El arraigo, fábrica de culpables

El arraigo, fábrica de culpables/GLORIA LETICIA DÍAZ

 ‘Revista Proceso # 1844, 4 de marzo de 2012

Pese a los reclamos de activistas sociales, abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales y extranjeras, el gobierno calderonista se niega a terminar con el arraigo, bajo cuya oprobiosa figura jurídica las autoridades policiacas y militares detienen a cualquier ciudadano que ellas consideran sospechoso. Tal es el afán por fabricar culpables, que no se preocupan por demostrar si en realidad lo son. Proceso reproduce los testimonios de algunas de las víctimas que simplemente no saben por qué se ensañaron con ellas.

Eran las ocho de la noche del 20 de noviembre último cuando un sedán color arena se le cerró al auto que conducía Edwin Emilio Escamilla Cabrera en la ciudad de Pachuca, donde trabaja como policía preventivo. De él descendió un sujeto que le preguntó: “¿Eres hijo de Francisco Escamilla Amado?”…

Sin darle tiempo a responder, lo sacó por la fuerza de su Chevy Monza para subirlo al sedán donde lo esperaban tres personas. Comenzaron a golpearlo; luego lo llevaron a las oficinas de la Policía Ministerial y siguieron torturándolo.

Al segundo interrogatorio, Edwin, de 29 años, se dobló y firmó un documento en el que aceptó que durante ocho meses colaboró con El Pino, a quien le informaba sobre operativos policiacos. Más tarde se enteró de que El Pino se llama José Vega Pérez y trabaja para Los Zetas; supo también que José Augusto Vega Pacheco y 10 policías de Actopan con los que supuestamente está relacionado también estaban detenidos.

Edwin estuvo incomunicado tres días en los separos de la procuraduría hidalguense. De ahí fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la Ciudad de México.

Apenas se enteraron, su madre, Liliana Cabrera Vizueth, y su esposa corrieron para la capital. El día 24 de noviembre su pareja pudo verlo durante cinco minutos, poco antes de que los agentes de la PGR lo llevaran al Centro Federal de Investigación, ubicado en la colonia Doctores, acusado de delincuencia organizada (expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/507/2011). Nada pudo hacer la abogada de Edwin, Angélica Nieto Acosta.

Del 26 noviembre al 1 de enero de 2012, Edwin y tres personas estuvieron arraigados en una pequeña celda que tenía una ventana por la que no podían asomarse. Sólo podían salir de su encierro 40 minutos: 10 para tomar sus alimentos y el resto para “ejercitarse”.

Durante ese periodo de cautiverio tuvo que vestir pantalón gris y playera amarilla. Tenía prohibido levantar la mirada aun ante su madre, su mujer y sus dos hijos pequeños que lo visitaron en varias ocasiones; no podía verlos ni tocarlos. “Los niños lloraban desesperados porque no podían tocar a su papá”, cuenta su esposa Érika Hernández.

El 1 de enero, Edwin y los 10 policías de Actopan fueron sacados del centro de arraigo de la PGR.

 “A mi hijo lo estuvieron paseando hasta que después apareció en el Cefereso de Villa Aldama; los de la SIEDO sabían que el juez ya no les iba a aprobar la ampliación del arraigo para mi hijo, porque no había nada contra él.

 “Al final la SIEDO se sacó de la manga un testigo protegido de nombre Venus, un supuesto sicario de Los Zetas, quien dijo que Edwin era policía municipal de Actopan, pese a que él nunca ha estado en esa ciudad y aun cuando los uniformados de ese municipio dijeron que no conocían a mi hijo. No obstante, el juez de Villa Aldama, Veracruz, le decretó el auto de formal prisión”, relata doña Liliana Cabrera.

Edwin es hijo de Emilio Francisco Escamilla Amado, el comandante de Tránsito y Vialidad de la Policía Municipal de esa ciudad que fue detenido el 29 de junio de 2009 junto con 200 de uniformados hidalguenses por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Hoy, Edwin y su padre, así como los 200 policías, están recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social 5 de Villa Aldama.

Doña Liliana y su nuera se ven cansadas. Dicen que aun cuando padre e hijo están recluidos en el penal veracruzano, el proceso contra Francisco es llevado en Tepic, Nayarit, mientras que el de Edwin se sigue en Almoloya, Estado de México.

“Sólo vivimos para ellos. Y aunque no tenemos dinero suficiente, tenemos que estar en todos lados… Sabemos que son inocentes”, sostiene doña Liliana.

