Las columnas políticas hoy, martes 27 de mayo de 2025

La CNTE desairó a la Presidenta y eso no le gustó, confiesa.

La Presidenta Sheinbaum reveló en mañanera que los profes de la  CNTE decidieron no acudir a una cita que se acordó  para el pasado 8 de mayo, días antes de que estallara el paro. Contó que ella desde el primer momento tuvo la intención de reunirse con los maestros de la Coordinadora para lograr un acuerdo a sus exigencias.

"Por cierto, ayer no mencioné que en la última reunión que yo tuve con la CNTE les propuse que nos viéramos el 8 de mayo, y ellos ya no llegaron a esa cita.

"Entonces, sí es importante que se conozca. Fue mi propuesta, ellos querían que nos reuniéramos cuando tuvieron el primer paro de los tres días. Les dije no, pero con todo gusto los recibo el 8 de mayo. Y ya no llegaron a esa reunión", contó.

-¿Se confirmó en esa reunión? ¿Se confirmó por parte de los maestros esa reunión?

-Lo dijimos en la reunión que tuve con ellos que el 8 de mayo. Y ellos ya informaron que no iban a venir.

Mencionó que debido a este desaire por parte de la CNTE se decidió que la reunión del viernes pasado ya no se hiciera con ella y que mejor el diálogo fuera a partir de ahora con la Segob y la SEP.

"Entonces, ahora plantearon que era la (reunión) del viernes pasado pero, dadas las circunstancias, consideramos que era mejor que los recibieran el más alto nivel del Gobierno, que es la Secretaria de Gobernación y el Secretario de Educación Pública.

"Y ahora se les envió un oficio diciéndoles que está abierta la mesa particularmente para el día de mañana", señaló.

¡Por qué no fueron los profes a la reunión?..

"¿Se está considerando o se ha puesto en la mesa la opción de hacer descuentos a maestros que están faltando?", se le preguntó ..

"Depende de cada estado en general y cuál es la opción que sigan. En algunos estados sí y otros no. Ese es el mecanismo que se ha seguido. Sigue siendo al mismo día de hoy, alrededor del 9% de las escuelas de todo el país y hay algunas entidades en donde hay mayor movilización de las maestras y maestros", detalló.

Lo hará?—

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El periódico británico Financial Times, en donde se afirma que México vivirá un "experimento kafkiano" con la elección judicial.

La nota titulada "México emprende un experimento 'kafkiano'" retoma la opinión de críticos del proceso electoral, quienes consideran que la elección amenaza la independencia judicial, además de que echa por la borda 30 años de conocimiento y abre la puerta al crimen organizado.

A través de testimonios, el diario británico destacó que los inversionistas temen que una reforma radical imposibilite ganar cualquier caso contra el Gobierno.

Claudia Sheinbaum  respondió al diario británico, al decir..."Salió un artículo en uno de los periódicos de fuera de que era un experimento 'kaftkiano', es decisión del pueblo de México elegir", dijo.

Y aprovechó para decir que "En muchísimos estados se eligen a las cortes estatales, lo que representarían la salas superiores de los tribunales de justicia en los estados de la República.

Aseguró que lo que se decidió en México era que dada la historia del Poder Judicial en México, la mejor forma de "sanar" al Poder Judicial, era con la participación de la ciudadanía mediante el voto.

Pero no entró a fondo del tema crítico del FT…

Como sabemos Franz Kafka (1883-1924), fue un gran escritor, y su obra, una de las más influyentes de la literatura universal, es una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos y tiene como principales temas los conflictos paternofiliales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales.

Qué significa ser Kafkiano?, se refiere a situación absurda o carencia de lógica, que recuerda a la atmósfera de las novelas de Kafka; como son El proceso, El castillo y América, además La metamorfosis,...

 Una situación kafkiana es aquella en la que pasa algo ilógico, casi surreal, que debe tener un componente escalofriante…

Eso es lo que dijo el Financial y llegó para quedarse…; estamos ante una elección kafkiana..

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Arturo Ávila Anaya, diputado federal de Morena  fue señalado por la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por comprar una residencia valuada en 4.8 millones de dólares, en Rancho Santa ..

En un posteo en X  se autodefinió como un empresario exitoso, con propiedades que, según él, no habita sino que compra, remodela y vende "declaradas y públicas, Además, afirmó que "les está doliendo mucho" su trabajo como Vocero de su partido en la Cámara de Diputados y también se desempeña como coordinador de comunicación de su Grupo Parlamentario.

Un reportaje de Forbes México publicado el 22 de junio de 2023 expone, asimismo, que Ávila Anaya tiene alianzas internacionales, siendo socio del ucraniano Leonid Pashkevych, dueño de ND Group. La empresa ucraniana, afirmó el medio, tiene su sede principal en Kiev y cuenta con oficinas de representación comercial en México, Indonesia y Uzbekistán.

(El Universal..

Las columnas políticas hoy, martes 27 de mayo de 2025

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El morenista millonario

Bajo Reserva/El Universal..

Vaya que llamó la atención la noticia de que el diputado de Morena, Arturo Ávila, es el orgulloso propietario de una casa ubicada en una zona exclusiva de San Diego, Estados Unidos, cuyo costo comercial supera los 4 millones de dólares. Tras la revelación, el congresista salió a reconocer que la casa sí es de su propiedad, pero que la compró a una cuarta parte de su precio comercial, en unos 20 millones de pesos. Cuando se le cuestionó de dónde sacó 20 millones, don Arturo respondió: “¿Con qué? Pues con mis ahorros”. Una de las ventajas de la pobreza franciscana es que permite a quien la practica hacer sus ahorritos. ¿A cuánto ascenderá la fortuna de Ávila Anaya? ¿Y dónde quedó eso de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre?

