Las columnas políticas hoy, miércoles 5 de agosto de 2026

La paradoja de la vigilancia: ¿quién evalúa a los evaluadores?

Imagina por un momento que la enorme responsabilidad de evaluar a quienes imparten justicia en nuestro país recae en las mismas manos que tropezaron, de manera estrepitosa, con los exámenes de ingreso de la universidad más grande de México.

Esta es la historia de Territorium Life, una empresa tecnológica que tomó el control de las evaluaciones de la carrera judicial del extinto Consejo de la Judicatura Federal, escudada en las promesas de la Inteligencia Artificial. Entre 2024 y 2025, decidir quiénes tenían los méritos para ascender en nuestro sistema judicial quedó amarrado a tres contratos por más de 50 millones de pesos.

¿El argumento? Un software que prometía ser el "guardián de la rectitud". A través de cámaras, micrófonos y bloqueos de navegadores, esta plataforma aseguraba inhibir cualquier acto de deshonestidad.

Pero la memoria documental cuenta otra versión. Hablamos de la misma compañía detrás de las fallas históricas en el examen de ingreso en línea de la UNAM. La misma que hoy opera plataformas de la SEP con vulnerabilidades tan evidentes que permiten acreditar cursos sin siquiera tomarlos. Resulta una ironía amarga: la rectitud de los profesionales de la justicia fue medida por un sistema que, en la práctica, ha demostrado ser fácilmente evadible y propenso al caos.

Y el caos tiene rostro humano. Hoy, 58 mil aspirantes a la UNAM —jóvenes que ya habían celebrado su ingreso al ciclo 2026-2027— viven en la incertidumbre. Entre el 12 y el 19 de agosto, tendrán que someterse a un "examen de control presencial" en sedes desde Tijuana hasta la Ciudad de México. Las protestas no se han hecho esperar, e incluso ya llueven amparos de estudiantes aprobados que, con justa razón, se niegan a pagar los platos rotos de una tecnología deficiente.

 Para el Consejo de la Judicatura, la empresa prometió más supervisores técnicos, pero el problema de fondo no es cuántos ojos humanos miran una pantalla, sino cómo el Estado reparte sus recursos. Territorium ha cosechado más de 218 millones de pesos en contratos públicos vendiendo una ilusión de infalibilidad.

Al final, la inteligencia artificial podrá detectar si un estudiante desvía la mirada de su monitor. Pero es evidente que nuestro sistema de contrataciones públicas sigue teniendo un enorme punto ciego cuando se trata de revisar el historial de las empresas a las que les confiamos el futuro de nuestras instituciones. (Con información  de Pedro Villa y Caña reportero de El Universal).

#

Embajador Ronald Johnson @USAmbMex

·Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance. En Arizona, autoridades estadounidenses detuvieron a cerca de 30 acusados y desmantelaron múltiples redes de tráfico ilícito de armas de fuego. Estas acciones demuestran el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump de desarticular la cadena de suministro del tráfico ilegal de armas. Trabajando junto con las autoridades mexicanas, hacemos que los traficantes de armas rindan cuentas y que nuestras dos naciones estén más seguras. Hasta ahora, esta Administración 🇺🇸 ha decomisado más de 50,000 armas de fuego, y aún no hemos terminado.  #JuntosLogramosMás 

https://justice.gov/usao-az/pr/28-charged-firearms-offenses-hstf-takedown

#

En el complejo ajedrez de la diplomacia vaticana, la brújula de la Santa Sede apunta hoy decididamente hacia el sur. El Vaticano ha confirmado que, del 6 al 17 de noviembre, el Papa León XIV cruzará el Atlántico para emprender su primer y muy esperado viaje apostólico a Sudamérica.

Serán días de una agenda exhaustiva y de profundo contacto humano. El recorrido iniciará sintiendo la brisa de Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, con paradas en Montevideo, Paysandú y Florida. Luego, cruzará hacia la Argentina profunda, visitando Buenos Aires, Córdoba y la histórica devoción de Luján hasta el día 11. Finalmente, el misticismo andino y amazónico del Perú lo recibirá hasta el 17 de noviembre, tocando realidades tan diversas como las de Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. Un itinerario que huele a mate, a pampa y a selva.

Pero al ver esta agenda, la pregunta flota inevitablemente en el aire: ¿Y México?

Por ahora, nuestro país tendrá que esperar para ver aterrizar el avión papal. Sin embargo, no estamos precisamente huérfanos de la atención de Roma. Por estas tierras camina ya el Cardenal Pietro Parolin, el Secretario de Estado de la Santa Sede; en términos prácticos, el hombre más fuerte de la diplomacia vaticana.

