Comunicados del EPR-Michoacán

Tres comunicadosdel PDEPR-Michoacan;
Comunicado del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, 14/05/2007;
AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Hace años que el país entero venía siendo sacudido por la violencia engendrada por la descomposición del sistema, situación que se vino a agudizar con el arribo de la ultraderecha en el 2000 y recientemente con la llegada del usurpador de Calderón a la presidencia de la República, desatándose una lucha entre los grupos de poder con raíces en el crimen organizado que se alinean al poder político de la ultraderecha contra quienes no lo hacen o reclaman más espacios políticos y económicos.
La ultraderecha lejos está de combatir a dicho fenómeno, le ha apostado a una salida beligerante para así poder llevar a la práctica sus métodos y convicciones fascistas, como resultado de ello tenemos que en el país se aplican políticas de Estado de corte fascista, situación que hemos venido denunciando reiteradamente desde antes de que asumiera las riendas del país el ilegítimo de Calderón.
En aquel entonces en el comunicado fechado el 19 de diciembre del 2006 se dijo: “En Michoacán con la puesta en marcha del operativo policíaco militar 'operación conjunta' se vive un estado de sitio que anula de facto las garantías individuales, acciones propias de un estado fascista donde es cotidiano la violación de las garantías individuales, los derechos humanos, donde la tortura, la represión psicológica y física constituyen el método de investigación y la construcción de falsos delitos que incriminan a cuanto ciudadano parezca 'sospechoso' ante los ojos de la 'ley'.”
Hoy el mundo entero esta siendo testigo de la aplicación de dichas medidas fascistas, lo que se denunció que sucedía, hoy es más que evidente, sobre todo para el michoacano que esta siendo víctima en estos momentos de la barbarie fascista en Carácuaro, Nocupétaro y Apatzingán son sólo un botón de muestra de lo que continuamente vienen sufriendo los pueblos de la región de Tierra Caliente, la Costa Michoacana y en general todo el estado de Michoacán.
Donde las detenciones arbitrarias, la fabricación de delitos a inocentes, la detención de menores de edad, la violación a los derechos humanos y garantías individuales, la tortura física y psicológica, la desaparición y crímenes de Estado siguen siendo el método aplicado en el supuesto “combate al crimen organizado”, argumento baladí con el cual la ultraderecha pretende justificar sus crímenes de lesa humanidad y la imposición de una dictadura policíaco-militar.
En estos momentos ya no hay lugar a dudas del autoritarismo de la ultraderecha, para los incrédulos que pedían pruebas las hay y de sobra, ahí está la comunidad Las Guacamayas por citar un ejemplo, que por el simple hecho de tener un apellido “sospechoso”, es decir, apellidarse Mondragón o Valencia, niños mujeres y ancianos, el pueblo entero, fue acosado y arrasado con la violencia policíaco-militar, ciudadanos que son víctima de la barbarie fascista y de los métodos contrainsurgentes que contemplan entre otras “bellezas” autoritarias las detenciones arbitrarias, tortura, represión y desaparición forzada. Están también los detenidos de Apatzingán Bernardo Arrollo López, Raúl Cepeda Cárdenas, Alejandro Guzmán Suástegui, Gustavo Orozco Villegas, Isaías Suástegui Ponce, Miguel Valerio Durán y Teresa Valencia González puestos en libertad por ser inocentes, pero sobre todo ante los crecientes reclamos y denuncias de la población, detenidos por cuyo único delito fue el ser vecinos de supuestos sicarios -a los cuales acribillaron con lujo de violencia- o encontrarse dentro de una “área sospechosa” se les arrestó arbitrariamente, se les torturó en la 43ª zona militar, se les acusó sin pruebas y los presentaron como peligrosos delincuentes, responsables de todo un pergamino de supuestos delitos, que hoy queda en evidencia su falsedad y la violación a los derechos humanos y constitucionales.
