Derechos de los pueblos Indios

El día de ayer en el Senador Heladio Ramírez López (PRI) manifestó en el pleno su beneplácito a las Naciones Unidas por la aprobación de la Declaración de los Derechos Indígenas.
Y presentó el siguiente Punto de Acuerdo, que por ciero fue turnadp a la Comisión de Asuntos Indígenas para su dictamen correspondiente.
Este es el texto presentado:
Señores Senadores:
El 13 de septiembre después de más de 25 años de intensas y complejas negociaciones y debates finalmente la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El texto, fue aprobado por una abrumadora mayoría, -143 de los 192 países representados en el organismo- con sólo el voto en contra de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y 11 abstenciones, entre éstas, la de Colombia.
El documento constituye un hecho de enorme trascendencia para más de 375 millones de indígenas en el mundo que cotidianamente son discriminados; desplazados de sus territorios y despojados de sus tierras y recursos naturales no solo por grandes corporaciones transnacionales, sino incluso por sus propios gobiernos nacionales, que las han utilizado en nombre de la utilidad pública o del bien de la nación, no sólo sin una indemnización justa y equitativa, sino la mayoría de las veces, ni siquiera con la molestia de una explicación.
Con esta aprobación se ha llenado uno de los más grandes vacíos en el sistema internacional de los derechos humanos. Se sientan las bases de la nueva relación entre los pueblos indios, los estados y las sociedades. Al mismo tiempo, se abre el camino hacia la aceptación universal de la dimensión colectiva de sus derechos, contraria a la visión discriminatoria que tiende a negar los derechos colectivos y que privilegia los derechos individuales.
Como mexicanos debemos sentirnos alentados, no sólo por la contribución decidida y permanente de nuestro país al logro de esta declaración universal, sino porque algunos de los principios y derechos fundamentales que ella consigna, constan ya en el artículo segundo de nuestra Constitución, como es el caso de la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas.
Pero la Declaración Universal va mucho más allá. Consta de 46 artículos, en los que se reconoce a los pueblos indígenas derechos, tomados en su mayoría de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de otros tratados sobre los derechos humanos y las libertades políticas y civiles.
Se establece obligaciones a los estados nacionales para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Declaración, entre las que sobresalen la preservación de los idiomas, tradiciones y culturas de los pueblos indígenas que existen en sus territorios; se proscribe la discriminación y la explotación en el trabajo, y se garantiza el acceso pleno de los indígenas al desarrollo, a la educación y a la salud, lo mismo que el respeto a sus instituciones y formas de organización y gobierno. Se reconoce su derecho a no ser desplazados de sus tierras o territorios, y a que su reubicación, en caso de ser necesaria por razones de fuerza mayor, no pueda ser llevada a cabo sin consentimiento previo e informado, tras una decisión tomada con entera libertad.
Para México, como Estado y como nación, la Declaración abre un nuevo tiempo de reflexión, debates y esfuerzos para construir y hacer realidad los nuevos enunciados. No nada más se trata de adecuar nuestra legislación a los principios y derechos que la Declaración reconoce, sino, principalmente, de hacer realidad los mandatos ya existentes en nuestra Constitución y nuestras leyes secundarias; hacer que la letra de la Ley cobre vida en la realidad social; construir en los hechos y en la vida cotidiana de nuestras relaciones humanas, la justicia pendiente que mantiene a nuestros pueblos indios -origen, base y sustento de nuestra identidad nacional y de nuestra orgullosa nacionalidad mexicana- entre los socialmente excluidos, y entre los pobres más pobres de México y del planeta.
Entender claramente que la reivindicación de los indígenas no es un acto de generosidad del gobierno o una tarea voluntarista simplemente romántica o pretexto para protagonismos estériles. Los pueblos indios requieren una vigorosa, clara y audaz política de cambio y desarrollo en su lucha contra la desigualdad y la pobreza, que abarque tanto los aspectos institucionales como productivos, y la manera como deben articularse a la globalidad, al mercado local y nacional, con base en la movilización de su esfuerzo participativo, en sus propias capacidades y en las fuerzas internas que viven en su cultura.
Por esas razones, señor Presidente, me permito proponer el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: Expresar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en especial al Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, del Consejo de Derechos Humanos, que gestó la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el beneplácito de esta Soberanía por dicha Declaración.
SEGUNDO: Que a través de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, se evalúen las acciones del gobierno en su proceso de desarrollo como lo manda el artículo segundo de nuestra Constitución Política, y se promueva que los principios reconocidos en la Declaración de la ONU, se hagan realidad tangible en nuestra patria.
