JESUSA CERVANTES
Revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1697, 11 de mayo de 2009;
Los coordinadores parlamentarios aprovecharon la contingencia sanitaria para aprobar, sin discusión alguna, una serie de reformas sobre seguridad, narcotráfico y economía. En el PAN, algunos diputados se rebelaron contra su coordinador, Héctor Larios, quien tuvo que llamar a funcionarios federales para que persuadieran a sus representados de la conveniencia de aprobar ya las iniciativas. Y la propuesta de los legisladores de ese partido, así como del PRI y del PRD, para realizar un período extraordinario de sesiones nunca fue considerada. Los amarres ya estaban hechos.
La emergencia sanitaria que por “decreto presidencial” vivió el país entre el 24 de abril y el miércoles 6 de mayo fue utilizada por el gobierno y los coordinadores parlamentarios de PAN y PRI para la acelerar la aprobación de polémicas reformas sobre seguridad y economía.
Los líderes de las distintas fracciones promovieron, sin discutirlas casi, las iniciativas de ley sobre narcomenudeo, el uso de la fuerza pública de las diversas corporaciones policiacas y el paquete relativo a las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, entre otras.
A pesar de que diputados de las tres principales fracciones propusieron en sus plenarias un período extraordinario para debatir con detalle las iniciativas, su consideración fue rechazada. El PRD, por ejemplo, aceptó continuar con los trabajos legislativos durante la última semana de abril a cambio de que se “bajaran” de los paquetes de dictámenes las reformas al Infonavit y la relacionada con la venta de hidrocarburos.
El PRI prefirió no comprometerse con un período extraordinario para evitar la discusión de cuatro reformas sobre justicia militar, tráfico de armas y delincuencia organizada que el Ejecutivo federal envió al Congreso el 22 de abril. Los legisladores priistas aseguraron que las iniciativas conculcaban las garantías individuales debido al “decreto presidencial”.
Consultados por esta reportera, diputados de los tres partidos exponen los motivos que, consideran, llevaron a sus coordinadores a realizar las sesiones ordinarias del 28 y 30 de abril.
Los priistas José Murat y Alfredo Ríos Camarena aseguran que el 28 de abril por la mañana propusieron a su coordinador, Emilio Gamboa Patrón, en la sesión previa a la reunión en el pleno de la Cámara de Diputados, que convocara a un período extraordinario para que “una vez que pasara la emergencia nacional” prosiguieran los trabajos legislativos y se discutieran los dictámenes de reforma pendientes; incluso, dicen, comentaron que su período como legisladores concluye legalmente el próximo 31 de agosto.
Uno de los legisladores priistas que participaron en la reunión y que pide omitir su nombre sostiene que el propósito de su partido de continuar con los trabajos “iba unido al tema electoral”.
Según él, a pesar de que muchos de sus compañeros querían un período extraordinario, la situación se le complicaba al partido debido a que, afirma, “Felipe Calderón había enviado de última hora al Congreso cuatro iniciativas que seguramente vamos a modificar debido a que afectan los derechos individuales de los mexicanos y tienen que ver con nuevas facultades que se le quieren otorgar al Ejército y al propio Ejecutivo federal”.
Expone: “La lógica de nuestro coordinador fue que si se llegaba a convocar al período extra antes de las elecciones del 5 de julio, el PAN y el gobierno iban a iniciar de nuevo una campaña en nuestra contra acusándonos de no querer ayudar al gobierno a combatir el crimen organizado.” Recuerda, por ejemplo, lo ocurrido con la Ley de Extinción de Dominio enviada por el Ejecutivo federal para afectar al crimen organizado, cuya aprobación retrasó el PRI.
“Esto detonó una campaña electorera de parte de Germancito (Germán Martínez Cázares, dirigente nacional del PAN), quien, con el respaldo de algunos miembros de la Iglesia católica, nos acusó de oponernos al ataque frontal al narcotráfico o al crimen organizado. Eso nos hizo perder algunos puntos en las preferencias electorales, según las encuestas realizadas, que finalmente beneficiaron al PAN”.
“La reflexión que hicieron los coordinadores parlamentarios de nuestro partido fue: ‘Si hacemos un período extraordinario los panistas van a querer que se voten sus iniciativas, pero como son inaceptables para nosotros nos van a estar atacando’”.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, rechazó la versión de Martínez Cázares y expuso que los trabajos continuaron debido a que no se tenía la información suficiente sobre la emergencia sanitaria y el Poder Legislativo, órgano del Estado Mexicano, no podía dejar de sesionar. “Ni ante una guerra se debe paralizar a un órgano de esta naturaleza”, dijo Beltrones.