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Las columnas políticas hoy, martes 27 de mayo de 2025

Estrictamente Personal

Qué pagaron los Weinberg a García Luna/Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal

El Financiero, 

En el gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Seguridad Pública le adjudicó 10 contratos de la Policía Federal y del sistema penitenciario a la empresa Nunvav Inc., SA, propiedad de Samuel Weinberg, su hijo Alexis, y el excapitán de la Fuerza Aérea israelí Natan Wancier Taub. Durante ese sexenio, afirmaron los tres, el exsecretario Genaro García Luna y el ex subsecretario Francisco Niembro “nos ayudaron a obtener contratos a cambio de remuneraciones económicas y otros beneficios a su favor de Nunvav”.

Así empiezan sus declaraciones ante los ministerios públicos que la Fiscalía General envió a Miami para que, a cambio de imputarlos, obtuvieran el criterio de oportunidad, donde pese a perder prácticamente todas sus propiedades y realizar pagos millonarios de reparación de daño, serán libres. Los tres aportaron información que le dio cuerpo y forma a las acusaciones que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2020 a los contratistas, García Luna y otras 57 personas. Y para apoyar sus dichos entregaron 10 contratos que les adjudicaron entre febrero de 2009 y julio de 2012.

En sus declaraciones, los Weinberg y Wancier Taub detallan los contratos que obtuvieron y los montos de cada uno de ellos. “A cambio de su ayuda para obtener contratos mientras estaban en sus respectivos cargos, entregamos a Genaro García Luna y a José Francisco Niembro González, así como sus familiares, dinero, bienes inmuebles, bienes personales y pagos a sus nombres, y otros favores como los trámites de migración para su residencia en Estados Unidos”, señalaron.

Desde el 18 de noviembre de 2011 hasta el 27 de noviembre de 2012, en vísperas de que García Luna dejara el cargo, le transfirieron por lo menos 662 mil dólares “para su beneficio en diversas formas”. De acuerdo con sus declaraciones, fueron realizadas a Restaurants and Beverage Operator Los Cedros LLC, que operaba como Oggi Café, en Miami, para apoyar un nuevo negocio de su esposa, Cristina Pereyra, y para ayudarles a obtener una visa de inmigración a Estados Unidos.

García Luna recibió una visa EB-1, la llamada “visa Einstein”, que se otorga en sólo un mes a personas “con habilidades extraordinarias”, y cuyos logros fueran ampliamente documentados. Su esposa recibió también una visa permanente y la ciudadanía, días antes de que detuvieran a García Luna en 2019, acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, por lo cual fue sentenciado y condenado a 38 años de cárcel.

El exsecretario fue condenado en Brooklyn a partir de testimonios de criminales del Cártel de Sinaloa, a quienes combatió y detuvo, sin que aportaran una sola prueba de sus dichos. Los testigos de la fiscalía estadounidense cometieron peculado y mintieron abiertamente, pero las irregularidades no fueron tomadas en cuenta por el juez. El caso de los Weinberg no está relacionado con el juicio que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York.

En sus declaraciones, los Weinberg y Wancier Taub dijeron que, como “contraprestación” por los contratos otorgados a Nunvav y sus empresas relacionadas con la Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) mientras él era secretario de Seguridad Pública, le pagaron a García Luna y a Niembro González, por cinco adjudicaciones con el OADPRS y cinco con la Policía Federal de febrero de 2009 hasta julio de 2012, casi 295 millones de dólares.

Sin embargo, fuera de la transferencia de 662 mil dólares a García Luna y a su esposa, ninguno de los tres testigos de la Fiscalía General ubicó los pagos a él mientras fue secretario de Estado. No fue así en el caso de Niembro, donde fueron más específicos sobre un pago directo por un servicio que les hizo cuando fue subsecretario, al ordenar un dictamen favorable para que les otorgara un contrato multianual de seguridad electrónica, informática y telecomunicaciones para la cárcel de Papantla, Veracruz, por 171 millones de dólares.

Como prestación de dicha instrucción, especificaron, el 15 de octubre de 2012 le regalaron una casa en el condado de Aventura, al norte de Miami, que costó casi dos millones de dólares, y que disfrazaron como préstamo entre el entonces subsecretario de Tecnología y responsable de Plataforma México –que corría sobre el sistema de telecomunicaciones de Telmex, cuyo director, Héctor Slim, lo había recomendado a García Luna– y Nunvav “para no tener problemas con las autoridades mexicanas”. Nunca se pagó el crédito, precisaron.

“Los pagos y bienes que recibieron en Estados Unidos García Luna y Niembro González sumaron aproximadamente 13 millones de dólares”, agregaron. Tras dejar sus respectivos cargos se incorporaron a trabajar con Nunvav Inc., SA en las oficinas en Leibnitz, Polanco”. En ese edificio, que habían comprado a la empresaria Julia Abdalá, pareja desde hace más de 20 años del político Manuel Bartlett, estaba International Consulting Intelligence and Techonology, la empresa cuya matriz tenían los Weinberg en Miami, y que era dirigida por José Antonio Polo Oteyza, que había sido coordinador de asesores de García Luna, que tampoco trabajó en esa empresa.

Los Weinberg y Wancier Taub, no obstante, precisaron varios pagos a García Luna. Los primeros se dieron a partir del 20 de marzo de 2014 hasta el 17 de septiembre de 2018, por tres millones 911 mil dólares a GL&Associates Consulting, la consultora que fundó tras dejar el gobierno. Los segundos, por un total de 5 millones 991 mil dólares, fueron pagados a otra de sus empresas, Delta Integrator LLC, de octubre de 2015 a noviembre de 2018.