Es cuanto señor Presidente.
Por su parte el Sen. Salomón Jara Cruz (PRD) exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno a impulsar la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de septiembre de 2007.
Dice el texto:
El suscrito, Salomón Jara Cruz senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del H. Senado de la República, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL A IMPULSAR EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007; al tenor de las siguientes
Consideraciones
El trece de septiembre se constituye en una fecha histórica para todos los pueblos indígenas del mundo. Veintidós años tuvieron que pasar. Consultas, diálogos, declaraciones, posicionamientos, congresos, ir y venir de representantes indígenas de todo el mundo, de todos los pueblos, en todas las lenguas.
Luego de que logró la aprobación previa, en junio de 2006, en el Consejo de Derechos Humanos, la Declaración no alcanzó el consenso necesario en la Asamblea el año pasado, principalmente por las preocupaciones de varios países africanos. Una iniciativa de consulta impulsada por México, Perú y Guatemala con estos países consiguió su adhesión (con excepción de los tres países africanos que se abstuvieron), pero con la inclusión de nueve enmiendas, entre otras una que aclara que nada en la Declaración se interpretará "en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes".
Todo ello para que finalmente, el pasado 13 de Septiembre de 2007 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobara, por 143 países a favor, 4 en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América) y 11 abstenciones, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es un reconocimiento a más de 370 millones de personas en todo el mundo.
La adopción de la Declaración reconoce el derecho de nuestros pueblos indígenas por mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones; enfatiza el derecho a perseguir su propio desarrollo conforme con sus necesidades y aspiraciones.
Establece normas mínimas para el respeto de los derechos humanos y para el combate de la discriminación y marginación.
En un documento de 46 artículos, la declaración aborda los derechos individuales y colectivos, los culturales y la identidad, así como los referidos a la educación, salud, empleo, idioma entre otros.
Alienta explícitamente las relaciones armoniosas y de cooperación entre los Estados y los Pueblos Indígenas, promoviendo la plena y efectiva participación de éstos en todos los asuntos que les conciernen.
La declaración da un paso fundamental en el reconocimiento del derecho de la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, a la autonomía en sus procesos internos, esta es sin duda alguna, uno de los logros más importantes.
La declaración garantiza de igual manera la igualdad de derechos entre hombres y mujeres indígenas; destacando el otorgamiento a las garantías de propiedad de tierras ancestrales y a los recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado, así como la preservación del medio ambiente.
Una de las demandas más sentidas que en muchas naciones del mundo los pueblos indígenas venían exigiendo, es el que no se sigan dando actividades militares en las tierras o territorios que ocupan, como sucede actualmente y nuestro país no es la excepción.
Vicky Tauli-Corpuz, presidenta del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, calificó la decisión como "una victoria mayor". En su alocución ante la Asamblea General, la indígena filipina recordó que es la primera Declaración de la ONU que ha sido elaborada junto con los mismos sujetos de los derechos. "Se recordará el 13 de septiembre como un día internacional de derechos humanos para los Pueblos Indígenas del mundo, el día en que las Naciones Unidas y sus Estados miembros, junto con los pueblos indígenas, se reconciliaron con las historias dolorosas del pasado, y decidieron caminar hacia el futuro sobre el sendero de los derechos humanos".
En esa misma sesión advirtió, toda vez, que prevé grandes dificultades en la implementación de la Declaración, "debido a la falta de voluntad política por parte de los gobiernos, la carencia de recursos y los intereses establecidos de los ricos y poderosos".
Por citar sólo un artículo de los 46 que integran esta Declaración:
Artículo 23:
"Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones".
Este artículo y otros más, en su conjunto constituyen una de las Declaraciones que marcará el presente y el futuro de nuestros pueblos indígenas, pero sobre todo, la obligación moral para que los Estados que la suscribieron se den a la tarea de impulsar reformas a su marco jurídico, para diseñar políticas públicas que reivindiquen el derecho de los pueblos indígenas a diseñar su propio desarrollo.
Es mucho el camino que nos falta por recorrer en materia de autonomía plena para los pueblos indígenas, la Declaración es el paso fundamental que permitirá alcanzarla.
En razón de los argumentos antes esgrimidos, y con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que el presente sea considerado de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Único. - El Senado de la República exhorta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los tres niveles de gobierno, para impulsar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea Genera de las Naciones Unidas el pasado 13 de septiembre de 2007.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los veinte días del mes de septiembre de 2007.

