Las columnas políticas hoy, viernes 17 de julio de 2026

El caso Ruffo y la maquinaria del huachicol fiscal…

"A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas". Imposible no recordar hoy aquella implacable máxima atribuida al presidente Benito Juárez.

Ayer, 16 de julio, una sacudida en el escenario político y judicial del país nos obligó a hacer una lectura sobria y quirúrgica. En Ensenada, cayó Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California. La Fiscalía General de la República (FGR) le imputa delitos de un calibre mayúsculo: delincuencia organizada y contrabando de combustible.

La estampa de su aprehensión quedará para la historia por su dramática ironía. Al mediodía, Ruffo se encontraba en su casa, relajado, en mangas de camisa y portando una cachucha. Minutos antes de que las autoridades llamaran a su puerta, había declarado al diario REFORMA que "el Gobierno (de Marina del Pilar Ávila) no funciona. Entró en descomposición", exigiendo incluso el retiro de la mandataria. Colgó el teléfono y, casi como respuesta inmediata, llegó la policía por él. ¡Vaya casualidad! Como bien cantaba José Alfredo Jiménez, vivimos en un mundo raro.

Y es que el contexto —el timing de esta captura— es un apunte obligado que no podemos soslayar. Todo ocurre en un momento de altísima fricción, justo cuando el país y la prensa estábamos inmersos en el escándalo de los audios comprometedores de la actual gobernadora. Este movimiento se lee, inevitablemente, como una jugada de ajedrez en el tablero del poder.

Sin embargo, ante la contundencia de la indagatoria expuesta horas mas tarde - por la noche-, por la fiscal Ernestina Godoy (Comunicado FGR 450/26), no estamos frente a una operación improvisada. Se trata de una maquinaria logística y financiera que operaba, literalmente, sobre rieles. La red funcionaba a través de la empresa Ingemar —fundada por el exmandatario— y otras siete compañías. El hidrocarburo viajaba desde Texas, cruzaba por las aduanas tamaulipecas y se distribuía en Coahuila, Durango y Zacatecas.

El engaño documentado era tan simple como sistemático: en los carros-tanque se declaraba apenas el 10% de su capacidad. Reportaban 10 mil litros cuando, en realidad, internaban hasta 110 mil, volumen que era descargado clandestinamente en espuelas ferroviarias sin revisión alguna. Las cifras del daño son monumentales. Entre enero y julio de 2025 se registraron más de 4,200 importaciones irregulares; un boquete a la Hacienda Pública que supera los 4 mil millones de pesos, con movimientos de triangulación por 3,075 millones en 80 cuentas nacionales y transferencias al extranjero que rozan los 1,400 millones de dólares.

El despliegue abarcó ocho estados y suma ya cinco detenciones de 25 órdenes de aprehensión.

Hoy, Ruffo ya está en Almoloya. Según reporta Abel Barajas, comparecerá en las próximas horas ante la juez de elección popular Alejandra Ramírez de la Vega, y seguramente él y otros implicados —como Thompson Navarro— serán vinculados a proceso.

Por la salud de la República, lo que procede ahora es la exigencia institucional de un estricto respeto al debido proceso.

Como nota al margen, queda para la crónica la forma de la comunicación oficial. El mensaje de la fiscal Godoy —quien demuestra desde hace días que ya no necesita vocero— fue un monólogo absoluto. Al ser un pronunciamiento a medios sin espacio para el escrutinio, se cerró la puerta a las preguntas. Y quienes ejercemos este oficio sabemos que la verdadera nota suele agazaparse en el intercambio desde la trinchera, tal como sucedió hace unos días con el revelador tema del piloto de "Los Chapitos".

Las reacciones en el círculo rojo no se han hecho esperar y el tablero apenas comienza a reacomodarse. Seguiremos observando, pluma en mano, el curso de este proceso, porque queda claro que en la justicia de hoy no hay piso parejo.

Para la historia inmediata!

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Detienen por huachicol a ex Gobernador de BC; Pp de Reforma..

