Mafia y política e Italia de Berlusconi/Alexander Stille, profesor de la Universidad de Columbia, Nueva York, experto en la Mafia.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
Publicado en EL PAÍS, 31/05/2008;
En 2001, un jefe de la Mafia de Sicilia llamado Giuseppe Guttadauro notó de pronto una cosa de aspecto extraño en su salón, que resultó ser un dispositivo electrónico de escucha. “¡O sea, que Totò Cuffarò tenía razón!”, exclamó. Fueron las últimas palabras que la policía oyó pronunciar a Guttadauro antes de que desconectara el micrófono y, con ello, interrumpiera la investigación. El nombre que había pronunciado era nada más y nada menos que el del presidente de la región de Sicilia, Salvatore Cuffarò, Totò para sus amigos. La conversación fue una de las pruebas fundamentales que han permitido condenar este año a Cuffarò por complicidad con varios mafiosos que estaban bajo investigación penal.
Sin embargo, pese a esta condena, que en la actualidad está recurrida, Cuffarò logró ser elegido el mes pasado para el Senado italiano por el pequeño Partido Católico, de corte centrista.
La escucha del salón de Guttadauro, antes de que éste la desconectara, ofrece una imagen muy útil de cómo la Mafia piensa y habla de política. “Totò Cuffarò es lo mejor que podíamos pedir”, asegura el interlocutor de Guttadauro, un médico llamado Salvatore Aragona. “Confiemos en que gane la derecha”, dice Guttadauro, “Berlusconi, para resolver sus problemas, tiene que resolver también los nuestros”.
Existen buenos motivos para creer que eso es cierto. Desde que llegó al poder por primera vez en 1994, Berlusconi ha librado una campaña implacable para debilitar los poderes del aparato judicial italiano, que le ha sometido a él y a varios colaboradores suyos a diversos procesos por cargos que van desde corrupción y soborno hasta connivencia con la Mafia. Uno de los mejores amigos y antiguo jefe de campaña de Berlusconi, Marcello Dell’Utri, de Palermo, fue declarado culpable de esto último. Y después de que acusaran a Cuffarò de haber avisado a Guttadauro, el propio Berlusconi le llamó para mostrarle su solidaridad y decirle: “He hablado con el ministro del Interior y me ha dicho que está todo controlado”. En esa misma conversación, Cuffarò le dijo a Berlusconi: “Ya sabes que te queremos y que estás en mis oraciones cada mañana”.
Este puñado de conversaciones muestra cómo la Mafia se ha insertado en la vida política de Italia. Sus jefes locales tienen lazos con los políticos sicilianos, a los que dan dinero y de quienes reciben favores, bien en forma de contratos públicos desviados hacia sus empresas o avisándoles cuando están bajo investigación. Por su parte, los políticos locales acumulan bases de poder importantes y gran número de votantes leales, y los políticos nacionales buscan esos contactos y, a su vez, les ayudan. Es un sistema basado en el clientelismo y el poder, que cuenta con el apoyo del crimen organizado.
Aunque hay testigos que sostienen que la Mafia ha hecho un pacto con Berlusconi, y que Marcello Dell’Utri es su intermediario, no hace falta creerles para comprender que se trata, en cualquier caso, de una relación muy poco saludable. La Mafia, como dejan claras las afirmaciones del jefe Guttadauro, actúa a partir del principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y tanto la Mafia como Berlusconi están librando desde hace tiempo una guerra incesante contra el aparato judicial italiano.