¿A cuántos “sospechosos” inocentes tienen encarcelados injustamente en el mejor de los casos y desaparecidos o asesinados? La respuesta es sencilla, a muchos, porque para la ultraderecha todo “sospechoso” es criminal y todo criminal es objeto de torturas psicológicas y físicas, merecedor de castigos divinos bajo el amparo del supuesto combate al crimen organizado y la fe divina, a la vieja usanza de la Santa Inquisición. Así lo ha sostenido el santurrón del explotador de Salvador López Orduña, vividor también del erario público y que hoy pretende la gubernatura del estado, porque para él y los hombres de la ultraderecha la guerra contra el pueblo es divina y goza de la bendición de Dios.
Caso indignante y aberrante resultan ser las detenciones y tortura a menores de edad, a quienes se les violan doblemente sus derechos y garantías individuales, toda vez que son detenidos arbitrariamente torturados y hasta desaparecidos, es el caso del menor de edad Martín Coria Ribas y otros más que ni siquiera han sido presentados, pero que están en calidad de detenidos. ¿A esto se refería Calderón de los costos de su estúpida guerra contra la delincuencia organizada?
Quienes avalaron, promovieron, arroparon e implementan estas medidas fascistas deben ser llevados ante los tribunales de guerra por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Para quienes a estas alturas todavía aplauden las acciones del operativo “Operación Conjunta Michoacán” deben estar conscientes que son cómplices de los crímenes, vejaciones y violaciones a los derechos humanos y garantías individuales que se han venido cometiendo en lo que va de esta administración, remedo de democracia, perfilada a una dictadura arropada por la cúpula eclesiástica, los grandes empresarios y los cuerpos policíaco-militares.
Lo irónico es que los falsos defensores de la paz y de la vida, lejos de pronunciarse en contra de esta barbarie aplauden y se regocijan de ello otorgando el perdón de Dios a estos criminales de Estado y exigiendo la continuación de estas medidas fascistas al justificarlas. Demostrando lo cínico y lo aberrante de sus postulados supuestamente a favor de la vida y paz, tal es el caso del Arzobispo Alberto Suárez Inda de la arquidiócesis de Morelia, quien se muerde la lengua al aplaudir las recientes acciones fascistas al interior del estado.
Sin embargo, y pese a la cobertura mediática con la cual se ha blindado a dicho operativo, ya surgieron las voces valientes que se atreven a denunciar las atrocidades de la ultraderecha y su ejército, las cuales no son pocas, sino la voz de todo un pueblo que está siendo víctima de las políticas fascistas del gobierno calderonista.
Las denuncias a las violaciones a los derechos humanos, allanamiento de morada, cateos ilegales y todas las arbitrariedades y atrocidades que comenten los soldados de Calderón no representan una cortina de humo que pretenda impedir la presencia de las fuerzas federales como lo señalan algunas voces y personajes de supuesto renombre. Estas denuncias son el clamor del pueblo que exige justicia denunciando la violencia institucional que constituye terror de estado.
A este ritmo el siguiente paso de la ultraderecha es escalar la ofensiva fascista imponiendo y oficializando los toques de queda, imponiendo en los hechos un estado de excepción donde absolutamente a nadie se le respetarán sus derechos y garantías individuales, esas son las pretensiones de la ultraderecha aquí en el estado de Michoacán y el resto del país.
Que nadie se asuste cuando el día de mañana ese gran descontento e indignación que están generando las acciones fascistas de Calderón, se vuelque contra el sistema y sus apologistas, porque el pueblo no olvida y tiene memoria histórica. Y ya son muchos los agravios que se le han ocasionado al pueblo.
Los sucesos en Carácuaro, Nocupétaro y Apatzingán constituyen terrorismo de Estado, autoritarismo de ultraderecha, los síntomas de una dictadura policíaco-militar para defender los intereses de unos cuantos multimillonarios y empresas transnacionales cuyo único afán insaciable es incrementar sus cuotas de plusvalía, ¿Qué importan los derechos humanos y constitucionales a estos individuos? Nada, como tampoco les importa a aquellos que por omisión o comisión callan ante los crímenes de Estado, por muy progresista que se sea, si se callan estas atrocidades, si se inhibe a la protesta e inconformidad ciudadana se hace eco a las exigencias de la ultraderecha.
Ante el autoritarismo de ultraderecha y el incremento de las acciones policíaco-militares hacemos un llamado a todos los ciudadanos a no dejarse intimidar, a todo ciudadano que sea víctima de las injusticias y atropellos fascistas a no quedarse callados, a denunciar y desenmascarar a la ultraderecha fascista y sus esbirros, a movilizarse para frenar la ofensiva e impulsar el castigo a los culpables de estos crímenes de Estado.
A las organizaciones sociales y populares comprometidas con los intereses del pueblo a impulsar la lucha por el juicio político y por crímenes de guerra al fascista de Calderón y toda la caterva de yunquistas que impulsan y ejecutan las medidas fascistas.
A los trabajadores a seguir impulsando la lucha contra las pretendidas reformas neoliberales, a enfrentar organizados y unidos la lucha contra la ley del ISSSTE, contra el neoliberalismo, contra la globalización, contra este régimen antipopular.
A nuestros militantes, colaboradores y simpatizantes en el marco del aniversario de la fundación de nuestro partido y ejército (1º y 18 de mayo) el imperativo es activar y establecer los mecanismos de seguridad necesarios y estar alertas porque el “combate al crimen organizado” sólo es un ardid para ubicar y aniquilar a los revolucionarios. ¡A estar del lado de nuestro pueblo!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO EPR
Año 43. Michoacán de Ocampo, a 14 de mayo de 2007.

Comunicado del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, 19/12/2006;

AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE MICHOACAN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Las medidas tomadas en política, economía y las operaciones policiaco-militares en Michoacán ordenadas por el presidente ilegitimo y antipopular Felipe Calderón, obedecen enteramente a los intereses facciosos de la oligarquía y del capital transnacional quienes se regocijan por la aplicación de medidas fascistas.
Felipe Calderón actúa según lo que es, un títere de la cúpula castrense más retrógrada que forma parte orgánica del yunque, haciendo una burda imitación del gobierno fascista de (Alvaro) Uribe (Presidene de Colombia) recibe la asesoría de los halcones de ultraderecha del imperialismo norteamericano, en la implantación de medidas fascistas donde el uso del ejército y las fuerzas represivas es primordial para sostener un régimen que resulta cada vez más antipopular y represivo.
En Michoacán con la puesta en marcha del operativo policiaco militar “Operación Conjunta Michoacán” se vive un estado de sitio que anula de facto las garantías individuales, acciones propias de un estado fascista donde es cotidiano la violación de las garantías individuales, los derechos humanos, donde la tortura, la represión psicológica y física constituyen el método de investigación y la construcción de falsos delitos que incriminan a cuanto ciudadano parezca “sospechoso” ante los ojos de la “ley”.
El argumento de la lucha contra la delincuencia organizada que enarbola el gobierno federal para justificar el despliegue policiaco en Michoacán es totalmente falso, constituye un operativo contrainsurgente que busca afanosamente apagar la protesta social, sofocar toda crítica hacia el gobierno ilegítimo, operativo que busca desmovilizar políticamente a la sociedad ante el falso dilema de combatir la delincuencia organizada.
Cortina de humo que intenta burdamente desviar la atención de los principales problemas políticos que vive el país, maniobra para opacar y esconder la represión en Oaxaca, la imposición y el carácter ilegítimo de Calderón como presidente. Se trata sólo de un acto mediático más para tratar de legitimar una presidencia que es rechazada por millones de mexicanos.
Siguiendo fielmente el mandato del imperialismo norteamericano, en el que se aplica los principios fascistas del manual de contrainsurgencia en nuestro país, las fuerzas retrogradas que gobiernan ilegítimamente inician una nueva ofensiva en nuestro estado, con este operativo lo que verdaderamente se persigue es la búsqueda de fuerzas insurgentes, so pretexto de combatir la delincuencia organizada imponen un estado de sitio que anula la libertades y derechos políticos como la libertad de tránsito, el ser agredido, detenido y torturado sólo por ser sospechoso.
Como parte del plan general de contrainsurgencia implementado por el gobierno de ultraderecha han sido activados todos los grupos de inteligencia y paramilitares para extirpar lo que la oligarquía y el yunque consideran “un peligro para México”, un problema de “seguridad nacional” lo que se traduce en el encarcelamiento y asesinato de los luchadores sociales, en la persecución y el hostigamiento de las organizaciones populares que dignamente no han aceptado la cooptación gubernamental.