Parolin no viene de turista. Su presencia, a invitación oficial del gobierno mexicano, es un reflejo de nuestras urgencias nacionales. Tras una cena anoche con el canciller Roberto Velasco, hoy miércoles los reflectores se centran en su encuentro con la presidenta, Sheinbaum. Pero hay otro evento en su agenda que toca el nervio más sensible de nuestra realidad: su reunión con los líderes del "Diálogo Nacional por la Paz".

La Conferencia del Episcopado Mexicano  (CEM) sabe leer los tiempos. Para los obispos, Parolin es un puente. Monseñor Héctor Mario Pérez Villareal lo dijo con claridad: esta visita reaviva la esperanza de que, pronto, León XIV pise suelo mexicano. Para un país herido, que anhela la reconciliación y busca reconstruir su tejido social, la figura del Papa representaría —en palabras de la propia Iglesia— un verdadero "faro de fe".

Hoy al mediodía, el Cardenal Parolin oficiará misa en el corazón espiritual de México, la Basílica de Guadalupe, y mañana jueves compartirá el pan con la cúpula eclesiástica antes de volar de regreso a Roma.

Mientras Sudamérica se prepara para su fiesta papal en noviembre, en México la visita de Parolin se lee como una antesala. Una semilla diplomática sembrada con la gozosa esperanza de que, más temprano que tarde, se abran las puertas de esta casa para recibir a León XIV. Porque si de algo estamos urgidos hoy, es de paz.

#

Las columnas políticas hoy, miércoles 5 de agosto de 2026

Estrictamente Personal

Atrapada sin salidas/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, agosto 05, 2026 

Marina del Pilar Ávila está atrapada en una telaraña de la cual no puede salir. La gobernadora de Baja California, que lleva más de un año sin visa para entrar a Estados Unidos, sujeta a una investigación criminal de la que, sin detalles, conoce el gobierno, está teniendo problemas crecientes en Palacio Nacional, donde están cansados de ella. La presidenta, por lo que ha trascendido, está harta de que esté pagando los costos por defenderla, derivados de los errores políticos que no ha dejado de cometer la gobernadora desde que se difundieron grabaciones en las que se ofrece como informante del gobierno de Estados Unidos.

La exasperación de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene asideros muy fuertes. Ávila no tiene forma de defenderse. Las grabaciones de reuniones con agentes o intermediarios del gobierno de Estados Unidos y conversaciones telefónicas, publicadas el 21 de junio y el 13 de julio por el columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, expusieron sus traiciones a la presidenta, al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre la protegió; a la ‘4T’ y, sobre todo, a la patria.

Ávila se ha defendido en la arena pública, pero, como la caracterizan en Palacio Nacional, con poca inteligencia y sentido común. El ejemplo de ello lo dio el domingo pasado en una entrevista con Ilia Calderón en el programa “Esta semana” de N+ Univisión, donde quedan expuestas sus mentiras, contradicciones y determinación de convertirse en informante, a cambio, como sucede con este tipo de procesos, de evitar acusaciones penales en Estados Unidos, o paliativos a eventuales imputaciones del Departamento de Justicia.

Ávila, que está asesorada por Iván Silva, el consultor presidencial que maneja la estrategia de las 17 campañas para gobernador en 2027 –investigado de manera independiente a este caso por su relación con el crimen organizado en Tamaulipas–, buscó enfocar la entrevista en un contexto para que todo quedara reducido a un problema político dentro de la ‘4T’, alegando que el exgobernador Jaime Bonilla le tendió una trampa. La estrategia ha tenido éxito en México, pero Calderón no dejó que se le escapara en la entrevista y la hizo caer en contradicciones.

Aunque la gobernadora fue ambigua, mezclando cosas para producir confusión, traza una línea de tiempo, a partir de la insistencia de su entrevistadora, que dejó al descubierto sus mentiras. Ávila recuerda, sin precisar fechas, que en el verano del año pasado se reunió con Bonilla para resolver sus problemas, en donde le sugirió ponerla en contacto con unas personas que podrían ayudarla a resolver el problema de la cancelación de su visa en mayo del año pasado, que es cuando empieza su pesadilla. La gobernadora no tuvo reparos en hablar con la persona recomendada por Bonilla para ver lo del tema de su visa. Calderón la cuestiona sobre cómo confió en Bonilla, con quien había tenido una confrontación agria por varios años, y si no sabía con quién se estaba reuniendo.

