Las columnas políticas hoy, jueves 25 de julio de 2019

Pasa a Ejecutivo Ley de Extinción de Dominio
El dictamen en lo particular fue aprobado con 291 votos a favor, 114 en contra y cinco abstenciones. Foto: Israel Rosas
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen en materia de extinción de dominio luego de desechar todas las reservas de artículos que pretendían corregir abusos en los derechos de propiedad.

El objetivo de mantener el dictamen en sus términos, procedente del Senado, dividió a Morena.
Durante la votación en lo particular, el documento se aprobó con 291 votos a favor, 114 en contra y 5 abstenciones, por lo que se envió al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. 
Dolores Padierna, en funciones en la presidencia de la Mesa Directiva, clausuró el periodo extraordinario de sesiones.
Las diputadas de Morena Lorena Villavicencio y Tatiana Clouthier presentaron reservas para acotar la venta anticipada de los bienes decomisados por extinción de dominio, debido a violación de la presunción de inocencia y del derecho a la propiedad.
La diputada propuso modificar el artículo 227 de la Ley Nacional de Extinción de Dominios sobre la venta anticipada.
"La Autoridad Administradora deberá fundar y motivar al proceder de manera extraordinaria a la venta o disposición anticipada de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, con excepción de los que las autoridades consideren objeto de prueba que imposibiliten su destino", planteó como modificación.
Advirtió que sería un engaño al pueblo aprobar una ley que podrá ser revertida en los tribunales.
"Hay que decirlo, la venta anticipada del bien sujeto a extinción de dominio, expuesta en los artículos 227 y 228, es anticonstitucional", advirtió.
Dijo que, ante tal riesgo, la extinción será inoperante y se podrá recurrir la figura venta anticipada ante los tribunales.
Sin embargo, la legisladora no logró convencer a la mayoría de sus compañeros de bancada.
El dictamen contempla la expedición de la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominico y reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a las leyes Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de Concursos Mercantiles y Orgánica de la Administración Pública Federal.
Además, se crea el Instituto de Administración de Bienes y Activos, que sustituirá al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), el cual será descentralizado y rendirá informes a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública.
También se crea un Gabinete Social de la Presidencia de la República, la cual decidirá a donde se destinarán los recursos obtenidos por la enajenación de los bienes sujetos a extinción de dominio.
En el debate de la legislación secundaria en materia de extinción de dominio, en la Cámara de Diputados, no se consideró la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como ha propuesto el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La diputada del PRI Dulce María Sauri pidió a los legisladores de Morena que le informen al Mandatario que el instituto que administrará los bienes decomisados no tendrá ese "apodo".
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Las columnas políticas hoy, jueves 25 de julio de 2019...
Bajo Reserva/ El Universal..
Salida de Sánchez Cordero, una fake news
El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que parar en seco a quienes promueven la falsa versión de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, saldrá de la Segob. "Entonces, estamos muy contentos con ella y no queremos que se vaya", afirmó AMLO ayer por la mañana durante la conferencia de prensa. De esta manera el mandatario atajó las versiones sobre una renuncia de doña Olga y aprovechó para darle un apapacho pues, dijo, está muy contento con su trabajo y desempeño, además de considerarla una mujer con convicciones, defensora de las mujeres y muy trabajadora. Nos comentan que el Presidente atribuyó los rumores sobre la supuesta salida de Sánchez Cordero a que sus adversarios están desconcertados y molestos. El espaldarazo presidencial se suma a los que ha recibido por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y del Senado, Martí Batres. Así, que queda desmentida, a nivel presidencial, la fake news de la salida de la secretaria de Gobernación.
Todos cómplices del bonillazo en BC
Nadie puede sentirse ajeno al bonillazo en Baja California, en el albazo legislativo para aumentar de dos a cinco años el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla. Todos son cómplices por haber metido la mano o por omisión, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario panista de la entidad, Francisco Kiko Vega de Lamadrid, y los partidos de oposición, PAN y PRI. El expediente BC fue motivo de un largo debate en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde chocaron los grupos parlamentarios. Panistas y priistas intentaron pasarle la factura al líder de los diputados morenistas, Mario Delgado Carrillo, quien está comprometido a exigir a Bonilla repudiar su mandato ampliado. Sin embargo, los de la oposición no salen bien librados porque sus diputados locales votaron a favor de la reforma constitucional y ofrendaron la ampliación del mandato a Morena. De los azules, nos dicen, mejor ni hablar: entregaron la plaza que mantuvieron por 30 años y se fueron con las alforjas llenas…
La Cuarta Transformación y la Sexta República
Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con Jean-Luc Mélenchon, líder del partido Francia Insumisa que busca una "Sexta República para Francia". Nos dicen que el político francés -admirador de Hugo Chávez y Cristina Kirchner- quedó sorprendido de la capacidad del político tabasqueño, a quien describió como un actor fundamental para el cambio democrático por la vía pacífica. A su salida, Mélenchon comentó que el presidente López Obrador le recomendó "ser más constante" como clave del éxito en la vía político electoral.
Pide Martí Batres juego limpio
Nos comentan que sin proceso interno para la elección de quien sea presidente del Senado, en septiembre, decisión que recae en Morena, el actual presidente Martí Batres Guadarrama, siente cómo arrecia el vendaval para desplazarlo. Y como todas las pasiones transcurren en su propio grupo parlamentario, ya pidió la presencia del árbitro de su organización, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para que haya "un procedimiento correcto". Saldrán chispas, nos anticipan.
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TEMPLO MAYOR/ Reforma
 No se lo digan a nadie, pero todo indica que el gobierno federal meterá reversa a su negativa de seguir financiando la Fórmula Uno en México, por lo que sería cosa de días para que se anuncie que siempre sí habrá Gran Premio en los próximos años.
Seguramente los aficionados al máximo circuito de carreras estarán felices, pero más los cientos de empresas que se benefician indirectamente de la derrama económica que deja la fiesta deportiva a la que acuden más de 100 mil personas en un solo fin de semana. Ahora nomás hay que meter a pits el discurso oficial en contra de los fifís.
Da la impresión de que para Sergio Mayer eso de las matemáticas es una bolita que le sube y le baja, pues se hace bolas con las cuentas. Al anunciar que Bancomext otorgará créditos para producir películas mexicanas, el diputado de Morena presumió que en México la industria audiovisual genera ¡240 mil millones de pesos!
