Revista
Proceso 2087, 30 de octubre de
2016...
El
cártel de partidos se aferra al poder/
JESÚS
CANTÚ
El
cártel de partidos –conformado por el PRI, el PAN y el PRD– es consciente de su
extrema debilidad y la posibilidad real de perder el poder en las elecciones
presidenciales del 2018, por lo que recurre a soluciones desesperadas para
intentar mantener su influencia y control de las posiciones clave en la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y
en los órganos de gobierno de las instancias del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) y, eventualmente, por esa vía prolongar –incluso
artificialmente– la Presidencia de la República.
El
PRI se quedó con cuatro de las siete posiciones, con lo que aseguró el control
de la Sala Superior al menos para la elección de 2018; pero con la cooperación
de los otros integrantes del cártel puede mantener dicha mayoría hasta la
elección de 2024.
La
propuesta, ya aprobada en el Senado, es alargar el periodo de los dos
magistrados designados, de conformidad con el transitorio de la reforma
constitucional, vigente por seis años, a ocho, y de los dos por tres años, a
siete. Esto en automático asegura que serán cinco (de acuerdo con las cuotas
partidistas, tres del PRI –aunque una de ellas haya sido impulsada formalmente
por los partidos minoritarios– y dos del PAN) los que califiquen las elecciones
presidenciales de 2018 y 2024.
El
presidente Enrique Peña Nieto aprovechó el impulso y propuso mover a Arely
Gómez de la Procuraduría General de la República a la Secretaría de la Función
Pública, y a Raúl Cervantes Andrade para ocupar el lugar que dejó vacante la
primera. Ambos fueron inmediatamente ratificados por el Senado, lo cual implica
que la primera ocupará una de las siete sillas del Comité Coordinador del SNA
(CC-SNA), mientras que el segundo, en caso de que se cumpla su plan de
concretar la transición de PGR a Fiscalía General de la Nación (como está
establecido en la reforma constitucional aprobada en el 2014, y conforme a lo
señalado en el artículo decimosexto transitorio) será el nuevo Fiscal General
por un periodo de nueve años, lo que es todavía más trascendente para la vida
política nacional.
La
trascendencia del segundo nombramiento es doble: primero, prácticamente le
asegura inmunidad a Peña Nieto y a su equipo más cercano, pues el dejar a un
exabogado del PRI, primo del consejero jurídico de la Presidencia y
comprometido militante tricolor (dos veces diputado y una senador) para cuando
él concluya su encargo, la mayoría de los eventuales delitos ya habrán
prescrito; pero además él será el encargado de designar al titular de la
Fiscalía Especial Anticorrupción, responsable directo de la integración de las
averiguaciones previas en contra de los servidores públicos y ocupante de otra
de las siete sillas del CC-SNA.
Pero
como no quieren correr ningún riesgo, deciden proponer una reforma
constitucional para obligar a ganar las elecciones presidenciales con más del
50% de los votos; ello es una garantía de que siempre habrá segunda vuelta y
ellos ya tienen de antemano conformada su coalición y, eventualmente, su
gobierno de coalición, con lo cual aseguran su permanencia en Los Pinos. Desde
luego, esto último no tiene nada que ver con la construcción de la democracia
en México, pero sí con la preservación del cártel de partidos (Proceso 2081).
Así,
el presidente de la república y las dirigencias nacionales de los tres partidos
políticos con mayor participación electoral en las últimas elecciones federales
recurren a las prácticas de blindaje que condenaron en los gobiernos estatales,
para asegurarse de que no serán sujetos de sanción alguna por delitos contra la
corrupción; y, además, deciden ir más allá al garantizar que serán los
magistrados propuestos y designados por ellos los califiquen las dos próximas
elecciones presidenciales, y toman las previsiones necesarias para convertir la
suma de varias minorías en mayorías ganadoras, al menos en la elección
presidencial.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario