La tensión entre México y EU: extradiciones, fentanilo y los vínculos que han pasado desapercibidos

 La tensión entre México y EU: extradiciones, fentanilo y los vínculos que han pasado desapercibidos

Por Mario Lasso

En los últimos días, una sombra de enorme gravedad se ha cernido sobre el país, desatando una crisis que, paradójicamente, transcurre casi en silencio dentro de los medios de comunicación en México, a pesar de sus profundas repercusiones nacionales e internacionales. Todo comenzó con un documento sobre la mesa: una solicitud oficial de extradición del gobierno de los Estados Unidos contra diez altos funcionarios del gobierno de Sinaloa. La lista está encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya, un senador, el presidente municipal de Culiacán y siete funcionarios de primer nivel de la administración estatal.

Hasta el momento, solo dos de los implicados han dado la cara de manera voluntaria: el secretario de Seguridad, general Mérida, y el secretario de Administración y Finanzas del estado. Los demás, incluido el gobernador Rocha, se han mantenido ocultos en medio de la incertidumbre. Mientras tanto, el gobierno de México ha emitido una respuesta negativa —tanto por vías directas como indirectas— a la petición de las autoridades estadounidenses.

Un cambio de consecuencias históricas

Frente a esta negativa, la respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar y tomó la forma de una medida sin precedentes. Mediante la Orden Ejecutiva 14367, firmada el 15 de diciembre de 2025, el gobierno estadounidense dejó de considerar al fentanilo exclusivamente como una tragedia de salud pública para reclasificarlo como un Arma de Destrucción Masiva. Bajo la óptica de la normativa estadounidense, cuando una persona o entidad utiliza este tipo de armas contra su nación, la obligación legal es neutralizar al responsable.

Esta decisión resquebraja y transforma por completo el marco de la relación bilateral, abriendo la puerta a escenarios mucho más oscuros de los que se habían proyectado. Sin embargo, en México, el eco de esta declaratoria apenas ha sido un susurro superficial, sin que se analice a fondo el abismo que representa.

Recursos ilícitos, campañas políticas y el riesgo institucional

Detrás de este choque diplomático laten redes de corrupción y lucro que asfixian a más de un estado. Hay indicios de que gran parte de los recursos obtenidos por el huachicol y el trasiego de fentanilo hacia el norte habrían servido para inyectar capital a las campañas electorales que definieron las gubernaturas en el Pacífico mexicano y en parte del Golfo.

Estas evidencias, que hoy toman forma a través de las declaraciones de testigos protegidos, apuntan directamente hacia el partido político nacional Morena. El riesgo es tangible: existe la posibilidad de que la organización sea clasificada internacionalmente como una red criminal, lo que fracturaría la vida institucional de México. Entre los nombres que resuenan en estas declaraciones se encuentra el de Mario Delgado Carrillo, expresidente nacional del partido y actual secretario de Educación Pública.

La balanza fracturada de la justicia

Un ejemplo reciente que ilustra la profunda herida de la desigualdad ante la ley es la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y militante histórico del Partido Acción Nacional (PAN). Su arresto se ejecutó con uso de la fuerza; fue puesto a disposición judicial y se prevé su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano. En doloroso contraste, figuras de Morena señaladas por vínculos similares con el narcotráfico y el huachicol, como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, parecen gozar de un manto de protección y blindaje institucional.

A esta disparidad se suma el escándalo que envuelve a la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda (también de Morena). Tras la cancelación de su visa estadounidense, se ha confirmado que sostuvo reuniones con presuntos representantes de Estados Unidos en un intento desesperado por resolver su situación ante una posible extradición. Para la opinión pública, esto es una muestra más de que la justicia en México parece tener un filtro político.

Contradicciones oficiales y la herida del desfalco

El relato oficial choca frontalmente con la realidad de las investigaciones. Durante años, el expresidente Andrés Manuel López Obrador negó categóricamente la existencia de laboratorios de fentanilo en territorio nacional. A la par, Alejandro Gertz Manero —actual embajador en el Reino Unido— no registró operativos significativos contra el huachicol ni desmanteló laboratorios durante su gestión en la Fiscalía General de la República (FGR).

El panorama cambió cuando la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el mando. Con la intervención del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la realidad salió a flote: se localizaron y desmantelaron cerca de cien laboratorios de fentanilo en todo el país.

Simultáneamente, ha salido a la luz la verdadera magnitud del "huachicol fiscal". El dinero que se ha esfumado de las manos del Estado alcanza cifras que cortan la respiración: desde 23 mil millones de pesos ya confirmados en tribunales, hasta un agujero histórico estimado en más de 809 mil millones de pesos que sangran la hacienda pública.

La confianza rota y el futuro en vilo

En medio de esta tormenta, se consumó otro golpe: el gobierno estadounidense se negó a ratificar la extensión por 16 años del T-MEC. En su lugar, desde el 1 de julio de 2026, el tratado quedó sujeto a revisiones anuales obligatorias. Esta es la señal más clara de que la confianza hacia el gobierno mexicano se ha evaporado.

Y como si la ineficiencia necesitara más pruebas, está el caso del traslado de Ismael “El Mayo” Zambada. Las autoridades mexicanas tuvieron en sus manos al piloto involucrado, pero la incapacidad para identificarlo a tiempo culminó en una entrega a Estados Unidos que rozó lo ridículo, exhibiendo las profundas grietas de la FGR bajo el mando de Ernestina Godoy Ramos.

Con el fentanilo en la mira como arma de destrucción masiva y el fantasma del dinero ilícito financiando estructuras políticas, la crisis trasciende la simple diplomacia. Lo que está en juego hoy no es solo el comercio regional; es la viabilidad de nuestras instituciones y la vida misma de un país que se niega a mirar el abismo. El silencio de los medios no debe hacernos olvidar que estamos atravesando un punto de inflexión, y sus verdaderas consecuencias apenas comienzan a asomarse.