La renuncia de Raymundo Cárdenas

Raymundo Cárdenas renuncia al PRD, acusa a Amalia García y se va con el candidato del PRI

Verónica Espinosa

ZACATECAS, ZAC., 22 de marzo (apro).- El exsenador perredista Raymundo Cárdenas renunció hoy a las filas del PRD no sin antes acusar a la gobernadora Amalia García de intervenir en la designación de candidatos de este partido para las elecciones de julio próximo.

“Todas las candidaturas del PRD se decidieron en el despacho de la gobernadora”, acusó Cárdenas.

Cárdenas Hernández anunció, con Juan José Quirino Salas, su intención de respaldar al candidato del PRI a gobernador, el diputado Miguel Alonso Reyes, quien por cierto fue perredista y colaboró en el sexenio de Ricardo Monreal Avila.

El también exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRD --y diputado local por este partido en al menos un par de ocasiones-- aseguró que desde mediados de enero dejó de ejercer sus derechos políticos, pues aunque fue precandidato a gobernador, se dio cuenta que García Medina apoyaba a Antonio Mejía Haro, quien finalmente se convirtió en el candidato.

Gómez Mont con el Presidente de la CNDH

Discurso del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante la ceremonia de inauguración de las Jornadas Nacionales por la Cultura de la Legalidad y el Estado de Derecho, realizada en el Museo Nacional De Antropología

México, D. F., a 22 de marzo de 2010

Muy buenos días a todos, saludo con especial respeto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al diputado Moreira, que representa, junto con otros de sus compañeros, al Poder Legislativo; al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Y también muy especialmente a quienes representan a una sociedad civil especial, aquellos líderes de la sociedad civil que habiendo sido fustigados por el dolor de la violencia han asumido de su vida una plataforma para reconstruir a México sobre una base distinta.

Su ejemplo para sublimar el dolor y el sufrimiento, y convertirlo en propuesta, convertirlo en lucha cívica, convertirlo en exigencia y convertirlo en testimonio es una de las fortalezas de México.

También celebro que sea en este lugar en donde se inicien estos trabajos. El Museo Nacional de Antropología es un archivo de nuestra memoria concreta de piedra, de nuestra memoria de cristal, y aquí venimos a discutir dónde estamos, lo que somos y lo que queremos construir como país.

El Estado se compone, entre otros elementos, del Gobierno, de la Nación, del Orden Jurídico y del Territorio. No hay una diferencia esencial entre la Nación y el Estado, sino como un elemento que integra al otro.

Y cuando discutimos la necesidad de construir un acuerdo para consolidar la cultura de la legalidad y los deberes de las personas, es lo que estamos buscando: La alineación de la sociedad y del Gobierno, la capacidad de hacer valer los principios y valores que sustentan la convivencia, la capacidad de llevar a cabo los deberes que le imponen a unos y a otros adelante para construir un futuro mejor.

Una buena parte de la fortaleza del Gobierno se construye desde la ciudadanía; desde la ciudadanía se celebran los procesos políticos que deciden la representación y determinan quién debe gobernar.

Así se determina el espacio parlamentario Legislativo y el espacio Ejecutivo, y juntos construyen la cabeza del Poder Judicial, que es el otro Poder, que así recibe una legitimación indirecta a través de representantes que han sido electos directamente.

Desde la ciudadanía se señalan los mandatos y las exigencias que construyen la tarea del legislador, un legislador que debe atinar a consolidar normas en las cuales se puedan reconocer a todas las personas; normas que sean razonablemente cumplibles, normas que induzcan a una obediencia digna en función de los principios y los valores que dirigen.

Porque todos en un principio somos ciudadanos, la tarea del Servicio Público nos viene después de habernos consolidado como ciudadanos, inclusive sobre esa misma ciudadanía es de donde se construye el sentido recto del deber para cumplir como funcionarios públicos.

Porque aquí todos venimos a buscar los mecanismos que nos obliguen -a todos por igual- a vernos y a respetarnos cada uno en el otro; no solo respetar al otro, sino respetarse uno mismo en el otro.

Estos son los deberes que buscamos identificar y que queremos promover: los deberes del respeto y la empatía.

La violencia surge cuando no podemos reconocernos en el otro. Quien violenta, quien agrede, ya sea autoridad o persona particular, tiende a cosificar al otro, tiende a no verlo como un ser de la misma especie, como un enemigo de su propia especie y en ese sentido tenemos que reconciliar para fortalecer la justicia y la seguridad, tenemos que reconciliar.