Trata de Personas

Ayer, el Senado de la República aprobó por unanimidad -97 votos-, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y la envió al Ejecutivo federal, para que de inmediato, si no tiene observaciones, la promulgue en el Diario Oficial para su entrada en vigor en el territorio nacional.Con la decisión de los legisladores, México contará con un nuevo instrumento legal que le permitirá perseguir a las empresas que trafican con personas.
El dictamen se puede leer en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/60/2/2007-10-02-1/assets/documentos/Dic_Min_Trata_Personas.pdf
Debate;
SESION ORDINARIA DE LA H. CAMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2007.
-EL C. PRESIDENTE FRANCISCO ARROYO VIEYRA: Honorable Asamblea, continuamos con la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal.

La opinión de Jorge Castañeda

• Tres preguntas sobre el EPR/Jorge G. Castañeda.

Publicado en Reforma, 3/10/200'7;
México nunca padeció los verdaderos estragos que surtieron de las luchas armadas o las guerras de guerrillas del resto de América Latina en la década de los sesenta, de los setenta y todavía de los ochenta. No es que no haya habido eventos y que algunos episodios no hayan sido dolorosos o dramáticos: Madera, Nepantla, Garza Sada, Hirshfield, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas y la 23 de Septiembre, etcétera. Y obviamente el EZLN en el decenio pasado. Pero justamente se trata de incidentes, de hechos aislados, de episodios, no de una etapa de convulsiones alimentada y combatida desde fuera con miles de muertes y miles de millones de pesos de pérdidas. La lucha armada en México no alcanzó jamás los niveles que tuvo en Centroamérica, en Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, ni siquiera el impacto -ciertamente menor- en países como Chile y Bolivia. México en cierto sentido se parece más a Brasil. En aquel país hubo por supuesto secuestros, asaltos, focos urbanos o rurales pero nada que se pareciera al resto de la región.
Con independencia de los orígenes de este vacío -muchos hemos sostenido que se debió a la ausencia de apoyo cubano; otros han argumentado que el motivo yace en las peculiaridades del régimen priista- el hecho es que no estamos muy acostumbrados a lidiar con estos asuntos. De ahí las reacciones desconcertadas y desconcertantes que han provocado los bombazos del EPR en los últimos meses y la perplejidad de muchos frente a esos acontecimientos. Sin aspirar a un conocimiento mayor que el de otros, quisiera aportar sólo tres preguntas, más que reflexiones, a la discusión en curso sobre el tema.
La primera se refiere al tema de la existencia misma de un grupo guerrillero llamado EPR, aparentemente surgido en Oaxaca, y autor de los atentados en contra de instalaciones de Pemex y, según el New York Times por lo menos, el secuestro de dos empresarios prominentes en los últimos meses. Una cosa es que efectivamente exista este grupo guerrillero y otra cosa es la realidad de los atentados y los secuestros. Pero una tercera cosa distinta a las dos primeras es que exista una relación cierta de causa y efecto entre los dos primeros enunciados.
Sí abundan las posibilidades pero limitémonos solamente a tres: el narco compró la franquicia del EPR; el narco o alguien más está manipulando al EPR sin que éste lo sepa, tal y como debe efectuarse una manipulación como Dios manda: sin que el manipulado se entere; alguien más está llevando a cabo los atentados, echándole la culpa al EPR y éste se deja porque le conviene. Lo que resulta enigmático, por lo menos, es que un grupo que no ha podido hacer absolutamente nada en lo que se refiere a acciones armadas o de propaganda y de política en los últimos 10 años, de repente despierte, se active y lleve a cabo operaciones exitosas, espectaculares y que requieren pericia y recursos que hasta la fecha nunca se le habían conocido.
Dar por sentado que ese EPR existe es igual a haber creído que los zapatistas conformaban en 1994 una organización político-militar. Sabemos que lo segundo era falso; no descartemos que lo primero también.
Una segunda interrogante abarca el controvertido concepto de contrainsurgencia. No hay mil maneras de combatir a una guerrilla. Se requiere trabajo de inteligencia, de infiltración, de represión, de secar el famoso mar donde nada el pez en el agua y quizás, por desgracia, algo así como un GAL, cuya creación parece tentar muchísimo al gobierno de Felipe Calderón. Ésa sí es una guerra que puede resultar realmente larga y sangrienta. No se le desea a ningún país nunca. Pero si se tienen evidencias de que estamos ante un fenómeno de ese tipo, por primera vez en México, es imperativo explicárselo al país y compartir con la sociedad mexicana las implicaciones de esa nueva realidad. Y a la inversa. Si las pruebas disponibles no existen porque el fenómeno como tal no existe, también hay que decirlo.
