¡Estúpidos!
Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Publicado en Excelsior, 25/06/2008;
News Divine: los otros crímenes
Las autoridades capitalinas tardaron por lo menos 48 horas en comprender la profundidad de la crisis que les ha generado la muerte de 12 personas, entre ellas ocho menores de edad, en la tardeada de la discoteca News Divine, en la delegación Gustavo A. Madero. No se trató sólo de un operativo policial marcado por la negligencia y la brutalidad contra jóvenes que no estaban cometiendo delito alguno, sino de la exposición pública de todo un estilo de gobernar negligente y, en muchas ocasiones, corrupto.
Las imágenes distribuidas y los testimonios de los sobrevivientes y los vecinos no dejan lugar a duda sobre la responsabilidad de las fuerzas policiales capitalinas en la muerte de los jóvenes. Los dueños del lugar podrán haber violado los reglamentos, pero no provocaron esas muertes: las provocaron los policías que intervinieron sin ningún sentido lógico, orquestaron un operativo dirigido contra los jóvenes, no contra los dueños del local y que, por eso, impidieron que los muchachos salieran del lugar. Jóvenes a quienes persiguieron, golpearon, robaron y vejaron. La idea era castigarlos a ellos, no a los dueños que venían trabajando con impunidad desde hace años.
Ello lo demuestra, además, la declaración del diputado perredista Andrés Lozano, quien fue el responsable jurídico y de gobierno de la delegación Gustavo A. Madero, mano derecha del actual jefe de policía, Joel Ortega, y quien renovó el permiso para la operación del News Divine en 2002. Andrés Lozano aceptó haber renovado ese permiso sin realizar ninguna inspección, pero en su descargo dijo que lo hizo porque había “orden” de renovar todos los permisos de las discotecas y los giros de esa naturaleza. ¿Quién dio la orden, la delegación o el gobierno capitalino? Porque quien la haya dado estaba violando en forma flagrante la ley y renovando en automático las licencias de los llamados giros negros, sin ninguna inspección de por medio, casualmente a unos meses de las elecciones de 2003. Si lo que dice Lozano en su descargo es verdad, existe una responsabilidad directa y mayor, del entonces delegado Joel Ortega o de quien era su jefe, Andrés Manuel López Obrador.
Se ha presentado como argumento, lo hicieron el mismo Andrés Lozano y las actuales autoridades capitalinas, que no existen inspectores suficientes para revisar este tipo de negocios: a cada inspector, se lamentan, le tocan 166 lugares. Parece demasiado, pero no lo es: para asegurarse de que existen las medidas sanitarias y de seguridad es suficiente con una inspección y ésta no tiene por qué hacerse día con día. Asumiendo que esa sea la cifra real que le toca a cada inspector estamos hablando de que, aun cuando hicieran sólo una inspección diaria, podrían revisar cada local por lo menos dos veces al año. Y una inspección al día, para alguien que supuestamente trabaja ocho horas, no debe ser un esfuerzo demasiado intenso. Pero es peor aún, porque este local ya tenía denuncias previas y, sin embargo, seguía funcionando sin problemas. ¿Quién es el responsable?
Uno de los capítulos indignantes de todo esto son las violaciones cometidas contra los jóvenes incluso después de los hechos ocurridos dentro del local. Fueron perseguidos, golpeados, robados, detenidos: los testimonios de las jovencitas desnudadas “para su revisión”, haciéndolas poner en pose y girar para los agentes en las oficinas del Ministerio Público que las observaban, es tan indignante como la declaración del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, al decir que son ellas las que tienen que demostrar que eso realmente sucedió. Por suerte, el tema está en manos de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que encabeza Emilio Álvarez Icaza y está decidida a participar a fondo en la investigación de los hechos y ya ha comenzado a recabar todos los testimonios.