Así pues, este también es un ejercicio de reconciliación, de encontrar qué soluciones inevitablemente merecen ser enfrentadas por la fuerza; es así, por la fuerza legal a manos de la autoridad.

¿Cómo debemos organizar el ejercicio de esa fuerza para que sea democrática, respetuosa de las personas, capaz de proteger a las víctimas, que en su ejercicio no brutalice a nadie, pero que sea eficaz para proteger a los demás?

Hoy por hoy en el Congreso, especialmente en el Senado se discute una siguiente fase para consolidar un Sistema de Seguridad que ahonde ahora en las potencias de las entidades federativas, que busque ahora, en la prioridad de las inversiones públicas, fortalecer las capacidades estatales para ir acercando la solución cada vez más a los ciudadanos, para ir desplazando en el tiempo aquellas fuerzas federales que no tienen como tarea natural la seguridad pública, sino la defensa de la integridad territorial y la atención a las emergencias.

Esa es una discusión que debe acelerarse para llegar a consolidar instituciones de seguridad democráticas, que bien entrenadas, bien visualizadas, bien controladas, sean capaces de infundir confianza en la ciudadanía.

Yo recuerdo alguna vez que un familiar muy cercano a mí fue víctima de un asalto; inmediatamente nos impusimos el deber de denunciar y debo recordar el temor que le dio a esa víctima cuando, ante la autoridad, tuvo que repetir los hechos, decir dónde vivía y cómo se llamaba en un grado de comunicación mayor con la autoridad y cómo sintió esta incertidumbre de verse expuesta ante una nueva agresión potencial, entregándosele a alguien que no le inspiraba confianza.

En una sociedad democrática solo la autoridad puede usar la fuerza para proteger al inocente y solo la autoridad puede emplear la fuerza para someter a quien se resiste a ser sometido, tratándose de un delincuente.

Pero esa autoridad es ciega y sorda si no tiene ni el respaldo, ni la vigilancia, ni la supervisión, ni la colaboración de la ciudadanía; no le llega la información atendible que todos conocemos sobre las situaciones de riesgo que existen en nuestro alrededor inmediato; dónde están los picaderos, dónde se dan los fenómenos de violencia, dónde se concentran gentes que no tienen otra inspiración más que causar temor a sus vecinos y a sus compañeros; esa es la información que requiere una autoridad diligente para poder proteger. Y en ese sentido, el Estado tiene que cumplir el reto de progresar en la construcción de instituciones.

Otra reforma que está en el Congreso es aquella que pueda acercar a la ciudadanía con la política. Regreso: La Reforma Política en su esencia está diseñada para fortalecer al Estado.

¿Cómo? Fortaleciendo la incidencia de los ciudadanos en la definición de la representación política, revirtiendo el desprestigio que en muchos espacios está teniendo la política y que es algo peligrosísimo en una sociedad democrática que exige consolidar sus instituciones para resolver sus grandes problemas como la falta de crecimiento, inequidad social, inseguridad y la necesidad de reconstruir o retomar el desarrollo social y económico.

Y que necesita puentes más cercanos entre sus ciudadanos y sus políticos, y que necesita espacios donde sus ciudadanos puedan representarse cuando no se ven expresados o reconocidos por las fuerzas políticas y que induzcan a las fuerzas políticas para buscar a los líderes ciudadanos como un mecanismo para fortalecer la representación y que también mejore la gobernabilidad.

Una sociedad democrática también procesa conflictos. La unidad nacional que México hoy tiene, a pesar de las confrontaciones aquí denunciadas, está consolidada, porque es el paraguas mediante el cual los políticos procesan sus diferencias y los ciudadanos procesan sus diferencias.

Sin embargo, sería un error darla por hecho. Esa unidad nacional debe ser preservada constantemente porque nos ampara, como este techo, a todos y aquí todos podemos tener orígenes, lugares y visiones distintas, pero nos reunimos a coincidir, a encontrar las fortalezas de nuestras coincidencias y los mecanismos para respetar nuestras diferencias.

Así pues, también desde aquí se afirma la autoridad moral de los jueces. La función judicial tiene un especial problema porque normalmente dirime controversias y al centrarse o resolverse estas controversias puede generar el reconocimiento de mayores derechos en una parte o en la otra en lo que se disputan.