La tercera consideración involucra el tema de la negociación. En México nos gusta negociar todo o por lo menos aparentar hacerlo. Se considera que el diálogo y las salidas negociadas son intrínseca y ontológicamente preferibles a la confrontación. Pero en todo caso, negociar con una fuerza política real constituye una faena pertinente mientras que hacerlo con un fantasma sólo representa un capricho o una ingenuidad. Se negocia con una guerrilla cuando no se le ha podido derrotar en el campo de batalla, cuando su apoyo popular y/o internacional impide destruirla por las armas; o cuando sus metas son efectivamente negociables, es decir, no una revolución sino algunas reivindicaciones regionales, étnicas, religiosas. Ninguna de estas hipótesis se verifica hoy en México. El supuesto EPR no cuenta con ninguno de esos apoyos como bien lo ha hecho notar Leo Zuckermann en Excélsior, sus metas son la transformación revolucionaria de la sociedad. ¿Para qué y por qué diablos negociar con ellos, sobre todo antes de haber tratado de derrotarlos? A menos de que la faramalla legislativa de una comisión negociadora sea precisamente eso: una faramalla o una tomada de pelo. No hay buenas soluciones ante un fenómeno de esta naturaleza, suponiendo su existencia. Pero tratemos por una vez de no inventar el hilo negro o el agua tibia. Supongo que mi amigo Joaquín Villalobos que de esto sí sabe mucho, sigue asesorando a Eduardo Medina Mora. Seguramente le habrá contado que no hay atajos en materia contrainsurgente y debe haber negociaciones con interlocutores cuya base social es en el mejor de los casos desconocida. Quizás Atilio también debiera hablar con los legisladores que andan de calientes u ocurrentes; les serviría mucho.

Las FARC en México

El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, aseguró ayer en México que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) trafican drogas con "todos los carteles" mexicanos y mantienen en México un aparato político "clandestino".
Santos, manifestó que ese grupo armado "no discrimina" con qué organización criminal trabaja, porque para sus miembros todo "es un negocio". "Al estar tan integralmente las FARC vinculadas al negocio del narcotráfico, el que le provea el mercado que le facilite su negocio, con ése trafica", sostuvo.
Y es que la relación entre guerrilleros colombianos y narcotraficantes mexicanos "no es nueva", reveló el vicepresidente colombiano, y argumentó que en los años 90, cuando las FARC se iniciaron en el tráfico de estupefacientes, empezaron a buscar contactos en otros países como México.
Santos afirmó además que las FARC tienen todavía presencia política directa en México, si bien en 2002 el gobierno del ex presidente mexicano Vicente Fox (2000-2006) ordenó el cierre de una oficina de ese grupo rebelde en el Distrito Federal, la cual estuvo activa por más de un decenio.Según Santos, cuando las FARC perdieron la oficina en México "clandestinizaron" su aparato político, lo que los llevó a tener "relaciones políticas en distintos sectores y lugares" del país.
Doris Gómora de El Universal entrevistó a Francisco Santos en mayo pasado, resproduzco la entrevista.
Detectan apoyo de FARC para izquierda mexicana
Destina al menos 1 mdd para financiamiento, con especial énfasis en las redes de este país
Doris Gómora, El Universal, Jueves 10 de mayo de 2007;
Además de mantener alianzas con los cárteles del narcotráfico mexicanos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sustituyeron su oficina de México por redes de apoyo, financiando a organizaciones de izquierda a través de su frente internacional, al que destinan montos de un millón de dólares al año en promedio, indica información de inteligencia de los gobiernos de Colombia y México.
"Sabemos de México, donde se está moviendo en algunos círculos. Las FARC han reactivado su aparato diplomático, que generalmente funciona de manera paralela a su aparato de narcotráfico, de violencia, de armas", indicó, en entrevista con EL UNIVERSAL, Francisco Santos, vicepresidente de Colombia.
De acuerdo con reportes de inteligencia del gobierno de Colombia, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, las FARC destinan de sus ingresos -78% de los cuales obtienen por medio del narcotráfico, el resto es por extorsión, secuestros, y cuotas de grupos simpatizantes en el extranjero- un millón de dólares para su frente internacional, con especial énfasis en México, donde venden más de la mitad de la cocaína a los cárteles de la droga.
Las FARC originalmente proyectaron que su frente internacional tendría ingresos por cuotas y recursos que obtuviera "de simpatizantes en sus países de injerencia".