Dentro de estos parámetros fascistas de “seguridad nacional” todo movimiento popular que cuestione el régimen, el carácter ilegítimo de Felipe primero, es catalogado como parte de la delincuencia organizada, es decir, quien luche por los cambios sociales que reclama el país simplemente se les criminaliza, se fabrican delitos del fuero federal, se hostiga, se persigue, se encarcela, se desaparece y se asesina políticamente a los luchadores sociales, a los ciudadanos progresistas que se atreven a denunciar el carácter fascista de este gobierno de la oligarquía.
En nuestro estado vivimos la aplicación de nuevos y viejos métodos represivos para intentar sofocar el descontento social. Métodos utilizados en otros países por el ejército norteamericano, que sólo ha dejado como resultado muertos, desaparecidos, heridos, encarcelados injustamente y el desconocimiento de los derechos humanos, donde la barbarie de los gobernantes y de la oligarquía han quedado en la impunidad en esas dictaduras del capital denominadas eufemísticamente democracias.
La “Operación Conjunta Michoacán”, no es la acción con la que se resuelva los altos índices delictivos -que en otros estados es aún mayor-, mucho menos tendrá frutos tan anunciados, sobre todo porque obedece a un acto mediático, creado para que el presidente ilegitimo Calderón pueda reposicionarse políticamente, operativo que está condenado al fracaso como “México seguro” dado que el crimen organizado es parte de y para el Estado, desde allí es donde los grupos de poder y de delincuentes actúan con la protección del mismo gobierno, aunque se diga lo contrario.
El gobierno de Lázaro Cárdenas Batel también es responsable de la cancelación de las garantías individuales en el estado y todos los actos de violación a los derechos humanos de los michoacanos que ya se llevan desde el mismo momento que se ejecuta la “Operación Conjunta Michoacán”, y la implementación de medidas fascistas, esto que vivimos sólo son las consecuencias de hacerle eco a los planes y exigencias de la ultraderecha. Lo son también aquellos que por comisión u omisión justifican y aplauden este operativo que atropella derechos, pero lo ignominioso es que quienes deben protestar se congratulen como es el caso del presidente de la CEDH que en lugar de protestar aplaude que se violen garantías políticas y derechos constitucionales con el despliegue aparatoso de miles de militares y policías quienes alteran la paz social porque operan fuera del marco constitucional.
Es fascista la decisión de implantar un estado de sitio para “resolver” por esta vía los problemas de los michoacanos, pues nuestro principal problema como lo es en el resto del país no es la inseguridad, esa es una falsa percepción impulsada por la ultraderecha; es la miseria y la pobreza el principal y mayor problema a resolver en México, ésta sigue creciendo sin que se le detenga producto de las desigualdades sociales como consecuencia de la existencia de la división social de la sociedad, crecimiento que se debe a que los diferentes gobiernos siempre vienen congraciándose con la oligarquía al darle todas las facilidades para acumular exageradas cantidades de ganancias producto de la explotación de nuestro pueblo, esa es la esencia de las políticas neoliberales impulsadas desde Miguel de la Madrid.
El operativo policiaco militar en Michoacán en esencia es un acto circense con claro interés de proteger la corrupción y la impunidad del sexenio foxista, lo que significa proteger el derecho de pernada y legalizar las fortunas familiares amasadas en el pasado sexenio. Se trata de cuidarse desde este momento la espalda mutuamente entre los ladrones de cuello blanco y esencias finas para disimular la fetidez que les rodea.
En todo caso el fenómeno de la delincuencia organizada y la economía subterránea que ella genera en todo el país nos explica vivamente el grado de corrupción y podredumbre que existe en el Estado mexicano, en esas instituciones sacrosantas que tanto defienden los defensores del régimen neoliberal.
El efecto cucaracha tan esgrimido por los diferentes gobiernos estatales y sobre todo el federal es sólo un argumento pueril sin consistencia política, mucho menos táctica, con el que tratan de tener una justificación para implantar un estado de sitio en todo el país y profundizar la Guerra de Baja Intensidad contra el pueblo organizado fuera del control gubernamental.