Nomás que ese monto no se refiere sólo al cine nacional, sino también a radio, televisión, videojuegos y hasta servicios de streaming. Pero, bueno, lo que Mayer no aclaró, pero sí los funcionarios del banco, es que el financiamiento será solamente para las películas comerciales, no para quienes se crean Ripstein, Reygadas o Buñuel.
Habrá que preguntarle al diputado garibaldi sí habrá película de su admirado Naasón Joaquín, el encarcelado apóstol de La Luz del Mundo.
Dentro de una semana, el miércoles 31, la Comisión Económica para América Latina y él Caribe presentará su informe anual, en el que incluye las proyecciones de crecimiento para los países de la región. Y como, obviamente, también hablarán de México, tal vez sea bueno que su titular, Alicia Bárcena, vaya preparando la disculpa que seguramente le va a exigir el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con eso de que no le gusta que le muestren que están errados sus "otros datos", a ver cómo le responde a la prestigiada Cepal.
Por cierto que resultó curioso, por decirlo de alguna manera, que el martes el mandatario presumió en Twitter su reunión con los banqueros y dijo "hay confianza". Y justo al día siguiente salió el reporte especial de Citibanamex señalando el estancamiento de la economía y bajando el pronóstico de crecimiento al nivel del suelo; ¡a 0.2 por ciento! Lo bueno es que hay confianza.
 El que hoy entra al quirófano es Porfirio Muñoz Ledo, por una cirugía programada de vesícula.
Habrá que desearle una pronta recuperación, pues en estos días es cuando más falta hacen las personas de mente lúcida y palabras claras.
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TRASCENDIÓ/ Milenio
QUE MILENIO pudo confirmar que Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, es uno de los involucrados en las seis denuncias penales que presentó la CNDH ante la Fiscalía General de la República contra 235 ex funcionarios federales y estatales por el caso Ayotzinapa.
Aunque el organismo no dio a conocer la identidad de los señalados, se perfila que también figuren Salvador Cano Muñoz, ex jefe de la Policía Federal Ministerial, y Abraham Eslava Arvizu, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Seido.
QUE contra los dichos de la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, diputados y senadores de ese partido van con todo contra la ampliación de mandato de Baja California para impedir que haya golpeteo hacia Andrés Manuel López Obrador.
Ayer el presidente de la Comisión Permanente, Martí Batres, propuso en la Mesa Directiva que se debatiera el tema, pero en privado la oposición no aceptó y luego el PAN lo llevó a tribuna y los morenos recogieron el guante para que no quede duda.
Quien se retiró molesto fue Mario Delgado, quien dejó a la panista Kenia López con la palabra en la boca.
QUE en Bucareli dicen que la secretaria Olga Sánchez Cordero, comprometida 100 por ciento con la cuarta transformación, no piensa dejar Gobernación ni en septiembre ni en diciembre, pues los planes con el proyecto del Presidente van mucho más allá, pese al fuego amigo que la pone un día y otro fuera del gabinete.
QUE otro frente en el que la cosa está que arde es en la Cooperativa Cruz Azul, pues algunos aliados del dirigente Guillermo Álvarez alertaron sobre una eventual jugada interna de inconformes con la intención de llevar a Víctor Garcés Rojo a la presidencia de ese grupo.
El grupo pretende imponer al líder disidente, a quien los cercanos a Billy le atribuyen tener en contra una investigación por presunto desfalco a la cooperativa por alrededor de 400 millones de dólares y acusaciones por afectación a las finanzas de mil 114 miembros.
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FRENTES POLÍTICOS /EXCÉLSIOR..
1. Brazos torcidos. Al mismo tiempo en el que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, obtenía suspensión definitiva a su orden de captura por la orden de aprehensión girada en su contra por el caso Odebrecht, su madre fue detenida en Alemania, en cumplimiento de una ficha roja. El abogado Javier Coello Trejo lo confirmó y detalló que la señora de 71 años de edad se encontraba de vacaciones con sus nietos en una isla en territorio alemán. La señora es acusada de lavado de dinero y asociación delictuosa, delitos que se le imputan por haber recibido un depósito de 185 mil dólares. El litigante aclaró que dicho delito no es considerado grave, por lo que descarta que pise la cárcel. Esta lucha de poder entre la honestidad y la corrupción apenas comienza, y ninguno parará hasta derrotar al otro. Cueste lo que cueste.
2. Golpe de Estado. Ante los más recientes acontecimientos en torno a Carlos Romero Deschamps, trabajadores de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana lo expulsaron de sus filas durante la Convención Extraordinaria. También desconocieron las decisiones de la Convención de 2017 en la que se reeligió el líder petrolero un año antes de que terminara su mandato. Los agremiados eligieron a Sergio Carlos Morales como nuevo líder, quien enviará toda la documentación de los resolutivos de la Convención para solicitar la toma de nota, para lo cual tiene 10 días. Cuentan los trabajadores que su exlíder tiene a familia y amigos en la nómina de Pemex, y cobran sin trabajar. Y no sólo eso, tiene un amparo que le garantiza impunidad… por un ratito. Por cierto, tiene cita con el juez.
3. Socios. El tejido fino de los subsecretarios para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, y de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, trae buenos dividendos. Werner Hoyer, presidente del Banco Europeo de Inversiones, subrayó la importancia para esa institución de colaborar con América Latina, en particular con México, y expresó interés en conocer los proyectos de infraestructura prioritarios para el gobierno. Reunidos en la CDMX, el alemán reiteró el compromiso de las instituciones europeas de trabajar con México en apoyo al Plan de Desarrollo Integral en Centroamérica. La cancillería recordó que el BEI es la institución que facilita financiamiento a largo plazo para contribuir al logro de los objetivos de las políticas de la UE. Es decir, el socio que necesitábamos. Trabajemos todos por un país en paz y libre, y así evitaremos espantar a los inversionistas. ¿Va?
4. Medio gobierno. La CNDH presentó denuncias penales contra 235 funcionarios federales y estatales por violaciones graves a los derechos humanos por la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 y cuyo paradero todavía se desconoce. Se trata de 119 servidores públicos, policías, fiscales e investigadores, quienes han sido denunciados por tortura. La FGR será la encargada de decidir si abre procesos penales en su contra. La CNDH también presentó quejas administrativas contra 140 funcionarios. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los familiares de los 43 desaparecidos a esclarecer el caso y por lo que se ve un gran número de personas están involucradas. ¿Qué intereses los llevaron a desaparecer a 43 mexicanos?
