3 may 2007

Elecciones en Francia

Ante el 'ballottage' de Sarkozy/ Enrique Gil Calvo, es profesor de Sociología de la Universidad Complutense.
El País, 04/05/2007;
Las elecciones presidenciales francesas están resultando muy estimulantes, a juzgar por la incertidumbre que hay ante el inminente resultado del ballottage de Sarkozy. Y de entre las diversas lecciones que se desprenden de su desarrollo, sólo destacaré dos: la capacidad de rectificación del electorado francés y su posible realineamiento político superando la vieja distinción izquierda-derecha. Por lo que respecta al primer punto, la ciudadanía francesa ha demostrado con su muy elevada participación electoral que es capaz de aprender de la experiencia previa, pues lejos de recaer en el trágico error cometido en 2002, cuando la imprudente irresponsabilidad de los electores arrojó un resultado en la primera vuelta (que defenestraba al aspirante socialista Lionel Jospin) imposible de digerir en la segunda (al quedar el corrupto Chirac como única opción para detener al fascista Le Pen), en esta ocasión la elección ha sido modélica. Y si los franceses acudieron masivamente a las urnas el 22 de abril fue sin duda para evitar que la fragmentación de la izquierda, multiplicada por la perversa ingeniería del sistema electoral francés, volviese a deparar como era de temer una sesgada segunda vuelta entre Le Pen y Sarkozy. Pero afortunadamente no ha ocurrido así. Los franceses aprendieron la lección de 2002 y decidieron rectificarse a sí mismos, aupando a la inexperta Ségolène Royal hasta la segunda vuelta en lugar de defenestrarla como hicieron cinco años antes con Jospin. Semejante capacidad de aprendizaje de la propia experiencia demostrada por el electorado francés es digna de admiración pero también de envidia, dicho sea pensando en la escasa capacidad de aprendizaje del electorado español.
En cuanto al posible realineamiento de los franceses, que me parece el segundo punto a destacar, han sido muchos los observadores que han interpretado el inesperado resultado obtenido por el centrista François Bayrou como un indicio de que se estaría produciendo un desplazamiento de la alineación política desde el clásico eje derecha-izquierda, que opone a las clases propietarias frente a las asalariadas, a un nuevo eje arriba-abajo, que distancia a las élites políticas y económicas de los ciudadanos de a pie. Lo cual significaría otra nueva manifestación de un movimiento en profundidad que desde hace largo tiempo estaría redibujando el campo de la representación política, al hacer cada vez más borrosa y permeable la frontera izquierda-derecha por efecto del incremento de la volatilidad electoral, a la vez que se profundiza el divorcio entre la clase política y la sociedad civil.
¿Cómo se entiende este desplazamiento del antagonismo político del eje derecha-izquierda al eje arriba-abajo? La explicación convencional lo interpreta bajo el esquema de la crisis de representatividad que afectaría a nuestras democracias. Por una serie de razones relacionadas entre sí (fin de las ideologías, oligarquización de los partidos, profesionalización de la política, marketing electoral, escándalos de corrupción, descrédito de la democracia, etcétera), los ciudadanos ya no se reconocen en sus representantes políticos ni se identifican con ellos, pues consideran que sólo sirven a los intereses sectarios de la cúpula de sus partidos en vez de servir como debieran a los intereses legítimos de sus bases electorales. En consecuencia, los electores han aprendido a desconfiar de sus representantes convencionales, abriéndose un creciente divorcio entre la ciudadanía y la clase política. De ahí que Ségolène Royal esté proponiendo reformas enprofundidad de la democracia representativa para regenerarla mediante fórmulas de democracia participativa. Sin embargo, esta crisis de representatividad podría deberse no tanto al fallo de las instituciones políticas como a la transformación de las estructuras sociales.
Es la tesis de Bernard Manin: nuestra vigente democracia de partidos sólo era representativa en la época de la sociedad industrial, caracterizada por una estructura de clases sólidamente articulada de manera estable, cuando las izquierdas representaban a las clases asalariadas y las derechas a las clases medias. Pero aquella sociedad industrial ya no existe ahora. La llamada globalización ha impuesto "el advenimiento de la sociedad posindustrial" (Bell), y aquella vieja estructura de clases se ha fragmentado hasta disolverse en la atomizada individualización actual (Beck). Primero se desintegró la clase obrera, desapareciendo sus redes de solidaridad colectiva, su identidad de oficio y su conciencia de clase. Después se han desclasado las clases medias, tras la amortización de la meritocracia (Sennett) que ha convertido a los profesionales en mileuristas. Y ahora irrumpen por debajo de la pirámide social los nuevos estratos de inmigrantes socialmente excluidos, que como mano de obra sobreexplotada conforman el nuevo ejército laboral de reserva servil. En consecuencia, se ha incrementado exponencialmente la polarización de la desigualdad económica (Krugman), con la apertura de una creciente fractura entre una minoría cada vez más rica de beneficiarios de la globalización ("los de arriba") y una mayoría cada vez más empobrecida ("los de abajo"), ya sea en términos absolutos (la nueva pobreza urbana socialmente excluida) o relativos (jóvenes y mujeres incapaces de emanciparse por sí mismos).
