¿Venganza política o el gran cártel del combustible?
Por Fred Alvarez Palafox @fredalvarez
En las últimas horas hemos sido testigos de un choque de trenes narrativo, de esos que sacuden las estructuras del poder. De un lado, un peso pesado del derecho penal, Fernando Gómez Mont; del otro, la Fiscalía General de la República (FGR), que ha decidido responder con un nivel de detalle poco habitual. En el centro del cuadrilátero: el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, hoy recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Gómez Mont fue contundente en los micrófonos de Ciro Gómez Leyva: encerrar a Ruffo en una fortaleza de máxima seguridad por un presunto delito patrimonial no es justicia, es usar el peso del Estado como guillotina. Además de acusar un uso excesivo de la fuerza contra una persona de 76 años, el abogado denuncia una lectura “frívola, torpe y morbosa” del caso; y remata advirtiendo que, en lo que ha revisado del expediente, no existe una sola prueba sólida contra su cliente.
Y aquí entra mi lectura: lFernando lanza un dardo directo a la fiscal Godoy. Porque una cosa es el espectáculo mediático frente a los micrófonos, donde se presumen pruebas contundentes, y otra muy distinta es asomarse a un expediente hueco, vacío de elementos directos que sostengan la acusación
Gómez Mont sabe perfectamente de lo que habla.
El contraataque de la FGR
Pero la moneda tiene otra cara. La FGR emitió el inusual comunicado 482/26 para pintar una raya: aquí no hay mártires, ideales, ni cacería de brujas. A Ruffo —cuyo nombre se omite en el documento oficial para cuidar el debido proceso— se le acusa de algo muy terrenal: delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La Fiscalía no responde con retórica, sino que afirma tener 96 datos de prueba sobre la mesa. Dictámenes químicos, mecánicos y de criminalística que apuntan directamente a una empresa: Ingemar S.A. de C.V. Según la investigación oficial, Ruffo no era un simple espectador; inyectó capital en 2018, apenas dos meses después de su creación, y para 2021 ya operaba como Secretario del Consejo de Administración, tomando las decisiones estratégicas.
Y los números que presenta la Fiscalía son brutales. Hablan de una sofisticada red logística donde los ferrotanques declaraban apenas el 10 por ciento de su carga real. El daño documentado, hasta ahora, por 170 ferrotanques es de 100 millones de pesos, pero la Fiscalía advierte que investigan más de 4 mil operaciones irregulares. De comprobarse, el daño patrimonial a la nación podría dispararse a los 4 mil millones de pesos.
¿Y por qué enviarlo al Altiplano?
La FGR evita responder el porqué de ese penal en específico y se limita a escudarse en la Constitución: el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa y, por tanto, "no pueden seguir su proceso en libertad". Sin embargo, dejando eso a un lado, la gran interrogante persiste: ¿por qué recluir a una persona de 76 años en una prisión de máxima seguridad?
Al final, estamos ante dos realidades incompatibles. O el Estado mexicano está usando su maquinaria para aplastar a un adversario con un expediente inflado, o estamos frente a una de las operaciones logísticas de huachicol más grandes de los últimos años, orquestada desde las altas esferas corporativas.
Al final la FGR, reitera que dichas investigaciones son totalmente apegadas a derecho, sin ningún sesgo de otra índole, respetándose en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.
Los peritajes y las pruebas tendrán que hablar en los tribunales. Pero el juicio mediático y político... ese ya dictó sentencia; Ruffo es un perseguido político
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Comunicado 482/26 27 de julio, 2026 .. FGR INFORMA
Con relación a las investigaciones sobre la más grande red de contrabando de hidrocarburos realizada por vías férreas, la cual habría generado un perjuicio a la hacienda pública estimado en más de cuatro mil millones de pesos, la Fiscalía General de la República (FGR) precisa:
La investigación tuvo origen en el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Las condiciones en que se encontraban representaban un riesgo para la población y para la seguridad industrial, debido a las altas temperaturas y al desconocimiento sobre la naturaleza de la sustancia contenida en dichas unidades.
Como resultado, se practicaron inspecciones en campo, toma de muestras y dictámenes periciales para determinar el contenido de los ferrotanques, así como la implementación de medidas de seguridad y preservación de indicios.
Lejos de limitarse a la revisión de los ferrotanques localizados, la investigación se amplió hacia el análisis de la cadena logística completa del producto. Como resultado de estas diligencias, se identificaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, que presentaban las mismas características de importación irregular, al haberse declarado únicamente el 10 por ciento de lo que realmente contenían, permitiéndose reconstruir gradualmente la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del combustible.
Lo que inicialmente parecía ser un hallazgo aislado evolucionó hacia la identificación de una operación logística de mayor dimensión, con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en diversas entidades federativas.
El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la importadora principal, una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México. Inicialmente, la empresa fue constituida por José "N" y dos personas morales.
La evolución corporativa de la empresa resultó particularmente relevante para la investigación. Dos meses después de su constitución, en una asamblea celebrada en octubre de 2018, Ernesto "N" inició su participación dentro de la estructura societaria, mediante su incorporación al capital variable de la empresa, fortaleciéndose su presencia dentro de la organización corporativa.
De acuerdo con la investigación, para 2021, ya figuraba como accionista y fue designado Secretario del Consejo de Administración, participando junto con José "N" en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.
Asimismo, la investigación permitió advertir que tanto José "N" como Ernesto "N" comparecieron de manera conjunta en diversos actos corporativos, modificaciones societarias y otorgamiento de poderes, particularmente relacionados con actividades de administración, comercio exterior, gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras, así como en la operación general de la empresa.
Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política.
Paralelamente, se identificó que, durante los años siguientes, la empresa amplió su objeto social para incluir actividades directamente relacionadas con el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético, elementos que posteriormente adquirieron relevancia dentro de la investigación.
Como resultado de esta labor se han integrado hasta este momento 96 datos de prueba, entre los que destacan dictámenes periciales en química, para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados; dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica, para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados; dictámenes en fotografía, para documentar técnicamente los hallazgos y actos de investigación realizados; dictámenes en criminalística, orientados a la fijación, preservación, análisis y correlación de los indicios localizados; y dictámenes de identificación, para conocer el tipo de hidrocarburo, ya sea gasolina o diésel.
De esta manera, la investigación evolucionó del hallazgo de ferrotanques aparentemente abandonados y potencialmente peligrosos, hasta la identificación de una estructura empresarial con capacidad de importación de hidrocarburos, operación ferroviaria especializada y una red logística de alcance interestatal. Esta evolución demuestra que los resultados obtenidos fueron producto de una investigación progresiva, técnica y de largo aliento, sustentada en trabajo de campo, análisis pericial, inteligencia financiera, revisión documental y coordinación interinstitucional.
Es importante aclarar que si bien es cierto, hasta este momento se ha imputado un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos derivado del contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025; no obstante, del cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria se logró establecer la reiteración de más de cuatro mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, lo que podría ascender a más de cuatro mil millones de pesos de daño patrimonial a la nación, circunstancia que será debidamente acreditada en la investigación complementaria.
Por otra parte, es necesario señalar, con toda precisión, que el delito de delincuencia organizada, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amerita prisión preventiva oficiosa. Es la Carta Magna la que establece que las personas imputadas por dicho ilícito no pueden seguir su proceso en libertad.
Ernesto "N" no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido.
La fiscalía General de la República reitera que dichas investigaciones son totalmente apegadas a derecho, sin ningún sesgo de otra índole, respetándose en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.
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