Esa pregunta fracturó la lógica de su narrativa. Ávila identificó a esa persona como un “asesor” del “HSI”, las siglas de Homeland Security Investigations, que es el brazo del Departamento de Seguridad Nacional que se encarga de las operaciones globales contra terroristas y que realizó la captura de Ismael El Mayo Zambada. También dijo que representaba, en esa calidad, al FBI. Ninguna de esas agencias tiene que ver con el tema de las visas, que es responsabilidad última del Departamento de Estado.

Para cuando se dio esa reunión, Ávila ya había contratado a un abogado de Miami, Michael Nadler, que no trata asuntos migratorios, sino criminales y de lavado de dinero. Calderón, que no se conformó con la respuesta de Ávila –que le había funcionado en las entrevistas en México, dejando su contestación en la ambigüedad–, le sacó a la gobernadora que había buscado su asesoría “por todo esto”, reconociendo implícitamente que el tema de la visa no era su única preocupación.

En otra parte posterior de la entrevista, cuando insiste Calderón en el tema de Nadler, la gobernadora dice que lo había buscado por los planteamientos que le había hecho el “asesor” sobre el ofrecimiento de que fuera informante de Estados Unidos y para afinar en Panamá los detalles con las autoridades de su país. La mentira en la que la atrapa Calderón es que esa propuesta se realizó “a finales de noviembre, principios de diciembre”, cuando la contratación de Nadler la había hecho al menos seis meses antes. Es decir, mucho tiempo antes de esa reunión, Ávila ya estaba preocupada por posibles imputaciones penales.

Ese es el contexto que puede ayudar a medir sus palabras en las grabaciones reveladas por De Mauleón, donde Ávila ofrece informar sobre las discusiones en las mesas de seguridad al Departamento de Justicia y al “asesor” que le acercó Bonilla, que, efectivamente, como ya se ha publicado, ha sido informante del FBI desde hace buen tiempo, de acuerdo con un funcionario estadounidense. Calderón la presiona sobre este tema y la gobernadora evade, señalando que en las reuniones institucionales con autoridades estadounidenses se habla de temas de seguridad de interés bilateral.

Pero la entrevistadora no le preguntaba sobre esas reuniones, sino lo que promete en las grabaciones: entregarles todo lo que hubiera escuchado en las reuniones de las mesas de seguridad para resolver su situación legal en Estados Unidos. Ávila actuó fuera del marco institucional, violando la Ley de Seguridad Nacional e incurriendo en el delito de traición a la patria, al no informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la reunión que había tenido con el “asesor” estadounidense, ni haber reportado lo que hablaron.

De todo lo que reveló De Mauleón, la presidenta se enteró por De Mauleón. Introducir el factor Bonilla es un mero distractor para alargar su vida política. Sheinbaum tiene razón: la gobernadora es un lastre que tiene que quitarse.

### 

El “Proyecto Colosio” está en marcha/Salvador García Soto

El Universal | 05/08/2026 |

La candidatura de Luis Donaldo Colosio Riojas para la gubernatura de Sonora ya está decidida en Movimiento Ciudadano, donde constituye la principal apuesta de ese partido, no sólo para ganar una gubernatura más en 2027, sino también para aumentar su votación nacional y ganar un mayor número de diputaciones federales que le permitan lograr el otro objetivo que está detrás de la nominación del senador Colosio: convertir a MC en la segunda fuerza política a nivel nacional, desplazando al PAN.

Pero postular al hijo del candidato sonorense a la Presidencia de la República asesinado en 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, no es una mera apuesta a la nostalgia y a la fuerza que el apellido Colosio tiene en Sonora; es en realidad una estrategia muy bien calculada, diseñada y operada personalmente por el fundador de MC, Dante Delgado Ranauro, quien primero convenció al senador de la conveniencia de que aceptara la candidatura a Sonora y no a Nuevo León, donde difícilmente ganaría, y una vez que logró vencer su reticencia, empezó una interesante operación política para arroparlo y garantizarle el triunfo en 2027.

Se sabe por fuentes internas de MC, que Dante Delgado buscó al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, para plantearle una alianza subrepticia en la que el mandatario morenista respaldara y apoyara, sin hacerlo público, a Colosio Riojas, bajo la premisa de que éste le garantizaría inmunidad e impunidad a su administración. Además, el líder de MC habría convencido al gobernador de que, al tratarse del hijo de quien fuera su jefe, el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, su llegada al gobierno de Sonora sería algo que beneficiaría también la cuestionada imagen de Durazo Montaño.