Sin embargo, los reportes de inteligencia del gobierno de Colombia indican que, a partir de 2003 con el incremento de sus gastos para el narcotráfico, las FARC establecieron que, además de distribuir parte de sus ingresos a su frente internacional, en cada país donde tienen alianzas con el narcotráfico sus socios entregarían montos en efectivo, aún no especificados, mediante intermediarios a organizaciones de izquierda.
Es por ello que mientras que en 2003 las FARC destinaron desde Colombia 8 millones 600 mil dólares a su frente internacional, incluyendo México, a partir de 2004 el monto disminuyó a 2 millones 300 mil dólares, hasta llegar en 2006 a un millón 500 mil dólares.
A través de las organizaciones de izquierda que financian, las FARC distribuyen su ideología, organizan eventos, crean oficinas en el interior del país, efectúan el reclutamiento en universidades y realizan acciones contra los gobiernos de Colombia, México y Estados Unidos, indica la información.
El reporte de inteligencia del gobierno de Colombia indica que "la edad de reclutamiento es de los 16 a los 30 años. La organización hace una selección mediante un proceso que comienza con explicar los estatutos internos, los objetivos de la organización y los compromisos que se adquieren al convertirse en miembro activo de las FARC. Luego de este entrenamiento, la persona decide si desea ingresar a las filas".
Como en Colombia y otros países, en México las FARC integran sus redes urbanas de organizaciones de izquierda con personas que no pertenecen militarmente a la guerrilla, pero que tienen una preparación académica, información que fue corroborada por fuentes de inteligencia mexicana.
"Son personas altamente politizadas que llevan en apariencia una vida normal, casi todos con una especialidad o un oficio montado por la guerrilla desde el cual adelantan labores de inteligencia", detalla el reporte.
"Muchas veces ellos pescan (a los simpatizantes) en esos sitios (facultades de ciencias sociales) para llevar a gente que va de lo político o lo propagandístico a otros temas ya mucho más delicados, el narcotráfico o el terrorismo", agrega Santos.
El núcleo de apoyo a las FARC y la Coordinadora Continental Bolivariana, que apoyan abiertamente a las FARC en México y cuentan con la simpatía, incluso con la logística, de estudiantes de universidades como la UNAM, declinaron responder cualquier pregunta relacionada con financiamiento, persecuciones, oficina de operación o familiares de los miembros de la guerrilla radicados en el país.
Inteligencia de Colombia tiene ubicadas oficinas y casas en las que se reúnen simpatizantes y activistas de las FARC en la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Toluca.
Las casas habitación que utilizan las redes bolivarianas replican la operación del departamento que Luis Alberto Albán Urbano alias Marco León Calarcá y las FARC tuvieron entre 1993 y 2002, en la calle Diagonal de San Antonio en la colonia del Valle en la ciudad de México, el cual posteriormente fue referido como "la oficina de las FARC en México".
Inteligencia del gobierno de Colombia indica que otros familiares de Luis Alberto Albán Urbano ingresaron también a México, pero de acuerdo con información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sólo Luis Alberto Albán y las FARC están considerados como organizaciones terroristas y narcotraficantes.
La mayoría de los contactos de los activistas y simpatizantes de México se efectúan en Colombia, Suiza, Venezuela, Perú, Brasil y Canadá, donde vive por su doble nacionalidad Juan Jacobo Albán, hijo de Luis Alberto Albán alias Marco León Calarcá.
Al igual que en otros países, en México las FARC realizan eventos "con participación de diversas ONG, movimientos de izquierda y personalidades proclives a la organización".
El 11 de marzo en la ciudad de México 170 delegados de 10 estados de la República junto con invitados de Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, Chile y Portugal formularon la declaración del primer Encuentro Nacional de Solidaridad con las Luchas del Pueblo Colombiano, misma que fue difundida por el núcleo mexicano de apoyo a las FARC y la Coordinadora Continental Bolivariana capítulo México, además de anunciar otras reuniones más.
La declaratoria establece el rechazo a la alianza entre los gobiernos de Felipe Calderón, Álvaro Uribe y George Bush, así como a la presencia del Ejército mexicano en las operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, además de hacer un llamado contra las leyes antiterroristas que afectan a las FARC-EP.
Desde la convocatoria se especificó que las entregas de ponencias serían vía correo electrónico o directamente en el cubículo que lleva el mismo nombre del auditorio, Simón Bolívar, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
En el reporte del gobierno de Colombia se indica que "desde hace unos años, las FARC utilizan la publicación de páginas de internet como herramienta para la divulgación de la información enfocada principalmente a la comunidad internacional, con el fin de mantener su imagen y divulgar su ideología.