El caso de Israel Arzate

Otro caso oprobioso es el de Israel Arzate Meléndez, quien tras ser detenido y torturado por militares terminó por aceptar que él había participado en la masacre de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, ocurrida a finales de enero de 2010.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio seguimiento a su caso y en agosto del año pasado emitió la recomendación 49/2011; al mes siguiente, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU exigió la liberación de Arzate, juzgado bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio vigente en Chihuahua desde 2007.

Arzate estuvo en prisión preventiva durante un año en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez. Después estuvo bajo arraigo y al vencer el plazo de 10 meses que fija el sistema penal acusatorio el fiscal debió presentar la relación de pruebas y dictaminar sobre su caso, pero no se cumplió con ese procedimiento.

En su informe del 9 de septiembre de 2011, el organismo de la ONU expone que “ante la ausencia de pruebas reales”, el arraigo impuesto a Arzate es “contrario a las normas internacionales de derechos humanos”.

Jacqueline Sáenz Andujo, coordinadora de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que junto con el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez asumió la defensa de Arzate, sostiene que “durante los primeros 10 meses la fiscalía no formuló más elementos contra el detenido. La juez de garantía Carmen Leticia Prieto Ruiz le impuso arraigo domiciliario en la vieja academia de policía de Ciudad Juárez”.

Sáenz Andujo comenta que está por resolverse un amparo contra el arraigo de su cliente; también están en revisión en tribunales colegiados los amparos rechazados contra los autos de vinculación a proceso por el multihomicidio de Villas de Salvárcar y otro por robo de vehículo, “fabricado por los militares para justificar la detención de Israel en flagrancia”.

Guadalupe Meléndez, madre de Israel, cuenta a Proceso las condiciones en que vive su hijo: “La habitación donde está arraigado tiene puerta de metal, lo que le impide ver la luz del día; sus custodios no lo dejan hacer ejercicio y lo humillan todo el tiempo. Su alimentación es muy mala y sólo me dejan verlo dos veces a la semana, los martes y los domingos. Yo le llevo comida cada semana para que se prepare”.

Meléndez, quien cuenta con medidas cautelares emitidas por la CNDH, luego de que una partida de soldados sacó a su hijo del Cereso para que les mostrara dónde vivía su madre, lamenta la incomunicación en que vive Israel.

“Él tiene su esposa y su hijo de 10 años, pero no puede hablar con ellos porque se fueron a El Paso, pues el niño tiene la nacionalidad estadunidense. Hace año y medio que no los ve; no quiere que se involucren en este problema. Pero cada que me llama por teléfono, mi nieto me pregunta cuándo va a salir su papá”, dice la señora.

La abogada Jacqueline Sáenz agrega que la medida cautelar resultó tan restrictiva que los abogados de Israel no pueden verlo sin aviso previo, lo que dificulta la defensa.

“Las autoridades alegan que el arraigo se impuso porque nosotros solicitamos el amparo contra el auto de vinculación a proceso, pero ese trámite lo iniciamos después de que venció el plazo para que aportaran más pruebas contra Israel, además de la confesión que él hizo bajo tortura. Resulta grave que la juez de garantías mantenga en esas condiciones a una persona que nunca debió ser sometida a proceso”, sostiene Sáenz.

Le preocupa, dice, que los vicios del sistema inquisitorio, como las confesiones arrancadas bajo tortura, se reproduzcan en el nuevo sistema, sobre todo “en casos en que hay la legítima exigencia social de respuesta inmediata, como en la de Villas de Salvárcar. Lo penoso es que se violen derechos humanos de Israel para que el gobierno de Chihuahua y el federal puedan decir que cumplieron”.

En su informe, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU –al que el gobierno de Felipe Calderón aún no responde– resalta que mientras a Israel se le han violado sus derechos, “las masacres alegadas y de las que se le ha acusado… siguen en la impunidad”.

El organismo internacional insiste en que Israel Arzate debe ser liberado, y exige una investigación sobre las torturas a las que fue sometido y que haya una reparación “completa y adecuada por los daños y perjuicios sufridos”.

Además, se sumó a la exigencia de otros organismos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que piden derogar las disposiciones constitucionales y legales que establecen el arraigo, así como “la facultad otorgada a las Fuerzas Armadas de participar en la investigación y persecución de hechos delictuosos, y prohíba que practiquen aprehensiones, arrestos y detenciones de civiles, pues no tienen ni deben tener funciones policiales”.