Grupo REFORMA

Hace tres décadas fue el primer Gobernador de la Oposición. Saltó a la política como empresario del ramo pesquero y era emblema de la disidencia. Ayer, a sus 74 años de edad, Ernesto Ruffo, el ex Gobernador panista fue detenido por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal con operaciones ilegales por más de 4 mil 400 millones de pesos.

Su sorpresiva detención ocurrió en medio del escándalo que envuelve a la Gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila, con su visa de ingreso a Estados Unidos retirada, y con señalamientos de su antecesor Jaime Bonilla, de vincularla con el narcotráfico. Y de la persecución estadounidense contra el Gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha por vínculos con el narco.

Ernesto Ruffo fue detenido en su casa en Ensenada y trasladado a la delegación de la FGR en Tijuana. Crédito: Chris Noyola.

Ruffo estaba ayer al mediodía en su casa en mangas de camisa, portando una cachucha, cuando llegaron a detenerlo. Minutos antes había declarado a REFORMA que "el Gobierno (de Marina del Pilar Ávila) no funciona. Entró en descomposición". Y pedía su retiro del cargo.

Colgó la llamada y luego llegó la Policía por él.

A mediados de 2025, como accionista de la empresa Ingemar, el ex panista y ahora dirigente de Somos México, fue señalado por la autoridad federal de probable responsabilidad en la introducción ilegal de combustible con permisos falsificados.

La FGR le imputa delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

También ayer se reportó la captura de Ricardo Thompson Navarro, socio de Ingemar, cuando circulaba por la carretera en Ensenada.

La investigación forma parte de la ofensiva del Gobierno federal contra el llamado huachicol fiscal, esquema mediante el cual cargamentos de gasolina y diesel ingresaban al País declarados como otros productos, principalmente aceites minerales o aditivos, para evitar el pago de impuestos.

Las operaciones se registraron en aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, todas en Tamaulipas.

En un mensaje, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, aseguró anoche que existen pruebas contundentes contra el ex Gobernador Ruffo y otras 25 personas que encabezaban la operación logística y financiera para introducir, distribuir y comercializar hidrocarburos de manera irregular.

Según la FGR, las empresas tuvieron movimientos sospechosos con ingresos por 3 mil 75 millones de pesos, través de 80 cuentas bancarias y operaciones en el extranjero por casi mil 400 millones de dólares.

Además de la orden de aprehensión contra Ruffo, los demás involucrados se ubican en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.

Godoy, titular de la FGR, argumentó que Ingemar, de la cual Ruffo es fundador y socio, fue la encargada de iniciar operaciones, en la que otras siete empresas más servían para transportar el combustible proveniente de Texas hacia Coahuila, Durango y Zacatecas.

Según la Fiscal, de enero a julio de 2025, se detectó que esta red realizó 4 mil 238 operaciones de importación de combustibles, los cuales posteriormente declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos distintos para evadir impuestos.

Anoche Ruffo fue trasladado a la CDMX por la FGR.

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Ya está en Almoloya…

Comparecerá en las próximas horas ante una juez federal en Almoloya de Juárez.

Dice una nota de Abel Barajas que el pasado martes la juez de elección popular Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, ordenó la captura de Ruffo y 24 presuntos cómplices por delincuencia organizada, contrabando y un delito en materia de hidrocarburos, de acuerdo con constancias ministeriales del caso.

Ruffo y al menos otros cuatro detenidos -entre ellos Thompson Navarro- serán presentados en las próximas horas a la audiencia de imputación.