El entrevistado recuerda también que el 29 de abril, día en que el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, se reunió con los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras, no pudo responder a todas las preguntas que le hicieron los legisladores en torno al virus A/H1N1.
Juan N. Guerra, vicecoordinador de los diputados del PRD, dice que “había mucha presión de Héctor Larios, coordinador del PAN, y de Emilio Gamboa Patrón, del PRI, por continuar los trabajos”. Ellos insistían en que casi todos los dictámenes pendientes ya llevarían un mes de discusión en comisiones, por lo que se optó por someter a discusión sólo los que no tenían problemas, sostiene el perredista.
Desencuentros panistas
Durante las sesiones del 28 y 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó 23 reformas a diversas leyes, seis de las cuales le urgían al gobierno federal, en tanto que el PRI estaba interesado en las cuatro enviadas por el Ejecutivo una semana antes.
Se trata de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza; cambios a diversas leyes en materia de narcomenudeo; la Ley de la Policía Federal; la Ley de Extinción de Dominio; el paquete de reformas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, y la Ley Federal de Derechos.
La primera de las iniciativas mencionadas fue la más controvertida y formó parte de las 11 que se votaron en paquete el 28 de abril.
La perredista Valentina Batres, quien forma parte de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, en la cual se discutió inicialmente el documento, detalla en entrevista que el punto controvertido fue el de las intercepciones de las llamadas telefónicas.
“Esta ley le otorga facultades a la policía para que pida, a través de un juez, espiar las llamadas hasta por un período de seis meses. Lo absurdo es que la iniciativa no traía el requerimiento de la autorización del juez. Esa fue la primera zanahoria que nos pusieron; el PAN aceptó incluir la autorización expresa de un juez.
“Nosotros nos preguntábamos cuáles eran las razones para que un juez autorizara estas intervenciones cuando todavía no se cometía un delito. Sin embargo, en este punto no pudimos ganar la discusión y ésta se llevó al pleno, donde se aprobó pese a los cinco votos en contra del PRD.
“Se votó con ese absurdo pues no se discutió, ya que el día anterior los coordinadores parlamentarios habían acordado que se someterían a votación las iniciativas que no tenían problemas.” La sesión apenas duró dos horas con 20 minutos, sostiene Batres.
Y aunque los coordinadores esperaban una sesión tenue para el 30 de abril, un día antes, en la plenaria del grupo parlamentario del PAN, se empezó a gestar una rebelión de los diputados de ese partido.
El 29 de abril los panistas eligieron a sus representantes ante la Comisión Permanente, entre ellos al tabasqueño Gerardo Priego Tapia, quien relata a esta reportera que el coordinador de su fracción, Héctor Larios, les avisó que al siguiente día se aprobarían diversas reformas en materia de narcomenudeo.
“Nos pidió no leer las iniciativas en la materia y votarlas a favor al siguiente día, como lo habían hecho en la Comisión de Justicia los representantes panistas”, dice.
Nadie se opuso. Pero en las primeras horas del 30 de abril, en su reunión privada Priego Tapia pidió a su coordinador una “pequeña explicación sobre las reformas en materia de narcomenudeo”.
Carlos Navarro Sugich, secretario de la Comisión de Justicia, y María del Pilar Ortega Martínez, integrante de la misma, hicieron un breve resumen sobre los cambios a las leyes. “El escándalo se desató”, recuerda el panista.
“Tuvimos muchas dudas y después de mucho discutir sometimos a votación los cambios. Ganamos los que pedíamos que no se aprobaran. De acuerdo a la práctica parlamentaria del partido, la forma en que votamos en la fracción es como nos manifestamos en el pleno. Así es que supusimos que todos íbamos a votar en contra de la ley horas después”, relata Priego Tapia.
La mañana de ese 30 de abril había aproximadamente 180 de los 203 integrantes de la fracción panista. Ante el desconocimiento total de la ley de narcomenudeo y las dudas sobre sus efectos, Priego Tapia propuso un período extraordinario para que él y sus compañeros tuvieran tiempo de analizarla. Larios rechazó la propuesta y pese a que sugirió votarla a nivel interno en ese momento, perdió la votación. “La mayoría la rechazamos”, cuenta el tabasqueño.