La Judicatura tiene que argumentar ante los justiciables la razón de su sentencia, tiene que explicar los principios y las razones que nutren a las leyes; las normas no son mandatos vacíos, son producto de la experiencia humana, son aspiraciones y anhelos de seres humanos que deciden darles fuerza de Estado.

Así pues, yo celebro el inicio de estas Jornadas; reitero el compromiso del Gobierno Federal y de la Administración Pública a hacerlo; me parece fundamental que se haga desde el ámbito de los Derechos Humanos, porque éstos deben ser protegidos por la autoridad, pero también tienen que ser profundamente velados, cuidados, celados, promovidos y multiplicados desde la sociedad, desde la convivencia.

Si los seres humanos como seres particulares no asumimos nuestros deberes de respeto y de cooperación con los demás, el Estado es débil, la sociedad es poco cohesionada y la ocasión para el violento, el tramposo, el corrupto, el ocurrente, se agranda.

Bajo esta ratificación del principio seguiremos atentos a cuáles son los caminos, porque mucha de la consolidación de un Estado democrático en México pasa por la culturización de nuestros deberes y de nuestros derechos; por asumirnos como corresponsables los unos con los otros, por darle al Estado las herramientas para resolver sólo las controversias reales, que entre menos sean, mejor; y son menos cuando entre todos podemos construir una convivencia más civilizada, más humana y más razonable.

La paz se construye desde cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros.

Así pues, sepa usted, señor Presidente, que cuenta con el compromiso del Gobierno Federal como una de las ramas obligadas, porque creemos profundamente en un proyecto de un Estado democrático que se construya sobre la cercanía de los políticos con los ciudadanos y de los ciudadanos entre sí por los mejores valores y principios de México.

Muchas gracias.

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La

Sin duda, todos son hombres muy ocupados. La mañana de ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invitó a participar en un acto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al secretario de Gobernación y al procurador general de la República. Todos confirmaron, pero no todos asistieron. El ministro presidente de la Corte asistió y después de su participación llegó a tiempo para estar en la sesión del pleno del alto tribunal. Gómez Mont asistió y salió corriendo para ir a Nuevo Léon a dar la cara del gobierno federal en el frente de la guerra contra el narco que está abierto en ese estado. El que de plano no asistió al acto en que se habló de la necesidad de crear una cultura de la legalidad y del respeto a los derechos humanos fue el procurador general de la República.

Columna Bajo Reserva/El Universal, 23 de marzo de 2010, dice.

Malova VA!

Columna Bajo Reserva/El Universal, 23 de marzo de 2010

Malova, a un paso

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN pospuso la definición de la candidatura de Mario López Valdez, Malova, a la gubernatura de Sinaloa para el próximo jueves. Nos dicen que hoy pedirá licencia en la Cámara alta y se registrará en Sinaloa como candidato ciudadano o externo para participar en la contienda interna blanquiazul, e inmediatamente le enviará una carta al líder de ese partido, César Nava, para que lo avale. En teoría Malova compite con el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Melesio Cuén, y el ex alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera, quienes ya están inscritos. Sin embargo, algunas voces al interior del partido afirman que el próximo jueves, el CEN del PAN podría detener el proceso interno que se efectuaría el próximo 18 de abril y designar a Malova como su abanderado para Sinaloa. Como en el caso de Yunes en Veracruz, podría dejar a muchos panistas locales resentidos por el lanzamiento de un candidato ajeno. Los que no le dan tantas vueltas al asunto son los perredistas: Jesús Ortega anunció que el próximo miércoles o jueves lo registrará como su candidato.

¿Quién pierde la guerra contra e narco?

Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán

El Universal, 23 de marzo de 2010

¿Quién pierde la guerra?

Están solos marinos y militares. Van contra un estado corrupto

El lugar común dice que “Calderón” pierde la guerra contra el narco y el crimen organizado. Y todo aquel que piense distinto, que argumente en sentido opuesto o que aporte elementos contrarios, transita el camino de lo “políticamente incorrecto”. Vive en el error.

Aún así, aquí sostenemos que es un mito la disyuntiva de “ganador o perdedor” —simplificación a la que se quiere llevar el papel del Estado—, en una guerra como la que libra el gobierno federal contra las bandas del crimen organizado y el narcotráfico. ¿Por qué es un mito?

Porque se trata de una guerra en la que —en rigor—, sólo participa el Presidente y las instituciones castrenses —Sedena y Marina—, y porque han dejado solo a Felipe Calderón no sólo buena parte de su gabinete, sino dos de los Tres Poderes de la Unión —el Legislativo y el Judicial—, y dos de los tres órdenes de gobiernos; el municipal y el estatal.