García Luna y su esposa fueron encontrados culpables la semana pasada en una corte de Miami donde los denunció el gobierno de México por sus negocios con los Weinberg. El fallo fue porque no tuvieron un abogado que los defendiera. A diferencia de ellos que se han declarado inocentes, tres semanas antes, Niembro se declaró culpable de los delitos imputados. El caso contra ellos no ha terminado en México. Simultáneamente comenzarán otros, abiertos por los Weinberg y Wancier Taub con el criterio de oportunidad que tomaron, sin saberse hasta dónde llegará.

Mañana: Los 440 millones de dólares que recibieron los Weinberg del gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Bitácora del fraude electoral más grande del siglo/Carlos Loret de Mola

El Universal

Para los estándares del obradorismo, este domingo se cometerá el fraude electoral más grande del siglo. Hace muchos años no habíamos tenido enfrente una elección con tantas evidencias de fraude. Hace muchos años no se llevaban a cabo en México unas elecciones con tantas irregularidades:

La elección fue aprobada a partir de una ley en donde se usaron los instrumentos del Estado para juntar los votos necesarios en el Congreso: se les asignaron más legisladores que votos, se corrompió a un integrante de la oposición (intercambiando su voto por desaparecer las órdenes de aprehensión en su contra) y se desapareció a otro. Se hizo una reforma del Estado sin el menor consenso de la oposición (hasta Zedillo cuando cambió la Suprema Corte hace 30 años, tuvo respaldo opositor). Se aprobó una reforma constitucional para decir que el ciudadano no puede presentar ninguna defensa legal frente a una decisión aprobada por la mayoría legislativa.

Se engañó al pueblo diciendo que serían los ciudadanos quienes escogerían a sus jueces, pero los encargados de definir quiénes podían ser candidatos fueron comités integrados en su mayoría por personas cercanas al gobierno. En el registro de candidatos hubo un mosaico de irregularidades: nombres repetidos, nombres incompletos, datos personales incompletos, personas que no cumplían los requisitos, pero fueron avaladas, personajes que se quejan que fueron bloqueados a pesar de cumplir con los requisitos, el proceso de tómbola para seleccionarlos falló, no se entregaron a tiempo las listas de candidatos. Esto tuvo como resultado que la inmensa mayoría de los candidatos son afines al gobierno. El gobierno y su partido han hecho descaradamente campaña a favor de ellos, usando recursos públicos. Se descubrió que hay candidatos vinculados a los cárteles de la droga, y aun así competirán este domingo.

Se instalarán menos de la mitad de las casillas que habitualmente se instalan. Por como las distribuyeron, el voto no valdrá lo mismo en todos lados. Estamos a cinco días de las elecciones y la mitad de la gente no sabe cuándo son. Y quienes sí saben cuándo es, no saben cómo votar ante lo complejo de la boleta. Los candidatos no tuvieron presupuesto ni tiempo para presentarse ante el electorado. La inmensa mayoría de los electores no pueden decir siquiera los nombres de 3 de los 5,379 candidatos. Se espera una participación de entre el 10 y el 20% del padrón electoral, lo cual es apenas una tercera parte de quienes participan en una elección presidencial. Para inflar la cifra de participación, se ha documentado que gobernadores afines al régimen están preparando una gigantesca operación para acarrear gente a votar el domingo. También se ha documentado que funcionarios públicos y operadores de Morena están repartiendo “acordeones” para inducir el voto de la gente a favor de los candidatos del oficialismo.

Se registró un número desproporcionado de “observadores electorales”. Con el paso de los días, el INE descubrió que los partidos estaban disfrazando de “observadores electorales” a operadores políticos: 25 mil fueron descalificados porque eran militantes de la coalición gobernante. En contra de la práctica reinante en los últimos 30 años, las boletas sobrantes no se van a invalidar, no serán los ciudadanos funcionarios de casillas quienes cuenten ahí los votos, no se exhibirá afuera de cada casilla el resultado de la elección en ese lugar, ni habrán PREP y conteo rápido para adelantar ganador, por lo que el INE no dará a conocer resultados esa misma noche. Hay 437 candidatos que “competirán” en las elecciones de este domingo pero que por razones matemáticas y de género, en realidad no están compitiendo: 133 ya ganaron pase lo que pase y 201 ya perdieron pase lo que pase.

El resultado ya lo sabemos: va a ganar el gobierno, como en las elecciones de Maduro en Venezuela, o las de Cuba, o las de Nicaragua. Este domingo, la inmensa mayoría de los ganadores serán afines al gobierno y el gobierno controlará el Poder Judicial. El clímax de la ilegitimidad es que un amplio sector de la sociedad y la oposición partidista han anunciado que boicotearán la elección y no participarán.

No tienen escapatoria: el movimiento político que se presentó como la más grande víctima de los fraudes electorales hoy está cometiendo el fraude electoral más grande del siglo.

Peor aún: el movimiento político que se construyó a partir del rechazo a la dictadura de partido único consolidará este domingo su conversión en una dictadura de un solo partido.

historiasreportero@gmail.com

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Se necesitan operadores políticos

Pensándolo bien/Jorge Zepeda Patterson

Milenio, 

Si fuera un local comercial, el gobierno de la 4T tendría un letrero en sus vitrinas que diría: “Se necesitan operadores políticos”. Y no porque el negocio haya nacido trunco, sino porque los desafíos se han multiplicado.

El diseño original del gabinete de Claudia Sheinbaum deposita esencialmente en la propia Presidenta las tareas fundamentales de la operación política, la relación con los poderes formales y los fácticos (gobernadores, dueños del dinero, sindicatos, generales, etc.). La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, asumió un papel más de “cerradora” de negociaciones que de estratega, una oficina para concretar los acuerdos definidos por la mandataria. En ese sentido, se desechó el diseño al que se había recurrido durante la campaña, durante la cual Juan Ramón de la Fuente funcionó como una especie de segundo al mando del equipo. Para el inicio de su gobierno, Claudia Sheinbaum prefirió concentrar todas las tareas de representación, vocería y estrategia, prácticamente sin intermediaciones.