La pretensión de la ultraderecha es de vincular la protesta social con el movimiento revolucionario, bajo la lógica de la ultraderecha la protesta social es sinónimo de delincuencia, por ello busca el “pretexto” para acabar con toda manifestación de descontento social y evitar así toda resistencia a llevar a cabo sus medidas contrainsurgentes y fascistas que les permita la libre entrega de nuestros recursos al imperialismo norteamericano y para seguir con el enriquecimiento ilícito de los hombres de la ultraderecha y la oligarquía.
Este fenómeno nos indica que el sistema capitalista y el Estado mexicano está en crisis no sólo política sino estructural, donde en lo económico cada vez se da un proceso de colombianización pues los recursos que genera la delincuencia organizada vía lavado de dinero vienen a oxigenar al capitalismo, en nuestro caso a una economía en permanente crisis; en lo político, se viene dando un proceso de la dominación de la ultraderecha vinculada a la delincuencia organizada desde el Estado donde el Yunque es parte importante en la toma de las decisiones para la anulación de los derechos de los mexicanos, ejemplo de ello es la grotesca imposición de Calderón; en lo militar, viene a implantarse medidas en contra de los mexicanos, como estados de excepción sin ser declarados, además de un creciente aumento presupuestal y de creación de cuerpos represivos y paramilitares; en lo social, el recorte presupuestal que afecta los sectores de la cultura y la educación entre otros constituye un golpe que desconoce los derechos consagrados en la constitución y trata de liberar de las responsabilidades sociales del Estado mexicano.
El gobierno de origen panista y amalgamado con el priismo ya no es capaz de brindarle a los mexicanos ninguna posibilidad de vida con dignidad, de hecho nos enfrentamos ante una etapa de dominio relativo de la reacción, en donde las fuerzas conservadores del país empujan una embestida de ultraderecha que independientemente de los deseos de los luchadores sociales y los hombres progresistas toda transformación por la vía pacífica está siendo cancelada, esa es la realidad a la que nos enfrentamos y en ella no hay lugar para los buenos deseos o los actos voluntaristas.
Ante este panorama la movilización política de las masas es fundamental para desenmascarar el carácter represivo y fascista de este régimen, que nadie se quede desmovilizado, que nadie se paralice ante la amenaza fascista del PAN y de este gobierno ilegítimo; papel importante es también el de los organismos de derechos humanos que deben alzar su voz aún y a pesar de las peores amenazas, porque los derechos no se mendigan se exige su riguroso cumplimiento.
Para todos, es decir, para los luchadores sociales, las personalidades progresistas y los revolucionarios el imperativo que nos exige la realidad es a prepararse conscientemente contra la ofensiva de ultraderecha, la combinación de todas las formas de lucha es una necesidad en donde no se puede menospreciar ningún esfuerzo organizativo, ninguna iniciativa que enfrente a la ultraderecha y los intereses de la oligarquía y el capital transnacional. A instrumentar todos los mecanismos políticos para luchar por la libertad de todos los presos políticos es una tarea inmediata, inaplazable.
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO EPR
Año 42. Michoacán de Ocampo, a 19 de diciembre de 2006.

Comunicado del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario; fechado el 28/11/2007

AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE MICHOACAN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E
INTERNACIONALES
A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
El gobierno de Fox, el cual ha terminado, tomó como eje rector de su política la fascistización de la sociedad, nada nuevo que viniera a resolver los grandes problemas nacionales, éstos se agravaron, se agudizaron, crecieron y entrega un país enormemente empobrecido producto de las políticas neoliberales exigidas por los instrumentos financieros del imperialismo y aplicadas solícitamente por la administración foxista.
La situación de miseria de más de 40 millones de mexicanos y la pobreza que suman más de 78 millones, el galopante desempleo, la falta de salud, vivienda, educación siguen siendo problemas no resueltos a favor del pueblo, las medidas que se adoptaron para su supuesta solución fueron de carácter contrainsurgente y clientelar como los changarros, el vocho, progresa, oportunidades, seguro popular, procede, procampo que sólo han servido para fomentar la corrupción y el sostenimiento de una burocracia buscando únicamente mediatizar el descontento popular y hacer proselitismo para la ultraderecha.