Pero además, en la guerra contra el narco y el crimen también han dejado solo al Presidente sectores empresariales bien identificados —como los banqueros e inversionistas, distribuidores de autos y otros—, comisiones de derechos humanos estatales y la nacional, y hasta jerarquías de cultos, como la iglesia católica. Entre muchos otros como los partidos políticos, algunos medios que apuestan al fracaso de Calderón. ¿Por qué han dejado solo al gobierno?

Todos saben que salvo excepciones, los gobiernos municipales y estatales de todo el país no sólo se hacen de la vista gorda en el combate al narco y a los criminales organizados, sino que poco o nada hacen para impedir y sancionar la complicidad de policías con los cárteles. En muchos estados, los militares y marinos persiguen a los criminales prácticamente a escondidas de los gobiernos municipales y estatales; de sus policías. ¿Por qué? Por la complicidad de esos gobiernos y sus policías.

El mejor ejemplo lo vimos apenas el pasado fin de semana en Nuevo León, en donde policías de Monterrey y municipios conurbados facilitaron la instalación de medio centenar de bloqueos carreteros por parte del narco, además de la huida de presuntos sicarios. Es decir, los militares y marinos enfrentaron a los criminales, pero también a los policías. Pero no fue todo.

Resulta que por omisión, ineptitud o colusión, tanto el alcalde de Monterrey como el gobernador de Nuevo León se conformaron con sólo despedir a los policías comprados por el narco, en lugar de procesarlos, someterlos a juicio y castigar su traición. Y seguramente al día siguiente de su despido como policías, estarán al servicio de su mismo patrón; el narco. Y si hay dudas, también en Nuevo León se gestó un nuevo escándalo cuando apareció muerto un hombre, presunto narco que la Marina había trasladado al hospital universitario de Nuevo León. Hoy se sabe que el detenido fue entregado al jefe de la policía local. ¿Y luego?

Todos conocen la corrupción del Poder Judicial. Que muchos narcos son liberados a causa de esa corrupción. Además de la corrupción y la incapacidad de PGR, en donde policías y agentes del MP tampoco cumplen su trabajo. ¿Y el Poder Legislativo? Sigue parada la reforma para dar facultades a la Sedena y la Marina, en la lucha contra el narcotráfico, en tanto que nadie hizo caso a repetidas propuestas para contar con una policía nacional, alejada de la corrupción municipal y estatal.

Los congresos locales son verdaderas joyas de corrupción. El caso emblema es el del presidente del Congreso de Baja California, Víctor González Ortega, detenido en completo estado de ebriedad y cargado de cocaína, a quien solaparon desde el gobernador panista, el propio Congreso y el municipio de Mexicali. Existen indicios de que González Ortega sostiene presuntos vínculos con el narco. Aún así, el diputado pidió licencia temporal, el Congreso la aceptó, y nadie ejerció acción penal en su contra. Y todos los solapadores son panistas.

En Nuevo León, Sinaloa y otras entidades, son frecuentes los robos a agencias distribuidoras de camionetas. Otros negocios de ese ramo han sido quemados en Mazatlán y otras ciudades. ¿Por qué ese fenómeno? Porque durante años, los narcos compraron autos y camionetas de reconocidas marcas. Pero en tiempos de crisis, los concesionarios se negaron a “colaborar”. Entonces les robaron y quemaron sus negocios. Y cuando esto ocurrió, pegaron de gritos, pero nunca dijeron nada cuando vendieron sin factura y al contado. ¿Cuántos bancos, y cuáles llevan las cuentas de los narcos? Es un negocio que todos conocen, pero también todos callan.

Y la perla mayor. El nuevo presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, pide “planeación y estrategia” en las emboscadas de narcos a militares y marinos. De risa. Mientras los narcos no respetan nada, tienen de su lado el anonimato, la sorpresa y todo tipo de armas, el ombudsman pide que a los únicos que enfrentan al crimen, “planeación y estrategia”. La estupidez.

¿Quién pierde?