Tal esquema de centralización no carece de lógica. Ella necesitaba una inmersión absoluta en los diversos frentes y responsabilidades políticas que conlleva la presidencia. Para delegar tareas inteligentemente, primero se necesita conocerlas en profundidad. La formación científica y la personalidad metódica de Sheinbaum la han convertido en una excelente administradora. Aunque no procede de las ciencias económicas, es evidente que maneja con soltura el mundo de las finanzas públicas. Por lo demás, el grueso de su equipo de confianza se ha concentrado en estas áreas.

Esto no significa que sea neófita en materia política. Nació en un hogar politizado, fue activista en la universidad y militante toda su vida. Los retos como delegada en Tlalpan o jefa de Gobierno de la capital entrañan una carga política evidente. Es errónea la visión de quienes atribuyen ingenuidad política a Sheinbaum simplemente por venir del terreno científico o técnico; posee la sensibilidad política de una veterana.

Sin embargo, necesitaba de esa inmersión en la política nacional y un contacto directo con los poderes reales durante los primeros meses de su presidencia. Primero, porque sus responsabilidades como alcaldesa de la capital la mantenían ajena a buena parte de la dinámica nacional, particularmente en otras regiones. Tenía que conocer de viva voz las tensiones y la correlación de fuerzas de cada lugar. Segundo, porque necesitaba establecer su liderazgo sobre el mosaico en el que se fragmenta el poder a lo largo de la geografía nacional. Era necesario construir una relación fluida con cada gobernador, con los empresarios, con líderes sindicales y con los hombres y mujeres fuertes de cada región. Pero, sobre todo, tenía que asegurar, en el terreno, su preeminencia como piloto de la nave en la que viajamos todos.

Había razones para centralizar el ejercicio político del gobierno en su persona durante los primeros meses. Sin embargo, creo que es momento de revisar esta premisa, al menos parcialmente. Los frentes abiertos se han multiplicado, entre otras razones, por un contexto económico y político cargado de nubarrones. Con pocos recursos para tantas expectativas, se exigirá un enorme esfuerzo para gestionar, resolver, neutralizar o postergar demandas con los más variados actores sociales, económicos y políticos. Hay un límite a las capacidades de la presidenta, o de cualquier persona, para desdoblarse. En algún momento, el “costo de oportunidad” (estar en un lugar y no en otro) comienza a pasar factura.

Incluso López Obrador lo entendió así en la segunda mitad de su mandato, cuando nombró a Adán Augusto López como secretario de Gobernación, luego de las elecciones intermedias en las que hubo derrotas inesperadas. Como se recordará, durante el primer trienio, esta oficina tuvo un papel más cercano a una vicepresidencia de relaciones públicas, en manos de Olga Sánchez Cordero. Por el contrario, Adán Augusto asumió otras atribuciones para aliviar la carga del presidente, particularmente en la relación con gobernadores y otros actores de poder.

El problema para Claudia Sheinbaum es que encontrar operadores políticos resulta más fácil decirlo que conseguirlo. Como en el fútbol, una estrategia de juego solo tiene sentido si se encuentran los jugadores con las habilidades necesarias para llevarla a cabo. De lo contrario, se convierte en una pésima idea. Lo que menos se necesita son alfiles como los actuales coordinadores en las cámaras (el propio Adán Augusto y Ricardo Monreal), dados a prácticas viciosas de la vieja política, caudillos ensimismados en sus propios intereses.

Claudia carece en el terreno político de una pieza similar a lo que Omar García Harfuch representa en el área de la seguridad pública: un conocedor profundo de la materia, con amplio reconocimiento entre la comunidad, eficaz y absolutamente leal a la Presidenta. Los cuadros más experimentados del gabinete o de sus equipos ampliados, como Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Mario Delgado, Javier Corral, Martí Batres o Cuauhtémoc Cárdenas, por mencionar algunos, en principio no parecen ser ideales para ocupar el papel de operador político central, aunque algunos de ellos no son descartables. No es fácil porque proceden de otra fracción del movimiento, han sido rivales de la presidenta o porque serían recibidos con desconfianza por sectores clave del obradorismo.

Encontrar a la persona adecuada no es fácil, pero tampoco imposible. El caso de la joven empresaria Altagracia Gómez, que no estaba “en el radar” de la escena pública hasta hace poco y que hoy coordina aspectos fundamentales de la relación con la iniciativa privada, muestra una posible vía. Es decir, la búsqueda de un cuadro fresco. Otra opción podría ser un gobernador o ex gobernador con quien la presidenta se sienta cómoda.

Los atributos de la persona elegida son importantes, pero la confianza que la Presidenta le otorgue a ojos del resto de los actores es aún más crucial. El éxito o el fracaso de un operador para descargar al soberano de una parte de sus tareas depende de la certeza que tengan los demás en la confianza de los acuerdos alcanzados. La CNTE exige sentarse con la Presidenta para llegar a una negociación porque asume que la Secretaría de Gobernación no tiene capacidad para resolver sus problemas. El peso que adquirió Adán Augusto López no residió en sus capacidades personales, bastante limitadas por lo demás, sino en la percepción de los gobernadores de que todo lo conversado con él sería reconocido por la presidencia.

En suma, definir criterios, dar seguimiento, corregir errores, responder a ataques y ofrecer explicaciones en tantas pistas simultáneas supone un desgaste físico, pero sobre todo político. Esta es la razón de fondo. Al ser la responsable directa de toda acción y de toda respuesta, la presidenta se niega a sí misma el útil recurso de tener un fusible para quemar en caso de un error mayúsculo o de la necesidad de un giro repentino. Para eso también sirven los operadores políticos. Asumir ella misma la defensa de su gobierno en cada situación polémica entraña un enorme riesgo, más allá de la habilidad de Sheinbaum para salir al paso en cada mañanera. Sin embargo, el desgaste será inevitable.