5. ¿Y yo por qué? Entre 2011 y 2014, la CNDH dejó una gran cantidad de expedientes abiertos que no se atrevió a entregar a las autoridades correspondientes y ahora los remite a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró su titular, Alfonso Durazo, quien señaló que, no obstante, recibirán todas las recomendaciones del organismo y atenderán las que correspondan para que no se piense que no asume debidamente el tema. “Ante el cambio de gobierno y la libertad y el respeto a la autonomía, hay un altero de recomendaciones, vamos a aceptarlas todas y serán atendidas las que nos correspondan, lo importante es que nosotros no vamos a aceptar ninguna violación a los derechos humanos. Pregunta a Luis Raúl González, titular de la CNDH: ¿Por qué no las entregó en tiempo y forma? ¿Miedo?
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Coincidencias en la Corte
Confidencial/ElFinanciero_Mx
En estos días de sospechosismo por el caso Baja California, y cuando Morena y el PAN se echan la culpa de haber aprobado ampliar el mandato de Jaime Bonilla, ayer llamó la atención una curiosa casualidad en la Suprema Corte. El acuerdo por el que se desecha la controversia constitucional interpuesta por los alcaldes de Mexicali y Tijuana fue alcanzado por la Comisión de Receso, pues los ministros están en su periodo vacacional. Resulta que dicha comisión está integrada por los ministros Yasmín Esquivel y Juan Luis González, quienes llegaron al máximo tribunal a propuesta del presidente López Obrador y apoyados mayoritariamente por legisladores morenistas. El argumento de los ministros, sin embargo, es sólido: aún no se promulga la ampliación del periodo, por tanto no hay contra qué ampararse.
Cero diálogo con el PAN
Mientras que Morena y la SEP dan un trato especial al PRI –al grado de aceptar detener y retirar la Ley General de Educación del periodo extraordinario de este jueves para hacerle correcciones–, con el PAN de plano “la cortaron” desde hace meses: hay cero diálogo y ya ni los invitan a las reuniones con el secretario Esteban Moctezuma. Los propios panistas reclamaron públicamente que son los únicos que han sido totalmente ignorados y excluidos de esos encuentros. Por eso anunciaron que ya preparan sus propias iniciativas. 
Muñoz Ledo, al quirófano
El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, se someterá este jueves a una cirugía en la vesícula. En sus redes sociales, el diputado de Morena aclaró que es una operación que ya estaba programada, pero debido a sus compromisos en el Legislativo, la había ido aplazando. Así, apenas dos días después de su cumpleaños número 86, y del homenaje que recibió en San Lázaro, el legislador tendrá que visitar el quirófano.
Se instala la protesta en Palacio
La advertencia que hiciera el presidente López Obrador a campesinos de “ahórrense las protestas”, pasó de noche. Porque las organizaciones agrarias mantienen un campamento enfrente de Palacio Nacional, con sus carpas y casas de campañas colgadas de las paredes del recinto histórico y con la Puerta Mariana marcada con las siglas de su organización. Los baños, camiones y hasta tanques de gas se convirtieron en parte del paisaje estos días.
Sheinbaum tiene sus bloqueos
No sólo los campesinos acudieron el Palacio Nacional para manifestar sus inconformidades con el gobierno. La administración de la Ciudad de México tuvo a sus propios inconformes que incluso dejaron fuera del Palacio del Ayuntamiento a algunos funcionarios. Un par de decenas de ancianos con banderas rojiblancas –en apoyo a líderes de artesanos que reclamaban un lugar para vender sus artículos– bloquearon las puertas del recinto en el Zócalo, justo a la hora en que César Cravioto informaba sobre la supervisión de la reconstrucción.
La Permanente, un cuadrilátero tricolor
El salón de la Comisión Permanente del Senado se convirtió ayer en el escenario de un fuerte encontronazo protagonizado por dos viejos líderes sindicales. Se desarrollaba el segundo día del parlamento abierto para la regulación laboral, cuando el senador priista Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM, y el líder ferrocarrilero Víctor Flores se pusieron los guantes y sostuvieron un fuerte intercambio de… palabras. El ferrocarrilero, primero, soltó un gancho al hígado: al aprobar la reforma laboral, los senadores se despacharon con la cuchara grande al violar los lineamientos de la Organización Mundial del Trabajo, dijo. El líder cetemista lanzó un recto a la mandíbula de su colega: lo acusó de estar dolido por la derrota que sufrió en días pasados, al perder el control del Congreso del Trabajo.
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PEPE GRILLO/LA CRÓNICA..
Ante Notario y toda la cosa
El presidente López Obrador ya firmó ante la prensa un documento en el que se compromete a no reelegirse. Lo malo es que ese documento se traspapeló, o acaso alguien lo puso hasta abajo del archivo muerto. Eso puso nerviosa a mucha gente. De modo que el Presidente ...
86 años y contando
Porfirio Muñoz Ledo es el diputado con mayor cartel en la presente Legislatura. Sus claridosas declaraciones suelen obtener espacio en las primeras planas y los columnistas lo consideran referente obligado. Esto a pesar de que ya tiene 86 años. Anda en la política desde chamaco en la Facultad de Derecho ...
Barbosa pone el ojo en la capital poblana
Después de las denuncias que hizo sobre puntos poco claros de la administración pública estatal que recibirá el 1 de agosto, Miguel Barbosa ha establecido una prioridad: tener un escaparate de lo que su gestión significará para Puebla. Y el escaparate es, obviamente, la capital ...
Pa qué pelearse si Jalisco nunca pierde...
Pues las dos opciones del nuevo superdelegado de AMLO en Jalisco parecen aceptar aquella máxima jorgenegretista y, en lugar de una mala pelea, se opta por un buen acuerdo. Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Checo Pérez, y Gilberto Parra Rodríguez, activista promigrantes, tienen perfiles ...
Relevo de Kuri
En el caso Collado hay una vertiente blanquiazul. Aunque el presidente del PAN, Marko Cortés, ratificó a Mauricio Kuri como coordinador senatorial, parece ser cuestión de tiempo para que esto cambie. La fortaleza de Acción Nacional está minada y puede que no valga la pena gastarla en respaldar a Kuri ...
Se pone color Morena
Polevnsky no las trae todas consigo en su intento por reelegirse al frente de Morena. Sus recientes declaraciones para defender lo que los hombres más fuertes del propio Presidente consideran “indefendible” en Baja California no cayeron bien. Los opositores a la actual líder nacional creen que ya hay en ella ...
** Ya me voy, ahí les encargo mi conflicto de intereses…
Es notorio, el primer defenestrado de la 4T por una probable deshonestidad cayó en donde no debía: Jalisco. Carlos Lomelí debía ser el factótum en aquel terreno donde está Enrique Alfaro, el único opositor con posibilidades de crecimiento, pero hubo un problema… … ...