Contra el crimen organizado

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez

Excélsior, 22 de marzo de 2010;

No es fortaleza, sino desesperación

Algo está sucediendo en la guerra entre los cárteles del narcotráfico, así como en la lucha de las autoridades contra éstos, que puede modificar muchas cosas en las próximas semanas. Lo más notable es el brutal enfrentamiento de una amplia constelación de organizaciones, alineadas en torno al cártel del Pacífico, pero con adiciones importantes como los herederos de Osiel Cárdenas en el Golfo, de grupos desprendidos de los Arellano Félix en Tijuana, La Familia Michoacana pero, sobre todo, de los grupos de sicarios que encabeza Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, que se desprendieron del cártel de los Beltrán Leyva, todos ellos contra Los Zetas y sus muy menguados aliados: los Beltrán Leyva y el grupo de Vicente Carrillo en Juárez.

Los hechos de violencia que hemos visto en los últimos días están, todos, relacionados con ese enfrentamiento literalmente a muerte entre esos grupos. En Juárez, en Monterrey y otros puntos de Nuevo León, todos relacionados con las carreteras hacia Laredo y Reynosa, así como en Sinaloa, en Guerrero, allí no hay margen de duda, es una lucha por la sobrevivencia, que está, además, marcada por las provocaciones para que, en primer lugar, se reduzca la presión gubernamental en algunos puntos y crezca en otros y, en segundo, que se dispersen las fuerzas y no se centralicen los enfrentamientos.

Lo sucedido en Monterrey es paradigmático al respecto. Hace apenas diez días, reportes de inteligencia indicaban que unas 40 camionetas con hombres aparentemente armados habían entrado, provenientes de Tamaulipas, en un periodo muy corto de tiempo a la capital regiomontana. Se puso en estado de alerta a todas las fuerzas federales y se reforzó la seguridad y la custodia de funcionarios y personajes destacados. Se sabía que se estaba preparando una provocación en el momento de mayor dureza de los enfrentamientos en Tamaulipas. Era imprescindible para bloquear el envío de refuerzos, ya sea de fuerzas de seguridad o de sicarios de grupos enemigos, obstaculizar y provocar que existiera mayor vigilancia en las carreteras que van de Monterrey a la frontera, pero también con el objetivo de aferrar al terreno a un número mayor de fuerzas de seguridad. Los golpes dados contra la estructura de los Beltrán Leyva en San Pedro Garza García coincidieron con ese momento y de allí surgieron los bloqueos de la semana pasada, que una vez más fueron realizados por una mezcla de sicarios y operadores de los cárteles, por policías que éstos han cooptado, sobre todo en el ámbito municipal, mas también en el del estado, así como por grupos de pandilleros que, como en Juárez, se han convertido en carne de cañón de esas organizaciones.

Es verdad que las autoridades, sobre todo locales, no estaban preparadas para una provocación de esas características, y que ello ha demostrado la profundidad de la penetración de estos grupos criminales en los aparatos de seguridad en el estado, pero también demostró la necesidad de establecer una verdadera limpieza en los mismos y de no caer en la tentación de no centrar los esfuerzos en la seguridad en sí. Y tampoco de no comprender qué es realmente lo que está sucediendo.

No es políticamente correcto decirlo, pero el Estado no puede evitar que los grupos de sicarios pertenecientes a distintos cárteles se maten entre sí. Sí puede y debe evitar que la ciudadanía se convierta en víctima inocente de esos enfrentamientos. También puede y debe romper la infraestructura de los diferentes grupos, para afectarlos a todos por igual y reducir su capacidad de operación. Y se deben realizar muchas cosas, en los ámbitos político, social, cultural, lo que ahora es visto por algunos como panacea para salir del problema. En realidad, todo eso se debe hacer, pero la crisis de la seguridad se encauzará en la misma medida en que se puedan cumplir las estrategias planteadas. Estos días, en Monterrey, como los anteriores en Juárez, demuestran la rudeza de ese enfrentamiento entre los distintos grupos, mas también la desesperación que priva en ellos: todos saben que la muerte de funcionarios estadunidenses o los bloqueos en Monterrey o los muertos en un puente vacacional en Acapulco, concentra miradas e intereses. Pero ningún líder de un cártel avanzaría en ese tipo de acciones si no estuviera marcado por la desesperación y el deterioro estructural: desde su lógica, no se trata de juicios morales, simplemente es malo para el negocio. Tan malo como que obligue a las fuerzas locales a unificar a sus policías y tomar cartas en el asunto, o como que venga a México toda la plana mayor de la seguridad de EU para ver qué se hace en la lucha contra el narcotráfico.

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Juegos de Poder/Leo Zuckermann

Una Presidencia monotemática

En El Padrino III, Michael Corleone dice: “Justo cuando pensaba que ya estaba fuera, me regresan adentro”. El presidente Felipe Calderón podría decir algo similar: “Una y otra vez he tratado de salirme y una y otra vez me regresan”. Me refiero al tema de la guerra en contra del crimen organizado.