Y es que Durazo enfrenta no sólo una crisis de credibilidad e imagen pública por las versiones periodísticas que lo ubican como investigado por el gobierno de Estados Unidos y poseedor de una visa especial, denominada “Parole” que sólo se otorga a colaboradores del gobierno estadounidense; también la calificación de su gobierno, los escándalos de corrupción y el desgaste de su imagen por temas como la inseguridad y la violencia del narcotráfico en el estado, donde controla el Cártel de los Salazar, una antigua fracción del Cártel de Sinaloa, han hecho que la próxima elección de gobernador en Sonora se vea muy competida para Morena.

El crecimiento de figuras de la oposición como el alcalde de Hermosillo, el panista Antonio Aztiazarán, contrasta con la débil caballada de aspirantes morenistas que se registraron para buscar ser candidatos a Sonora, donde destacan tres mujeres cercanas a su gobierno como son la senadora Lorena Valles, que es la que aparece mejor posicionada en las encuestas; su exjefa de la Oficina de Gobierno, Célida Teresa López, y la primera secretaria de Seguridad en su gobierno, María Dolores del Río Sánchez, además del actual alcalde con licencia de Cajeme, Carlos Javier Lamarque.

Si bien la marca de Morena aparece como mejor posicionada en las encuestas estatales, su ventaja es tan frágil que una alianza PAN-PRI que postulara al alcalde Astiazarán podría poner en jaque al morenismo sonorense e incluso ganarle la elección a gobernador. Bajo ese cálculo y considerando que ninguno de los morenistas registrados le garantiza un triunfo contundente, la oferta de que apoye y deje pasar a Luis Donaldo Colosio Riojas suena más que atractiva y práctica para un político totalmente pragmático como siempre lo ha sido Alfonso Durazo.

Una señal de que el “Proyecto Colosio” ya está en marcha y de que las cosas se le facilitarán a Luis Donaldo Colosio Riojas en la entidad sonorense -no sólo por su apellido sino por la operación de alto nivel que dirige Dante Delgado- es que Movimiento Ciudadano decidió realizar su reunión plenaria de Diputados y Senadores de ese partido, el 24 de agosto próximo, en el puerto de Guaymas, Sonora, a donde acudirá la plana mayor del emecismo, encabezada por su líder fundador y su dirigente nacional, Jorge Alvárez Máynez. Ese será el acto inicial y el destape virtual de la candidatura de Luis Donaldo en busca de la gubernatura del estado norteño.

Y mientras Dante le plancha el camino hacia el Palacio de Gobierno en Hermosillo, el senador Colosio Riojas guarda las formas y, aunque él ya sabe que su postulación es un hecho, apenas el lunes pasado declaró en el Senado que será hasta finales de este año cuando decida si acepta o no contender como candidato en la tierra de su padre. “No son los tiempos. Al final la gente sabe que mi meta y mi ruta es ayudar a mi país. Mi ruta es México y con base en eso voy a tomar la mejor decisión. No quiero yo adelantarme como hacen el resto de las personas”, dijo el senador emecista.

Pero la ruta de Colosio ya está más que definida y él solo esperará los tiempos legales para aceptar una postulación que ya está planchada y operada por Dante Delgado y que contará con el respaldo subrepticio del gobernador Alfonso Durazo. Es un ganar-ganar: para Movimiento Ciudadano, porque además de sumar una tercera gubernatura, tiene la meta de desplazar al PAN del segundo lugar como fuerza política nacional, y para Durazo Montaño porque le garantiza una salida digna y segura de su accidentado sexenio, y de paso porque, sin hacerlo públicamente, al heredarle la gubernatura al hijo de su exjefe, también se deslinda de Morena y de los tiempos complicados que le vienen al partido gobernante.

NOTAS INDISCRETAS…

Entre los trabajadores de la Secretaría de Hacienda circula lo que empezó como un secreto a voces pero se puede convertir no sólo en un escándalo, sino en una flagrante violación a la normatividad interna de la propia secretaría. Y es que en junio pasado el secretario Edgar Amador nombró al joven Camilo Benedicto Puga Mañé, como nuevo titular de la estratégica Dirección General de Recursos Humanos de Hacienda. Camilo Puga renunció el mismo mes de junio a la Agencia Nacional de Aduanas donde también era director de Recursos Humanos y Organización y en los hechos dio un salto cuántico en su carrera como funcionario público y en sus ingresos pues en su nuevo cargo cobra un sueldo bruto mensual de 162 mil pesos, según la página oficial de la SHyCP. El problema, dicen dentro de Hacienda, es que Camilo Puga, el flamante nuevo director de Recursos Humanos de la dependencia, es un veinteañero que no cumple con uno de los requisitos legales para ocupar dicha Dirección General. La Descripción de Puestos y Perfiles de la Administración Pública Federal señala que el director General de RH de Hacienda debe ser licenciado titulado y tener un mínimo de 12 años de experiencia laboral en áreas de administración pública, derecho, contabilidad, economía y recursos humanos. Dicho documento también establece que el director debe contar con “capacidades de liderazgo, visión estratégica y conocimientos especializados en relaciones laborales, administración de personal y remuneraciones”. Si se revisa el perfil de Camilo Benedicto Puga Mañé en LinkedIn, él mismo informa que su carrera en la administración federal comenzó apenas en febrero de 2024 cuando fue nombrado “Jefe de Atención e Integración a la Información C”, cargo al que renunció en septiembre de ese mismo año y en el que se encargaba de “coordinar el seguimiento y la aplicación de los procesos, estrategias y mecanismos relacionados con la vinculación, logística, recursos y gestión de información estratégica. Dirigir y establecer los objetivos institucionales y su correcta aplicación de estos y conducir la integración de la información de las Unidades Administrativas a fin de identificar áreas de oportunidad en el manejo de los recursos”, entre otras funciones. De ahí su siguiente empleo fue como Director Central de Recursos Humanos y Organización de la Agencia Nacional de Aduanas, donde empezó a laborar en febrero de 2025 y renunció el mes de junio pasado para ser nombrado en Hacienda. Antes de eso menciona que fue profesor de la Universidad Motolinía, institución privada donde dio clases a alumnos de secundaria mientras trabajaba en la SEP. Y sobre su formación académica, en su mismo perfil de LinkedIn él informa que estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Santander, de agosto de 2023 a enero de 2025. Es decir, que solo curso dos años de la carrera de leyes, aunque se pone como graduado de esa universidad privada que en su página oficial se presenta como “una universidad dedicada a la investigación y avance en las ciencias de la educación para beneficio de los docentes. Ofrecemos Master, Maestría o Doctorado en Ciencias de la Educación. Nuestros más de 19,000 alumnos respaldan nuestro prestigio. Universidad Santander, UNISANT, tiene presencia en México, España y Colombia y a través de la red, en todos los países donde se habla español”, señala la institución privada que dice tener entre 51 y 200 empleados y menciona entre sus “especialidades” educativas la Maestría en Educación, Licenciatura en Educación con Acentuación en Gestión e Innovación y Doctorado en Educación, sin mencionar la carrera de Leyes o Derecho. Luego entonces, si Camilo Puga, cuya edad no ha sido informada por Hacienda pero lo ubican en los 20, y apenas empezó a laborar en el gobierno federal en 2024, se graduó supuestamente como abogado en 2025 y su único cargo anterior en materia de Recursos Humanos en las Aduanas Nacionales lo ocupó apenas por poco más un año, de febrero de 2025 a junio de 2026, ¿cómo es que tiene la experiencia mínima de 12 años que requiere su actual puesto de Director General de Recursos Humanos de Hacienda? Evidentemente no cumple con ese requisito legal ni con el perfil que marca la Administración Federal, ante lo cual la pregunta es ¿por qué le dio ese cargo el secretario Edgar Amador? Una posible respuesta está en quién es el padre del joven Camilo Puga. Se trata de Carlos Alberto Puga Bolio, un exfuncionario de la SEP en el sexenio de López Obrador y gran amigo del expresidente, quien lo propuso en 2021 al Senado de la República para ser magistrado de la Tercera Sección Tribunal Federal de Justicia Administrativa, justo el área que debe juzgar y sancionar los delitos de corrupción de los funcionarios federales. Y aunque la mayoría morenista lo apoyó en comisiones, el pleno del Senado le negó el nombramiento de magistrado, porque no alcanzó las dos terceras partes de la votación, y se quedó con 114 votos, 68 a favor de los morenistas pero 48 en contra de la oposición. Para mayores señas, Carlos Puga, el padre de Camilo, fue el encargado de registrar en 2005 la marca de “AMLO” y del “Peje” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad, lo que le valió el agradecimiento de López Obrador, que le dio varios cargos menores en su gobierno, en la SEP, en el Tren Interoceánico donde fue Director de Relaciones Laborales, y como director Normativo de las Zonas Económicas Especiales en 2019. Claramente ahora su hijo lo superó con su crecimiento meteórico que tiene más que ver con las simpatías del expresidente que con su experiencia o capacidad para dirigir los Recursos Humanos de Hacienda sin cumplir con los requisitos legales ni el perfil para ocupar el cargo. Lo bueno es que se acabó el “cuatismo” en la imaginaria “Cuarta Transformación”. A ver cómo explica este nombramiento ilegal el secretario de Hacienda, Edgar Amador…Los dados mandaron Escalera Doble. Subida.