Pero también es indignante un argumento que han comenzado a manejar desde el domingo en el gobierno capitalino. Dicen que en realidad la responsabilidad es de los padres que permitieron a los jóvenes participar en esa fiesta. Es un argumento fascistoide. Los jóvenes no estaban en un lugar perdido y clandestino a las tres de la mañana: se encontraban en su colonia, en una tardeada en un local cuyo funcionamiento estaba permitido por las autoridades. El operativo se desarrolló a las cinco y media de la tarde, quienes había dentro del local eran jóvenes menores de edad que estaban festejando el fin del curso. Puede ser que se hayan vendido bebidas alcohólicas, mas lo cierto es que el lugar abrió a las cuatro y se llenó a las cinco y, en media hora de consumo, resulta difícil de asumir que el alcohol haya sido el responsable de los hechos. Y los testimonios surgidos demuestran que, sobre todo, se vendió cerveza. Dentro del lugar, entre la concurrencia, había agentes “encubiertos” que estaban en comunicación con sus jefes (y ahora resulta que los alcoholizados eran esos personajes) y sabían perfectamente cómo estaban las cosas y el hacinamiento en ese sitio, un espacio eminentemente popular, cuyo cover era de apenas 25 pesos. ¿Quién no ha ido a una tardeada a festejar un fin de curso?, ¿de qué son responsables los padres? Un informe del Gobierno capitalino deslizaba, como si fuera un pecado, que una de las jóvenes víctimas era hija de una mujer que trabajaba en un table dance e incluso que entre el público había teiboleras. ¿Qué tiene que ver?, ¿qué hace diferente el hecho de que fueran bailarinas o hijos de obreros?, ¿existe algún argumento más racista y discriminador?
Hasta ahora se ha buscado, de todas formas, deslindar a altas autoridades de su responsabilidad o hacer recaer ésta en funcionarios menores. Igual ocurrió con el incendio del Lobohombo y con la muerte de los policías en Tláhuac, donde participaron muchos de los mismos protagonistas de esta historia indignante de violencia y discriminación, protagonistas más preocupados por su futuro político que por la ciudad y sus habitantes.
Las autoridades capitalinas tardaron por lo menos 48 horas en comprender la profundidad de la crisis que les ha generado la muerte de 12 personas, entre ellas ocho menores de edad, en la tardeada de la discoteca News Divine, en la delegación Gustavo A. Madero. No se trató sólo de un operativo policial marcado por la negligencia y la brutalidad contra jóvenes que no estaban cometiendo delito alguno, sino de la exposición pública de todo un estilo de gobernar negligente y, en muchas ocasiones, corrupto.
Las imágenes distribuidas y los testimonios de los sobrevivientes y los vecinos no dejan lugar a duda sobre la responsabilidad de las fuerzas policiales capitalinas en la muerte de los jóvenes. Los dueños del lugar podrán haber violado los reglamentos, pero no provocaron esas muertes: las provocaron los policías que intervinieron sin ningún sentido lógico, orquestaron un operativo dirigido contra los jóvenes, no contra los dueños del local y que, por eso, impidieron que los muchachos salieran del lugar. Jóvenes a quienes persiguieron, golpearon, robaron y vejaron. La idea era castigarlos a ellos, no a los dueños que venían trabajando con impunidad desde hace años.
Ello lo demuestra, además, la declaración del diputado perredista Andrés Lozano, quien fue el responsable jurídico y de gobierno de la delegación Gustavo A. Madero, mano derecha del actual jefe de policía, Joel Ortega, y quien renovó el permiso para la operación del News Divine en 2002. Andrés Lozano aceptó haber renovado ese permiso sin realizar ninguna inspección, pero en su descargo dijo que lo hizo porque había “orden” de renovar todos los permisos de las discotecas y los giros de esa naturaleza. ¿Quién dio la orden, la delegación o el gobierno capitalino? Porque quien la haya dado estaba violando en forma flagrante la ley y renovando en automático las licencias de los llamados giros negros, sin ninguna inspección de por medio, casualmente a unos meses de las elecciones de 2003. Si lo que dice Lozano en su descargo es verdad, existe una responsabilidad directa y mayor, del entonces delegado Joel Ortega o de quien era su jefe, Andrés Manuel López Obrador.