Con cierta ayuda del centro-izquierda, hay que reconocerlo, la coalición de Berlusconi ha reescrito la legislación penal de tal manera que ahora es infinitamente más difícil condenar a acusados de todo tipo, incluidos los mafiosos. La longitud de los juicios se ha duplicado y los cambios legales ofrecen mil oportunidades de retrasar o revocar procesos basándose en pequeños detalles técnicos, con el resultado de que, para entonces, ya ha transcurrido demasiado tiempo desde que se cometió el delito. En casi todos los países, el calendario de prescripción se detiene en cuanto se inician las acciones judiciales, pero en Italia no es así y, por consiguiente, muchas condenas se eluden simplemente gracias a los retrasos. Asimismo, el Parlamento italiano ha eliminado las cárceles especiales para los jefes mafiosos más peligrosos, que les impedían casi por completo comunicarse con sus organizaciones, y ha reducido las ventajas para los testigos que cooperen. Además, el Gobierno de centro-izquierda de Romano Prodi, con el respaldo entusiasta del centro-derecha, aprobó una amnistía que permitió la salida de 26.000 presos; impidió que el principal abogado de Berlusconi, Cesare Previti, condenado por sobornar a jueces, fuera a prisión, y puso en la calle a varios acusados de pertenencia al crimen organizado.
Todo esto no sólo es moralmente repugnante, sino que es crucial para el mandato del nuevo Gobierno de centro-derecha. Entre los temas más importantes de la reciente campaña electoral estuvieron la criminalidad y la seguridad. Para ocuparse de ellos, el Gobierno tendrá que cambiar de política respecto a la justicia penal. Como dijo hace poco Antonio Manganelli, jefe de la policía italiana, “gran parte de lo que hacemos resulta inútil por el funcionamiento judicial. Tenemos un sistema de justicia lento y complicado que hace que la policía se esfuerce en vano”. Además, la coalición de Berlusconi está basada en una profunda contradicción. Por un lado, tiene mucha fuerza en el norte, donde está aliada al grupo autonomista Liga del Norte. Por otro, tiene mucha fuerza en el sur, donde el centro-derecha se apoya en un sistema de clientelismo que ha beneficiado enormemente a los grupos del crimen organizado. La Liga del Norte, principal ganadora en las elecciones del mes pasado, está en contra de que el dinero de los impuestos del norte se utilice para sostener un Estado de bienestar en el sur.
Otro gran tema de campaña fue el desastre de las basuras que se acumulan en las calles de Nápoles y otras ciudades cercanas. En el sur de Italia, la recogida y eliminación de basuras está en gran parte en manos del crimen organizado. Por tanto, para limpiar Nápoles, el Gobierno debe hacer frente a la Camorra, la versión napolitana de la Mafia. Y la presencia de numerosos políticos (muchos más de los que he mencionado aquí) que tienen lazos amistosos con personajes del crimen organizado sitúa al Gobierno actual en un rumbo de colisión entre el mandato de cambio que le otorgaron los electores y el arraigado sistema de clientelismo en el sur del país, del que la Mafia es un pilar fundamental.
A pesar de ello, la presencia de numerosas figuras con vínculos conocidos con el crimen organizado en la lista electoral del centro-derecha no fue un tema del que se hablara en campaña. La coalición de Berlusconi incluyó a su buen amigo Marcello Dell’Utri, pese a su condena por relaciones con la Mafia, y, en plena campaña, Dell’Utri hizo unas extrañas declaraciones en las que se refirió a un mafioso llamado Vittorio Mangano -condenado entre otras cosas por asesinato y tráfico de heroína- y le calificó de “héroe”. Dell’Utri había contratado en los años setenta a Mangano para trabajar para Berlusconi, entre otras cosas para que llevara y trajera a sus hijos del colegio. Mangano siguió en nómina incluso después de que le detuvieran y su largo historial criminal saliera a la luz. En la campaña, Dell’Utri elogió a Mangano por haberse negado a testificar contra él y contra Berlusconi y haber preferido la omertà tradicional del mafioso. Berlusconi, en vez de distanciarse de los elogios que había hecho Dell’Utri de un asesino y narcotraficante, sumó su voz a las loas del “héroe” Mangano.