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Las columnas políticas hoy, viernes 17 de julio de 2026

Un piloto del narco con mucha suerte

Bajo Reserva/EL UNIVERSAL

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias ‘Jando’, nos hacen ver, es un piloto del narco con mucha suerte. El 25 de julio del 2024, el avión que pilotaba despegó de Culiacán y llevaba a bordo al fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, y al narcotraficante e hijo del exlíder de esa organización Joaquín Guzmán López, alias “El Chapito”. “El Jando” aterrizó en los Estados Unidos y ahí ya estaban agentes del FBI quienes detuvieron a los tripulantes. Pese a que llevaba a dos pesos pesados del crimen organizado, el piloto no tuvo que enfrentar mayores problemas pues pudo volver a México. El 8 de febrero de 2025, “El Jando” fue detenido en México y señalado de ser el piloto personal de “El Chapito”. Sin embargo, en un segundo golpe de suerte nadie nunca lo asoció con el secuestro de “El Mayo” (que el gobierno mexicano ha condenado como un acto que violó la soberanía nacional) y en una decisión soberana y por razones de seguridad nacional, lo entregó a Estados Unidos. Así, cuando las autoridades mexicanas se enteraron de que “El Jando” podría decir quién organizó y planeó el secuestro de El Mayo, él ya estaba en territorio estadounidense. Y en su más reciente golpe de suerte, el aviador se ha convertido en colaborador de la justicia de los Estados Unidos, y con su cooperación podrá negociar su situación legal. Hay quienes se preguntan si será que “El Jando” tiene mucha suerte, o si existe la posibilidad que siempre haya sido un “colaborador” de Estados Unidos infiltrado en el Cártel de Sinaloa.

¿Quién pagará el costo político de Ruffo?

Tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, la pregunta obligada es ¿quién pagará el costo político de las acusaciones que le hacen por huachicol fiscal? Por un lado, Ruffo no ha dejado su militancia en Acción Nacional, pero también participa como miembro del Consejo Consultivo de Somos México, quienes salieron a defenderlo todavía más fieramente que el blanquiazul, partido al que dio varias glorias con su liderazgo político. Aunque ambos institutos políticos condenaron la detención del panista, habrá que ver a quién le costarán más dichos señalamientos. ¿O será carambola de doble banda para Morena en el momento más oportuno?

Tren Interoceánico, de obra emblemática a bomba de tiempo

Las prioridades de la autollamada Cuarta Transformación cambian. Tal es el caso del Tren Interoceánico que en los últimos 2 años ha sufrido recortes severos a su presupuesto que superan 90 por ciento. Nos recuerdan que los reportes de la Secretaría de Hacienda demuestran que el Interoceánico ha dejado de ser prioritario. Con un descarrilamiento y un “incidente” en su haber, el ferrocarril que transporta carga y pasajeros sobre vías complejas, y que tiene un bajo presupuesto, ha pasado de ser una obra emblemática a una bomba de tiempo, nos dicen.

Refuerzan dupla para lidiar con EU

Nos cuentan que la dupla entre la embajada de México en Estados Unidos y la subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue reforzada tras la salida de Esteban Moctezuma. Nos señalan que con la llegada de Roberto Lazzeri como embajador y Cristina Planter como subsecretaría, la cancillería apostó por un trabajo más coordinado ante el T-MEC y la protección a connacionales. Nos refieren que recientemente Lazzeri y Planter comenzaron con ejercicios conjuntos como el encuentro con congresistas para revisar temas de comercio y migración. Ya era necesario un nuevo aire en estas dos secciones estratégicas de Relaciones Exteriores, nos comentan.

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Estrictamente Personal

Ulises Lara, informante y ¿corrupto?/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, julio 17, 2026 |

En medio de tanto ruido retumbó el estruendo de la renuncia de Ulises Lara en la Fiscalía General de la República. Lara argumentó “razones personales” para dejar la Fiscalía Especial para Asuntos Relevantes, que atiende los delitos federales de alto impacto o relevancia nacional, y la vocería de la institución, con lo que provocó un enorme hueco a la fiscal Ernestina Godoy, que se quedó sin la persona en la que recaía el peso de la institución y que era su colaborador de más confianza desde que trabajaron juntos en la Fiscalía de la Ciudad de México.

Lara se incorporó a la Fiscalía General en enero, que generó anticuerpos naturales por su oscuro pasado, y comenzó un trabajo de contrainteligencia –a espaldas de Godoy–, para saber de sus andanzas. Lo que encontraron no fue nada bueno: extorsiones, vínculos con huachicoleros y, lo más inesperado, era informante de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. La exposición de sus andares provocó el cese inmediato desde las más altas esferas del Ejecutivo y una crisis dentro de la Fiscalía que se está viviendo en tiempo real.

