El texto del Guero Castañeda en Reforma, hoy

El texto de hoy de Jorge G. Castañeda en Reforma, 27 de junio; sobre la decisión del Tribunal Electoral en torno al caso Hank Rhon.
¿Concertacesión? (o medidas cautelares)
Huelga decir que no le guardo mayor simpatía política a Jorge Hank Rhon, y que no tengo el gusto de conocerlo personalmente. Tampoco me preocupa mayormente quién será el próximo gobernador de Baja California, ni sabría por quién votar si fuera residente de ese estado fronterizo. Pero lo que está en juego en el actual litigio sobre la (ex) candidatura de Hank es mucho más que eso. Ya se describió con precisión ayer mismo en esta página la situación jurídica del caso. El problema es que parece haber dos posibles salidas al embrollo, y nadie parece saber cuál es la buena.
La vía jurídica es muy clara; sólo quisiera resumirla rápidamente. El llamado Trife está obligado a rechazar cualquier recurso que Hank interponga, contra el fallo del tribunal estatal, ya que, en una contradicción de tesis de junio de 2002, la Suprema Corte resolvió que: "El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carece de competencia para pronunciarse sobre inconstitucionalidad de leyes" (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XV, junio de 2002, Tesis p./j. 23/2002, página 82) ... y ... "No existe válidamente entre un criterio sustentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se trata de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes electorales" (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XV, junio de 2002, Tesis p./j. 24/2002, página 5).
Por otra parte, como ya se ha señalado, todo recurso de inconstitucionalidad contra una ley secundaria o estatal ante la Suprema Corte sólo puede ser interpuesto a más tardar 30 días después de la promulgación de la misma, cosa que el PRI no hizo. Por tanto, por aquí no hay camino para Hank. Por la vía del amparo ante la violación de garantías individuales, como el derecho de votar y ser votado del artículo 35 de la Constitución, tampoco. La Suprema Corte resolvió seis a cinco hace dos años en mi caso, que el amparo no procede en materia político-electoral. La única vía jurídica abierta para Hank es, entonces, también, la que yo seguí: pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de garantías individuales y la reinstalación de su candidatura mientras se resuelva el fondo. Probablemente la CIDH otorgará las cautelares como en mi caso, y también como en mi caso, el Estado mexicano las rechazará, y habrá que ir a la Corte Interamericana en San José donde, a diferencia mía, por varias razones, Hank sí puede obtener medidas cautelares y vinculantes. Ahí sí se complicarían las cosas porque el Estado mexicano -no el Instituto Electoral Estatal, no el Trife, no el IFE- se vería obligado a mantener la candidatura de Hank. Hay tiempo para ello, aunque sólo apenas: porque tanto la Comisión como la Corte están acostumbradas a resolver medidas cautelares con celeridad.
Sin embargo, circula por todos los desayunadores políticos de la ciudad la otra versión o salida: la "concertacesión" a la antigüita. Según esta teoría retorcida e inverosímil, para ciertos círculos cercanos al propio Jorge Hank y el aparato electoral del PRI, el presidente Calderón hubiera resuelto desde hace un par de meses la impugnación de la candidatura de Hank como moneda de cambio para luego lograr la aprobación de su "reforma" fiscal. Habría pactado en días recientes con el PRI, y principalmente con Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes, que el Trife revierta el fallo del tribunal estatal (ya tendría el PRI-PAN cuatro de los siete votos asegurados, empezando por el de Maricarmen Alanis, amiga cercana de Margarita Zavala) y reinstale a Hank a cambio de que el PRI vote con Calderón en materia fiscal. El PAN se abstendría de buscar un recurso ante la Suprema Corte por la violación del Trife a la contradicción de tesis anteriormente mencionada, y el propio Calderón le haría saber a la Suprema Corte que ojalá no tocara el asunto por ahora. En esta versión todos contentos y colorín colorado.
Dudo que el Trife y/o la Suprema Corte se presten a un enjuague de esta naturaleza. Pero si suponemos, sin conceder, que ambas salidas o elucubraciones son por lo menos imaginables, podemos también suponer que detrás de ellas se enfrentan dos estrategias, dos éticas y dos concepciones de gobierno. La primera es la del Estado de derecho, la aplicación de la ley, cualquiera que sean sus consecuencias políticas; y en este caso pueden ser nocivas para Calderón, el PAN y la "reforma" fiscal. Porque además el efecto "desafuero" probablemente aseguraría a menos de 45 días de la elección el triunfo de Hank. Pero la ley es la ley.
La segunda salida es la negociación, el maquiavelismo y la habilidad de maniobra que tanta falta le hicieron a los dos sexenios anteriores, pero que nos recuerdan al que los precedió.
Durante los últimos meses he albergado la esperanza o ilusión de que las convicciones democráticas y favorables a los derechos humanos de Felipe Calderón pesarían más que su voluntad evidente de buscar una restauración priista en materia de política exterior. Me equivoqué. Espero no volverme a equivocar al pensar que Calderón preferirá rechazar la "concertacesión" a la Salinas, y aceptar, como a veces lo hicieron Zedillo y Fox, las inevitables desventajas de corto plazo que en este caso puede entrañar el respeto irrestricto al Estado de derecho.