** Herrera, primera prueba
Los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tienen muchas dudas sobre el futuro de la hacienda pública en el país. Pero no tienen duda de que Arturo Herrera es lo mejor que tiene la 4T para ocupar el cargo que dejó de manera destemplada Carlos ...
** El rifle de Hipólito
Las autodefensas en Michoacán consiguieron su primer objetivo: liquidar a los Caballeros Templarios que eran, en el 2013, el poder real en la entidad. De hecho, el último jefe de esa banda criminal, La Tuta, está en prisión. No obstante, la operación de los autodefensas generó daños colaterales relevantes, entre ...
** ¿Celos religiosos?
Con la Iglesia han topado. La jerarquía católica no le entra a la distribución nacional de la Cartilla Moral; queda así en manos de los grupos evangelistas afines a López Obrador, que ya comenzaron la tarea. No sólo eso. El Episcopado Mexicano le recordó al gobierno que vivimos en un Estado laico.
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SACAPUNTAS/ EL HERALDO DE MÉXICO..
 Olga, se queda
Espaldarazo con cara de ratificación dio el presidente López Obrador a la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero. Sobre los rumores que se difundieron respecto a una posible salida de la funcionarla, el mandatario dijo estar "muy contento con el trabajo que está haciendo la secretaria". Es más, sostuvo que "no queremos que se vaya", y atribuyó los rumores a sus adversarios.
Alfaro pega al bolsillo
Golpe al bolsillo de los habitantes de Guadalajara dio el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. A partir del próximo sábado, la tarifa de Tren Ligero y Maerobús será de 9.50 pesos, un aumento de 2.50 pesos. Pero hasta el próximo año, dice, iniciará la sustitución de unidades, lo cual suena a una de esas promesas que casi nunca se cumplen.
** Panista, a la 4T
Sorprendió a panistas la adhesión de su militante Juan José Rodríguez Prats como asesor del gobernador de Tabasco, el moralista Adán Augusto López. Ya estuvo en una gira con el mandatario y se dio a conocer que se encargará de la iniciativa para reducir el número de pluris en el Congreso estatal. Este crítico acérrimo de la 4T, ahora parece ir en la ruta de los conversos.
** Presionan a Kiko Vega
Nos hacen ver que la Suprema Corte desechará los recursos contra la Ley Bonilla que reciba antes de ser publicada, como ocurrió con la controversia interpuesta por el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez. Cuando se publique en el Periódico Oficial estatal, entonces sí dará entrada a todos los recursos. Por eso, el PAN pide al gobernador Francisco Vega hacerlo a la brevedad para poder combatirla.
En el lugar equivocado
Gran susto se llevó el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, ayer, mientras comía. Y es que estaba en un restaurante de Plaza Artz, en el momento en que una mujer desató una balacera. Todo lo contó en El Heraldo Radio y, según él, "le puede pasar a cualquier persona".
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SERPIENTES Y ESCALERAS/ Salvador García Soto..
EL UNIVERSAL,
Sucesión en la UNAM: la mano de Narro
En la Universidad Nacional hay en estos momentos un poder formal y un poder real. En la ruta por definir la próxima sucesión en la rectoría universitaria, el poder formal, en manos del rector Enrique Graue, está supeditado en los hechos al poder real, que detenta el exrector José Narro, quien opera para tener un control de las distintas opciones de personajes y grupos que empiezan a moverse con miras a la elección de un nuevo rector en noviembre próximo.
Tras su efímero intento de buscar la dirigencia nacional del PRI, el exrector se refugió en la UNAM con miras a apoyar la reelección de su sucesor Enrique Graue, y enfrentar un posible embate de Morena y de la Cuarta Transformación para hacerse del control de la rectoría universitaria. Graue le ha permitido seguir moviendo los hilos y el exrector priista sigue controlando los destinos de la institución: desde la burocracia de alto nivel hasta la grilla de alcantarilla, por lo que si el rector se reelige con su apoyo, el margen y la influencia de Narro Robles crecerá aún más.
Pero la posibilidad de la reelección se empieza a complicar por la falta de resultados del médico Graue que, entre otras cosas, prometió al llegar a Rectoría la recuperación del Auditorio Justo Sierra de Filosofía y Letras. Hoy el espacio sigue en manos de una pandilla de delincuentes que comercian ilegalmente todo lo que pueden y cobran derecho de piso a los ambulantes. Durante su gestión ha habido un sinnúmero de crisis de seguridad, asesinatos no aclarados, disparos, venta de droga, inseguridad y violencia en las instalaciones universitarias, mientras los conflictos estudiantiles no han dejado de ocurrir.
Todo esto aumenta el rechazo de la comunidad universitaria a que Graue se reelija porque lo acusan de mantener intacta a la burocracia universitaria que heredó de su antecesor. Por ejemplo, de acuerdo al organigrama de la UNAM, su secretario general se llama Leonardo Lomelí, pero en la práctica quien ejerce las funciones es Enrique del Val, operador de Narro. La secretaria particular de la Rectoría y la mitad de directores y secretarios administrativos de la Universidad se cuadran con Del Val.
A su vez en los caminos de la universidad de pie, el operador de Narro Robles se llama Jaime Vázquez. Formalmente Vázquez es coordinador en la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, pero en los hechos maneja, con cargo al erario de la casa de estudios, una amplia red de personas y jóvenes que le pasan información “confidencial” de la institución, que él maneja discrecionalmente. También controla a grupos estudiantiles de presión con los que Vázquez crea y apaga conflictos. Eso le ha permitido subsistir por más de una década. Pero su trabajo ya deja muchas dudas porque con su gran aparato no ha podido advertir a sus superiores de ninguna problemática previa a que ésta suceda. Y así, con Del Val en las alturas y Vázquez en los subsuelos, Narro ejerce un control casi total sobre la rectoría de Graue.
Pero si el rector actual se le desinfla y no gana la reelección, el exrector Narro prepara otros candidatos como el ombudsman, Luis Raúl González Pérez, quien aunque es bien visto en la UNAM, no lo quieren en la Presidencia de la República y costaría trabajo convencer a la Junta de Gobierno de que es el candidato idóneo.