El nuevo presidente de la Cámara Baja del Parlamento, Renato Schifani, tuvo relaciones de negocios con dos hombres que posteriormente fueron declarados culpables de pertenencia a la Mafia, y recibió un lucrativo contrato para modificar la calificación de unos terrenos en una ciudad siciliana cuyo ayuntamiento fue disuelto en dos ocasiones por estar bajo el control de la Mafia. Sin embargo, cuando el periodista italiano Marco Travaglio mencionó estos datos -que fueron desmentidos- hace unos días en televisión, se desató el caos. Pero la ira y la indignación no se desencadenaron contra el político por sus liaisons dangereuses, sino contra el periodista y quienes le habían permitido hablar en televisión.
Sin embargo, pese a esta condena, que en la actualidad está recurrida, Cuffarò logró ser elegido el mes pasado para el Senado italiano por el pequeño Partido Católico, de corte centrista.
La escucha del salón de Guttadauro, antes de que éste la desconectara, ofrece una imagen muy útil de cómo la Mafia piensa y habla de política. “Totò Cuffarò es lo mejor que podíamos pedir”, asegura el interlocutor de Guttadauro, un médico llamado Salvatore Aragona. “Confiemos en que gane la derecha”, dice Guttadauro, “Berlusconi, para resolver sus problemas, tiene que resolver también los nuestros”.
Existen buenos motivos para creer que eso es cierto. Desde que llegó al poder por primera vez en 1994, Berlusconi ha librado una campaña implacable para debilitar los poderes del aparato judicial italiano, que le ha sometido a él y a varios colaboradores suyos a diversos procesos por cargos que van desde corrupción y soborno hasta connivencia con la Mafia. Uno de los mejores amigos y antiguo jefe de campaña de Berlusconi, Marcello Dell’Utri, de Palermo, fue declarado culpable de esto último. Y después de que acusaran a Cuffarò de haber avisado a Guttadauro, el propio Berlusconi le llamó para mostrarle su solidaridad y decirle: “He hablado con el ministro del Interior y me ha dicho que está todo controlado”. En esa misma conversación, Cuffarò le dijo a Berlusconi: “Ya sabes que te queremos y que estás en mis oraciones cada mañana”.
Este puñado de conversaciones muestra cómo la Mafia se ha insertado en la vida política de Italia. Sus jefes locales tienen lazos con los políticos sicilianos, a los que dan dinero y de quienes reciben favores, bien en forma de contratos públicos desviados hacia sus empresas o avisándoles cuando están bajo investigación. Por su parte, los políticos locales acumulan bases de poder importantes y gran número de votantes leales, y los políticos nacionales buscan esos contactos y, a su vez, les ayudan. Es un sistema basado en el clientelismo y el poder, que cuenta con el apoyo del crimen organizado.
Aunque hay testigos que sostienen que la Mafia ha hecho un pacto con Berlusconi, y que Marcello Dell’Utri es su intermediario, no hace falta creerles para comprender que se trata, en cualquier caso, de una relación muy poco saludable. La Mafia, como dejan claras las afirmaciones del jefe Guttadauro, actúa a partir del principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y tanto la Mafia como Berlusconi están librando desde hace tiempo una guerra incesante contra el aparato judicial italiano.
Con cierta ayuda del centro-izquierda, hay que reconocerlo, la coalición de Berlusconi ha reescrito la legislación penal de tal manera que ahora es infinitamente más difícil condenar a acusados de todo tipo, incluidos los mafiosos. La longitud de los juicios se ha duplicado y los cambios legales ofrecen mil oportunidades de retrasar o revocar procesos basándose en pequeños detalles técnicos, con el resultado de que, para entonces, ya ha transcurrido demasiado tiempo desde que se cometió el delito. En casi todos los países, el calendario de prescripción se detiene en cuanto se inician las acciones judiciales, pero en Italia no es así y, por consiguiente, muchas condenas se eluden simplemente gracias a los retrasos. Asimismo, el Parlamento italiano ha eliminado las cárceles especiales para los jefes mafiosos más peligrosos, que les impedían casi por completo comunicarse con sus organizaciones, y ha reducido las ventajas para los testigos que cooperen. Además, el Gobierno de centro-izquierda de Romano Prodi, con el respaldo entusiasta del centro-derecha, aprobó una amnistía que permitió la salida de 26.000 presos; impidió que el principal abogado de Berlusconi, Cesare Previti, condenado por sobornar a jueces, fuera a prisión, y puso en la calle a varios acusados de pertenencia al crimen organizado.