Las redes bolivarianas o de apoyo son lo que las FARC denominan "exportar la revolución", explica Raúl Muriel, consultor privado en Bogotá y experto en el tema de las FARC.
"Exportar la revolución es ir sembrando semillitas allá, colocarlas allá con lentitud para que a través de sus estructuras puedan ir generando el mismo fenómeno que en Colombia", detalla Muriel.
Por cada 10 simpatizantes que reclutan las redes bolivarianas y las FARC sólo dos continúan, pero en opinión de Muriel son suficientes para mantener su red.
El otro frente
Un elemento adicional de apoyo que tienen las FARC en México es la red de relaciones públicas que construyeron familiares de miembros élite de la guerrilla colombiana trabajando como representantes oficiales en diversas embajadas de Colombia en el mundo, y de ahí se contactaban con la oficina de México.
Entre esos contactos se encuentra Carlos Roberto Sáenz Vargas, hermano de Guillermo León Sáenz Vargas alias Alfonso Cano ideólogo de las FARC y representante de la guerrilla en las negociaciones de paz en Tlaxcala, México en 1992.
Carlos Roberto Sáenz, quien no es personal diplomático de carrera, laboró como segundo secretario de la misión diplomática permanente del gobierno de Colombia en Viena, desde donde mantenía contacto con los miembros de las FARC de México.
Documentos oficiales de la ONU, UNESCO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual confirman la posición de Sáenz a partir de 1995. Tras su salida de la embajada encabezó diferentes ONG, entre ellas Agenda Bogotá, ofreciéndose incluso a servir como negociador entre el gobierno y las FARC a las que pertenece su hermano.
Entre 1993 y 2002, familiares de miembros de las FARC crearon conexiones desde representaciones diplomáticas del gobierno de Colombia y cuando dejaron de operar como personal de las misiones permanentes diplomáticas tenían construida una red de relaciones públicas que utilizaron en favor de las FARC.
El ex presidente de Colombia César Gaviria declinó responder preguntas sobre la oficina de las FARC en México, los nombramientos de familiares de miembros de las FARC en embajadas y sobre el futuro político de la guerrilla.
"A mí no me cabe la menor duda de que las FARC están trabajando en todo el continente. Estamos viendo brazos de ellos, los vemos moverse por los países vecinos con mucha facilidad", destacó Santos.
Además de México, Santos afirmó que el gobierno de Colombia tiene información corroborada de reclutamientos de las FARC en Bolivia y Paraguay con el mismo modus operandi: financiando grupos y buscando alianzas.
Carlos Holguín, ministro del Interior y de Justicia, señala que "para Colombia entre más lejos se vayan mejor, pero para México es muy grave. Son terroristas que tienen un compromiso ideológico con el fanatismo político de desestabilizar, y las actividades que cumplen ellos no son propiamente de ángel ni demócratas".
Sin embargo, para Myles Frechette, quien fuera embajador de Estados Unidos en Colombia entre 1994 y 1997, una de las razones por las cuales las FARC se han extendido a otros países se debe a la falta de reforzamiento de las fronteras colombianas."
En entrevista, Frechette destaca que cuando fue embajador de Estados Unidos su gobierno nunca hizo algún tipo de advertencia al gobierno de Colombia sobre las FARC
"Nosotros no teníamos agentes trabajando en campo. Pero hicimos trabajos de inteligencia en celulares y radios y les dimos la información a los colombianos. Ellos intentaron destruir a las FARC y al ELN, pero no los destruyeron y las FARC siguen atacando con impunidad", externó.

***

En opinión de Frechette, el objetivo de las FARC no es negociar, sino buscar el poder.
El Tiempo, Mayo 12 de 2007
Aumento de actividades de Farc en México preocupa a autoridades colombianas, dice prensa de ese país
El diario El Universal asegura hoy que agentes de inteligencia colombianos viajaron a México a investigar la presencia de miembros del Frente Internacional del grupo guerrillero en ese país.
Advierte sobre la presencia de estos grupos en sectores de la sociedad. Recomienda mirar el espejo de su país, para tomar medidas preventivas
NATALIA GÓMEZ Y SILVIA OTERO, reporteras
El Universal, Martes 02 de octubre de 2007
El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón, advirtió que la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en grupos políticos, dentro de universidades y otros sectores, como los círculos bolivarianos en México, pueden pasar de la lucha ideológica a la acción en nuestro territorio, además de la relación que existe entre este grupo terrorista y cárteles de la droga mexicanos.