Pero si la estructura social se ha transformado drásticamente, la estructura política no lo ha hecho, pues seguimos gobernados por unas obsoletas democracias de partidos que sólo estaban adaptadas a una sociedad industrial que hoy ya no existe. En consecuencia, ante semejante desajuste entre la estructura social y la superestructura política, reaparece la fractura civil. Una fractura que puede manifestarse de diversas formas, sea a la francesa (con miedo al futuro, odio a la globalización e incendios en las banlieues) o sea a la española (con burbuja inmobiliaria, derroche de nuevos ricos, bloqueo de la emancipación juvenil y explotación masiva de inmigrantes). Pero una fractura que, en todo caso, ha abierto un divorcio insalvable entre los de arriba (la clase política financiada por el mundo de los negocios) y los de abajo: la sociedad civil, hoy desarticulada y reducida a la privacidad.
¿Qué va a pasar en la segunda vuelta con el ballottage de Sarkozy? Las encuestas pronostican su victoria, pero existen indicios que apuntan la posibilidad de que salte la sorpresa, tal como sucedió en el plebiscito sobre la Constitución europea cuando la Francia de abajo se impuso a la Francia de arriba. Y también este domingo de mayo podría volver a ocurrir lo mismo, si los de abajo acudieran masivamente a las urnas en un plebiscito para parar los pies al presidencialismo bonapartista del nuevo pequeño corso. Al fin y al cabo, las clases medias son por naturaleza la base electoral de Nicolas Sarkozy. Y hoy las clases medias francesas se están desclasando y empobreciendo en términos relativos, odian la globalización neoliberal que preconiza Sarkozy y se comportan a veces como clase antisistema, por lo que podrían optar por tomar de nuevo la Bastilla presidencialista.
Nueva derecha y socialismo de siempre/Jorge Edwards.
Publicado en EL PAÍS, 02/05/2007;
Los franceses saben usar su sistema político a fondo, aprovechando todos los resquicios posibles e imaginables. Por eso en la primera vuelta sobran los candidatos. Algunos se proponen ganar. Otros se contentan con defender un punto de vista, con imponer un nombre, con hacer un saludo a alguna bandera, por minoritaria o extravagante que ésta pueda ser. Según veo ahora, en la primera vuelta, la del domingo 22 de abril, hubo tres candidatos trotskistas. A mí no me extraña demasiado. Francia es el país de las facciones políticas, de las divisiones y las subdivisiones, sobre todo en la izquierda. Las ideologías, el abuso de las ideologías, el gusto por los debates teóricos, conducen a una curiosa y a veces abrumadora proliferación de tendencias. Me tocó verlo en acción, en su salsa genuina, en su máxima virulencia, durante las jornadas de Mayo de 1968. Comparada la situación actual con la de aquella época, la del final del gaullismo, siempre me parece más apaciguada, menos dramática, de tendencias más difusas, de fronteras intelectuales menos marcadas. En el primero de los grandes desfiles de aquella rebelión estudiantil, los jóvenes rebeldes, los que ocupaban las primeras filas, declararon a la prensa que habían llevado a remolque a “la crápula estalinista”. En esos tiempos de insurrección más o menos general, las palabras no se medían demasiado. El marxismo era una filosofía de confrontación, de oposición, de guerra interna en la sociedad, y el lenguaje de aquellos años lo demostraba en cada inflexión retórica, en cada vuelta de frase.
Al ver los programas políticos de la televisión de estos días, tengo la impresión de que los candidatos, a pesar de que se tiran estocadas a cada rato, usan un lenguaje mucho menos provocativo, menos agresivo. En otras palabras, cultivan unas apariencias de cortesía, de buenas maneras. Se diría que la tolerancia, que fue una virtud política importante en los comienzos de la Revolución Francesa, perdió prestigio a lo largo del siglo XX, siglo no sólo de guerra fría, sino también de frenéticas guerras verbales, y ahora, en los primeros pasos del XXI, lo empieza a recuperar. La virtud de la tolerancia no es necesariamente corrompida, ni blanda, ni entreguista. Pero tiene un aura ambigua que no es fácil destruir. Por algo, al hablar de casas mal afamadas, se habla de casas de tolerancia.
Sarkozy, por ejemplo, después de sacar la mayoría relativa en la primera vuelta, en su primera aparición pública le dirigió un saludo amable, aunque interesado y en el fondo envenenado, a su adversaria socialista Ségolène Royal. Desde su mayoría, podía permitirse un gesto elegante. Además, ese gesto tenía una doble intención. Ambos buscamos lo mejor para el pueblo francés, parecía decir entre líneas, pero los instrumentos míos, los medios que me propongo utilizar para conseguir este fin común, son mucho más eficaces que los suyos. El discurso de Ségolène, en cambio, fue más duro y recurrió en algún momento a los temas clásicos del viejo socialismo. Entre ellos, a la denuncia del poder del dinero y de los grandes consorcios financieros en la derecha representada por Nicolás Sarkozy.