Y aún en el escenario más adverso, el exrector también tiene un “Plan B”. Si en la Junta de Gobierno se impusiera la candidata de Morena a la rectoría, Angélica Cuéllar, directora de Ciencias Políticas y Sociales; Arturo Chávez, el secretario general de la Facultad y quién es la mano derecha de Cuéllar, tiene una estrecha relación con Jaime Vázquez, el operador de tierra de Narro, con lo cual, en caso de que el grupo de Morena llegara a controlar la rectoría, Narro tendría sus conexiones de protección.
Sin embargo, ese es el último escenario que el exrector considera y para evitarlo fue que dejó su fallida candidatura en el PRI y abandonó el partido en donde militó para pelear desde la trinchera universitaria e intentar regresarle la “cortesía” al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien responsabiliza de su descarrilamiento en el proceso priista. De ser así, la UNAM podría convertirse en el campo ideológico para iniciar la guerra contra la Cuarta Transformación. Ese es el plan de Narro y para ello maneja sus cartas desde tres meses antes de que se reúna la Junta de Gobierno para deliberar sobre la elección del nuevo rector; pero como dicen los viejos universitarios, la Junta es tan impredecible que puede elegir a cualquiera… Capicúa de los dados. Se repone el tiro.
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ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO..
EL FINANCIERO...
Otra bomba sobre López Obrador
Señales ominosas están llegando desde Estados Unidos a Palacio Nacional, y el presidente Andrés Manuel López Obrador no las está entendiendo. Así sucedió en la cena con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y asesor especial en la Casa Blanca, cuando le advirtió que si no frenaba la migración habría sanciones comerciales, que produjeron un arrodillamiento para evitar nuevos aranceles. Y así está pasando en estos momentos. En aquella ocasión, la tormenta tuvo dos avisos, en forma de llamadas de la Casa Blanca y del Departamento de Estado a la embajadora en Washington, Martha Bárcena, para presionarla sobre la contención migratoria. En los últimos días, la embajadora recibió dos nuevas llamadas alertando sobre un mismo tema: el arbitraje mediante el cual la Comisión Federal de Electricidad quiere anular contratos con EInova, filial de la gasera estadunidense Sempra, que puso en el limbo compromisos adquiridos. La molestia radica en la violación mexicana del estado de derecho.
El tema de la suspensión de los compromisos es mucho más grave de lo que se imagina López Obrador. Incluso, es lo más delicado y peligroso que ha enfrentado desde que asumió la Presidencia y puede tener enormes consecuencias económicas, comerciales, legales y reputacionales. Lo que detonó el director de la CFE, Manuel Bartlett, respaldado por el Presidente, es el incumplimiento de contratos a partir de la lectura errónea del mismo –si se llega al arbitraje internacional va a perder–, así como una violación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al incorporar la suspensión del servicio de gas a través de un nuevo gasoducto del Sur de Texas a Tuxpan, dinamitando los compromisos legales y comerciales de México con sus socios norteamericanos.
López Obrador no tiene clara la dimensión y profundidad de lo que estas acciones implican. Ayer, en la conferencia de prensa matutina repitió la retórica tramposa de Bartlett: 1) “los contratos no fueron aprobados por el Consejo de Administración ni los firmó el director general”, dijo, lo cual es una verdad falsa porque en ese momento no existía un Consejo de Administración, sino una Junta de Gobierno, que fue la que los firmó y autorizó; 2) quieren un nuevo acuerdo porque “las tarifas están por las nubes” y equipararlas a las que se cobran en Estados Unidos, Alemania y Francia, aunque esas tarifas fueron impuestas por la CFE por contratos de exclusividad, con un costo de 3.5 dólares por un millón de pies cúbicos de gas, contra 3.3 dólares en el mercadodoméstico estadunidense, y 4.5 dólares que paga Alemania por el gas ruso.
La voz de Bartlett tiene más peso que la de varios de sus colaboradores, que han tratado de persuadirlo de que el director de la CFE le ha presentado información errónea o definitivamente falsa y lo que está haciendo es riesgoso. Pero si ignora a quienes le hablan al oído, menor interés debe tener con otras voces. El viernes pasado se reunió en Palacio Nacional con los miembros del Subcomité de Comercio del muy poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Diputados, encabezados por su presidente, Earl Blumenauer, para hablar sobre la aprobación del nuevo acuerdo comercial norteamericano. En la reunión le expresaron su preocupación por el litigio que pretendía Bartlett contra la gasera –que es también contra Trans Canada, cuyo Gobierno ha sido más beligerantey público que el estadunidense. Una semana después, dijo: “No se puede, ya es la última vez que lo digo, aceptar un contrato leonino”.
López Obrador está jugando con el fuego que le puso Bartlett en las manos. El director de la CFE utiliza una cláusula del contrato que prevé sanciones en caso de incumplimiento, para cancelarlo, lo que es una aberración jurídica. Para forzar esa negociación y a otros cambios de contratos similares en diferentes gasoductos, suspendió el servicio en Tuxpan. El gasoducto está terminado y lleno de gas natural que no ha podido descargarse desde el 26 de junio, pese a que el costo por compensarlo con gas natural licuado es de poco más de un millón de dólares diarios.
Ese gasoducto parte de Brownsville, en donde se concentra todo el gas de Texas, que tiene excedentes, y que deberá empezar a quemarlo si no se soluciona este diferendo. El gobernador de Texas, Greg Abbot, por si alguien olvidó, fue uno de los principales partidarios de Trump para llegar a la Presidencia, por lo que Bartlett abrió un flanco innecesario a López Obrador, a quien también convenció de que no afectaría el acuerdo comercial. Los señalamientos de los diputados el viernes pasado son una señal de que no es así. Adicionalmente, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, figura clave en la aprobación del acuerdo, es de California, donde tiene su sede Sempra. Un anterior chantaje que sufrió Sempra en Baja California, fue resuelto por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, tras presiones de Washington para actuar conforme a Derecho, luego que la senadora de California, Dianne Feinstein, alertó a la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, de lo que estaba pasando.
Washington se está agitando. Las llamadas a la embajadora Bárcena son una señal de inquietud sobre lo que consideran una arbitrariedad, y el domingo pasado en su reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de Estado, Mike Pompeo, fuera de agenda, le expresó la confianza de que el tema de las gaseras sería resuelto conforme a Derecho. Bartlett no quiere hacerlo porque no entendió el contrato, pero está arrastrando al presidente y a México, donde un litigio por violar la ley afectará inversiones, crecimiento y reputación.
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FRANCISCO GARFIAS / ARSENAL
EXCÉLSIOR)..