Aun así, los panistas decidieron continuar la discusión relativa al narcomenudeo. Larios aprovechó la situación para llamar a funcionarios federales y convocarlos a la Cámara de Diputados para que le ayudaran a subsanar su impericia política.
Entre los funcionarios que acudieron a San Lázaro estaban el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca; el director del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), Carlos José Rodríguez Ajenjo; un funcionario de la Procuraduría General de la República, y un miembro de la Judicatura Federal.
El punto de desencuentro entre algunos legisladores panistas y su coordinador se relaciona con dos aspectos de las disposiciones de la Ley General de Salud: el relativo a la eliminación de la propuesta –enviada originalmente al Senado– según la cual los adictos serían enviados a un centro de rehabilitación; a cambio, en la iniciativa que se discutió en San Lázaro, se mencionaba sólo un padrón de instituciones y organismos públicos y privados en los que se realizan actividades “de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia”.
El segundo aspecto, el más importante, era el relativo al establecimiento de un catálogo de drogas y el permiso de la cantidad de droga que puede portar un individuo “para consumo personal”, sin que por ello se le considere narcomenudista.
De los 180 panistas presentes en el recinto parlamentario en el momento de la votación, más del 50% se oponía al catálogo; de hecho votaron en contra en su reunión plenaria. Incluso discutían que mientras en países de Europa a los adictos se les autoriza el consumo de droga, los gobiernos se las proporcionan como parte de su rehabilitación.
En México, por el contrario, “es la permisión total eliminando además la liga clínica, la atención médica”, sostiene Priego Tapia, quien junto con sus compañeros Carlos Bracho y Javier Bolaños cabildearon entre los demás legisladores de su partido para impedir el voto a favor de la iniciativa impulsada por su coordinador.
El ruido priista
En el PRI el ambiente se tensó también por las desavenencias. El diputado Carlos Rojas, quien votó en contra, dice a Proceso que para muchos de sus compañeros de partido aceptar la portación y traslado de la droga –“no importa si es mucha”– abre la legalización, “querámoslo o no”. Por eso, dice, “algunos votamos en contra”.
El 30 de abril acudieron a San Lázaro 58 de los 103 legisladores del PRI. En la plenaria 31 optaron por la aprobación, encabezados por su coordinador, Emilio Gamboa; los 27 restantes votaron en contra.
En el PRD, de los 126 diputados sólo 72 asistieron a la plenaria. De ellos, 32 respaldaban las reformas en materia de narcomenudeo y 40 se mostraban indecisos o eran partidarios del no.
Ante la falta de acuerdo en las fracciones, los coordinadores pidieron un receso a las 16:24 horas que concluiría dos horas y media más tarde. Durante ese lapso, los funcionarios convocados por el coordinador del PAN, Héctor Larios, hicieron su labor de convencimiento entre los panistas inconformes.
Argumentaron a favor de que “los adictos” puedan tener en su poder 2 gramos de opio, 5 de mariguana, así como 50 miligramos de heroína, 500 de cocaína, 0.015 de LSD, y 40 de cristal o de metanfetaminas en cápsulas. Incluso dijeron a los legisladores que se trataba de una iniciativa de Felipe Calderón; les aseguraron que los municipios y estados participarían también en el combate al narcotráfico…
Los rebeldes panistas acordaron votar a favor de la iniciativa en lo general, pero no en lo particular; también propusieron eliminar el catálogo de drogas y las cantidades permitidas para su posesión. Sin embargo, Héctor Larios cabildeó con el resto de los coordinadores para que no se aceptaran votaciones en lo particular.
En la última recta de las votaciones, los panistas recordaron también la serie de agravios cometidos desde fuera de Cámara y a los que se les había obligado a votar a favor sin discusión alguna, como la reforma fiscal, la reforma electoral o el aumento a la gasolina.
Finalmente, más de la mitad de los inconformes fueron convencidos por los funcionarios, sólo 42 votaron en contra o se abstuvieron. Lo mismo ocurrió en el PRI y el PAN. Las reformas en materia de narcomenudeo se aprobaron con 184 votos a favor.
Ese 30 de abril se avalaron también los cambios en materia de obras, los cuales permiten la participación de los proyectistas en licitaciones, lo que pone en desventaja a proveedores que desconocen las entrañas de las licitaciones, Así mismo, se incluyó un apartado para los contratos multianuales, lo que compromete el gasto público y abre la puerta a la participación de empresas extranjeras con más del 50% de acciones en una empresa y en una licitación gubernamental.
Revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1697, 11 de mayo de 2009;
Los coordinadores parlamentarios aprovecharon la contingencia sanitaria para aprobar, sin discusión alguna, una serie de reformas sobre seguridad, narcotráfico y economía. En el PAN, algunos diputados se rebelaron contra su coordinador, Héctor Larios, quien tuvo que llamar a funcionarios federales para que persuadieran a sus representados de la conveniencia de aprobar ya las iniciativas. Y la propuesta de los legisladores de ese partido, así como del PRI y del PRD, para realizar un período extraordinario de sesiones nunca fue considerada. Los amarres ya estaban hechos.
La emergencia sanitaria que por “decreto presidencial” vivió el país entre el 24 de abril y el miércoles 6 de mayo fue utilizada por el gobierno y los coordinadores parlamentarios de PAN y PRI para la acelerar la aprobación de polémicas reformas sobre seguridad y economía.
Los líderes de las distintas fracciones promovieron, sin discutirlas casi, las iniciativas de ley sobre narcomenudeo, el uso de la fuerza pública de las diversas corporaciones policiacas y el paquete relativo a las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, entre otras.
A pesar de que diputados de las tres principales fracciones propusieron en sus plenarias un período extraordinario para debatir con detalle las iniciativas, su consideración fue rechazada. El PRD, por ejemplo, aceptó continuar con los trabajos legislativos durante la última semana de abril a cambio de que se “bajaran” de los paquetes de dictámenes las reformas al Infonavit y la relacionada con la venta de hidrocarburos.
El PRI prefirió no comprometerse con un período extraordinario para evitar la discusión de cuatro reformas sobre justicia militar, tráfico de armas y delincuencia organizada que el Ejecutivo federal envió al Congreso el 22 de abril. Los legisladores priistas aseguraron que las iniciativas conculcaban las garantías individuales debido al “decreto presidencial”.
Consultados por esta reportera, diputados de los tres partidos exponen los motivos que, consideran, llevaron a sus coordinadores a realizar las sesiones ordinarias del 28 y 30 de abril.
Los priistas José Murat y Alfredo Ríos Camarena aseguran que el 28 de abril por la mañana propusieron a su coordinador, Emilio Gamboa Patrón, en la sesión previa a la reunión en el pleno de la Cámara de Diputados, que convocara a un período extraordinario para que “una vez que pasara la emergencia nacional” prosiguieran los trabajos legislativos y se discutieran los dictámenes de reforma pendientes; incluso, dicen, comentaron que su período como legisladores concluye legalmente el próximo 31 de agosto.
Uno de los legisladores priistas que participaron en la reunión y que pide omitir su nombre sostiene que el propósito de su partido de continuar con los trabajos “iba unido al tema electoral”.
Según él, a pesar de que muchos de sus compañeros querían un período extraordinario, la situación se le complicaba al partido debido a que, afirma, “Felipe Calderón había enviado de última hora al Congreso cuatro iniciativas que seguramente vamos a modificar debido a que afectan los derechos individuales de los mexicanos y tienen que ver con nuevas facultades que se le quieren otorgar al Ejército y al propio Ejecutivo federal”.
Expone: “La lógica de nuestro coordinador fue que si se llegaba a convocar al período extra antes de las elecciones del 5 de julio, el PAN y el gobierno iban a iniciar de nuevo una campaña en nuestra contra acusándonos de no querer ayudar al gobierno a combatir el crimen organizado.” Recuerda, por ejemplo, lo ocurrido con la Ley de Extinción de Dominio enviada por el Ejecutivo federal para afectar al crimen organizado, cuya aprobación retrasó el PRI.
“Esto detonó una campaña electorera de parte de Germancito (Germán Martínez Cázares, dirigente nacional del PAN), quien, con el respaldo de algunos miembros de la Iglesia católica, nos acusó de oponernos al ataque frontal al narcotráfico o al crimen organizado. Eso nos hizo perder algunos puntos en las preferencias electorales, según las encuestas realizadas, que finalmente beneficiaron al PAN”.
“La reflexión que hicieron los coordinadores parlamentarios de nuestro partido fue: ‘Si hacemos un período extraordinario los panistas van a querer que se voten sus iniciativas, pero como son inaceptables para nosotros nos van a estar atacando’”.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, rechazó la versión de Martínez Cázares y expuso que los trabajos continuaron debido a que no se tenía la información suficiente sobre la emergencia sanitaria y el Poder Legislativo, órgano del Estado Mexicano, no podía dejar de sesionar. “Ni ante una guerra se debe paralizar a un órgano de esta naturaleza”, dijo Beltrones.
El entrevistado recuerda también que el 29 de abril, día en que el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, se reunió con los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras, no pudo responder a todas las preguntas que le hicieron los legisladores en torno al virus A/H1N1.
Juan N. Guerra, vicecoordinador de los diputados del PRD, dice que “había mucha presión de Héctor Larios, coordinador del PAN, y de Emilio Gamboa Patrón, del PRI, por continuar los trabajos”. Ellos insistían en que casi todos los dictámenes pendientes ya llevarían un mes de discusión en comisiones, por lo que se optó por someter a discusión sólo los que no tenían problemas, sostiene el perredista.
Desencuentros panistas
Durante las sesiones del 28 y 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó 23 reformas a diversas leyes, seis de las cuales le urgían al gobierno federal, en tanto que el PRI estaba interesado en las cuatro enviadas por el Ejecutivo una semana antes.
Se trata de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza; cambios a diversas leyes en materia de narcomenudeo; la Ley de la Policía Federal; la Ley de Extinción de Dominio; el paquete de reformas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, y la Ley Federal de Derechos.
La primera de las iniciativas mencionadas fue la más controvertida y formó parte de las 11 que se votaron en paquete el 28 de abril.
La perredista Valentina Batres, quien forma parte de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, en la cual se discutió inicialmente el documento, detalla en entrevista que el punto controvertido fue el de las intercepciones de las llamadas telefónicas.
“Esta ley le otorga facultades a la policía para que pida, a través de un juez, espiar las llamadas hasta por un período de seis meses. Lo absurdo es que la iniciativa no traía el requerimiento de la autorización del juez. Esa fue la primera zanahoria que nos pusieron; el PAN aceptó incluir la autorización expresa de un juez.
“Nosotros nos preguntábamos cuáles eran las razones para que un juez autorizara estas intervenciones cuando todavía no se cometía un delito. Sin embargo, en este punto no pudimos ganar la discusión y ésta se llevó al pleno, donde se aprobó pese a los cinco votos en contra del PRD.
“Se votó con ese absurdo pues no se discutió, ya que el día anterior los coordinadores parlamentarios habían acordado que se someterían a votación las iniciativas que no tenían problemas.” La sesión apenas duró dos horas con 20 minutos, sostiene Batres.
Y aunque los coordinadores esperaban una sesión tenue para el 30 de abril, un día antes, en la plenaria del grupo parlamentario del PAN, se empezó a gestar una rebelión de los diputados de ese partido.
El 29 de abril los panistas eligieron a sus representantes ante la Comisión Permanente, entre ellos al tabasqueño Gerardo Priego Tapia, quien relata a esta reportera que el coordinador de su fracción, Héctor Larios, les avisó que al siguiente día se aprobarían diversas reformas en materia de narcomenudeo.
“Nos pidió no leer las iniciativas en la materia y votarlas a favor al siguiente día, como lo habían hecho en la Comisión de Justicia los representantes panistas”, dice.
Nadie se opuso. Pero en las primeras horas del 30 de abril, en su reunión privada Priego Tapia pidió a su coordinador una “pequeña explicación sobre las reformas en materia de narcomenudeo”.
Carlos Navarro Sugich, secretario de la Comisión de Justicia, y María del Pilar Ortega Martínez, integrante de la misma, hicieron un breve resumen sobre los cambios a las leyes. “El escándalo se desató”, recuerda el panista.
“Tuvimos muchas dudas y después de mucho discutir sometimos a votación los cambios. Ganamos los que pedíamos que no se aprobaran. De acuerdo a la práctica parlamentaria del partido, la forma en que votamos en la fracción es como nos manifestamos en el pleno. Así es que supusimos que todos íbamos a votar en contra de la ley horas después”, relata Priego Tapia.
La mañana de ese 30 de abril había aproximadamente 180 de los 203 integrantes de la fracción panista. Ante el desconocimiento total de la ley de narcomenudeo y las dudas sobre sus efectos, Priego Tapia propuso un período extraordinario para que él y sus compañeros tuvieran tiempo de analizarla. Larios rechazó la propuesta y pese a que sugirió votarla a nivel interno en ese momento, perdió la votación. “La mayoría la rechazamos”, cuenta el tabasqueño.
Aun así, los panistas decidieron continuar la discusión relativa al narcomenudeo. Larios aprovechó la situación para llamar a funcionarios federales y convocarlos a la Cámara de Diputados para que le ayudaran a subsanar su impericia política.
Entre los funcionarios que acudieron a San Lázaro estaban el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca; el director del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), Carlos José Rodríguez Ajenjo; un funcionario de la Procuraduría General de la República, y un miembro de la Judicatura Federal.
El punto de desencuentro entre algunos legisladores panistas y su coordinador se relaciona con dos aspectos de las disposiciones de la Ley General de Salud: el relativo a la eliminación de la propuesta –enviada originalmente al Senado– según la cual los adictos serían enviados a un centro de rehabilitación; a cambio, en la iniciativa que se discutió en San Lázaro, se mencionaba sólo un padrón de instituciones y organismos públicos y privados en los que se realizan actividades “de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia”.
El segundo aspecto, el más importante, era el relativo al establecimiento de un catálogo de drogas y el permiso de la cantidad de droga que puede portar un individuo “para consumo personal”, sin que por ello se le considere narcomenudista.
De los 180 panistas presentes en el recinto parlamentario en el momento de la votación, más del 50% se oponía al catálogo; de hecho votaron en contra en su reunión plenaria. Incluso discutían que mientras en países de Europa a los adictos se les autoriza el consumo de droga, los gobiernos se las proporcionan como parte de su rehabilitación.
En México, por el contrario, “es la permisión total eliminando además la liga clínica, la atención médica”, sostiene Priego Tapia, quien junto con sus compañeros Carlos Bracho y Javier Bolaños cabildearon entre los demás legisladores de su partido para impedir el voto a favor de la iniciativa impulsada por su coordinador.
El ruido priista
En el PRI el ambiente se tensó también por las desavenencias. El diputado Carlos Rojas, quien votó en contra, dice a Proceso que para muchos de sus compañeros de partido aceptar la portación y traslado de la droga –“no importa si es mucha”– abre la legalización, “querámoslo o no”. Por eso, dice, “algunos votamos en contra”.
El 30 de abril acudieron a San Lázaro 58 de los 103 legisladores del PRI. En la plenaria 31 optaron por la aprobación, encabezados por su coordinador, Emilio Gamboa; los 27 restantes votaron en contra.
En el PRD, de los 126 diputados sólo 72 asistieron a la plenaria. De ellos, 32 respaldaban las reformas en materia de narcomenudeo y 40 se mostraban indecisos o eran partidarios del no.
Ante la falta de acuerdo en las fracciones, los coordinadores pidieron un receso a las 16:24 horas que concluiría dos horas y media más tarde. Durante ese lapso, los funcionarios convocados por el coordinador del PAN, Héctor Larios, hicieron su labor de convencimiento entre los panistas inconformes.
Argumentaron a favor de que “los adictos” puedan tener en su poder 2 gramos de opio, 5 de mariguana, así como 50 miligramos de heroína, 500 de cocaína, 0.015 de LSD, y 40 de cristal o de metanfetaminas en cápsulas. Incluso dijeron a los legisladores que se trataba de una iniciativa de Felipe Calderón; les aseguraron que los municipios y estados participarían también en el combate al narcotráfico…
Los rebeldes panistas acordaron votar a favor de la iniciativa en lo general, pero no en lo particular; también propusieron eliminar el catálogo de drogas y las cantidades permitidas para su posesión. Sin embargo, Héctor Larios cabildeó con el resto de los coordinadores para que no se aceptaran votaciones en lo particular.
En la última recta de las votaciones, los panistas recordaron también la serie de agravios cometidos desde fuera de Cámara y a los que se les había obligado a votar a favor sin discusión alguna, como la reforma fiscal, la reforma electoral o el aumento a la gasolina.
Finalmente, más de la mitad de los inconformes fueron convencidos por los funcionarios, sólo 42 votaron en contra o se abstuvieron. Lo mismo ocurrió en el PRI y el PAN. Las reformas en materia de narcomenudeo se aprobaron con 184 votos a favor.
Ese 30 de abril se avalaron también los cambios en materia de obras, los cuales permiten la participación de los proyectistas en licitaciones, lo que pone en desventaja a proveedores que desconocen las entrañas de las licitaciones, Así mismo, se incluyó un apartado para los contratos multianuales, lo que compromete el gasto público y abre la puerta a la participación de empresas extranjeras con más del 50% de acciones en una empresa y en una licitación gubernamental.
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