“De ese discurso de luchar por causas sociales a la utilización al acto violento no hay sino un paso”, dijo a EL UNIVERSAL el vicepresidente Santos.
“No crean que es simplemente un debate ideológico, tiene unas connotaciones fundamentales que es la justificación del uso del terror y violencia contra sociedades democráticas, cuando estas toman decisiones contrarias a sus intereses”, previno.
Francisco Santos Calderón fue secuestrado en 1990 por Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín, con el propósito de hacer que el presidente César Gaviria prometiera no extraditar traficantes de drogas a los Estados Unidos
El hoy vicepresidente fue editor del periódico colombiano El Tiempo, hasta que en marzo de 2000 tuvo que salir del país hacia Madrid, después de recibir múltiples amenazas de muerte por parte de las FARC.
Durante la entrevista, el funcionario dijo que la presencia clandestina de este grupo armado bajo una bandera ideológica es un tema que debe ser tratado con mucho cuidado por parte del Estado mexicano, pues en la experiencia colombiana se pasó del adoctrinamiento a la lucha armada, financiada por el narcotráfico.
Momentos antes de la entrevista, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, calificó por primera vez a las FARC como una organización “terrorista”, calificación que hasta ayer no había sido dada a l grupo armado por el gobierno mexicano.
—¿Cómo recibe usted que México reconozca a las FARC como células terroristas?
—Hemos tenido claro toda la vida que las FARC son una organización terrorista, la declaración del señor procurador es satisfactoria, porque en Colombia eso es una realidad, las FARC han utilizado el terrorismo para sus fines.
—¿Existe alguna relación entre las FARC en México con otras guerrillas como el EPR?
—No sé, yo creo que lo importante es que aprendan de nuestra experiencia es que esos vasos comunicantes más que tarde que temprano se forman y que el tema de delincuencia, terrorismo, grupo armado, acaba siempre buscando esos vasos comunicantes que generan la relación.
“Lo que es importante es que un atentado como sucedió contra las instalaciones de Pemex hacen distraer la acción del estado, la desconcentra, de su objetivo fundamental que es la lucha contra el narcotráfico”.
—¿Qué tan difícil es que las guerrillas se relacionen con el narcotráfico?
—Hoy en Colombia no hay diferencias entre la delincuencia criminal organizada.
—¿Puede pasar en México?
—Lo que puedo decir es que en Colombia pasó y recomendar que miren en el espejo de este país lo que puede pasar y se tomen medidas preventivas.
—¿Hasta dónde debe llegar la cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico?
—Debe haber una respuesta trasnacional donde el concepto de soberanía tradicional necesita una ruptura de paradigmas. Los narcotraficantes aprenden a operar y a trabajar conjuntamente y los Estados con una visión de soberanía tradicional dejan de cooperar, ese es un éxito inmenso para los narcotraficantes. El Plan Colombia rompe con el paradigma de la soberanía, no se pierde soberanía sino que es un hecho de corresponsabilidad.
—¿Cómo puede aplicarse la mano dura contra los narcotraficantes y respetar los derechos humanos?
—Con controles institucionales, con procuradurías y fiscalías independientes, con controles internos que desarrolla el Estado, además de una prensa libre y una determinación del respeto de los derechos humanos desde la Presidencia de la República.

La opinión de Leo Zuckermann

• Columna Juegos de Poder/Leo Zuckermann

Publicado en Excelsior, 1/10/2007;
Diez apuntes sobre el EPR y la inteligencia del Estado
1. El Ejército Popular Revolucionario (EPR) es un grupo que pretende implantar el comunismo en México por la vía de la Revolución. Así lo dice el sitio de internet del EPR (www.pdpr-epr.org). Ni ellos esconden lo que es obvio y que soslayan algunos políticos y periodistas. Este grupo subversivo busca la “lucha de los pobres contra los grandes propietarios y capitalistas”; procura el enfrentamiento entre los “grandes sectores de obreros, campesinos, estudiantes y profesionales” con “la burguesía nacional y los explotadores extranjeros”.
2. El método de lucha del EPR es a través de guerrillas con la misión de destruir el “poder económico, político y militar, así como la ideología y la cultura de los enemigos nacionales y extranjeros”. Hasta ahora, su modus operandi ha sido la de detonar inmuebles sin víctimas humanas que lamentar. En años pasados lo hicieron en la sede del PRI, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en sucursales bancarias.