La pesadilla de Mauricio Marichal

Alfredo Mauricio Marichal Cancino es músico; además, cursó Estudios Latinoamericanos en la UNAM y está a punto de titularse como licenciado en Comunicación Social en la UAM. Él estuvo sometido a arraigo durante 26 días, y dos días más bajo la custodia de agentes del Ministerio Público de la delegación Magdalena Contreras.

Sobrino de la actriz y promotora cultural Julia Marichal Martínez, Alfredo Mauricio fue considerado el principal sospechoso de su muerte ocurrida el 15 de noviembre último. Recuperó su libertad luego de la detención de Pedro Osvaldo Castellanos González y Ana Betsaida Duarte Acosta, quienes presuntamente confesaron el crimen.

Mauricio, su hermano Bruno y su madre María Luisa Cancino accedieron a narrar la experiencia que vivieron. “No hubo ningún tipo de reparación a nuestra imagen, ni siquiera una disculpa”, sostiene Mauricio, quien atribuye su liberación a las manifestaciones que organizaron sus compañeros de la universidad y sus amigos y familiares que, dice, sabían que él era inocente.

Relata que todo empezó con una denuncia presentada a finales de noviembre por la familia Marichal en el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), luego de que detectaron que Julia Marichal no contestaba las llamadas telefónicas.

El 2 de diciembre los agentes de la dependencia pidieron a la familia que abrieran la casa de la actriz para investigar. Ese día Mauricio disponía de tiempo y decidió apoyar a los investigadores.

 “Todo fue muy extraño. Cuando ingresamos a la casa de mi tía observé que los agentes agarraban las cosas sin cuidado. Cuando salimos, unos agentes se fueron directo al patio, abrieron la cisterna y sacaron una bolsa y comenzaron a decir que era la cabeza de mi tía”, relata Mauricio.

El joven fue llevado a la agencia investigadora de Magdalena Contreras, invitado por los agentes para que diera cuenta del hallazgo. Del día 2 al 4, Mauricio estuvo en poder de los agentes y no se le permitió ver a su familia ni a su abogada.

 “No me dejaban dormir, llegaban y me decían que les explicara cómo había matado a mi tía, otro me decía que sólo un familiar pudo haber cometido un crimen así y que era por una herencia”, dice el entrevistado.

En la sala de espera de la delegación, su familia era también maltratada por los agentes ministeriales. “Nos querían vender en 20 mil pesos el expediente desde el principio”, asegura la madre de Mauricio.

El 4 de diciembre, el juez 31 penal otorgó a la PGJDF una orden para arraigar a Mauricio. Su abogada no estuvo presente.

En el centro de arraigos, ubicado en Azcapotzalco, Marichal compartió un espacio de tres por seis metros con cuatro personas. “Como el delito que me achacaban era grave, conmigo estaban personas acusadas de delincuencia organizada, secuestro y homicidio. Yo me sentía amenazado porque los custodios no tenían cuidado con mis datos personales.

 “Delante de todos decían que yo era músico, que era primo de Kalimba y que había matado a mi tía actriz; algunos me hostigaban y me decían que de cuánto había sido la herencia y que yo estaba bien panqué (adinerado)… Estás encerrado con esa gente 21 horas del día, sin hacer nada, sólo puedes salir de la celda tres horas.”

Durante el tiempo de visita, de 12 a 15 horas, “los agentes me sacaban a diligencias, esposado. Hacían que corriera el tiempo para que no viera a mi familia; me decían que no me querían, que se habían olvidado de mí”.

En el centro de arraigos capitalino, recuerda Mauricio, a los detenidos se les obliga a caminar sobre una línea y son esposados a sillas durante las diligencias o cuando reciben visitas. “Es doloroso ver a un familiar al que no puedes abrazar”.

Mientras estaba arraigado, su familia fue sometida a investigación. Sus celulares y sus teléfonos fijos, así como sus correos electrónicos, fueron intervenidos; incluso fueron citados por el Ministerio Público para que declararan sobre el asesinato de Julia Marichal.

 “Era desesperante y desmoralizante, porque al paso del tiempo te dabas cuenta de que a los agentes no les interesaba saber la verdad, sino hacernos caer en contradicciones para incriminar a mi hermano”, comenta Bruno, quien durante el tiempo en que Mauricio estuvo arraigado sintió impotencia, desesperación e insomnio.

Bruno y su madre María Luisa recuerdan que durante ese periodo algunas revistas “nefastas” publicaron datos tergiversados de la averiguación previa, así como fotografías de la reconstrucción de los hechos filtradas por la procuraduría capitalina.

