Revista
Proceso 2087, 30 de octubre de 2016…
Sin embargo, todo quedó en buenas intenciones. Y el presidente Enrique Peña Nieto le toleró todo durante 20 meses.
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Veinte meses de inacción/PATRICIA DÁVILA
Luego
de 20 meses como titular de la Procuraduría General de la República, Arely
Gómez González dejó innumerables problemas sin resolver, que de inmediato le
estallaron a su sucesor, Raúl Cervantes Andrade: Tlatlaya, Atoyzinapa,
Ecuandureo, Nochixtlán, los desaparecidos… Pese a su inacción, el presidente
Enrique Peña Nieto la colocó en la Secretaría de la Función Pública.
Durante
los 20 meses que Arely Gómez González estuvo al frente de la Procuraduría
General de la República (PGR), apenas tocó los grandes temas que desde hace
tiempo marcan la agenda nacional: Tlatlaya, Ayotzinapa, Ecuandureo y
Nochixtlán.
Poco
hizo la funcionaria ante los airados reclamos sobre la violación a los derechos
humanos; tampoco atendió las recomendaciones del ombudsman nacional sobre los
desaparecidos ni actuó para detener a los exgobernadores acusados de ilícitos y
de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.
Tal
fue su negligencia que el miércoles 26, una vez que dejó la PGR para irse a la
Secretaría de la Función Pública, su sucesor, Raúl Cervantes Andrade, tuvo que
enfrentar una cascada de quejas por la cauda de problemas que le heredó Gómez
González.
Cuando
ella tomó protesta como procuradora, en marzo de 2015, enfrentó las acusaciones
por el “conflicto de intereses” que representaba su nombramiento al ser hermana
de Leopoldo Gómez, ejecutivo de Televisa.
Sin
embargo, Gómez reiteró que su único objetivo era servir a los mexicanos y
garantizar, mediante el cumplimiento de las atribuciones de los servidores
públicos de la procuraduría, el derecho de acceso a la justicia como pieza
fundamental de los derechos humanos.
Insistió
en que se dedicaría a atender las visitas, propuestas de conciliación,
recomendaciones, procedimientos de investigación por violaciones a los derechos
humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como las
atribuciones que correspondan a los organismos nacionales e internacionales y
establecer un diálogo directo con organizaciones de la sociedad civil que
promueven el respeto a esos derechos.
En
su lista de buenos propósitos incluyó el combate a la impunidad y habló de
abatir los delitos del orden federal, capacitar al personal ministerial,
policial y pericial para hacer más eficaces y eficientes las técnicas de
investigación, así como para fortalecer el desarrollo de las investigaciones
ministeriales y el diseño de protocolos de investigación, en particular los
relativos a tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Con
respecto al nuevo sistema de justicia penal, reiteró, su objetivo sería
agilizar el proceso de capacitación del personal de la institución para la
operación del proceso penal de corte acusatorio.
Sin
embargo, todo quedó en buenas intenciones. Y el presidente Enrique Peña Nieto
le toleró todo durante 20 meses.
Los
pendientes
En
una reunión con los representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, Gómez comentó que iniciaría una
nueva línea de investigación, aun con el riesgo de que se derrumbara la “verdad
histórica” esgrimida por su antecesor Jesús Murillo Karam.
Ese
mismo día, uno de sus subalternos, Tomás Zerón de Lucio, entonces director de
la Agencia de Investigación Criminal, la corrigió. Dijo que la “verdad
histórica” se mantenía. La relación entre ambos se tensó. Meses después Zerón
fue removido y la semana pasada ella dejó la PGR sin haber aclarado qué sucedió
con los estudiantes de Ayotzinapa.
Con
respecto a Ecuandureo, Michoacán, donde, según la CNDH, elementos de la Policía
Federal (PF) cometieron graves violaciones a los derechos humanos por el uso
excesivo de la fuerza, la siembra de armas de fuego a cadáveres y la falsedad
en los informes sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el Rancho
del Sol (recomendación 4VG /2016), Gómez no fincó responsabilidades a los
agentes involucrados.