El “pago de marcha” y la famosa “vitamina P”
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente había acordado inexplicablemente no debatir ese atropello a la democracia llamado “Ley Bonilla”. El pretexto era que no habían tenido respuesta oficial de los legisladores de BC.
Pero horas antes, 15 de los 22 diputados del Congreso local habían ratificado el regalo de 3 años extras al gobernador electo, a pesar de que traen a todo México en contra.
No les importa. Terminan el encargo el 31 de julio. En la tribuna de la Permanente, los legisladores coincidieron en que, a cambio violar la Constitución, recibieron un “pago de marcha”.
Los legisladores del PAN presentes en la sesión no estaban contentos con la decisión de la Mesa, a pesar de que su representante, José Elías Lixa, había firmado el acuerdo.
Les parecía una aberración esperar una semana —hasta la próxima sesión— para debatir la nueva embestida contra la democracia.
El senador Damián Zepeda pidió la palabra para proponer se revisara el acuerdo. Quería que “la marranada” —así la calificó— se discutiera en ese momento
En su intervención, condenó el apoyo de Yeidckol y del subsecretario Ricardo Peralta, a las ambiciones de Bonilla.
Damián mezcló al Presidente en el asunto. Le reprochó su silencio, sus evasivas. “Si no quiere ayudar, que no estorbe”, pidió desde su curul.
Brincaron los de Morena. El diputado Mario Delgado fue el primero. No le gustó lo de la ”marranada” y menos que hablara de AMLO.
Los morenos le recordaron a Damián que los panistas son mayoría en el Congreso de BC y que avalaron el atropello.
“Ya los corrimos, a nosotros sí nos da vergüenza”, respondió.
Los morenos tampoco entendieron la lógica de la Mesa. Querían debatir y dejar claro su rechazo a la prolongación del mandato de dos a cinco años. Cristóbal Arias fue el primero.
En su turno, Mario Delgado dejó en claro la condena de Morena al Congreso de BC, pero también ejerció su derecho de réplica:
“Es la marca de la casa venir aquí a gritar, a decir que son expanistas, cuando ayer mismo volvieron a ratificar esta acción. No se vale la hipocresía y el doble discurso”, le dijo a Zepeda.
Debatieron más de dos horas a pesar de que estaban de acuerdo en lo esencial: utilizar todas las vías legales para que se dé marcha atrás a esta violación al pacto federal y a la Constitución.
La diputada del PRI, Dulce María Sauri, urgió incluso al gobernador Francisco Vega a publicar la Ley, a fin de poder controvertirla o echarla abajo con una acción de inconstitucionalidad en la SCJN.
Unos lo dicen públicamente, otros en cortito, pero la mayoría de los legisladores están conscientes de que la Ley Bonilla puede sentar un pésimo precedente para la democracia de este país.
A Muñoz Ledo lo conocí personalmente en los años ochenta en París. Político excepcional, desde entonces le he tenido respeto, admiración y afecto. Cumplió ya 86 años.
Me enteré que está hospitalizado. Lo operan hoy de la vesícula. Hago votos para que todo salga bien.
Supe también que, al igual que Martí Batres en el Senado, se quiere reelegir como presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro. La famosa vitamina “P”.
Pero a diferencia del Senado, la Ley dice que en diputados, la presidencia de la mesa se rotará entre los grupos parlamentarios en orden decreciente.
Le tocaría entonces a un panista, si Porfirio se baja. Entre los azules sobran los aspirantes: Marco Adame, Laura Rojas, Pilar Ortega, Adriana Dávila, Jorge Luis Preciado.
Si las condiciones se dan y se respetan los acuerdos, será un panista el próximo presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro. ¿Quién? Se decidirá en votación.
En la columna sobre el caso Ronquillo, que publicamos ayer, escribí que Yuri, la que lo puso para que lo secuestraran, era la “supuesta novia” del asesinado estudiante. Error. Era la exnovia. Una disculpa a los lectores y sobre todo a Jennifer, la compañera sentimental del muchacho en el momento de la tragedia.
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JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ / 
RAZONES/
EXCÉLSIOR
El silencio se convierte en complicidad
El presidente López Obrador ha pedido que no lo involucren en el tema de la ilegal prolongación de mandato, de dos a cinco años, que ratificó el Congreso de Baja California para el gobierno electo de Jaime Bonilla.
La prolongación de mandato de Bonilla es un acto ilegal que viola la Constitución y que sienta un precedente en la vida democrática del país: demuestra que lo que ha tardado años, décadas, en construirse, se puede destruir de un plumazo mediante la corrupción y la conveniencia personal.
No creo que la decisión del Congreso de Baja California haya sido impulsada o siquiera aprobada por el presidente López Obrador. Pero sí creo que su silencio sobre el tema de alguna forma le da legitimidad a los impulsores de esa reforma. Dice el Presidente que no quiere pronunciarse sobre el tema para no dar pie a malas interpretaciones, pero aquí no hay margen para las malas interpretaciones: se apoya o no esa medida ilegal.
Es verdad, como también dijo el Presidente, que en Baja California esa reforma fue votada por diputados locales de todos los partidos, pero también es verdad que todos los partidos de oposición han condenado, desde sus dirigencias nacionales hasta legisladores federales, la ampliación de mandato e incluso se han iniciado procesos de expulsión de los diputados locales que apoyaron esa votación.
La única dirigente nacional de un partido que apoyó la ampliación de mandato fue Yeidckol Polevnsky, todavía presidenta nacional de Morena, argumentando que era algo que la gente quería porque estaba cansada de votar (sic).
Si el Presidente no se pronuncia para no ser “mal interpretado” y la presidenta de su partido sí lo hace en favor de la ampliación de mandato, el que queda en entredicho es el propio Presidente. Pero, además, no hablar del tema, cuando el primer mandatario habla y opina de casi todo, lo hace más desconcertante aún. El Presidente opina hasta de los amparos presentados sobre la construcción del aeropuerto o de decisiones adoptadas por la Suprema Corte, ¿por qué no pronunciarse sobre un acto a todas luces ilegal y con fuertes visos de corrupción?
Lo ratificado por el Congreso de Baja California es, en los hechos, un golpe de Estado técnico. No se puede ampliar un mandato constitucional porque se le ocurre a un grupo de legisladores. Más aún cuando la solicitud para ampliar ese mandato fue presentada en dos ocasiones, antes de los comicios estatales, y llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue rechazada por su evidente ilegalidad.