##

El primer examen anticorrupción de Jorge Romero/Mario Maldonado

El Universal, | 05/08/2026 |

La primera prueba del discurso anticorrupción del presidente del PAN, Jorge Romero, será la selección de candidatos para el 2027. Uno de los focos rojos es Sonora. La intención de Alejandro López Caballero de buscar nuevamente la candidatura panista a la alcaldía de Hermosillo obligará al partido a demostrar si la prometida renovación también implica aplicar filtros más estrictos a perfiles con antecedentes documentados por las autoridades.

Dentro del partido ya comenzó a analizarse el impacto que tendría una eventual postulación de quien fue secretario de Hacienda de Sonora entre 2009 y 2012, durante el gobierno de Guillermo Padrés, y posteriormente alcalde de Hermosillo. No tanto por su trayectoria política o por la estructura territorial que aún conserva en la capital del estado, sino por los señalamientos que lo acompañan desde hace más de una década.

El antecedente más delicado es una resolución derivada de una auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación a recursos federales ejercidos por el gobierno sonorense. La revisión comprendió 547.3 millones de pesos destinados a 98 obras y proyectos financiados mediante un convenio con la Federación. La ASF concluyó que no existía documentación suficiente para acreditar el destino y la correcta aplicación de parte de esos recursos y determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal. Posteriormente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la responsabilidad resarcitoria correspondiente, por un monto cercano a los 296 millones de pesos.

López Caballero también aparece en el Registro de Servidores Públicos, Particulares y Personas Morales Sancionadas de la propia Auditoría Superior de la Federación. Durante su paso por la administración municipal también enfrentó observaciones relacionadas con el manejo de recursos del DIF Hermosillo, operaciones de enajenación de terrenos municipales, adquisiciones públicas, recursos del programa SUBSEMUN y diversas observaciones técnicas formuladas a obras públicas, entre ellas la rehabilitación del Parque La Sauceda.

Ninguno de estos antecedentes impide, por sí mismo, que busque nuevamente un cargo de elección popular. Sin embargo, el trasfondo es político. Jorge Romero ha insistido desde que asumió la dirigencia nacional que el PAN necesita reconstruir credibilidad, abrir espacios a perfiles ciudadanos y recuperar la bandera de la honestidad frente al desgaste de los últimos años. La eventual postulación de un aspirante con este historial obligaría al partido a explicar cuáles son los criterios con los que evalúa a sus candidatos y qué peso real tienen las resoluciones de las autoridades fiscalizadoras en ese proceso.

Dentro del PAN, el tema genera incomodidad. Nadie desconoce la capacidad política del exalcalde, ni las redes que conserva en Hermosillo, una plaza históricamente relevante para Acción Nacional, pero tampoco ignoran el costo que implicaría convertirlo en uno de los primeros rostros del PAN rumbo a 2027, ahora que el partido intenta reposicionar su narrativa de combate a la corrupción. Su rival será el actual alcalde panista, Antonio Astiazarán, quien igualmente busca la reelección.

Lo que ocurra en Hermosillo puede convertirse en un precedente para el resto del país. Las candidaturas de 2027 comenzarán a medir la competitividad electoral de los partidos y la consistencia entre el discurso y las decisiones que adopten puertas adentro. En ese sentido, el caso de Alejandro López Caballero representa mucho más que una disputa municipal. Es el primer examen de credibilidad para la dirigencia de Jorge Romero y una oportunidad para demostrar si la promesa de renovar al PAN será un criterio aplicable incluso cuando los costos recaigan sobre sus propios cuadros.

Posdata 1

Y hablando de Sonora, es un hecho que Luis Donaldo Colosio Riojas ya tomó la decisión de competir por la gubernatura de Sonora el próximo año. Aunque públicamente ha dicho que resolverá el tema hacia finales de este año, al interior de su círculo la ruta se da por definida, con el respaldo del dirigente emecista Dante Delgado y, según las mismas versiones, sin encontrar resistencia por parte del gobernador Alfonso Durazo, con quien mantiene una relación de larga data que algunos describen como cercana en lo personal, aunque no necesariamente exenta de diferencias políticas.

La apuesta de Movimiento Ciudadano pasa por construir desde ahora una candidatura de alto perfil en un estado donde Morena buscará conservar el poder. Colosio representa uno de los activos electorales más importantes del partido y su eventual postulación modificaría desde ahora los cálculos de las demás fuerzas políticas, como el PAN y el PRI que comienzan a mover sus piezas rumbo a 2027.

En la operación política del proyecto también se delinean los nombres que acompañarán al senador. Según las fuentes consultadas, Miguel Ángel Mancera tendrá un papel relevante en la estrategia de la campaña, aportando experiencia política y electoral, mientras que David Olivo se perfila como uno de los principales responsables del diseño estratégico y de la comunicación del proyecto. Si no ocurre un cambio de última hora, la definición formal sólo será cuestión de tiempos; la decisión política, aseguran quienes conocen las conversaciones, ya está tomada.

Posdata 2

La confrontación entre el gobierno federal y TV Azteca abrió un nuevo frente en el debate sobre los derechos de las audiencias. La televisora de Ricardo Salinas Pliego sostiene que los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrían convertirse en un mecanismo para intervenir en los contenidos informativos bajo el argumento de proteger a las audiencias. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza esa interpretación y asegura que la regulación únicamente desarrolla derechos previstos en la legislación. El exabrupto vuelve a poner sobre la mesa un tema de enorme relevancia para la democracia mexicana: los límites entre la regulación del Estado y la libertad editorial de los medios.

El diferendo también anticipa uno de los debates regulatorios más delicados del sexenio. Los derechos de las audiencias fueron concebidos supuestamente para fortalecer el acceso a información veraz y diferenciada de la opinión, pero su aplicación exige reglas claras y autoridades imparciales. Y si los criterios regulatorios se perciben como discrecionales, el riesgo de que sean interpretados como instrumentos de presión política sobre medios y periodistas es enorme, independientemente de cuál sea la intención declarada de la autoridad.

En ese contexto, resultan preocupantes los señalamientos contra los colegas periodistas Sergio Sarmiento, Adela Micha, Luis Cárdenas y Manuel López San Martín, quienes fueron mencionados este martes en la conferencia de Palacio Nacional. Ellos mismos, junto con directivos como Luciano Pascoe, de Azteca y ADN Noticias, han expresado su condena al intento de censura y rechazan los nuevos lineamientos por sus posibles efectos sobre el ejercicio periodístico. Más allá de las diferencias editoriales o ideológicas que puedan existir con cualquiera de ellos, la defensa de la libertad de expresión y del derecho a informar sin presiones indebidas debería ser una causa compartida por todo el gremio periodístico.

La discusión, en realidad, rebasa a TV Azteca. Lo que está en juego es el equilibrio entre la protección de los derechos de las audiencias y las garantías constitucionales de libertad de expresión y libertad de prensa. Si los lineamientos terminan siendo impugnados ante los tribunales, será el Poder Judicial emanado de la elección que promovió el oficialismo el que defina hasta dónde puede llegar la facultad regulatoria del Estado sin vulnerar derechos fundamentales. El precedente puede ser terrible para la libertad de prensa y la democracia. Por eso no debe minimizarse.

Posdata 3

Banco Multiva dio un paso importante para una institución financiera de su tamaño al colocar en los mercados internacionales una emisión de instrumentos AT1 por 300 millones de dólares. La operación, encabezada por Barclays, Goldman Sachs y Jefferies, fortalecerá el capital regulatorio del banco y le dará margen para acelerar su crecimiento. Se trata, además, de una de las emisiones internacionales más relevantes realizadas recientemente por un banco de capital mexicano.

La colocación refleja la apuesta de crecimiento impulsada por Olegario Vázquez Aldir al frente de Grupo Vazol. Al cierre de 2025, Banco Multiva alcanzó una cartera de crédito de 100 mil 444 millones de pesos, un crecimiento anual de 39%. El acceso exitoso a inversionistas internacionales también representa un voto de confianza sobre la calidad de sus activos, su gobierno corporativo y la viabilidad de su estrategia de negocio, en un entorno en el que los mercados han elevado el escrutinio sobre las instituciones financieras mexicanas.

Posdata 4

Diversos colectivos que se oponen a la gentrificación en la Ciudad de México encendieron las alertas por el aumento de solicitudes de cambio de uso de suelo que se discuten en el Congreso capitalino para transformar predios habitacionales en desarrollos comerciales, particularmente hoteles, en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Las organizaciones sostienen que estos proyectos podrían acelerar la presión inmobiliaria sobre zonas con alta densidad urbana y encarecer aún más el acceso a la vivienda.

Uno de los casos que más preocupa es el proyecto hotelero previsto sobre Avenida Constituyentes, en la zona de Lomas Altas, que contempla una edificación de hasta 19 niveles en un área donde los vecinos consideran que la infraestructura y la movilidad ya enfrentan importantes niveles de saturación. De acuerdo con las mismas fuentes, el expediente ha avanzado en las instancias del gobierno capitalino que encabeza Clara Brugada, aunque el proceso aún debe cumplir con las autorizaciones correspondientes.