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Los votos (y desplantes) de Armenta para la elección judicial/Mario Maldonado

 EL UNIVERSAL | 27/05/2025 |

A menos de una semana de la primera elección judicial, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se encuentra en una encrucijada: tiene en su estado una de las estructuras de votación más grandes de Morena, con casi un millón de sufragios, y deberá decidir si inclina la balanza hacia los candidatos que le mandaron desde Palacio Nacional o hacia los que le indican en el Senado de la República.

Para nadie es un secreto que el exsenador llegó a su actual posición con el apoyo de Adán Augusto López, quien para tener influencia en esa entidad se alió con el ahora diputado Ricardo Monreal. La apuesta primaria del tabasqueño por esa gubernatura era el también senador Ignacio Mier, pero tuvo que ceder el espacio porque no logró reunir los apoyos suficientes para impulsarlo.

Una vez alineado con la candidatura de Armenta, le mandó a su operador financiero Fernando Padilla, el mismo que ha recibido contratos por casi 2 mil millones de pesos en los estados en los que Adán Augusto tiene influencia, y aquel que en los últimos meses ha sido señalado de financiar las campañas de posicionamiento en Chihuahua de la senadora Andrea Chávez, con miras a convertirla en gobernadora en ese estado.

Abundan evidencias en Puebla que confirman que Padilla Farfán financió una buena parte de la campaña del actual mandatario; existen fotografías que muestran que las empresas y flotillas de este personaje distribuyeron material de propaganda durante la campaña y habrían participado en labores de “acarreo” el día de la votación.

El punto es que el agradecimiento o la dependencia que el gobernador de Puebla tiene con respecto al actual coordinador de los senadores de Morena es muy marcada, por lo que no puede comprometer el voto de su estructura a la lista que hace un par de semanas le revelé en este espacio, y que está palomeada, según diversas fuentes, por la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

De entrada, el grupo de Adán Augusto López –nada cercano al de la Presidenta– no está convencido de entregar sus votos a la llamada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, mucho menos para que obtenga una preferencia que le permita presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en el periodo inmediato o en años subsecuentes. En el Congreso de la Unión ven con mejores ojos a la ministra Yasmin Esquivel, por su perfil menos radical.

Alejandro Armenta, dicen sus cercanos, fue uno de los gobernadores que aseguró que buscaría una audiencia con la presidenta Sheinbaum para cuestionar la famosa lista de candidatos para la elección judicial, pero no se atrevió a tocar el tema en su reciente visita a Palacio Nacional, a donde fue a reportar los resultados del programa IMSS Bienestar.

Puebla tiene entonces unos 925 mil votos que se pueden dirigir hacia determinados candidatos. Sólo superan a esta entidad la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas y Veracruz.

El problema es que Alejandro Armenta tampoco tiene el control total de esa estructura, por una pugna interna que prevalece entre su secretario de Gobierno, Samuel Aguilar Pala, y su jefe de Gabinete, José Luis García Parra, conocido como “El Choco”, quien arrastra sus propios escándalos por la estridencia con la que se maneja y los cuestionamiento sobre el origen de los recursos con los que presume autos valuados en más de tres millones de pesos y viajes en aviones privados. Debe ser por esa razón que el mandatario está tan enojado y desquita su frustración con empresarios y periodistas, a los que encara en público y luego regresa a decirles “que Dios te bendiga”.

Posdata 1 

Este lunes compareció el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en la Cámara de Diputados. El llamado “hombre fuerte” del Gabinete presidencial tocó prácticamente todos los temas relevantes relacionados con la estrategia de seguridad, que lleva en coordinación con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina.  

Algunos de los puntos más importantes que se trataron, a puerta cerrada, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo Monreal fueron las reformas en materia de seguridad que están pendientes de aprobarse, por ejemplo, las que incluyen la obtención de datos biométricos de los ciudadanos y la creación de un padrón de telefonía para interceptar llamadas vinculadas a crímenes, previa aprobación de un juez.

Para poder aprobarlas en el próximo periodo extraordinario, los diputados y diputadas de oposición solicitaron a García Harfuch la instalación de mesas de trabajo. También pidieron seguir apoyando a estados como Guanajuato, donde pese a que los índices de violencia y asesinatos siguen siendo de los más altos del país, se han logrado estabilizar. Se dijo en la reunión que en las entidades donde mayores avances hay en materia de seguridad es donde los gobernadores o gobernadoras están participando activamente. 

También está firme la propuesta de la dependencia que encabeza García Harfuch de contar con unos 2 mil 350 policías de investigación para combatir al crimen organizado, así como la estrategia de fortalecer las policías estatales.  

Posdata 2

En Guerrero las cosas se están moviendo muy rápido, aunque faltan todavía bastantes meses para la elección del 2027. Ya se registró, por ejemplo, lo que se considera una “intromisión” del diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, en la política interna de la entidad que gobierna Evelyn Salgado. 

Resulta que el vicecoordinador de los diputados federales en San Lázaro, quien asegura ser un operador directo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, impulsó la incorporación del expriista y excandidato a la gubernatura en las pasadas elecciones, Mario Moreno, a las filas de Morena, con el objetivo de que sea el próximo candidato y gobernador en Guerrero.

Así como suena de fuerte la afrenta contra Félix Salgado y su hija, la actual gobernadora Evelyn Salgado: Alfonso Ramírez Cuéllar incorporó a Morena al que fue el contendiente de Morena en la pasada elección para la gubernatura, lo que ha ocasionado fuertes reacciones en el estado que ya llegaron también al Senado de la República, donde Rubén Cayetano García, fundador de Morena en Guerrero y actual asesor de Gerardo Fernández Noroña en la Cámara Alta, lanzó una dura crítica a Ramírez Cuéllar, acusándolo de traicionar al movimiento al abrirle la puerta a un personaje del viejo régimen. 