El cambio se reflejó sólo en la protección de los grupos que lo llevaron al poder, a los grupos de poder vinculados al crimen organizado, pero sobre todo a los criminales de cuello blanco y a los allegados de la familia Fox-Bribiesca, mientras que las contradicciones sociales siguen en aumento y los problemas propios del descontento y la descomposición social son el fiel reflejo de la profundización de la crisis económica y política del país.
La corrupción, el ultraje a los mexicanos, el nepotismo, la indolencia, la represión en todas sus modalidades, el despojo de los derechos sociales y la intentona por desaparecer los derechos políticos de los mexicanos son sólo parte de lo que es la ultraderecha en México, la cual continuará durante otros seis años con el señor de las manos limpias, el ilegitimo Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Si con Fox tuvimos un presidente mitómano y esquizo, con Felipe habrá un presidente adicto a la represión.
Nada nuevo espera el pueblo con Felipe Calderón sólo la continuidad de una política económica neoliberal que le de prolongación al proyecto de la ultraderecha en nuestro país. De hecho la presentación de una parte del gabinete calderonista nos indica la ofensiva que viene en contra del pueblo, pues han sido participes directos al planificar la vida económica del país desde que la política neoliberal se lleva a cabo en México, en el que incluyen la protección a los monopolios transnacionales, la dependencia hacia ellos, a los Estados Unidos y a los organismos financieros internacionales que imponen la globalización y el neoliberalismo como receta para el “desarrollo”.
La alianza gobernante PRI-PAN y la cúpula de la iglesia es en función de garantizar supervivencia y prolongación del régimen neoliberal, operan amparados en el falaz argumento de la estabilidad social y en el supuesto estado de derecho que dicen defender, respaldados ampliamente por la oligarquía más reaccionaria y recalcitrante ligada al actual régimen con rostro panista, la cual sigue pugnando por la supresión de todas las libertades y los derechos constitucionales, no es el pueblo el que rige los destinos del país es la oligarquía la que define la política a seguir en función de sus intereses, eso quedó de manifiesto el 2 de julio con el fraude largamente anunciado y la imposición de Calderón como presidente.
La represión contra toda idea progresista o que no coincida con los postulados de la ultraderecha son reprimidos, la protesta social y política por mínima que sea es sinonimo de ataque a las instituciones y al estado de derecho, pero el pueblo no puede seguir respetando a las instituciones que sólo sirven para legitimar el despojo, la represión, la miseria, la pobreza, la marginación, esas instituciones no están para la defensa de los intereses populares, han sido diseñadas para el sometimiento y explotación asalariada, a través de ellas se valida la represión contra nuestros hermanos de Oaxaca, se valieron de ellas para reprimir en Atenco y en Sicartsa, a través de ellas es como se concreta la criminalización del descontento y la protesta social, se justifica la represión masiva y selectiva, a través de ellas se pasa de la amenaza velada al asesinato selectivo.
En el país se padecen los efectos del fracaso del neoliberalismo como política económica, aunado a ello se vive una creciente ola de violencia auspiciada, fomentada y generada por el propio Estado, por que los grupos de choque, los paramilitares, los escuadrones de la muerte son protegidos y creados desde las estructuras gubernamentales como el ejército, la Policia Federal Preventiva, La marina, el Yunque, los mercenarios de dios. El resultado de estos seis años es que los grupos de delincuentes son estructurados, dirigidos y en el menor de los casos protegidos por el el gobierno foxista, no es casualidad que en este gobierno la delincuencia organizada creciera sin parangón.
Hoy el escenario de la represión es Oaxaca, donde se está implementando una nueva faceta de la guerra sucia, caracterizada por los métodos fascistas y la gran saña e impunidad con que se conducen el aparato policiaco, militar y paramilitar del gobierno mexicano, donde hacen uso de las técnicas empleadas por los militares y policías de Estados Unidos e Israel, todo con tal de mantener en el puesto a un tirano.