Todo esto no sólo es moralmente repugnante, sino que es crucial para el mandato del nuevo Gobierno de centro-derecha. Entre los temas más importantes de la reciente campaña electoral estuvieron la criminalidad y la seguridad. Para ocuparse de ellos, el Gobierno tendrá que cambiar de política respecto a la justicia penal. Como dijo hace poco Antonio Manganelli, jefe de la policía italiana, “gran parte de lo que hacemos resulta inútil por el funcionamiento judicial. Tenemos un sistema de justicia lento y complicado que hace que la policía se esfuerce en vano”. Además, la coalición de Berlusconi está basada en una profunda contradicción. Por un lado, tiene mucha fuerza en el norte, donde está aliada al grupo autonomista Liga del Norte. Por otro, tiene mucha fuerza en el sur, donde el centro-derecha se apoya en un sistema de clientelismo que ha beneficiado enormemente a los grupos del crimen organizado. La Liga del Norte, principal ganadora en las elecciones del mes pasado, está en contra de que el dinero de los impuestos del norte se utilice para sostener un Estado de bienestar en el sur.
Otro gran tema de campaña fue el desastre de las basuras que se acumulan en las calles de Nápoles y otras ciudades cercanas. En el sur de Italia, la recogida y eliminación de basuras está en gran parte en manos del crimen organizado. Por tanto, para limpiar Nápoles, el Gobierno debe hacer frente a la Camorra, la versión napolitana de la Mafia. Y la presencia de numerosos políticos (muchos más de los que he mencionado aquí) que tienen lazos amistosos con personajes del crimen organizado sitúa al Gobierno actual en un rumbo de colisión entre el mandato de cambio que le otorgaron los electores y el arraigado sistema de clientelismo en el sur del país, del que la Mafia es un pilar fundamental.
A pesar de ello, la presencia de numerosas figuras con vínculos conocidos con el crimen organizado en la lista electoral del centro-derecha no fue un tema del que se hablara en campaña. La coalición de Berlusconi incluyó a su buen amigo Marcello Dell’Utri, pese a su condena por relaciones con la Mafia, y, en plena campaña, Dell’Utri hizo unas extrañas declaraciones en las que se refirió a un mafioso llamado Vittorio Mangano -condenado entre otras cosas por asesinato y tráfico de heroína- y le calificó de “héroe”. Dell’Utri había contratado en los años setenta a Mangano para trabajar para Berlusconi, entre otras cosas para que llevara y trajera a sus hijos del colegio. Mangano siguió en nómina incluso después de que le detuvieran y su largo historial criminal saliera a la luz. En la campaña, Dell’Utri elogió a Mangano por haberse negado a testificar contra él y contra Berlusconi y haber preferido la omertà tradicional del mafioso. Berlusconi, en vez de distanciarse de los elogios que había hecho Dell’Utri de un asesino y narcotraficante, sumó su voz a las loas del “héroe” Mangano.
El nuevo presidente de la Cámara Baja del Parlamento, Renato Schifani, tuvo relaciones de negocios con dos hombres que posteriormente fueron declarados culpables de pertenencia a la Mafia, y recibió un lucrativo contrato para modificar la calificación de unos terrenos en una ciudad siciliana cuyo ayuntamiento fue disuelto en dos ocasiones por estar bajo el control de la Mafia. Sin embargo, cuando el periodista italiano Marco Travaglio mencionó estos datos -que fueron desmentidos- hace unos días en televisión, se desató el caos. Pero la ira y la indignación no se desencadenaron contra el político por sus liaisons dangereuses, sino contra el periodista y quienes le habían permitido hablar en televisión.
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