El detonante, de acuerdo con dos fuentes, fue la liberación en el juzgado Primero Penal de Nuevo León de José Antonio Cortés, apodado El Titán, que había sido detenido a partir de las investigaciones de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, como presunto líder de una célula del Cártel del Noreste dedicada al contrabando de combustible y lavado de dinero. Cortés era un colaborador cercano de Roberto Blanco Cantú, apodado El Señor de los Buques, que forma parte de la indagatoria del huachicol fiscal que se operaba desde la Secretaría de la Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Cortés fue puesto en libertad el lunes, y el martes presentó Lara su renuncia. Las piezas de un rompecabezas con aristas criminales siguen encajando, mientras el trabajo de contrainteligencia avanza. Lo que descubrieron fue que Lara presuntamente había llegado a pactos con personajes involucrados en el contrabando fiscal, en donde sobresalía Raúl Rocha Cantú, el empresario neoleonés que ganó fama pública por ser el codueño del concurso Miss Universo, en donde se entregó el cetro a Fátima Bosch, una tabasqueña cuya victoria fue seriamente cuestionada por jueces y concursantes.

Rocha Cantú estaba siendo investigado por presunto tráfico de combustible y armas desde Guatemala, donde era cónsul honorario. En Estados Unidos, los servicios de inteligencia encontraron que esa red estaba vinculada con el senador Adán Augusto López y con el hijo del expresidente, Andrés López Beltrán. Por mantener viva la investigación sobre el huachicol fiscal que involucraba a los cercanos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero fue obligado a renunciar el año pasado, y ser relevado por Godoy.

La nueva fiscal llamó a Lara, que como en la fiscalía capitalina, se convirtió en el poder detrás del trono. Junto con él llegó su equipo en la Ciudad de México, que presumía en fotografías publicadas en las redes sociales, y que habían sido señalados por presuntos actos de corrupción. Nunca les pasó nada. Estaban en una posición de jueces y juzgados, que les garantizaba impunidad. De acuerdo con las fuentes, la liberación de El Titán se inscribió en ese contexto, pero se agregó a otra molestia que provocó en Palacio Nacional.

El origen fue la detención hace dos semanas de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, llegando de un viaje. La acusaron de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lavado de dinero, relacionados con el caso de Agronitrogenados, por lo que su hermano está bajo proceso en libertad. La información que arrojó el trabajo de contrainteligencia fue que Lara presuntamente actuó de esa manera como parte de una serie de extorsiones a la familia Lozoya y a cercanos de Alonso Ancira, que vendió a sobreprecio a Pemex la planta de Agronitrogenados.

El tema de la presunta corrupción hubiera sido suficiente para que fuera cesado y se abriera una carpeta de investigación en su contra, que es lo que hicieron los gobiernos del PRI en el reciente pasado, pero no es el caso de la ‘4T’. Los actos de corrupción en las administraciones de Sheinbaum y de Andrés López Obrador no han sido motivo de castigo, como se ha visto cada vez que estalla uno, y menos aún de investigaciones para determinar si hay responsabilidad o no de los implicados, como debería haber sido el caso de Lara. Lo que rompió la confianza no fueron sus presuntos negocios ilegales, sino que fuera informante de Estados Unidos.

El descubrimiento de un topo que tenían los servicios de inteligencia estadounidenses en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente en la Fiscalía General de la República, sorprendió y alarmó en los más altos niveles del gobierno mexicano. Lara le había estado suministrando información estratégica, no autorizada, a los agentes estadounidenses desde hace unos seis años, lo que tiene un efecto negativo multiplicador.

La revelación de que Lara es informante de Estados Unidos se suma al caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que ofreció aportar información al FBI para solucionar la cancelación de su visa, por investigaciones sobre su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa. Los dos violaron la Ley de Seguridad Nacional, que obliga a cualquier servidor público a notificar por escrito a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones, tres días máximo después de haberlas realizado.