Hoy, Mauricio Marichal se siente desalentado por los gastos que hizo su familia para demostrar su inocencia, por las filtraciones de la procuraduría y por el manejo de sus datos personales durante el arraigo. “Quedamos muy expuestos ante la delincuencia”, resume.

Dice que como lo acusaron de feminicidio, hoy “muchas vecinas me cierran la puerta cuando me ven; incluso una de mis sinodales de la UAM simplemente me dijo que no quería saber de mí”.

Para él, lo peor de todo es que aun cuando los presuntos asesinos ya confesaron y la procuraduría encabezada por Miguel Ángel Mancera Espinosa, aspirante a jefe de gobierno, fue incapaz de formularle una acusación sólida, no le han reparado los daños.¨

+++

Medida ineficaz y perniciosa/GLORIA LETICIA DÍAZ

Instrumento jurídico de la guerra contra el narcotráfico, la figura del arraigo ha resultado prácticamente ineficaz para la administración calderonista pues hasta la fecha la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha podido consignar ante juzgados federales a 3% de las personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado.

De junio de 2008 a octubre de 2011, 6 mil 562 personas estuvieron en centros de arraigo de la dependencia entre 40 y 80 días mientras se investigaba si tenían nexos o no con las bandas delincuenciales. Al final sólo 212 recibieron sentencia condenatoria.

Por lo que atañe a las personas detenidas por elementos de las Fuerzas Armadas –7 mil 591por efectivo de la Secretaría de la Defensa Nacional y mil 84 por elementos de la Marina–, los jueces especializados en cateos, arraigo e intervención de comunicaciones aprobaron la medida cautelar en mil 391casos; del resto no se sabe nada.

Los datos anteriores forman parte de una investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que ha documentado violaciones a garantías individuales de casi 300 personas que han estado bajo arraigo en casos en los que ha participado personal de las Fuerzas Armadas.

Coordinados por Sergio Méndez Silva y los abogados Silvia Vázquez, Octavio Amezcua y Silvano Cantú, todos ellos de la organización, emitirán un nuevo informe sobre el arraigo, figura que incluso fue reprobada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, durante su visita de agosto pasado a México; al mes siguiente el relator especial para México de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, denunció que el gobierno calderonista no le permitió ingresar al Centro Nacional de Arraigos.

Los abogados de la CMDPDH comparten a Proceso los resultados preliminares de sus indagaciones que en breve presentarán ante el Parlamento Europeo y ante la CIDH. Para ellos, “el arraigo ha generado un clima de impunidad; no sólo es una medida que afecta los derechos humanos, sino que pretende tapar la ineficacia en la investigación. Al final –dicen– lo que se hace es fabricar culpables y para ello se recurre a la tortura”.

Sostienen también que el “vínculo casi indisoluble” entre el arraigo y la tortura fue evidenciado desde 2009 por el Subcomité para Prevención de la Tortura de la ONU, luego de que, tras revisar los exámenes médicos de 70 personas arraigadas por la PGR, sus investigadores detectaron que en la mitad de los casos había “signos de violencia”.

Además, las pruebas obtenidas durante los arraigos –que las autoridades no pudieron robustecer durante los procesos penales– provocan que la mayoría de los detenidos recuperen su libertad. Y citan como ejemplo el michoacanazo de 2009, en el cual la PGR no pudo demostrar los presuntos nexos de los alcaldes y colaboradores del gobierno de Leonel Godoy con el narcotráfico.

Para Silvano Cantú, lo más escandaloso es que la mayoría de los arraigos a partir de 2008 fueron hechos por juzgados ilegales: “La reforma constitucional de ese año refiere la existencia de jueces de control y jueces de garantía que van a emitir estas órdenes cautelares (cateos, arraigos e intervención de comunicaciones) y vigilar que se respeten los derechos humanos de las personas privada de libertad, pero los artículos transitorios de la misma reforma fijan la entrada en vigor de estos jueces a partir de 2016”.

Figura inoperante

La prisa por operar la figura del arraigo –“única en el mundo, una especie de pena preprocesal”, apunta Cantú – llevó al Consejo de la Judicatura Federal a crear seis juzgados especializados a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que comenzaron a funcionar en enero de 2009.

No obstante, el abogado aclara que “el Consejo de la Judicatura no tiene atribuciones constitucionales para crear juzgados en materias distintas a las ya existentes”. Dice que a todas estas irregularidades se suma la actuación de las Fuerzas Armadas en detenciones “en las que no hay claridad de cuáles son sus atribuciones para realizarlas”.

