calle de Suipacha -pleno de la sombra del escritor- me topé con el proyecto del duque de Morny, medio hermano del Napoleón, infausto que desencadenó la intervención francesa en México. El recuerdo de la respuesta juarista a tan descabellada aventura trágica nos reforzó en optimismo voluntarioso de conseguir un avance en el ajuste de nuestras tribulaciones nacionales, en clave menor, claro está, que claro estuvo siempre.
Mensaje papal
Aliciente muy poderoso para la travesía en la que habíamos embarcado apenas unos meses antes, fue el cardenal Etchegaray, a quien Su Santidad Juan Pablo II le había confiado la representación y gestión vaticanas de los derechos humanos. El encuentro tuvo como marco el conferimiento del doctorado Honoris Causa en la Universidad Iberoamericana, una de las mejores casas de San Ignacio de Loyola y mi universidad en la filosofía, en la que obtuve la licencia guiado por un jesuita sabio y santo, el padre Héctor González Uribe, director de mi tesis sobre Francisco Suárez y la escolástica tardía. Días antes de la solemnidad académica, el padre rector González Torres, amable y extrovertido, tuvo a bien recibirme. El propósito de dicha audiencia rectoral, solicitada por el fiscal, era como con otros personajes de la vida pública mexicana, dar a conocer el plan de trabajo y requerir el apoyo social imprescindible, que algunos, aparentemente más comprometidos con la rendición de cuentas del pasado autoritario, comenzaban a regatear o a condicionar, con razón o sin ella. En la misma línea conversé con un mexicano ilustre, don Juan Sánchez Navarro y con otro emprendedor exitoso, hombre finísimo de modestia señorial, don Lorenzo Servitje. Mayor simpatía por el fiscal era imposible; no me pareció equivalente la que guardaban por la tarea y sus consecuencias.
La invitación para acompañar al padre rector en la recepción del cardenal Etchegaray la recibí con júbilo inocultable. Habría la oportunidad de decirle al alto dignatario vaticano de la voluntad de esclarecer el pasado y contribuir a la obra de la justicia: verdad y equidad, que son claves evangélicas a las que la Iglesia no podía renunciar. Al llegar a la rectoría, rodeada de medidas y agentes de seguridad discretísimos, me vi en un salón eclesiásticamente puro. Obispos y arzobispos mexicanos rodeaban la imponente figura cardenalicia. El rector González Torres, con hospitalidad inolvidable, me presentó ante "Su Ilustrísima", quien me dedicó honrosísimos momentos para la síntesis que llevaba yo preparada. Después, en solemne y despaciosa procesión académica ingresamos en el auditorio y ahí se pronunció una de las más logradas oraciones legales y morales sobre los derechos del hombre que jamás haya yo escuchado. Etchegaray, inspirado y haciendo gala de pulcra dicción, exhortó a defender los derechos humanos, comenzando por el principio; esto es, defendiendo a los defensores de ésos, porque su integridad conlleva siempre riesgos. Al escucharlo me prometí constituirme en escudo de mis compañeros agentes del Ministerio Público, valientes y generosos, sin escoltas ni blindajes, que los merecían más que ninguno. Ello no impediría, a mi pesar explícitamente manifestado, que no obstante la palabra empañada por Daniel Cabeza de Vaca distinguidos mexicanos, universitarios destacados formados en la UNAM, fueran removidos sin contemplaciones, después de haber prestado leales y eficaces servicios al Estado. Puede y debe remediarse esta vergonzosa y arbitraria decisión, de tufo autoritario y ajena del todo al Estado de derecho.
También nos impelió adelante la historia y la elocuencia del gran Marcelino Perelló, conductor del 68. Nada más verle llegar aquella noche a La Cava, con su balanceante (que nunca vacilante) paso, me reconfortaba y confirmaba en el propósito legal que nos habíamos impuesto. Primero, claro está, hablamos de "Bruxa", airdale terrier prima hermana del mío. La canófila conversación era un divertimento para "lo mero prencipal": la encrucijada mexicana en los sesenta que él contribuyó a resolver a la buena y la historia de esa hazaña. Perelló tiene todos los atributos del actor consumado y es, al propio tiempo, su público crítico exigentísimo. Todas sus representaciones son memorables y valen "su altura en oro".
Un otro poderoso impulso para la tarea fue la que conocemos entre nosotros como la Asamblea de Chilpancingo, que guarda reminiscencias del Generalísimo del Anáhuac, Morelos y Pavón: no pierdo la proporción de los medios aquellos y los nuestros, ni me avergüenza la pretensión, legítima a mi entender y salvo la mejor opinión de quien esto leyere, de hacer coincidir nuestros afanes con todo anterior por la verdad y la justicia. ¿Cómo olvidar entonces a Morelos?, ¿cómo no recordar aquella mañana a la vera de la súper carretera del sol (entonces casi intacta) en aquel amable lugar desayunando, con un nudo en la garganta al oír a don Vicente Estrada, antiguo compañero de Lucio Cabañas, y a su señora esposa doña María Teresa Franco, amigos míos del alma, ir presentando con nombre, apellido y relato sucinto de su vida y pasión, a los legendarios de los setenta, empeñados en cambiar el rumbo torcido? Viejos y no tanto, curtidos todos en la esperanza y en algunos desencantos. Con Octaviano Santiago Dionisio, Félix Bautista, Andrés Castro, N. Nájera y otros, nos asomamos, con sus ojos, a la negra hondura de la represión, de la tortura, de la desaparición forzada, de la ejecución extrajudicial, de la inhumación clandestina: infierno de esa Guerra en el Paraíso del magistral Carlos Montemayor. Aquí sin novela ni mediación estética: negrísima noche sin las estrellas de la Bellísima Bahía de Ricardo Garibay. Esa mañana se tomó la primicia de lo que después serían prolongadas requisitorias ministeriales, un largo, larguísimo llanto contenido sólo por el pudor y la hombría de quienes no dudaron en sacrificarlo todo porque todo había sido ya ultrajado por el Estado monstruoso, más voraz e inclemente que todo Leviatán imaginado.
La reverberación del sol en la cinta de asfalto que corría a nuestro lado quiso explicar el humedecerse de las pupilas de mis compañeras y las de los hasta ahí imperturbables agentes ministeriales que queríamos ser todos nosotros, peregrinos en pos de los atormentados, cuyo testimonio sería la clave para ingresar a la verdad y para imponer la justicia, reclamada por sangre derramada, sin razón ni derecho. No seríamos nunca más los mismos cuando retornáramos a la Ciudad de México.