Le toca ahora actuar a la Fiscalía General de la República y a la Suprema Corte. La primera, investigando cómo fue que una mayoría de diputados de la oposición repentinamente decidió ampliar un mandato constitucional en contra, incluso, de las dirigencias de sus propios partidos. Se asegura que cada uno de los diputados locales que apoyó la medida recibió un millón de dólares. Hay denuncias al respecto y deben ser investigadas, y si se comprueban malos manejos, deben ser castigados. Una administración que ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal bandera no puede dejar pasar un acto corrupto tan flagrante.
Hay denuncias en la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de la medida. La primera la presentó el presidente municipal de Mexicali esta misma semana. Pero más allá de la misma o de las que se pudieran presentar en el futuro, se debe actuar de facto, porque es evidente que se está violando la Constitución.
La posición de Polevnsky también debe ser evaluada. Si había argumentos para que la exdirigente empresarial no continuara en la presidencia de Morena, su pronunciamiento a favor de la ampliación del mandato en BC debería ser suficiente para dejarla completamente fuera de esa posibilidad. No deja de ser alentador que el principal postulante para reemplazarla, el diputado Mario Delgado, se haya declarado en contra de esa medida, como todos los demás presidentes de partidos políticos nacionales.
Lo de Baja California es ilegal, es una provocación y un literal agandalle. No debe ser permitido. Hay líneas rojas que en la democracia no pueden ser traspasadas sin pagar un costo altísimo por ello.
La mamá de Lozoya
La detención en Alemania de la madre de Emilio Lozoya, por presuntos malos manejos de su hijo en el caso Odebrecht, me parece un despropósito. No asumo que Lozoya sea inocente de los cargos que se le imputan, es más, creo que es responsable de ése y de otros casos de corrupción. Pero hay límites que no se deberían cruzar: detener a su madre por esas acusaciones parece, simplemente, un exceso.
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 QUEBRADERO/JAVIER SOLÓRZANO ZINSER 
LA RAZÓN...,
No es sólo lo que es, sino lo que provoca
Hay razones de peso para revisar y atender la decisión que tomó el Congreso de Baja California.
Dos elementos generan controversia e incertidumbre. El primero es el rompimiento de un orden, al cambiar un proceso electoral definido. Los ciudadanos fueron convocados para votar por candidatos a la gubernatura para un periodo de dos años.
El cambio de reglas se dio sobre situaciones que ya estaban definidas, los ciudadanos votaron bajo leyes diseñadas y aprobadas bajo consenso. La decisión del Congreso local, sin pasar por alto su autonomía, cambió las reglas bajo circunstancias que son profundamente confusas.
A partir del día en que se tomó la decisión hemos entrado en un sinfín de acusaciones entre los actores políticos. De manera simple, la presidenta de Morena argumentó que alargar el mandato del morenista Jaime Bonilla era una petición popular, porque en dos años no se podía hacer casi nada como gobernador.
Además, de manera cuestionable, dijo que no se puede, ni se debe, gastar tanto dinero para las elecciones; en el exceso terminó por decir que los ciudadanos no iban a saber ni por quién votar. El objetivo de que sean dos años es adecuar los procesos electorales en el país.
El tema también adquiere relevancia porque se rompe el orden constitucional en la Federación. La Corte ha rechazado, por ser “notoriamente improcedentes”, las controversias constitucionales presentadas por los alcaldes de Tijuana y Mexicali.
Es importante atender las razones de la Corte, como la última instancia de definición de controversias, porque la puerta sigue abierta. La reforma no ha sido publicada en el periódico oficial del estado; define la Corte “son actos que no son definitivos por derivar de un proceso legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”.
El otro elemento a considerar tiene que ver con el antecedente que se puede establecer a partir de la decisión. En el diagnóstico que ha venido haciendo el Presidente sobre el tema, se puede interpretar que ha tomado distancia; en el caso Bonilla no ha establecido de manera tajante su posición.
En la mañanera ha insistido en que no se va a reelegir y que firmará la carta en que se compromete a ello ante notario público. Como sea, el documento ha sido solicitado ante el INAI y apenas estos días ha sido presentado por la Presidencia.
En medio de la concentración tan abrumadora que se ha dado del poder político, este tipo de lances se convierten en escenarios de justificada atención y preocupación por parte de un sector significativo de la sociedad.
Lo que se cuestiona respecto al caso Bonilla, es el hecho mismo y también lo que puede provocar en medio de una gran concentración de poder y con Congresos cada vez más controlados por el partido hegemónico.
El Presidente ayuda al insistir que no se va a reelegir, pero debe hacer una declaración tajant, que con su influencia y peso podría haber llevado las cosas por derroteros diferentes.
Su actitud, quizá involuntariamente, alentó la decisión, y más tratándose de uno de sus superdelegados y de un personaje que es público y cercano a él. Es cierto que la forma en que se tomó la decisión está cargada de irregularidades; es cierto también que hay una alta dosis de hipocresía de los partidos políticos.
Sin embargo, a pesar de todo lo que ha rodeado la decisión, lo que incluye presumibles entregas de dinero a los legisladores, está en tiempo de revertirse un hecho que tiene que ver con un rompimiento de un orden legal, y que puede provocar antecedentes que, como se ven las cosas, será difícil frenar y luego querer revertir.
RESQUICIOS.
Dice el Presidente que la decisión de destituir al destacado Gonzalo Hernández Licona, al frente del Coneval, la tomó hace un mes. Sería grave que, tomando en cuenta la importancia del papel que juega la institución, se quiera, a través de ella, producir aquello de “yo tengo otros datos”; a finales de agosto empezaremos a saberlo.
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JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO / 
 REFORMA..
La Ley Bonilla
En lo oscuro, en una sesión a puerta cerrada dentro de una sede alterna en el Palacio Municipal de Rosarito, con una orden del día que no incluyó el tema fundamental que se votaría, el Congreso de Baja California declaró este 24 de julio la procedencia de la Ley Bonilla, la reforma que amplía el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.
Pocas reformas han generado un rechazo tan generalizado. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un punto de acuerdo por unanimidad –sí, incluyendo a los legisladores de Morena y del PT– para exhortar al Congreso de Baja California a dejar sin efecto la reforma. La secretaria de Gobernación y ministra de la Suprema Corte en retiro, Olga Sánchez Cordero, comentó que “por supuesto que es una reforma inconstitucional”, pero añadió que sería “absolutamente respetuosa del Congreso local” y de lo que en su momento resuelva la Suprema Corte. El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas señaló: “El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar [el] orden republicano y democrático. Ofende [la] inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad”. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sugirió incluso que el Congreso de la Unión podría decretar la desaparición de poderes en el estado.