Lo
mismo sucedió con el caso Tlatlaya, cuando la CNDH detalló cómo sucedieron los
hechos la madrugada del 30 de junio de 2014 –recomendación 51/2014 dirigida a
la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR y el gobernador del Estado de
México, Eruviel Ávila Villegas–, y se repitió en el caso de Nochixtlán, Oaxaca,
donde el 19 de junio pasado elementos de la PF desalojaron a profesores y
padres de familia que protestaban contra las reformas educativas impuestas por
el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La
agresión dejó al menos 11 muertos y 108 heridos, de acuerdo con las cifras de
la Comisión Nacional de Seguridad. Hasta ahora ninguno de los responsables ha
sido sancionado.
Durante
la gestión de Gómez González en la PGR, la atención a las víctimas de
desaparecidos fue prácticamente nula. Ante familiares de Integrantes de la
Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, ella misma admitió
la insuficiencia de recursos económicos y capacidades de la dependencia para
emprender acciones de búsqueda y de investigación de los casos.
El
13 de mayo último, en una reunión se comprometió a trabajar para que en el proyecto de presupuesto de 2017 se
asignaran más recursos a la Fiscalía Especializa de Búsqueda de Personas
Desaparecidas.
Dijo
a sus interlocutores que la fiscalía sólo tenía 29 agentes del Ministerio
Público y 58 elementos de campo; comentó que se le asignaron más de mil
expedientes, y admitió que había más de 28 mil personas desaparecidas.
Con
respecto a las recomendaciones del ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez,
tampoco cumplió; dejó pendiente el caso de la indígena hñähñú Teresa González
Cornelio, quien estuvo tres años en prisión por un delito que no cometió. El
pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa consideró que la PGR debe reparar el daño integralmente.
A
su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –que asesora a
González Cornelio– y Amnistía Internacional expusieron que esa resolución es de
carácter inapelable.
El
caso de la indígena hñähñú es el segundo que acompaña el Centro Prodh, en el
cual el tribunal ordena que una persona injustamente encarcelada reciba una
reparación del daño por parte de la PGR. El primero se presentó en mayo pasado,
cuando el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la
decisión del tribunal que ordenaba otorgar la reparación del daño a la indígena
Jacinta Francisco Marcial.
Salida
poco decorosa
La
salida de Gómez se dio en medio de los procesos legales contra el exgobernador
de Sonora Guillermo Padrés y del veracruzano Javier Duarte, quien pidió
licencia a su cargo y hoy es prófugo de la justicia. Ambos están acusados de
actos de corrupción, entre ellos el desvío de fondos públicos.
En
situación similar se encuentran los exmandatarios Roberto Borge, de Quintana
Roo; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Humberto Moreira, de Coahuila, y
Rodrigo Medina, de Nuevo León. Todos ellos del PRI.
El
presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor,
Fernando Elías Calles, indicó en agosto pasado que el proceso de expulsión del
PRI contra Duarte Jáquez; Duarte de Ochoa, Borge y Medina podría materializarse
debido a las anomalías cometidas durante sus administraciones.
El
único caso al que la PGR decidió entrarle durante la gestión de Gómez González
es el proceso que se le sigue a Javier Duarte, sobre quien pesan también 60
denuncias por daños al erario. Hasta ahora sólo han comparecido excolaboradores
del gobernador con licencia, sus suegros, su esposa y algunos amigos, pues él
se encuentra prófugo.
Entrevistada
al término de la reunión del Gabinete de Seguridad efectuada el miércoles 26 en
Acapulco, Guerrero, la funcionaria federal destacó que las instancias
correspondientes se han coordinado para ubicar a Duarte, quien enfrenta una
orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de
dinero.
El
gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, declaró que el lunes
17 Duarte huyó en un helicóptero del gobierno estatal el sábado 15. Al día
siguiente, Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino, aseguró que desconocía
dónde estaba el exmandatario.
Un
abogado fiscalista acudió de manera voluntaria a la PGR y reveló que actuó como
prestanombres de Duarte, quien lo instruyó a él y a Moisés Mansur Cysneiros
para constituir más de 10 empresas de papel o LLC en Estados Unidos a fin de
adquirir condominios en Miami y Nueva York e invertir en el ramo inmobiliario.
Otra
de las pifias de Gómez González es la de la presunta relación de la actriz Kate
del Castillo con el capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien fue
recapturado el 8 de enero de este año. En 10 meses, Gómez no logró que Del
Castillo viniera a México a declarar.
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