El caso de Lara, ciertamente, es más delicado que el de la gobernadora. Ávila ofreció información; Lara ha aportado información secreta a Estados Unidos durante años. Es una paradoja. El exfiscal milita en la ultraizquierda de la ‘4T’ y es parte del grupo político del director del ISSSTE, Martí Batres, que controla parte de la Ciudad de México, y de la ministra Lenia Batres, que por prelación sería la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Pero sobre todo, muestra las debilidades ideológicas del obradorismo y deja asomar algo que tendría que registrarse en Palacio Nacional: los principales enemigos de la presidenta no se encuentran afuera, sino dentro de la ‘4T’.

Nota: Esta columna dejará de publicarse las próximas dos semanas, hasta el 3 de agosto.

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Sí sabían que era el piloto de “El Mayo” antes de entregarlo a EU/Raúl Rodríguez Cortés

EL UNIVERSAL,| 17/07/2026 |

El caso del piloto que trasladó de México a Estados Unidos al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada se le enreda cada día más a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Las arenas movedizas en las que cada movimiento que intentan sobre ese escándalo sólo los hunde más, ya elevaron exorbitantemente el monto de la factura que le ha cobrado al gobierno de Claudia Sheinbaum.

La titular de la FGR dijo a principios de esta semana que el piloto Mauro Alberto Núñez Ortega fue entregado a las autoridades judiciales estadounidenses sin que se supiera exactamente de quién se trataba.

La información había sido armada por el fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, y generó gran revuelo. El martes 14 de julio, Lara -colaborador muy cercano de la fiscal Godoy- presentó su renuncia por “motivos personales” y el miércoles 15 de julio la fiscalía emitió un comunicado en el que señala que el piloto Núñez Ortega “se identificó con otro nombre al ser detenido y presentado” el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, luego de que atacara con su grupo delictivo a soldados y guardias nacionales en un enfrentamiento que cobró la vida de un militar.

Agrega el comunicado que “esta persona fue vinculada a proceso por diversos delitos e identificada como integrante del grupo delictivo del Cártel de Sinaloa con un alto nivel en dicha organización con riesgo para la seguridad nacional”.

Tal fue la razón -explica- que se esgrimió para justificar su entrega a Estados Unidos el 13 de agosto de 2025 -todavía durante la gestión del fiscal Gertz Manero- en el segundo de los tres grupos de convictos mexicanos que sumaron 92.

Resulta inverosímil el argumento central del comunicado de la FGR del miércoles pasado: que el piloto fue entregado sin saber de quién se trataba exactamente y que su identidad se conoció tras la realización de periciales de audio de las que supo Ernestina Godoy al relevar a Gertz Manero el 3 de diciembre de 2025.

En esos términos inverosímiles del comunicado de marras, que asumieron como propios Ernestina Godoy y de alguna manera la presidenta Sheinbaum, están los “motivos personales” por los que renunció Ulises Lara a la fiscalía de Casos Relevantes y, horas después, el encargado de las investigaciones de delitos cometidos por servidores públicos federales, Oscar Langlet González, excolaborador cercano de Gertz Manero y esposo de la ministra de la Corte, Sara Irene Herrerías.

Pero lo que se viene se antoja más grave porque contra lo afirmado en el comunicado de la fiscalía, ahora resulta que sí se sabía de la identidad y ocupación del piloto Mauro Alberto Núñez Ortega antes de que fuera entregado a Estados Unidos por las autoridades mexicanas y el asunto podría afectar al hoy embajador de México en la Gran Bretaña e incluso la continuidad de la fiscal Ernestina Godoy, quien atraviesa además por complicaciones de salud.

Como se ha informado, este sujeto fue detenido en Estados Unidos el 25 de julio de 2024 tras aterrizar con “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo Guzmán”, en el aeródromo de Santa Teresa, Nuevo México, a unos cuantos kilómetros de El Paso, Texas.