El presidente López Obrador se ha levantado de hombros. “Lo único que quisiera –declaró ayer en la mañanera– es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije. No tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba”. Otro presidente habría dicho: “Y yo ¿por qué?”
Si la decisión de ampliar el mandato no la tomó el Presidente, resulta claro que tampoco ha impulsado ninguna medida para detener a Bonilla, quien le debe todo su ascenso político y todo su poder. Si en algún tema el presidente no tendría por qué estar de florero es este.
La Ley Bonilla fue aprobada el 9 de julio por 21 votos a favor y uno nulo en una legislatura de 25 diputados. Votaron por la iniciativa 10 diputados del PAN y cinco del PRI, además de los tres de Morena y otros tres más. Esta conducta atípica ha generado suspicacias y acusaciones de corrupción a los legisladores, las cuales, sin embargo, no han sido comprobadas.
El Gobernador saliente, el panista Francisco Vega, ha declarado que no firmará la reforma, pero el Congreso local, que a partir del 1 de agosto estará controlado por Morena, tiene facultades para promulgarla. Habrá varias controversias constitucionales, por lo que el asunto terminará en la mesa de la Suprema Corte.
No sé si los ministros coincidirán con Sánchez Cordero, quien no titubeó al calificar a la Ley Bonilla de inconstitucional, pero es indudable que los bajacalifornianos votaron el 1 de julio para un gobernador que ejerciera el cargo durante dos años, solo para que después los diputados locales modificaran la ley para beneficiar al ganador.
Si el gobernador electo insiste en mantener esta ley podrá gozar de tres años más de Gobierno, pero a un costo muy alto. Será un gobernante muy poderoso, sobre todo por el respaldo que ha recibido del presidente López Obrador, pero dividirá a la sociedad bajacaliforniana en lugar de unirla como debería hacer.
Sin rebote
“Estancamiento sin rebote a la vista”, advierte Citi, que calcula que la economía mexicana tuvo una contracción de 0.1 por ciento en el segundo trimestre de 2019 (de confirmarse, estaríamos en recesión técnica). Para todo 2019 prevé un crecimiento de solo 0.2, frente a 0.9 de la previsión anterior. ¿Alguien tendrá otros datos o habrá simplemente que exigir una disculpa a Citi?@#
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En puerta, otro golpe a la propiedad privada/Pablo Hiriart
Uso de Razón/
El Financiero...
Esta vez se trata del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, presentado por los alcaldes Layda Sansores y Víctor Hugo Romo, que establece la expropiación de los inmuebles donde se violen sellos de clausura en una obra, además de cárcel para el propietario.
El día 2 de este mes los alcaldes de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo presentaron al Congreso de la Ciudad de México el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que en su artículo 4 bis dice textualmente:
“La extinción de dominio procederá sobre bienes inmuebles en los que se cometa el delito de quebrantamiento de sellos, sin perjuicio de que solamente una parte del bien inmueble haya sido objeto de ampliación, modificación, construcción, demolición, explotación o uso. En el caso de quebrantamiento de sellos de anuncios, la extinción de dominio procederá sobre el inmueble en que se encuentre instalado o soportado el anuncio”.
El proyecto de Ley señala que el quebrantamiento de los sellos de clausura, además de la expropiación del inmueble, será tratado como un acto de delincuencia organizada y la pena será de entre seis y diez años de cárcel (El Financiero, 2 de julio).
De aprobarse esta iniciativa de los alcaldes de Morena, cualquier rotura del sello de clausura a una obra permitirá que el gobierno se quede con la propiedad.
En el fondo, por lo que dice el ordenamiento en trámite en el Congreso capitalino, de lo que se trata es de expropiar inmuebles con el pretexto de la rotura de un sello.
Van ejemplos: si usted es dueño de una panadería y está haciendo una mejora o ampliación, pero es clausurada por falta de algún papel, si la lluvia o un vecino maloso le desprende el sello, pierde la panadería.
e bien, en virtud de la Ley de Extinción de Dominio presentada por los alcaldes Sansores y Romo, pasará a ser propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.
O si es constructor de casas habitación, su competidor en esa rama le puede arrancar los sellos y así lo saca de la competencia: le quitan las casas y lo meten a la cárcel.
Ese destacado Procurador General de la República que fue Ignacio Morales Lechuga, ha vuelto a dar la voz de alerta sobre este caso como una violación al derecho a la propiedad privada.
Más que eso, según expuso ayer en su artículo “CDMX: otro intento de confiscación” (El Universal), el ex procurador explica que se viola la Constitución en sus artículos 1, 14, 16, 22, 73, entre otros.
De aprobarse esta ley –algo muy posible, pues Morena tiene mayoría en el Congreso capitalino–, los inspectores se convertirán en comisarios facultados para confiscar propiedad privada: su acta será suficiente para que un ciudadano sea despojado de su casa, su negocio o departamento.
Un error de la autoridad, un aguacero o una mala acción de un tercero, provocará que se ejecute el acto de confiscación.
Peor aún ahora que la construcción en la CDMX está completamente parada: ¿a cuánto va a subir el moche para que el inspector no señale a una casa o edificio como sitio donde se violaron los sellos?
La mayoría de los inspectores son honestos, lo sabemos, pero ¿y los otros?
Esta maniobra de corte estatista y confiscatoria que impulsan los alcaldes de Morena, es consistente con otros ordenamientos legales que ese partido ha emitido en contra de la propiedad privada.
La anterior embestida fue con ocasión de la Ley de Derechos Humanos en la CDMX, que prohibía los lanzamientos en la capital del país, aun cuando se comprobara que el inquilino se negaba reiteradamente a pagar la renta.
Tuvieron que echar abajo esa Ley, ante la presión pública que originó tal atentado a la propiedad privada.
Era, también, un incentivo a las invasiones, pues establecía que en el caso extremo de que un arrendatario tuviera que desalojar una vivienda (tras largos años de juicio), el gobierno se obligaba a proporcionarle otra, confortable y cerca del lugar donde se perpetró el abuso.
Como se ve, el aliento estatista y confiscatorio de Morena está muy presente en la capital del país.
La realidad es que hoy se tramita en el Congreso local una Ley que despojaría de sus bienes inmuebles a un ciudadano o a una empresa, por la voluntad de un inspector, un accidente, un error de la autoridad o el simple acto (ruptura de un sello) de un maloso o grupo de interés.
Por lo visto, en la Ciudad de México no se puede bajar la guardia ante la inercia confiscatoria de Morena.