Se ha presentado como argumento, lo hicieron el mismo Andrés Lozano y las actuales autoridades capitalinas, que no existen inspectores suficientes para revisar este tipo de negocios: a cada inspector, se lamentan, le tocan 166 lugares. Parece demasiado, pero no lo es: para asegurarse de que existen las medidas sanitarias y de seguridad es suficiente con una inspección y ésta no tiene por qué hacerse día con día. Asumiendo que esa sea la cifra real que le toca a cada inspector estamos hablando de que, aun cuando hicieran sólo una inspección diaria, podrían revisar cada local por lo menos dos veces al año. Y una inspección al día, para alguien que supuestamente trabaja ocho horas, no debe ser un esfuerzo demasiado intenso. Pero es peor aún, porque este local ya tenía denuncias previas y, sin embargo, seguía funcionando sin problemas. ¿Quién es el responsable?
Uno de los capítulos indignantes de todo esto son las violaciones cometidas contra los jóvenes incluso después de los hechos ocurridos dentro del local. Fueron perseguidos, golpeados, robados, detenidos: los testimonios de las jovencitas desnudadas “para su revisión”, haciéndolas poner en pose y girar para los agentes en las oficinas del Ministerio Público que las observaban, es tan indignante como la declaración del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, al decir que son ellas las que tienen que demostrar que eso realmente sucedió. Por suerte, el tema está en manos de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que encabeza Emilio Álvarez Icaza y está decidida a participar a fondo en la investigación de los hechos y ya ha comenzado a recabar todos los testimonios.
Pero también es indignante un argumento que han comenzado a manejar desde el domingo en el gobierno capitalino. Dicen que en realidad la responsabilidad es de los padres que permitieron a los jóvenes participar en esa fiesta. Es un argumento fascistoide. Los jóvenes no estaban en un lugar perdido y clandestino a las tres de la mañana: se encontraban en su colonia, en una tardeada en un local cuyo funcionamiento estaba permitido por las autoridades. El operativo se desarrolló a las cinco y media de la tarde, quienes había dentro del local eran jóvenes menores de edad que estaban festejando el fin del curso. Puede ser que se hayan vendido bebidas alcohólicas, mas lo cierto es que el lugar abrió a las cuatro y se llenó a las cinco y, en media hora de consumo, resulta difícil de asumir que el alcohol haya sido el responsable de los hechos. Y los testimonios surgidos demuestran que, sobre todo, se vendió cerveza. Dentro del lugar, entre la concurrencia, había agentes “encubiertos” que estaban en comunicación con sus jefes (y ahora resulta que los alcoholizados eran esos personajes) y sabían perfectamente cómo estaban las cosas y el hacinamiento en ese sitio, un espacio eminentemente popular, cuyo cover era de apenas 25 pesos. ¿Quién no ha ido a una tardeada a festejar un fin de curso?, ¿de qué son responsables los padres? Un informe del Gobierno capitalino deslizaba, como si fuera un pecado, que una de las jóvenes víctimas era hija de una mujer que trabajaba en un table dance e incluso que entre el público había teiboleras. ¿Qué tiene que ver?, ¿qué hace diferente el hecho de que fueran bailarinas o hijos de obreros?, ¿existe algún argumento más racista y discriminador?
Hasta ahora se ha buscado, de todas formas, deslindar a altas autoridades de su responsabilidad o hacer recaer ésta en funcionarios menores. Igual ocurrió con el incendio del Lobohombo y con la muerte de los policías en Tláhuac, donde participaron muchos de los mismos protagonistas de esta historia indignante de violencia y discriminación, protagonistas más preocupados por su futuro político que por la ciudad y sus habitantes.
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