El caso de Alejandro Ortíz

Seguimiento a la muerte de Alejandro Ortíz en la frontera norte.
Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, Texas, dijo este viernes 10 de agosto que la acción realizada por los elementos de la "Border" se justifica, ya que ellos aplicaron las normas vigentes porque solamente repelieron la agresión que realizaron en su contra al arrojarles piedras. (¡Increíble!); agregó que "(Alejandro) Castillo ya contaba con registros por internación ilegal en los Estados Unidos, no sólo de su persona, sino por el tráfico de personas, por lo cual es señalado como un pollero muy activo".
Comentó que era él quien lideraba al grupo de personas que intentaban cruzar la línea fronteriza de manera ilegal por el río Bravo y el agente de la Patrulla Fronteriza no accionó su arma sino hasta después de la agresión recibida por parte del ahora occiso.El cadáver de Jorge Alejandro Castillo Ruiz, también identificado como Jorge Delgado Ortiz Castillo, de 22 años, fue encontrado la noche del miércoles a la orilla del cauce del río Bravo, cerca de la avenida Pérez Serna, de Ciudad Juárez, con cuatro lesiones de armas de fuego en el tórax y en el antebrazo derecho,

Testigos indicaron que el cadáver fue llevado al lado mexicano por agentes estadounidenses que vigilan la zona frente a las instalaciones deportivas universitarias de Ciudad Juárez, mientras que otros dijeron que fue llevado por dos de los tres indocumentados que el supuesto pollero trataba de introducir a territorio de Estados Unidos.La Secretaria de Relaciones Exteriores emitio el jueves 9 de agosto, el siguiente comunicado:
Jueves, 9 de Agosto de 2007
Comunicado 208
El Gobierno de México manifiesta su firme protesta por el uso de armas letales en situaciones que no representan un riesgo proporcional.La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamenta profundamente el incidente acaecido el 8 de agosto en que perdió la vida el ciudadano mexicano José Alejandro Ortiz Castillo, de 23 años de edad, a consecuencia de los disparos de arma de fuego hechos por un agente de la Patrulla Fronteriza, en la zona fronteriza de El Paso, Texas.
La SRE reitera su profunda preocupación por la recurrencia de este tipo de incidentes, en los que el uso desproporcionado de la fuerza por agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos contra personas que no representan una amenaza que ponga en riesgo su integridad física, resulta en la pérdida de vidas humanas. El fatal incidente ocurrió el 8 de agosto poco después de las 21:30 horas, en un área cercana al monumento 21 que demarca la frontera internacional.
El connacional, asistido por dos personas más que lo acompañaban, se habría trasladado herido a territorio nacional, donde falleció en la propia ribera sur del Río Bravo.Una nacional mexicana, también perteneciente al grupo, permanece detenida por autoridades estadounidenses como testigo de los hechos. La connacional fue entrevistada hoy por personal del Consulado General de México en El Paso y por un abogado consultor de la representación consular. Cabe subrayar que ya se ha solicitado un análisis jurídico del caso, a fin de asistir debidamente a la testigo presencial y evaluar los méritos de una acción legal contra quien resulte responsable de la muerte del señor Ortiz Castillo.
El Consulado General de México en el Paso ha procedido a enviar notas a la Patrulla Fronteriza, a la Oficina del Inspector General, a las Oficinas del FBI y a las autoridades competentes locales, exigiendo sean llevadas a cabo investigaciones minuciosas de estos trágicos sucesos, se informe oportunamente de los resultados de las mismas y se aplique todo el peso de la ley a quien resultase responsable.De acuerdo al peritaje forense efectuado por autoridades de Chihuahua, el agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense que mató a un mexicano el 8 de agosto actuó con dolo, alevosía y ventaja.La Procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, aseguró que hay suficiente evidencia para considerar que el crimen contra José Alejandro Ortiz Castillo debe ser atraído por las autoridades federales, ya que éste fue agredido en territorio extranjero.
La Fiscal estatal indicó que la víctima fue agredida a balazos a corta distancia, sin que se hubiera encontrado evidencia que justifique que el agente fronterizo actuó en legítima defensa.
Por lo tanto, dijo, la autoridad mexicana espera que se dé una explicación lógica de por qué el cuerpo fue arrastrado hacia el lado mexicano.
La investigación esta a a cargo de la Procuraduría General de la República apoyada en el Instituto Nacional de Migración, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Comunicado de la CNDHCGCP/114/07
México, D. F., a 10 de agosto de 2007
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una queja de oficio por el caso de cuatro personas, presuntamente migrantes de origen mexicano, baleadas la noche del pasado miércoles 8 de agosto en la línea fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas. Además solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe de las actuaciones que ha realizado al respecto ante el gobierno estadounidense a fin de esclarecer lo ocurrido y sean castigados los responsables, sean o no agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.
La CNDH considera que, además de la investigación y castigo a los responsables de esa agresión, es urgente y oportuno que el gobierno mexicano demande a las autoridades norteamericanas el cumplimiento de los acuerdos firmados en febrero de 1999 entre México y Estados Unidos, mediante los que se establece la prohibición del uso de armas letales por parte de los elementos de la Patrulla Fronteriza.
Tal acuerdo es parte de lo establecido en el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación contra la Violencia Fronteriza, suscrito por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 1999, y ratificado por ambos gobiernos el 22 de junio de 2001 mediante la suscripción del Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza 2001, que establece el compromiso de evitar el uso de armas letales por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
La más reciente víctima del incumplimiento de estos acuerdos fue el mexicano Jorge Alberto Castillo Ruiz, muerto el pasado 8 de agosto en el Río Bravo por varios impactos de arma de fuego, disparada, según las primeras versiones de lo ocurrido, por un agente fronterizo.
Como en otros casos, la autoridad estadounidense ha insistido en subrayar que Castillo Ruiz era un traficante de personas, en lo que parece un intento por justificar la agresión, lo cual sería inadmisible al tolerar en los hechos que algunos agentes de la Patrulla Fronteriza puedan realizar ejecuciones sumarias.
El 11 de julio, en una carta dirigida al Subsecretario para América del Norte, Carlos Rico Ferrat, la CNDH hizo hincapié en la urgente necesidad de que el Gobierno Federal haga cumplir el acuerdo para la prohibición del uso de armas letales por parte de agentes que vigilan la frontera.
De 1995, año en que se inició el Operativo Guardián por parte de la Patrulla Fronteriza, a la fecha, más de cuatro mil personas han perdido la vida en su intento por internarse a los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida.
Por tratarse de un asunto del que podrían configurarse diversas violaciones de derechos fundamentales y por la incidencia del mismo en la opinión pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó radicarlo de oficio, con base en los artículos 6 de su Ley y 83 de su Reglamento Interno.
La CNDH ha solicitado información del caso a diversas autoridades, además de ordenar a algunos visitadores conocer de manera directa las condiciones en que ocurrieron lo hechos. Con la apertura del expediente de queja y el consiguiente análisis y valoración de las evidencias, esta Comisión Nacional emitirá la resolución que conforme a derecho corresponda.
CNDH, ORGANISMO PUBLICO AUTONOMO