Ego sum qui sum; analista político, un soñador enamorado de la vida y aficionado a la poesía.
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1 oct 2008
La convivencia

1968
Hay que recordar que en aquellos años la jerarquía católica era de las más conservadoras del continente, sólo equiparable con el reaccionario episcopado argentino; sin embargo, la atmósfera libertaria del 68 alcanza y cimbra a todos los actores eclesiales. Pese a sus atavismos, se debe reconocer que en su conjunto, gozaba en los años 60 de una vigorosa vitalidad asociativa de nutridos movimientos laicales; tan sólo la acción católica de mujeres adultas, una de la cuatro ramas principales, superaban 350 mil adherentes. Era un espacio de asociación y organización social alterna al Estado corporativo.
Mientras la posición de la alta jerarquía ante el conflicto estudiantil es de extrema prudencia que se convierte en apoyo y hasta sumisión acotada al gobierno de Díaz Ordaz, sectores minoritarios del clero expresan repudio y desaprobación por los métodos represores desatados por el régimen. Aunque el entorno político de aquel entonces era asfixiante, dado el control casi totalitario del régimen de Díaz Ordaz, los obispos reconocen su debilidad para oponerse a los procedimientos violentos y férrea coerción social, especialmente mediática que ejerció el gobierno hace 40 años.
Muchos obispos conservadores, como Octaviano Márquez, Anselmo Zarza o López Aviña hicieron suya la trama de la supuesta conspiración comunista internacional; pero también es cierto que no aceptaron del todo los métodos de abierta represión ni la violencia institucional que desplegó el régimen. Ernesto Corripio Ahumada, quien encabezó el sector moderado del episcopado, pocos años después admitía vergüenza institucional, pedía salir del oscuro rincón jurídico y demandaba a sus hermanos en el episcopado “acciones más osadas y evangélicas”. También debemos examinar la línea sugerida por el Vaticano y su lectura de la situación mexicana.
Hay que tener presente que en la década de los 60 aún estaba fresca la retórica católica anticomunista, típica de la guerra fría, del papa Pío XII; sin embargo, la opción sugerida por Roma era muy cercana a la estrategia seguida por las “Iglesias del silencio”, incrustadas en el entonces bloque socialista. La incómoda postura de la jerarquía católica mexicana frente al gobierno, vista en retrospectiva, denota también el inicio de una toma de distancia crítica al dominante estilo presidencialista porque su servilismo toca fondo; en su excesiva moderación capitalizada por Díaz Ordaz, se inicia un primer gesto de toma de distancia de una Iglesia que por momentos no sabía cómo sacudirse la tutela del Estado porque no sabe cómo sacudirse sus propias ataduras conservadoras que la amarraban a un régimen que había rebasado las fronteras de la legalidad y de la ética social.
En contraparte, muchos sectores cristianos se mostraron solidarios con las causas estudiantiles defendiendo sus derechos; destacaron congregaciones como la de los jesuitas y dominicos; organizaciones seglares como la Juventud Obrera Católica (JOC), la agraria (JAC), universitarios (MEP); centros de apoyo como el secretariado social mexicano y Cencos.
Para algunas organizaciones, como la poderosa corporación de estudiantes mexicanos, que en ese momento dominaba más de 30 mesas directivas en diferentes universidades del país, la crisis social que provoca el movimiento estudiantil la conmociona al grado que el 68 marca rutas nuevas de participación, de militancia y de compromiso social.
El 68 es un año emblemático que acentúa la evidente división de la Iglesia mexicana entre conservadores y progresistas; también es un año en que se polarizan las posturas de sus actores y se disparan antagonismos. En cierta forma la jerarquía pierde parte del control tradicional que ejercía en sus organizaciones ante la pérdida de valores tradicionales y el cuestionamiento a la autoridad. Así, el 68 hace más reaccionarios a los conservadores y más radicales a los progresistas. El Concilio y Medellín de alguna manera son parte de una “revolución cultural” interna que lleva a muchos católicos mexicanos a repensar su papel social frente a la injusticia. Surgen nuevas corrientes eclesiales como la de sacerdotes populares, centros de reflexión, investigación, y aparecen revistas que dan nuevos contenidos a las práctica pastoral. Muchas de estas posturas tienen sus raíces en el viejo catolicismo social desde el siglo XIX. Asimismo florecen rutas de un catolicismo que vuelve a reivindicar lo popular y los tejidos sociales básicos como son las comunidades de base. Los jóvenes católicos resienten más los cambios culturales como del propio movimiento estudiantil. En efecto, sectores de las pastorales juveniles y universitarias se radicalizan tanto a la derecha y como a la izquierda. El Movimiento Universitario de Renovación Orientadora (MURO) recrudece su discurso anticomunista y ejerce acciones violentas de extrema derecha con sabor fascista; por otro lado, el movimiento de estudiantes y profesionistas (MEP) de la vieja Acción Católica nutre de católicos activistas guerrilleros a la 23 de Septiembre, cuyo emblema será Ignacio Salas, quien pasa de ser dirigente católico a uno de los guerrilleros urbanos más buscados por el régimen de Luis Echeverría.
Al igual que en Argentina, montoneros; Uruguay, tupamaros, y Colombia, M19; los dirigentes universitarios mexicanos se incorporan a movimientos insurgentes y son perseguidos y reprimidos en la llamada guerra sucia que se expande por todo el continente.
Después del 2 de octubre de 1968 nada fue igual; cambios políticos, culturales y religiosos se activan lenta e inexorablemente. A 40 años de aquel suceso trágico y paradigmático, se antoja hacer un balance.