Los sucesos de Oaxaca son producto de la indolencia, la intolerancia y la política represiva del gobierno estatal, responsabilidad personal del déspota de Ulises Ruiz Ortiz, cuyo gobierno es sostenido por el foxismo, alianza que se traduce en el apoyo recíproco para recibir el respaldo en la imposición de Calderón.
Son un puñado de caciques-empresarios los que se aferran a sostener en el poder al tirano de Ulises Ruiz Ortiz, a costa de lo que sea pretenden salvaguardar su condición de grupos dominantes, por ello los sendos llamados a la unidad y al diálogo en nombre de la paz y la democracia sólo reflejan el grado de cinismo y el doble discurso con que se conducen estos señores, mientras que a punta de garrote y gas lacrimógeno de la PFP y de la actuación de los paramilitares y grupos de choque pretenden doblegar a los convocados al diálogo, es decir, pretenden que se llegue al diálogo de rodillas, sometidos al estado de derecho oligárquico.
Oaxaca es un síntoma del estallido social producto de las consecuencias inherentes del capitalismo y de la política neoliberal aplicada para generar mayor riqueza y dominio para la oligarquía, la esencia es que el pueblo no está ya en condiciones de seguir en la antidemocracia, de la imposición de gobernantes antipopulares y de la opresión política y económica. He ahí las razones, las causas de la movilización popular.
Suponer que con la “fuerza del Estado” van a acallar el gran descontento social que se está generalizando en todo el país, es una equivocación de cálculo de quienes se asumen como administradores de los intereses oligárquicos porque con balas, garrotes y gases no es como se gobierna a un pueblo, mucho menos con la militarización y la constante violación a las garantías individuales y de los derechos humanos. Históricamente en nuestro país cuando eso sucede el pueblo activa sus mecanismos de lucha y eso es precisamente lo que está sucediendo en Oaxaca.
El pueblo de Oaxaca no es una entidad aislada, forma parte de todo un pueblo, del pueblo mexicano, por eso es necesario seguir brindando toda la solidaridad posible al movimiento popular de aquella entidad para no permitir que la ultraderecha en santa alianza con el PRI nos impongan su voluntad y su paz, que es la paz de los sepulcros. La solución del conflicto necesariamente pasa por la renuncia del déspota de URO, cualquier medida que no contemple su renuncia simplemente prolonga y agudiza el conflicto social.
En Michoacán los grupos de poder que participan en el crimen organizado no es nuevo, eso es conocido desde las administraciones priistas, la novedad consiste en que hoy la prensa le ha puesto más atención, son grupos ligados al poder en sus diferentes niveles y obedecen siempre a intereses económicos y políticos que le han venido dando sustento a este régimen neoliberal.
El gobernador del estado, el Antropólogo Lázaro Cárdenas Batel tiene razón al afirmar que el problema del crimen organizado es un fenómeno nacional y que Michoacán no está ajeno a ello, sólo que omite o no se da cuenta que en nuestro estado se repiten los mismos vicios y métodos de regímenes anteriores, es decir, la tranza y la corrupción, situación que abona el terreno ya de por si fértil para estos grupos que de una manera o de otra tienen vínculos con las estructuras de poder, no hay que olvidar que en México la delincuencia y el crimen organizado es estructurado desde el Estado.
Combatir el crimen organizado no está en tener mejor o más elementos y estructura logística de los cuerpos policiacos o el uso del ejército mexicano, hacerlo de esta manera es hacer eco a la política de ultraderecha que se apega al fascismo; no es militarizando nuestra entidad como se resuelve este problema, asumirlo así constituye una salida equivocada que viene en detrimento de las garantías, porque es del conocimiento público que los principales encargados de combatir al crimen organizado terminan dándole protección a éste, ejemplos sobran, sólo hace falta recorrer Apatzingan, Tepalcatepec, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Zamora, Uruapan, Morelia, Aguililla, Buenavista, Huetamo, Tacámbaro, Nucupétaro… para constatar que la violación de los derechos constitucionales es algo cotidiano bajo el argumento de combatir un fenómeno que crece porque así conviene a la ultraderecha y a los grupos de poder que buscan recuperar Michoacán para el PRI o el PAN, principales interesados en que la delincuencia organizada se desborde para crear un ambiente de zozobra que justifique la militarización y las medidas fascistas que tiene en mente Felipe Calderón.