Posteriormente Estados Unidos lo deportó a México a donde regresó para delinquir hasta que fue capturado en Jesús María, Culiacán, el 8 de febrero de 2025 y según el comunicado de la FGR del miércoles pasado, identificado, hasta diciembre de 2025, como el piloto de “El Mayo” y mando importante del cártel de Los Chapitos.

Sin embargo, un informe del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ofrecido en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum el 11 de febrero de 2025 (diez meses antes de que, según el más reciente comunicado de la fiscalía, se supiera de la verdadera identidad del piloto y seis meses antes de su entrega a las autoridades estadounidenses), dice textualmente: “… en Culiacán, Sinaloa, derivado de trabajos de inteligencia, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Mauro “N”, identificado como piloto aviador y operador clave de una organización delictiva, además de ser hombre de confianza del líder del grupo delictivo”.

Y más adelante, en la sesión de preguntas y respuestas de esa misma conferencia mañanera, García Harfuch precisó: “Es una investigación que está en curso todavía, por parte de la Fiscalía General de la República, pero sí podemos adelantar que esta persona, en efecto, es piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona (“El Mayo” Zambada) que fue entregada en Estados Unidos”.

Aún así, Núñez Ortega fue enviado al país vecino sin que ahora se conozca a ciencia cierta su paradero. ¿Quién miente? ¿A quién creerle? Es de grima el lodazal en el que se revuelcan la política y el crimen como lo confirma este caso, su antecedente inmediato: la extracción de Zambada en un operativo al parecer encubierto y no reportado de agencias estadounidenses en territorio mexicano; las confesiones grabadas de entregarles información confidencial que hizo la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila; la probable autorización de la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos para que agentes de la CIA participaran en un operativo antinarco; y la detención apenas ayer en Ensenada, por acusaciones de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos (huachicol) del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, nombre y hombre emblemáticos por haber sido en 1989 el primer gobernador de oposición después de décadas de hegemonía priista.

Instantáneas:

1. RUFFO DETENIDO POR HUACHICOL. El exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido ayer por la FGR acusado de realizar grandes operaciones de contrabando de combustible por medio de una empresa de su propiedad. Desde hace un año, el 22 de julio de 2025, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la investigación a la empresa Ingemar S.A. de C.V. por contrabandear hidrocarburos y usar ferrotanques para su almacenamiento. Ingemar nació como una firma inmobiliaria, pero en 2023 dio un giro hacia el mercado energético y obtuvo un permiso de la Comisión Reguladora de Energía para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel. Tras el aseguramiento del buque Chalenge Proycon con diez millones de litros de combustible el 19 de marzo de 2025 y los subsecuentes de otros barcos (incluido uno ocurrido en Ensenada, Baja California, en abril pasado), la Agencia Mexicana de Aduanas reveló que había mas de 200 órdenes de aprehensión relacionadas con el huachicol fiscal. La gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila dijo que entre ellas estaba un exmandatario panista, sin decir el nombre. No tardará en surgir la versión de que la detención de Ruffo es una maniobra para distraer la atención de las cuitas de la mandataria bajacaliforniana.

2. FOCOS ROJOS. Morena podría quedarse sin candidato en Guerrero. La contienda interna parece encaminarse hacia otro escándalo nacional por el derroche de dinero que se refleja en la colocación de lonas, pegotes y pinta de bardas. Y eso que el partido guinda aún no anuncia los nombres de quienes serán las personas que podrán participar en el proceso interno. Una de ellas, Estela Damián, exconsejera jurídica de la presidenta Sheinbaum, ha tapizado todo el estado con bardas, lonas y carteles lo que, dicen los enterados de la “grilla” guerrerense, solo evidencia que es una desconocida en la entidad. Parece claro que ese tipo de promoción no resiste una revisión por parte del INE pues es evidente que ya rebasó, y por mucho, los gastos de campaña. A eso hay que sumarle una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) en la que acusan a Damián de utilizar con fines electorales recursos materiales, financieros y humanos del Instituto Tecnológico de Acapulco. Por supuesto que no es la única que incurre en exceso de gastos propagandísticos. Beatriz Mójica también trae una campaña descarada, a grado tal que las madres buscadoras denuncian que la propaganda de la senadora con licencia ha sido pegada sobre las fichas de búsqueda de desaparecidos. Y ni hablar del derroche en que también incurren el rector de la Universidad de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, y el exdelegado del Bienestar, Iván Hernández. Los ríos de dinero corren por Guerrero, en una contienda que formalmente aún no inicia, por lo que el INE está obligado a revisar qué ocurre, pues todas y todos los aspirantes a la candidatura a la gubernatura están en riesgo de no poder ser nominados por delitos electorales.