Resulta peor aún que una vez que se decreta el arraigo no existe ningún recurso para combatirlo, sostiene su colega Sergio Méndez: Y expone: “El amparo no procede porque el Ministerio Público y los propios jueces juegan con los tiempos procesales y para colmo el dictamen de la nueva ley de amparo que aprobó el Senado, y que ahora está a disposición de la Cámara de Diputados, considera improcedente el amparo cuando se impugnan normas constitucionales, entre ella el amparo”.

Octavio Amezcua agrega: “En los juicios de amparo que hemos seguido, impugnamos desde la detención porque en los casos que llevamos no hay órdenes judiciales ni flagrancia, por lo que no hay elementos que justifiquen el arraigo, pero se deja pasar el tiempo de manera que el ministerio público cambia la situación jurídica del arraigado por el de indiciado, y en ese momento el juez sobresee el juicio”.

Detalla que la mayoría de los asuntos documentados por la CMDPDH corresponde a policías municipales o ministeriales detenidos en Tabasco, Hidalgo, Baja California y Michoacán.

 “Las autoridades federales y el Ejército se han ensañado particularmente con policías locales en su afán de imponer la imagen de mano dura de las Fuerzas Armadas y desprestigiar a las civiles; el caso más emblemático que llevamos es el de la detención masiva de 150 policías municipales de Pachuca en 2009; el problema es la forma en que se están llevando a cabo estas detenciones y la debilidad de las pruebas que presenta la PGR contra los involucrados”, comenta Amezcua.

La inoperancia del amparo en casos de arraigo consta en los informes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha enviado a la organización. Así, por ejemplo, del 5 de enero de 2009 al 13 de octubre de 2011, juzgados federales negaron 310 solicitudes de amparo contra órdenes de arraigo y sólo concedieron 14.

Silvia Vázquez, oriunda de Tijuana, apunta: “Los jueces no dan seguimiento a la serie de violaciones a derechos humanos que nosotros hemos registrado como una constante: después de la detención arbitraria, viene la desaparición forzada por 96 horas en promedio, tiempo en el que no se le informa a los familiares a dónde se envía al detenido. A ello se debe que algunos terminen en alguna instalación militar; la mayoría de los detenidos son torturados o coaccionados para que se autoinculpen e involucren a otras personas en delitos contra la salud o delincuencia organizada”.

De forma invariable, continúa, a los arraigados se les consigna ante jueces “que avalan todas las irregularidades”; incluso liberan órdenes de formal prisión contra ellos y la mayoría son enviados a cárceles de máxima seguridad.

Relata que en 2010 tuvo que exiliarse de esa ciudad fronteriza tras sufrir amenazas de muerte por defender a 25 expolicías municipales detenidos y torturados por militares en las instalaciones del 28 Batallón de Infantería, donde permanecieron 40 días, según consta en la recomendación 87/2011de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En ese caso estuvo implicado el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana Julián Leyzaola, quien hoy ocupa un cargo similar en Ciudad Juárez. El documento del ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva documentó la tortura a que fueron sometidos los detenidos, así como el hostigamiento a su defensora, Blanca Mesina.

Desde 2008 a 2011, la CNDH ha emitido varias recomendaciones relacionadas con denuncias formuladas por personas que han sido sometidas a arraigo; además, el organismo recibió 405 quejas por violaciones a derechos humanos contra personas en situación de arraigo por delitos federales en ese mismo periodo.

De los ómbudsman del país, sólo el del Distrito Federal, Luis González Placencia, se ha pronunciado de manera abierta por la abolición del arraigo. En la recomendación 2/2011, emitida en mayo del año pasado, planteó al entonces procurador Miguel Mancera Espinosa (hoy aspirante a la jefatura de gobierno) y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Édgar Elías Azar, tomar las medidas necesarias para ordenar a sus subalternos no solicitar más arraigos, al primero, e instruir entre los jueces y los integrantes de la judicatura no otorgarlos, al segundo.

El visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Mario Patrón Sánchez, dice que “tiene listas dos iniciativas que presentará a la Asamblea Legislativa: una para abolir la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales y otra para eliminar la Ley contra la Delincuencia Organizada, lesiva también para los derechos humanos”.

Los abogados de la CMDPDH intentan llevar uno o varios casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar su intervención a fin de que se pronuncie contra el arraigo porque, insisten, es contrario a los tratados internacionales.