El debate revive una discusión que comenzó durante la pandemia, cuando la administración de Claudia Sheinbaum, con Carlos Mackinlay al frente de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, impulsó una política de mayor apertura para proyectos de vocación turística. Ahora, en medio de las protestas contra la gentrificación y del creciente malestar por el aumento en el costo de la vivienda, esos cambios de uso de suelo vuelven al centro de la discusión pública.

@MarioMal

#

Encuestas y lo que revelan/Jorge G. Castañeda

El Universal | 05/08/2026 |

Todos sabemos que las encuestas de aprobación o popularidad de presidentes o gobiernos deben ser siempre contempladas con prudencia. En el país donde prácticamente se inventaron los sondeos para fines político-electorales, Donald Trump —al igual que su amigo el Peje— insiste que SUS encuestas, a diferencia de las que publican los medios, arrojan extraordinarias cifras de adhesión. En México, abundan hoy los rumores —y las verdades— de cómo las encuestas privadas comisionadas por varios partidos revelan mermas más significativas de los índices de Morena y del gobierno que aquellas publicadas por distintos medios, encargadas a empresas de casa o externas.

Por eso resulta interesante escudriñar algunos resultados de medios y encuestadores que más allá de sus simpatías o vulnerabilidades, ofrecen números favorables al gobierno en general, pero demoledores en algunos temas en particular. Es el caso de la última encuesta de Alejandro Moreno en El Financiero, en la entrega más reciente de evaluación del régimen que aparece cada mes en el cotidiano. Ciertamente, se puede objetar parte de la metodología —levantamiento vía telefónica, de teléfonos residenciales y celulares, una muestra de apenas ochocientos mexicanos, etc. Asimismo, el orden de las preguntas afecta los resultados que pueden parecer contradictorios. Pero no quiero referirme a estos detalles, sino más bien a ciertos números que me llamaron la atención. Todo esto en el contexto de una encuesta que muestra una muy elevada popularidad de Claudia Sheinbaum.

Primero, la importancia de los temas que me interesan. 52% de los encuestados respondieron que la inseguridad constituye el principal problema del país, menos que en junio, pero aún así una cifra notable. 19% escogieron a la corrupción como el principal problema, una tasa creciente, y significativa.

Ahora bien, 61% de los mexicanos en la muestra calificaron como mala o muy mala la manera en que Sheinbaum trata la seguridad, y 62% pensaron lo mismo sobre su desempeño ante la corrupción. Y aunque mejoró el dato, 69% califican como mala o muy mala la manera en que el gobierno trata el crimen organizado, que podría considerarse como un tema análogo o cercano a los dos primeros.

Son cifras aterradoras, si reflejan realmente la actitud de la gente. Que los encuestados al mismo tiempo aprueben el desempeño global de la Presidenta sin duda representa un consuelo para ella, pero no altera los números citados. Más bien estos confirman algunas apreciaciones que ya han aparecido en varias columnas.

Los mexicanos no sienten la mejora en la seguridad que presumen Sheinbaum, García Harfuch y las fuerzas armadas. Este escepticismo ya se había detectado en las encuestas de percepción de seguridad del Inegi. O bien sus números de homicidios, etc., han sido maquillados, como lo sugiere Sergio Sarmiento en su columna de ayer martes, o bien se requiere una reducción de la violencia al estilo de El Salvador para que la población sienta la diferencia. Estilo imposible, indeseable, e inaceptable en México.

La pésima opinión de la sociedad —según esta encuesta— sobre el combate a la corrupción por parte de la 4T hoy probablemente refleja los escándalos del último año, y el profundo y ancestral cinismo ante esta plaga mexicana. Como dijo Peña Nieto —no fue tan desafortunado su comentario— es un problema “cultural”. El mexicano cree que todos los gobernantes son corruptos, se resigna ante esta inevitabilidad, y se queja sin necesariamente castigar a los responsables. En ocasiones sí: al PRI, en 2000, y de nuevo al PRI en 2018. Pero existen buenas razones para suponer que a pesar de considerar que Morena es tan corrupta como los demás, los votantes sufragarán a su favor en el 2027, con la nariz tapada y los hombros encogidos.

A menos de que la oposición logre hacer campaña sobre estos temas —el narcogobierno del que habla Alito— y que sigan surgiendo escándalos de la familia de López Obrador, de los gobernadores de la 4T, del despilfarro, robo y daño patrimonial al Estado por parte de los gobiernos de AMLO y de Sheinbaum. Y si la Ley de Audiencias no logra silenciar a los pocos medios electrónicos críticos y que investigan. A base de columnas, aunque la Ley no sirva —como casi todas las leyes en México—, no juntan votos.

Excanciller de México

#