3. GUELAGUETZA. Con motivo de “Julio mes de la Guelaguetza”, Oaxaca ha organizado para su gente y para los visitantes locales y extranjeros, veintitrés actividades artísticas y culturales que se realizarán en diferentes municipios de las ocho regiones del estado. Se trata de ferias gastronómicas, calendas y exposiciones artesanales. Actividades que además complementarán la máxima fiesta de Oaxaca que se llevará a cabo los días 21 y 28 de julio próximos en el Cerro del Fortín, en su tradicional formato de “Lunes del Cerro” y su “Octava”.

rrodriguezangular@hotmail.com

@RaulRodriguezC

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¿Es traición a la patria?/Alfonso Pérez Daza, ex onsejero de la Judicatura Federal 2014-2019. 

El  UNIVERSAL

Considerando la autenticidad de los audios que diversos medios de comunicación difundieron sobre las conversaciones que sostuvo la gobernadora en funciones del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, presuntamente con autoridades de los Estados Unidos de América, y en caso de que la autoridad investigadora obtenga una serie de pruebas adicionales, la conducta podría ser constitutiva del delito previsto en la fracción XII del artículo 123 del Código Penal Federal, mismo que establece: “Reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo”. Esto significa que la Ley Penal de nuestro país puede ser aplicada incluso antes de que se cometa el delito de traición a la patria. De la presunta conversación se advierte que la gobernadora afirmó: “Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar, yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad, que tampoco es que yo escuche en otras partes…”.

Aunque se trate de un ofrecimiento por parte de la gobernadora de entregar a autoridades extranjeras información confidencial en materia de seguridad en un futuro, la ley sanciona esa conducta por la gravedad de la intención delictiva. En el contexto periodísticamente difundido, la lógica sería tratar de obtener un beneficio para no ser extraditada o imputada penalmente por las autoridades norteamericanas a cambio de cooperar proporcionando información confidencial. Es factible iniciar una investigación de oficio por parte de la Fiscalía General de la República, ya que la fracción I del mismo artículo 123 prevé la pena de prisión de cinco a cuarenta años para quien realice actos contra la independencia de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a un gobierno extranjero.

En la obra Derecho Penal Mexicano de Mariano Jiménez Huerta, se explica que realizar actos contra la independencia de la Nación “significa cómo colocarla en una posición de sumisión o subordinación respecto a un Estado extranjero”, lo que es posible en caso de que autoridades norteamericanas reciban cierta información confidencial de seguridad nacional.

Es cierto que solo los audios de referencia son insuficientes para integrar los elementos normativos del delito de traición a la patria, pero claramente justificarían el inicio de una carpeta de investigación por un delito grave que se persigue de oficio, por el que la autoridad ministerial no requiere un escrito de denuncia: la simple nota periodística era suficiente. Lamentablemente, me parece que la Presidenta de México y su secretario de Seguridad se apresuran a exonerar a la gobernadora, cuando esa función es competencia de la Fiscalía General de la República.

El desgaste de credibilidad del gobierno federal era innecesario en este caso, tomando en consideración la complejidad técnico-jurídica que implica integrar un delito de esta naturaleza. Periodistas y lideres de opinión indebidamente concluyeron que estaba claro el delito de traición a la patria, cuando la ley penal prevé más de 20 conductas dentro de esa connotación. Era la autoridad ministerial, en su caso, la que debía intentar su investigación y, en su momento, explicar legalmente los extremos probatorios que se requieren para concluir la existencia del delito de traición a la patria.