Slim y el Principe de Asturias apoyan a Calderón
Calderón endurece las leyes penales para combatir al narcotráfico
Slim opina que la permisividad de EE UU con las armas perjudica a México
PABLO ORDAZ, corresponsal
Portal de EL PAIS (www.elpais.com) - México - 02/10/2008
Las cosas suceden muy rápidamente en México. La imagen del presidente, Felipe Calderón, que a mediados del mes de septiembre parecía debilitarse sin remedio por culpa de la respuesta sangrienta del narcotráfico a su plan de ataque, se ha vuelto a cargar de firmeza en las últimas horas. Por un lado, Calderón ha enviado al Congreso un plan de reformas constitucionales y penales para luchar contra el tráfico de drogas allá donde ahora tiene sus máximos intereses, en las plazas de cada ciudad, muy cerca de colegios e institutos. Por otro, su decisión de perseguir a los carteles ha recibido dos espaldarazos públicos muy significativos. El del príncipe de Asturias -de visita oficial en México- y el del magnate mexicano Carlos Slim, uno de los tres hombres más ricos del mundo.
"Calderón está haciendo lo adecuado", dijo el empresario en un almuerzo con los corresponsales extranjeros, "pero a mí me preocupa mucho la posición de EE UU. Porque está bien que la ley permita tener una pistolita 22 o una escopeta para cacería, pero en las armerías norteamericanas se vende cualquier tipo de armas, y creo que hay 12.000 armerías en la frontera. No tiene mucho sentido. Yo creo que el combate a la delincuencia organizada como el que pretende hacer México no es viable si EE UU está armando a todo el mundo, y seguramente con armas muy sofisticadas".
Al tiempo que Slim suscribía el plan de Calderón, éste -en un almuerzo con los príncipes de Asturias- quiso garantizar que, por muchos y sangrientos que sean los embates del narco, su compromiso es firme: "Hemos dicho y diremos siempre no al terrorismo, no a la violencia, no al crimen organizado, no al narcotráfico". Calderón pretende cambiar la ley para que las policías locales no tengan más remedio que luchar, en coordinación con el Gobierno federal, contra los delitos de posesión, venta y distribución de drogas en pequeñas dosis. La propuesta al Congreso incluye el endurecimiento de penas a quien suministre estupefacientes a menores o cerca de las escuelas.
Desde que el lunes inició su visita oficial a México, el Príncipe quiso dejar patente un mensaje del Gobierno hacia el mexicano: "Todavía conmocionados por el criminal atentado de Morelia, quisiera referirme a unas palabras que usted pronunció el pasado mes de junio ante nuestro Congreso de los Diputados. La lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada es una exigencia de seguridad y certeza personal y colectiva, de respeto a la vida y a la libertad. España agradece el compromiso de México en la lucha contra la lacra del terrorismo en nuestro país, al tiempo que apoya la lucha del Gobierno de México contra el narcotráfico y las redes de delincuentes".
Más allá de las alfombras, noticias que llegaban de Tijuana hablaban de otros seis asesinados, tres de ellos sumergidos en bidones con ácidos, lo que arroja un saldo de 27 muertos en sólo 48 horas. Y en Sinaloa un grupo de 20 hombres asaltó un aeródromo y se llevaron cinco avionetas Cessna que el Ejército se había incautado. Maniataron al vigilante, las cargaron de combustible y utilizaron una carretera para despegar. El crimen que no cesa ya arroja un saldo de 3.441 ejecutados desde que empezó el año.
Propuesta del PRI
En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Justica de este órgano legislativo, César Camacho Quiroz, explicó que la iniciativa “se envió a ambas cámaras, para el Senado de la República con el enfoque a seguridad y a San Lázaro en lo que respecta a justicia”, apuntó.
Afirmó que el objetivo de las iniciativas es respaldar el fortalecimiento del sistema de seguridad y el aprovechamiento de los recursos federales, “para responder con hechos y éxito operativo, además de prevenir y sancionar el secuestro”.
Aclaró que con el reciente proyecto de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que presentó el Ejecutivo y la de su grupo parlamentario, “no hay propuesta muerta, al igual que no hay una que sea base para elaborar un dictamen”.
El legislador mexiquense precisó quese requiere de un proceso de negociación, en el que se utilicen argumentos propios y ajenos, para que llegue a una Ley “apetecible” a juicio del Ejecutivo, gobernadores y corporaciones de seguridad, con la finalidad, dijo, de otorgar beneficios a los ciudadanos.
Explicó que en la persecución del secuestro, existe una competencia concurrente, ya que se considera como delito del fuero común, “y cuando usan armas del Ejército, le compete al ámbito federal; con esta iniciativa se decide que es de este último”.
Asimismo, destacó la creación de la Comisión Federal para Combatir el Secuestro, “que integre una política de prevención, investigación, sanciones y que atienda a las víctimas del delito”.
También, el Programa Nacional para Prevenir, Perseguir y Sancionar el Secuestro, “deberá de contener como mínimo, medidas de atención y protección a las víctimas, sus familiares y testigos”.
Refirió que es necesario incrementar la cultura de denuncia, prohibir los seguros de riesgo y crear una base de datos en donde esté registrado los movimientos, integración y operaciones de las bandas del crimen organizado.
Camacho Quiroz subrayó que es elemental establecer un fondo antisecuestros. “Que exista, no sólo con recursos que apruebe la Cámara, sino además que se incluyan los recursos obtenidos a través de la extinción del dominio”.
Además, la iniciativa contempla: Grupos Especializados Antisecuestros (GEA); Subprocuraduría Especializada en la Investigación del Delito; agentes infiltrados; regulación del sistema financiero; suspensión de beneficios preliberacionales; medidas de seguridad en centros de readaptación como el bloque de señal a celulares y el registro de éstos en una base de datos.
JZM
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