El senador publicó en sus redes sociales: "¡Váyase al carajo!", porque ahora va a Guerrero a presumir junto con la experredista Beatriz Mojica a políticos del viejo régimen "introduciéndonos al movimiento como si las mujeres y hombres libres guerrerenses, dirigentes y consecuentes con el movimiento de transformación nacional, estuviéramos aquí pintados”.

Se avecina un conflicto de pronóstico reservado.

Posdata 3

Y siguiendo con los conflictos electorales que están por venir, ayer dimos cuenta del pleito que se inició entre la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, quien llamó a no votar por Morena en las próximas elecciones. 

El pleito no solo está en Querétaro, sino en las otras dos entidades gobernadas por panistas y que van a ir a elecciones en el 2027; es el caso de Chihuahua, donde gobierna Maru Campos, y Aguascalientes, gobernada por Tere Jiménez. En el estado norteño, la batalla será contra Ariadna Montiel o Andrea Chávez, en caso de ser mujer, o Cruz Pérez Cuéllar, el actual alcalde morenista de Ciudad Juárez, si es hombre. En el caso de la entidad del Bajío, prácticamente solo un morenista se enfila para competirle al delfín de la gobernadora: el diputado Arturo Ávila. 

En este contexto, Ávila asegura que la publicación de este lunes sobre una propiedad suya en Estados Unidos valuada en casi 5 millones de dólares tiene que ver con la popularidad que ha ganado en el estado. Hace apenas unos días fue el propio coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien destapó a Arturo Ávila como próximo candidato de Morena en Aguascalientes. 

Sea como sea, las propiedades de morenistas en Estados Unidos, hayan sido o no reportadas en sus declaraciones patrimoniales –como sí fue el caso de Arturo Ávila–, y aunque provengan de su pasado como empresarios, están generando escándalo en el movimiento. ¿Cuántos políticos más de Morena, el PT y el Verde poseen casas o activos en el país que gobierna Donald Trump, a pesar de que pregonan que son como el “pueblo” y, como dijo en un mitin reciente la gobernadora sin visa de Baja California, Marina del Pilar Ávila, “prefieran los tacos a las hamburguesas”?

@MarioMal

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Hildebrando Zavala, con contratos en aduanas/Salvador García Soto

El Universal, 

Dentro de la “Operación Limpieza”, que se lleva a cabo en la Agencia Nacional de Aduanas de México, se han comenzado a revisar diversos contratos millonarios que fueron otorgados por la anterior administración, a cargo del general George Foullon Van Lissum, a través de los cuales se pagaron grandes cantidades de recursos públicos a empresas de tecnología para la realización de actividades de seguridad y mantenimiento cibernético, aunque en algunos casos no se justificaban del todo esos pagos a contratistas por tratarse de actividades que podía cubrir la propia ANAM con sus técnicos informáticos.

En la revisión de algunos de esos contratos “inflados”, por ejemplo, la administración actual a cargo de Rafael Marín Mollinedo, encontró uno por hasta 567 millones 948 mil 571 pesos, otorgado a una empresa de nombre Creatif Atelier S.A. de C.V., para dar “continuidad operativa al servicio del Centro de Datos 2 (COSD2) del sistema aduanero nacional, con vigencia del 10 de junio de 2024 al 9 de junio del 2026. En el objeto del contrato se especifica que se busca dar “continuidad al servicio del centro de datos y mantenimiento del Plan de Recuperación de Desastres con el que cuenta la ANAM, a fin de contar con mecanismos de mitigación de riesgos, agilidad de respuesta en caso de requerir la movilidad del equipo de recuperación de desastres”.

El problema es que cuando se revisa el giro principal y la especialidad de la empresa contratada para tan delicada labor y a la que se le pagó más de 500 millones de pesos, Creatif Atelier en realidad es una compañía dedicada a la producción audiovisual, montajes creativos de stands y exposiciones y hasta la organización de bodas y otros eventos sociales. Y aunque sí aparece en su página de internet un área de “Ciberseguridad” en el que ofrecen el servicio de “mitigación de riesgos”, no parece ser la actividad original ni principal de la compañía.

Y es que exfuncionarios de la ANAM aseguran que en realidad Creatif Atelier fue utilizada como fachada por Cybolt Managed Services, S.A. de C. V. firma vinculada a Diego Hildebrando Zavala, hermano de la diputada Margarita Zavala, y cuñado del expresidente Felipe Calderón, quien es reconocido por sus empresas de tecnología de la información y ciberseguridad, y que fue señalado por Andrés Manuel López Obrador desde el debate presidencial de la campaña de 2006, por haber sido beneficiado por el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, por haber obtenido contratos del gobierno y no haber pagado impuestos.

Y aunque Calderón negó tajantemente en ese mismo debate que su cuñado hubiera sido beneficiado por él con contratos en la Secretaría de Energía y aseguró que “bajo mi mandato en Energía ni un solo contrato fue otorgado discrecional o en los términos de la propia reglamentación, a algún pariente mío… de tal manera que miente usted y miente también en el ingreso, 2,500 millones de pesos, hágasela buena”; en aquel mismo año, un día después del debate, en la sede nacional del PRD fue precisamente Claudia Sheinbaum Pardo, entonces colaboradora de la campaña de AMLO, quien presentó documentos que dijo haber recibido de forma “anónima” que sugerían el otorgamiento de hasta 20 contratos del gobierno federal, 11 de ellos en el sector energético, mientras sus ventas subieron de 23 mdp en 1996 a 443 mdp en 2006.