Los asesores jurídicos del Ejecutivo Federal deben cuidar más a su titular, porque políticamente alimentan la hipótesis del gobierno estadounidense en el sentido de encubrimiento y protección de actores políticos involucrados con organizaciones delictivas. La explicación de la presunta conducta delictiva de la gobernadora no correspondía a la Presidencia de la República.

Académico de la UNAM

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Mentir, robar y traicionar/Alberto Capella

El Universal, | 17/07/2026 |

Pareciera que la política mexicana se ha convertido en una serie sin fecha de conclusión. Apenas termina un escándalo cuando ya comenzó el siguiente capítulo. Cambian los personajes, cambian los escenarios y hasta los argumentos de defensa, pero el libreto es prácticamente el mismo. Mentiras, corrupción, manipulación del poder y una disciplina partidista dispuesta a justificar cualquier cosa.

Cada día resulta más complicado para las y los defensores del régimen sostener una explicación lógica frente a la acumulación de hechos. La narrativa oficial ya no alcanza para ocultar una realidad que se abre paso por sí sola. Los escándalos dejaron de ser excepcionales para convertirse en parte del paisaje político nacional.

Buena parte de esa descomposición tiene una explicación. En muchas regiones del país prácticamente desapareció la competencia electoral. El enorme aparato clientelar construido desde los gobiernos federal, estatales y municipales; el uso político de los programas sociales; el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la captura de buena parte de los árbitros electorales redujeron el costo de gobernar mal. Cuando las consecuencias políticas desaparecen, los excesos dejan de tener freno.

La vieja sentencia de Lord Acton mantiene una vigencia absoluta. El poder corrompe. El poder sin límites termina por corromperlo todo.

Difícil encontrar un ejemplo más ilustrativo que los audios difundidos esta semana por el periodista Héctor de Mauleón en esta casa editorial sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. La discusión no debería centrarse en quién grabó la conversación o cómo terminó siendo pública. Lo verdaderamente trascendente es lo que se escucha. Una gobernadora preocupada por resolver un problema personal mientras expresa una disposición que abre serias dudas sobre el manejo de información de la más alta sensibilidad institucional.

El tema dominó la conversación pública nacional. Columnistas, analistas, espacios de radio y televisión, así como las redes sociales, dedicaron buena parte de la semana a un asunto que rebasa por mucho la cancelación de una visa. Cada explicación ofrecida por el gobierno de Baja California terminó generando nuevas preguntas, alimentando contradicciones y profundizando una crisis que dejó de ser local para convertirse en un problema político de dimensión nacional.

Morena enfrenta hoy un desafío mucho más complejo que controlar una crisis mediática. Debe convencer a millones de mexicanos de que las contradicciones son congruencia, que los escándalos forman parte de una conspiración permanente y que quienes durante años prometieron no mentir, no robar y no traicionar, ahora pueden hacer exactamente lo contrario sin pagar costo alguno.

Mientras tanto, la mayor amenaza para el movimiento no parece estar en la oposición. Está dentro de casa. Las disputas internas, las traiciones entre antiguos aliados, los grupos enfrentados por el poder y los intereses personales empiezan a desgastar el proyecto desde sus propias entrañas.

El Frankenstein político que durante años creció alimentado por la popularidad de López Obrador conserva todavía una fuerza considerable. Pero también empieza a mostrar las cicatrices de las piezas con las que fue construido. Los audios de Baja California, los conflictos entre gobernadores, las investigaciones, los señalamientos de corrupción y las luchas por las candidaturas son síntomas de un fenómeno mayor. El movimiento comienza a enfrentarse a sus propios avatares.

Al final, ningún movimiento puede sostenerse cuando termina pareciéndose exactamente a aquello que prometió combatir. La mentira puede ganar tiempo, pero nunca consigue cambiar los hechos. Los hechos tienen la mala costumbre de sobrevivir a cualquier narrativa empeñada en negarlos.

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