Hechos como las diferentes ejecuciones en diferentes partes de la goegrafía michoacana y como los sucesos ocurridos al interior del CERESO, David Franco, sólo reflejan el grado de corrupción, del tráfico de influencias, de la protección de las diferentes policías y por supuesto de la participación directa de los funcionarios del estado involucrados en actividades ilícitas.
Nuevos brotes de violencia se vienen generando a partir de la tala clandestina e ilegal que realizan los diferentes grupos de talamontes, ahora los enfrentamientos son directos de éstos con la población y de ello el gobierno del estado sigue en la indolencia y las salidas fáciles; lejos de combatir a los grupos que cometen ecocidio se persigue, se presiona y pretende castigar a los pueblos que con justeza defienden su patrimonio colectivo.
Es del conocimiento público que algunos funcionarios de varios niveles de este “gobierno diferente, un gobierno con la gente”, protegen y benefician a los talamontes de la Meseta P’urhépecha, del oriente y de la sierra de Coalcomán; mientras a los que defienden sus bosques y cortan un árbol para sus necesidades primordiales, de donde no obtienen ningún monto económico los tratan como delincuentes, con duras penas federales que los refunden en la cárcel, mientras los verdaderos criminales y mafiosos de la madera cuando se les denuncia gozan de impunidad.
La política de destinar cuantiosos recursos al rubro de seguridad ha constituido un fracaso simplemente porque la pobreza no se combate con más cuerpos policíacos, ni con el fortalecimiento de los represivos GOE’s; tampoco lo es fomentando la emigración por diferentes medios; de seguir en la línea de fortalecer el aparato policíaco se transita por la ruta de la militarización y la fascistización de la sociedad que tanto busca la ultraderecha, salida que anhela Felipe Calderón.
Ya hemos visto los resultados de esa política y los problemas de miseria, desnutrición, desempleo, salarios bajos, ignorancia, falta de salud, educación básica y superior siguen siendo los problemas centrales de los michoacanos, consecuencia directa de darle prioridad al combate a la inseguridad vía fortalecimiento de los cuerpos policíacos y militares.
La migración sigue siendo una realidad en el estado a pesar de los anuncios que a hecho el secretario de economía del estado, donde según se ha logrado colocar a los michoacanos en el empleo, esto no se ve en los altos índices de desempleo y la mano de obra que sale expulsada de nuestro estado no sólo al extranjero sino a diferentes partes de la República Mexicana.
¿Por qué no se ha avanzado en la solución de los problemas populares? La respuesta debe darla el mismo jefe del Ejecutivo estatal, lo que se puede adelantar es que mientras se siga siendo rehén de los grupos de poder local, los oligarcas estatales seguirán acrecentando sus fortunas sobre la base del empobrecimiento del pueblo michoacano, porque mientras los grupos de poder económico hacen jugosos negocios en la construcción de “proyectos urbanos” son cada vez más michoacanos los que se les expulsa al extranjero.
¡Pueblo de México! Termina un sexenio, el sexenio foxista y se impone a Felipe Calderón quien habrá de seguir dando continuidad al régimen neoliberal, el nuevo administrador de los intereses oligárquicos quien habrá de darle protección a la familia Fox-Bribiesca como parte del pacto para cubrirse mutuamente las espaldas, esencia de la alianza PAN-PRI.
La resistencia popular debe continuar, la lucha contra la ultraderecha y contra el régimen debe mantenerse bajo la táctica de combinar todas las formas de lucha, desarrollándolas, buscando la unidad de todo el pueblo contra el gobierno antipopular, contra los gobiernos neoliberales, sin olvidar que la lucha anticapitalista, la lucha antiglobalización y antineoliberal debe estar ligada al proyecto libertador de la lucha por el socialismo.
¡A BUSCAR EL CONTACTO CON LOS REVOLUCIONARIOS!
¡A BUSCAR EL CONTACTO CON EL PDPR-EPR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 42. Michoacán de Ocampo, a 28 de noviembre 2006
Fuente: Cedema