Calderón fue el que puso el tema de la guerra en contra del crimen organizado como el central de su Presidencia. Inmediatamente después de tomar posesión, se puso el uniforme de general de cinco estrellas y mandó a las Fuerzas Armadas a las calles a combatir a la delincuencia organizada. Políticamente, le resultó. Para empezar, envió el mensaje de que sólo había un Presidente en México al que obedecían el Ejército y la Armada, mientras en las calles había otro que se decía legítimo. La guerra resultó muy popular por el hartazgo social que había en materia de inseguridad; se convirtió en el sostén de la popularidad presidencial. De esta forma, después del conflicto postelectoral, el tema de la guerra en contra del crimen organizado le permitió a Calderón sentarse con fuerza en la silla presidencial.

Pero, como suele suceder con todas las guerras que no se ganan rápidamente, llega el día en que los rendimientos políticos comienzan a bajar. En el caso mexicano, los muertos se multiplicaron y la violencia callejera se incrementó, como nunca, sobre todo en algunas regiones del país.

Calderón entendió que era hora de buscar nuevos temas para su administración. Así lo anunció, con bombo y platillos, el 2 de septiembre pasado. El Presidente mencionó la guerra en el lugar nueve de su decálogo famoso. Y desde entonces, ha tratado de poner otros asuntos en la agenda.

Comenzó bien liquidando Luz y Fuerza del Centro. Parecía que iba en serio con aquello de buscar los “cambios de fondo” y no los “cambios posibles”. Sin embargo, la agenda volvió a atorarse con el tema fiscal. El Presidente propuso una buena propuesta de reforma que terminó en un incremento más de los impuestos. Luego Calderón presentó su reforma política, también buena, pero que no ha tenido punch en los medios.

Ahora el PAN ha introducido una reforma laboral (salida de la Secretaría del Trabajo), que también parece positiva. Pero, una vez más, la agenda mediática y la presidencial han estado concentradas en el tema del crimen organizado. O, más bien, los hechos violentos así lo han determinado.

La semana pasada, en vez de hablar de la propuesta laboral, lo que volvió a dominar fue la guerra. Para empezar, se dieron las primeras reacciones por el asesinato de tres ciudadanos estadunidenses en Ciudad Juárez. Luego, Nuevo León se convirtió en un bizarro escenario del enfrentamiento entre delincuentes y autoridades. Los criminales bloquearon, con vehículos robados, y al parecer con la ayuda de las policías locales, carreteras y vialidades en Monterrey. Horas después, tres inocentes morían a balazos frente al Tecnológico de Monterrey: dos estudiantes y una madre de familia que circulaban cuando se dio el fuego cruzado entre militares y sicarios.

Ante estas noticias, la reforma laboral pasó a un plano muy secundario. Los medios se concentraron, una vez más, en la guerra. Y de ahí no ha podido salirse el Presidente. La diferencia es que ahora, en comparación con el principio del sexenio, se han multiplicado las voces que consideran la guerra como una estrategia errada.

El jueves pasado, en su columna de Milenio, Héctor Aguilar Camín hablaba de este mismo tema y argumentaba “que al país y a Calderón les urge cambiar de agenda. Necesita él y necesitamos todos poder pensar a nuestro país fuera del corral de la violencia”. Para tal efecto, Aguilar proponía: “Ahora que son días petroleros, sería una buena idea proponer a los mexicanos un amplio debate sobre lo que sabemos que es la convicción presidencial, y de muchos mexicanos, en materia petrolera. La idea, por ejemplo, de cambiar la Constitución y abrir Pemex a una inversión privada minoritaria, nacional y extranjera”. Excelente tema. Pero el Presidente ya trató de poner este asunto en la agenda nacional y, a la hora de la verdad, se echó para atrás.

De hecho, Calderón ha tratado muchas veces de poner otros temas en la agenda nacional. Ahí están los casos de las reformas política y laboral. Sin embargo, es tan fuerte y tan mediático el tema de la guerra que hay presidentes que, aunque quieran, están condenados a que su presidencia quede marcada por ella. Fue el caso, en Estados Unidos, de Lyndon B. Johnson y la guerra de Vietnam y de George W. Bush con el conflicto bélico en Irak. Me temo que hacia allá va Calderón. Hacia una Presidencia monotemática: el de la guerra en contra del crimen organizado.