Una investigación periodística de El CEO que dirige el periodista Mario Maldonado, documentó el otorgamiento de dicho contrato, de cuya ficha técnica tiene copia esta columna, a la empresa de comunicación Creatif Atelier dirigida por Pamela Jennifer Castañeda y Adrián Amador Alcázar, amigos cercanos de Diana Foullon, hija del general Foullon. Diana Foullon seguía en redes sociales a Pamela Castañeda; sin embargo, tras la publicación de la investigación, su perfil fue eliminado y el de Pamela se volvió privado. Este vínculo refuerza los señalamientos sobre el riesgo que implica para la operación aduanal —incluyendo el combate al huachicol fiscal— la entrega de un contrato de esta magnitud a una empresa sin experiencia anterior en tecnología ni ciberseguridad.

Según fuentes del sector aduanero, Creatif Atelier es utilizada como estructura fantasma para que Cybolt —empresa encabezada por Diego H. Zavala desde junio de 2024— pueda acceder a contratos con el Gobierno Federal. En su portal oficial, Cybolt se presenta como una firma formada por la integración de compañías mexicanas y estadounidenses especializadas en ciberseguridad.

Durante años, Cybolt buscó consolidarse como empresa estadounidense. Los contratos obtenidos en administraciones anteriores a la 4T permitieron que la compañía enviara documentos ante la SEC con la intención de cotizar en bolsa. En esos registros aparece como socio Diego Zavala. Sin embargo, con el avance de la 4T, su nombre desapareció temporalmente, para volver a figurar públicamente tras la elección de Claudia Sheinbaum, ahora como Director General y obteniendo contratos por medio de firmas fachada como Creatif Atelier.

La contratación que se formalizó en junio de 2024 sigue vigente y concluye hasta diciembre de 2026, aunque la actual administración de la ANAM analiza y revisa la vigencia de ese y otros contratos similares en materia de protección y resguardo de datos, a partir de la nueva política que ha establecido la Agencia de Transformación Digital que encabeza José Antonio Merino, y que establece como prioridad, para todas las dependencias federales, que los servicios críticos de datos del gobierno federal se resguarden en infraestructura gubernamental, como parte de lo que denominan la “estrategia de soberanía digital”.

Apenas el pasado 19 de febrero, en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum recordó aquella conferencia de prensa que dio en el PRD en el 2006, cuando exhibió los contratos de Hildebrando Zavala y volvió a referirse al empresario como parte de la corrupción en el sexenio del presidente Felipe Calderón, a quien le reprochó en esa misma conferencia su “intensa actividad pública” y que no hablara para nada de la sentencia a Genaro García Luna en Estados Unidos, todo luego de que Calderón le concediera una entrevista al conductor de televisión, Yordi Rosado.

¿Será que a Hildebrando le cancelan el contrato con la ANAM que según los funcionarios de Aduana obtuvo a través de sus empresas fachada?