3. Sin embargo, ahora están atacando las redes del sistema energético del país siguiendo el ejemplo de otros grupos guerrilleros latinoamericanos. Como lo comenta Donald Hamilton en un artículo reciente de Foreign Affairs en Español: “Las FARC y el ELN comenzaron a atacar los oleoductos colombianos hace una generación. Sendero Luminoso atentaba de rutina contra las sobrecargadas redes de energía eléctrica de Perú a finales de las décadas de 1980 y 1990. Durante la mayor parte de la década de 1990 el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) fue implacable en sus atentados contra la red eléctrica de El Salvador”.
4. El EPR ha escalado sus operativos atacando los ductos de Pemex. En julio detonó cargas explosivas en diversos puntos de los estados de Guanajuato y Querétaro, lo cual provocó escasez en el suministro de energéticos en el Bajío y el Occidente del país. En septiembre, el EPR se adjudicó seis explosiones más en 12 ductos de Pemex en Veracruz. De acuerdo con la prensa, cientos de personas huyeron de los sitios siniestrados “por temor a nuevas explosiones y a la intoxicación generada por las nubes de gas y humo”. Estas nuevas explosiones afectaron el suministro energético de por lo menos diez entidades federativas. Se calcula que las pérdidas económicas de este último atentado podrían alcanzar los mil millones de dólares.
5. El EPR ha justificado estos ataques por la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Los dos militantes de la guerrilla se encuentran efectivamente desaparecidos. “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, fue la leyenda escrita que apareció en los más recientes atentados del EPR. Las autoridades gubernamentales juran y perjuran que ellos no los tienen. La realidad es que no se sabe de su paradero. Ni se puede descartar que alguna organización policiaca o castrense los haya desaparecido ni que hayan sido víctimas de un ajusticiamiento interno del EPR, lo cual es común en este tipo de organizaciones revolucionarias. Que estos dos individuos estén desaparecidos es terrible. Pero no justifica los ataques terroristas de una organización que quiere la Revolución.
6. El EPR hace ver mal y débil al gobierno federal. Máxime cuando el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, afirma que este grupo está integrado por “decenas o algunos cientos de personas”. El Estado mexicano, con sus miles de policías y soldados, se ve más chiquito que un EPR que atenta generando pérdidas millonarias. Indignado, un amigo empresario que tuvo que parar su planta por una semana debido a la falta de combustible me preguntó el otro día: ¿y para qué pagamos impuestos?
7. La mejor herramienta del gobierno para combatir el terrorismo de grupos subversivos es la inteligencia. Los guerrilleros, siguiendo los consejos de Mao Tse Tung, evitan los enfrentamientos directos con el Ejército y atacan los puntos débiles que no pueden ser protegidos por el Estado, como los miles de kilómetros de ductos de Pemex. Para combatirlos, el gobierno debe infiltrar y espiar a los grupos guerrilleros; tener la información para evitar los atentados y eventualmente arrestar a las células de terroristas que pretendan ejecutarlos.
8. Sin embargo, el órgano de inteligencia del gobierno federal está deteriorado. Así lo ha reconocido el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien informó que en los últimos años el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sufrió una disminución de recursos económicos y humanos; más de mil agentes fueron removidos. Santiago Creel, secretario de Gobernación durante buena parte del sexenio pasado, admitió el recorte y dijo que el Congreso fue corresponsable de la situación. Como siempre, los políticos encuentran excusas para diluir su responsabilidad en este importante asunto.
9. Habría que aprovechar la actual crisis para rehacer la inteligencia del Estado. Así lo ha dicho Jorge Tello Peón, ex director del Cisen, quien explicó que los sistemas de inteligencia en el mundo se construyen por sus fracasos y no por sus éxitos que, por razones obvias, no se publicitan. Para el experto en seguridad, hay que dotar al Cisen de los recursos económicos y jurídicos necesarios para que efectivamente pueda ejercer su labor de inteligencia.
10. Esto es lo que debía estar discutiendo el Congreso y no abriendo mesas de negociación. Y es que el senador panista Ulises Ramírez anunció que el Senado va a crear una comisión especial que sirva de enlace con el EPR. La medida parece políticamente correcta. Sin embargo, los legisladores no han aprendido de la historia: con los terroristas, no se puede negociar. Este concepto no entra en su lógica revolucionaria. Para más referencias podrían hablar con el presidente español, José LuisRodríguez Zapatero, de los resultados que obtuvo al tratar de negociar con la ETA.