Retrospectiva...
El día que Culiacán contuvo el aliento: ocurrio el "Culiacanazo"
Fred Alvarez Palafox
Escribir la crónica de aquel jueves 17 de octubre de 2019 es recordar cómo la vida cotidiana de una ciudad entera fue "secuestrada" de golpe. Aquella tarde, Culiacán no solo fue el escenario de un operativo fallido, sino el epicentro de un quiebre institucional profundo; un evento que la historia bautizaría, con amargura, como el "Culiacanazo".
El aire de la capital sinaloense se rompió con el estruendo de las balas y las columnas de humo negro de los vehículos incendiados. Todo comenzó cuando elementos del Ejército y la Guardia Nacional intentaron ejecutar la captura de Ovidio Guzmán López. Lo que las autoridades subestimaron fue la capacidad de respuesta inmediata del crimen organizado, que en cuestión de minutos desató el terror en las calles, sitiando a la población civil y tomando a la ciudad como rehén.
El impacto de aquellas horas de violencia dejó una cicatriz profunda y tangible en la sociedad. El saldo oficial inicial reportó ocho personas fallecidas —sumando civiles, agresores y agentes de seguridad— y 19 heridos. La parálisis fue total: 19 bloqueos asfixiaron las arterias principales de la ciudad y, aprovechando el desconcierto y el repliegue de las fuerzas del orden, 55 internos se fugaron del penal de Aguaruto. Más allá de las cifras frías, el terror dejó un trauma psicológico incalculable, especialmente en la población infantil que quedó atrapada bajo el fuego cruzado.
El colapso de la narrativa oficial.
Mientras la ciudad ardía, la primera reacción del gobierno federal fue el silencio. Las horas que siguieron estuvieron marcadas por una profunda crisis de comunicación, contradicciones y cambios drásticos en la versión de los hechos, revelados a cuentagotas.
La noche de ese mismo 17 de octubre, la primera explicación llegó por voz de Alfonso Durazo, entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A través de un mensaje en video del Gabinete de Seguridad, afirmó que una patrulla había sido agredida durante un "rondín de rutina" en el fraccionamiento Tres Ríos, encontrando casualmente a Ovidio Guzmán. Ante la violenta reacción, anunció que se había acordado "suspender acciones" para evitar más derramamiento de sangre. Evitó, a toda costa, mencionar la palabra "liberación". Casi a la par, circulaba otra versión: había sido un operativo para cumplir una orden de detención con fines de extradición.
Al día siguiente, la narrativa oficial comenzó a fracturarse desde adentro. En Culiacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reconoció que el grupo responsable del operativo había actuado de manera precipitada, con una deficiente planeación y, lo más grave, omitiendo obtener el consenso de sus superiores. Ese mismo 18 de octubre, desde Oaxaca, el presidente López Obrador avaló la decisión, argumentando que se tomó en conjunto para evitar una masacre, priorizando la vida humana sobre la aplicación de la ley.
Sin embargo, el vuelco definitivo llegaría ocho meses después. En junio de 2020, durante una conferencia matutina, el presidente cambió drásticamente la historia al confesar que fue él mismo quien dio la instrucción directa de detener el operativo y liberar al detenido, contradiciendo sus propias declaraciones previas.
La sombra de Washington: El detonante secreto
Para entender la prisa, la mala planeación y el desastre de aquel 17 de octubre, es necesario mirar hacia el norte. Años después, el ex fiscal general de los EU, Bill Barr, soltó una revelación explosiva en horario estelar al periodista Jesse Watters en Fox News:
"Cuando intentamos arrestar al hijo del Chapo, aparecieron con 700 tropas paramilitares con metralletas calibre 50 montadas en la caja de camionetas. Y el Ejército se retiró", comentó Barr de manera desenfadada, usando un revelador "intentamos" en plural.
En su libro de memorias, Una maldita cosa tras otra, Barr fue más allá. Afirmó que los cárteles en México cuentan con grupos paramilitares cada día mejor equipados y reclamó al gobierno de López Obrador estar "compartiendo soberanía" con estas organizaciones criminales.
Las palabras de Barr cobraron un sentido escalofriante al cruzar los datos documentados por el semanario sinaloense Ríodoce y el periodista Óscar Balderas. La orden para detener a Ovidio habría sido producto de una enorme presión desde la Casa Blanca, detonada por una visita secreta de autoridades estadounidenses a Sinaloa apenas unas semanas antes.
La cronología de la presión:
.- 11 de septiembre: Fiscales de Alabama y Nueva Orleans viajan a México, en un esfuerzo coordinado por el Departamento de Estado y la División de Operaciones Especiales de la DEA. El gobierno mexicano estaba al tanto.
.- 12 de septiembre: Un helicóptero Blackhawk de la Marina llevó a la delegación por aire a Culiacán. El teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, jefe de la policía estatal en Sinaloa, los acompañó sentado junto a la salida de emergencia empuñando un arma de alto calibre, previendo un ataque antiaéreo.
- 13 de septiembre: La delegación estadounidense elaboró un reporte de lo que vieron. El informe encendió las alertas en la Casa Blanca, desde donde salió un ultimátum a la cúpula mexicana: detener de inmediato el envío de fentanilo y otras drogas, o enfrentar la furia de Donald Trump.
.- 16 de septiembre (Día de la Independencia): Ocurrió una reunión secreta entre el director de la DEA, Uttam Dhillon, y el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel. Según Ríodoce, en este cónclave estuvieron presentes mandos de la Novena Zona Militar y la Tercera Región Militar, así como representantes de la Marina y la Guardia Nacional.
-17 de octubre- Exactamente un mes después de esa reunión secreta, se ejecutó el atropellado operativo en el fraccionamiento Tres Ríos.
Una derrota histórica
Al encajar las piezas del rompecabezas, la confesión de Bill Barr y la frenética actividad de la DEA en Sinaloa explican por qué un operativo de tal magnitud se ejecutó con tanta precipitación y sin el consenso adecuado.
Las consecuencias legales y simbólicas fueron devastadoras. Al ignorar el Artículo 16 de la Constitución y la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y ante el silencio cómplice de la Fiscalía General de la República (FGR) —la única facultada para ejecutar la orden de extradición—, el evento quedó plasmado no solo como un fracaso táctico, sino como una abdicación del Estado de derecho.
Aquel 17 de octubre demostró el dramático repliegue del Estado mexicano y exhibió una fragilidad institucional que doblegó a las autoridades. Como bien sugirió Barr, aquel día en Culiacán, el gobierno confirmó ante el mundo que había comenzado a compartir su soberanía con las fuerzas del crimen organizado.
Para la historia inmediata!
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