NOTAS INDISCRETAS… Un paquete de 20 cambios de embajadores y cónsules generales en el mundo, es el que tienen ya listo en Palacio Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores para ser sometido al Senado de la República, que tiene que autorizar a los nuevos embajadores. Y entre los nombramientos que ya autorizó la presidenta Sheinbaum hay sorpresas, como la designación del académico y conductor de televisión, afín a la 4T, Genaro Lozano, quien se va como embajador a Italia en sustitución del diplomático de carrera, Carlos García de Alba. El intelectual orgánico de la 4T, Lozano, también será el embajador concurrente en Albania, Malta y San Marino. Otros nombramientos que vienen en esa lista son el de un militar, el general Luis Rodríguez Bucio, exdirector de la Guardia Nacional y quien será designado cónsul en Dallas Fort Worth, en Texas; el del exgobernador priista de Tlaxcala, Marco Mena, quien entregó el poder a Morena en los comicios de 2021; y destaca también la llegada de Marcos Bucio, exsecretario general del IMSS y con experiencia en temas internacionales, como nuevo cónsul de Nueva York, cargo que se encuentra acéfalo desde que en octubre de 2024 el diplomático Jorge Islas renunció para sumarse a la Coordinación General de Consulados de la SRE, aunque también terminó por declinar a ese nombramiento que le había ofrecido el canciller Juan Ramón de la Fuente, en medio de acusaciones y denuncias de acoso sexual por parte del personal del consulado, aunque él siempre negó la veracidad de esas denuncias. Será interesante la llegada de Bucio a Nueva York, un exfuncionario experimentado desde su época como priista, justo en momentos en que se llevan a cabo las investigaciones por el accidente trágico del Buque Escuela Cuauhtémoc, que chocara en el Puente de Brooklyn causando la muerte de dos cadetes y dejando varios más heridos… En medio de las denuncias de organizaciones civiles ante el INE por la existencia de “candidatos con antecedentes peligrosos”, surge el caso de Juan Ramón Rodríguez Minaya, candidato a Magistrado Federal en materia Penal y Administrativa por el circuito 14 de Yucatán, donde actualmente está en funciones en ese mismo cargo para el que quiere reelegirse. El problema es que, desde Mérida, nos llega información de varios casos y fallos “controvertidos y cuestionables” por decir lo menos, del actual candidato durante su desempeño como Magistrado Federal. En 2014, por ejemplo, en una denuncia por despojo en Tulum vinculada con el caso Casique Fernández, Rodríguez Minaya autorizó el despojo de predios en Punta Piedra, Tulum, a favor de individuos previamente acusados de fraude. En diciembre del mismo año, declaró culpable a Héctor Casique Fernández por homicidio, a pesar de evidencias de tortura que motivaron su confesión forzada. El caso generó críticas nacionales e internacionales por violaciones a derechos humanos. Para 2015, el magistrado y hoy candidato emitió un fallo que prohibía discriminar a estudiantes en escuelas privadas por falta de pago, considerando esa práctica violatoria de derechos humanos. Aunque progresista en términos de derechos, fue un caso mediático que dividió opiniones. Luego, en 2016 junto con otros magistrados de su Tribunal, frenó temporalmente la devastación del manglar Tajamar en Cancún, y aunque la decisión fue bien recibida en principio por ambientalistas, el caso reveló tensiones internas en el Poder Judicial sobre temas ecológicos. Pero entre 2017 y 2018 el nombre de Rodríguez Minaya volvió a ser noticia porque concedió, junto con otros magistrados un amparo al exgobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge, acusado de un desfalco de más 3 mil mdp durante su mandato, a quien le fijó una fianza de 85 millones de pesos que permitió al exgobernador evitar tres órdenes de aprehensión. La decisión fue ampliamente criticada por su permisividad frente a la corrupción. Y más recientemente en 2024, el actual candidato a Magistrado Federal se opuso a la destitución del Fiscal General de Yucatán, Juan Manuel León León, a pesar de que se documentó el incumplimiento de una orden judicial de restitución de hoteles a su legítimo dueño. Su voto fue parte de una postura que fue duramente criticada por solapar posibles abusos de poder. Por todo ello el nombre de Juan Ramón Rodríguez Minaya aparece en las listas de las “figuras polémicas y controversiales” que buscan colarse al nuevo poder judicial, pues se le cuestiona el poder y las redes de influencia que aparecen en sus fallos y que ya en 2024 le fueron señalados cuando apareció mencionado como posible aspirante al ya casi extinto Consejo de la Judicatura federal. ¿Cuántos de esos perfiles pasarán finalmente en las boletas electorales de este 1 de junio?... Y hablando de justicia y de fallas en el Poder Judicial, en Monterrey, el juez Primero de Juicio Civil Oral, Erick Alejandro Arenas Guzmán, está siendo denunciado por su cuestionada actuación en el caso de la demanda de la joven Karla Castro, quien el 13 de junio de 2017 sufrió un terrible accidente en una planta industrial de la empresa Ternium, dirigida por Máximo Bedolla y Siemens de Alejandro Preinfalk, quienes fueron denunciados desde aquel año por la ingeniera Castro por “evasión de su responsabilidad y actuación negligente en el accidente de trabajo que hirió gravemente a la demandante". Resulta que los abogados de Karla han solicitado la inhabilitación del juez Arenas Guzmán, quien una vez más atrasó por un mes la audiencia preliminar que debió realizarse el pasado viernes, bajo el pretexto de que no conoce el caso a fondo a pesar de que lleva ocho años demorando el juicio contra las empresas Ternium y Siemens. Las maniobras dilatorias que el juez Arenas, de acuerdo con los abogados de la demandante, tienen que ver con que está en contubernio con los patrones acusados, y van desde la desestimación de caso para alargarlo en las apelaciones y amparos hasta hacer perdediza una notificación determinante en la paquetería de DHL. Karla Castro sufrió un accidente en la planta siderúrgica de Monterrey, debido a la ausencia de las medidas más básicas de seguridad industrial. Resbaló con bolas de polvo de hierro de reducción directa a muy alta temperatura, esparcidas en el piso, en donde no había señalamientos de precaución, ni equipos de primeros auxilios en 400 metros, ni un barandal de seguridad, lo que fue documentado por una inspección posterior de la Secretaría del Trabajo, aunque Ternium y Siemens hicieron todo a su alcance para evitarlo. A pesar de que Karla tenía puesto todo su equipo de seguridad en el momento del accidente, sus botas se fundieron con su piel, ocasionándole quemaduras y lesiones que la mantuvieron ocho meses hospitalizada y requirieron 10 cirugías. Atención de alta especialidad de la que sus patrones no se hicieron cargo. Únicamente le ofrecieron las primeras asistencias en una raquítica instalación médica propia, sin el equipo ni personal especializados para los riesgos industriales de una siderúrgica, pero que mantienen para evadir el pago de la seguridad social. La negligencia en este caso por parte de Ternium y Siemens fue tal, que ni siquiera llamaron al Ministerio Público como debe hacerse en cuanto sucede un incidente como este, dado que es el responsable de la realización de los peritajes necesarios. Aunque Karla Castro y sus abogados han registrado con evidencias claras todo el caso, la actuación del juez Éric Alejandro Arenas Guzmán es una muestra clara de la corrupción en que puede incurrir un juzgador al volverse cómplice de la parte acusada para negar la justicia a una víctima y de la necesidad de los mecanismos necesarios para preservar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial que garanticen procesos realmente prontos y expeditos. Todo esto ocurre justo en la víspera de una elección judicial cuestionada y en la que se apuesta por un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que se encargaría de revisar la ética y el profesionalismo en el trabajo de los jueces y magistrados. Está claro que si al juez regio lo revisaran en esa materia saldría totalmente reprobado… Y hablando de la elección judicial, nos hacen notar que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la CDMX coincidió con Yasmín Esquivel que presidía el Tribunal de Justicia Administrativa de la capital. La relación entre las dos funcionarias, dicen, era buena e institucional. Ahora que una es presidenta y la otra la candidata mejor posicionada, según encuestas, a la Presidencia de la Suprema Corte, veremos si esa relación continúa en los mismos términos. Sobre todo porque el antecedente directo de la relación entre la doctora y la actual presidenta de la Corte, Norma Piña, nomás nunca existió y la juzgadora fue siempre percibida y tratada como “enemiga ideológica” por la mandataria nacional. ¿Será que se vuelven a repetir esas coincidencia y que, por segunda vez en la historia de la República sean dos mujeres las que encabecen los poderes Ejecutivo y Judicial? De suceder, al menos, parece que ahora sí habrá una mejor relación entre la presidenta de la Corte y la de la República… Los dados mandaron Serpiente Doble. Caída Libre.

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