Al mismo tiempo, tuve la impresión, y sólo pretendo transmitir esa impresión, sin dármelas de experto en política francesa ni en nada parecido, de que Ségolène Royal es una oradora más bien rígida, con escasa capacidad de improvisación, que sabe lo que dice, pero que no domina por completo la manera de decirlo. Frente a Sarkozy tuve la impresión contraria. No dice demasiado, más bien evita entrar en los temas de fondo, pero habla con notable fluidez, en un tono de charla amable, de confesión, en determinados pasajes casi de prédica, y consigue levantar a su público. “¿Es un encantador de serpientes, o es una pura idea mía?”, le preguntó a una persona de la edición literaria, una persona enterada y que sigue las cosas de cerca, y me contestó de inmediato, haciendo vigorosos gestos afirmativos: “¡Es exactamente lo que usted dice!”. Moviendo las manos como un director de orquesta, Sarkozy encontraba las palabras adecuadas y parecía que las moldeaba, que las acariciaba y les sacaba brillo con los ojos.Las encuestas del momento le dan a Sarkozy una ventaja de cinco puntos y fracción sobre su competidora. En las circunstancias actuales, no parece fácil que esto cambie. Ahora bien, si se analizan las diferencias reales entre ambos candidatos, se puede llegar a conclusiones interesantes sobre las tendencias francesas de hoy, conclusiones que también sugieren algo acerca del panorama europeo. Ségolène insiste en los grandes temas de la protección social y del empleo. El énfasis de Sarkozy está en otra parte: en la seguridad, en la protección de los ciudadanos, que incluye, sin que se lo diga en forma explícita, la protección de sus propiedades, y en la defensa de los viejos valores de la vida francesa. Todos terminan sus discursos con las frases tradicionales, que le escuché en su tiempo al general De Gaulle, que escuché más tarde en boca de François Mitterrand, “Viva Francia”, “Viva la República”, pero la derecha pone el acento en Francia, y la izquierda, en las tradiciones republicanas. Llegado a este punto, me hago una pregunta inquietante: ¿no será que Sarkozy le arrebató sus temas al nacionalista Le Pen y los suavizó, los rodeó de un lenguaje más aceptable, les colocó un maquillaje que les permite acceder a los terrenos de la corrección política? Si es así, se podría creer en la llegada al poder de una derecha mucho más dura que la de Chirac o la de gobiernos anteriores: más intransigente frente a temas como la inmigración, la lucha contra la delincuencia o contra el terrorismo. Uno de los candidatos menores, que después de su prevista derrota partió a tomarse unas cervezas en la taberna de su barrio, dijo lo siguiente: en poco tiempo más, en estos mismos barrios, la policía va a golpear mucho más fuerte. Y eso no es poco decir. He visto a la policía francesa y, sobre todo, a sus comandos especiales, en acción en tiempos de conflictos serios, y sé de qué hablaba el candidato de la primera vuelta con su vaso de cerveza en la mano. Vamos a verla actuar en estos barrios, decía él, precisamente, y la vamos a ver repartiendo golpes a diestra y siniestra.
Hasta aquí sólo me he referido a las dos primeras mayorías, pero uno de los aspectos originales de esta elección consiste en que el candidato que entró en tercer lugar, el centrista François Bayrou, es el hombre que podría tener en su mano la clave de toda la situación. En su primera conferencia de prensa, el miércoles 25 de abril en la tarde, Bayrou no ha dado ninguna consigna de voto, como era fácil de prever, y ha criticado a las dos primeras mayorías en términos meridianamente claros. Sarkozy, ha dicho, por su temperamento mismo, por el estilo de gobierno que ha demostrado en sus largos años de ministro, va a tratar de conseguir una máxima concentración del poder, va a ejercer una presidencia autoritaria y probablemente va a llevar a los franceses a situaciones de conflicto. Ségolène Royal, por el contrario, indica con insistencia que espera formar un Estado mucho más intervencionista que el actual, cosa que se contradice con la idea de una renovación y una necesaria y urgente modernización de la economía francesa. En otras palabras, Bayrou se presenta a sí mismo como el único que puede sacar a Francia de esta polarización, de estos dos extremos peligrosos. Me pareció que su crítica de Sarkozy era más acerada, más intransigente, que la que lanzó a la señora Royal. Pero en esta conferencia hubo un anuncio esencial: Bayrou, que viene de las antiguas formaciones de la derecha gaullista, que fue ministro de gobiernos de derecha más o menos recientes, ha decidido formar ahora un Partido Demócrata, de centro, que intentará liberar a los franceses de dilemas que le parecen anacrónicos, propios de una política anticuada y de guerra fría. Después de la conferencia, me dediqué a observar una serie de reacciones en la ciudad de Lyon, donde el voto centrista, superior al veinte por ciento, fue uno de los más altos de Francia. Muchos de los entrevistados en la calle hablaban con claro rechazo de Sarkozy, pero ninguno se pronunció en favor de Ségolène. Algunos dijeron que todavía no habían tomado su decisión y otros aseguraron en forma rotunda que votarían en blanco. Todos se mostraban entusiasmados, por otra parte, con el nuevo partido anunciado por François Bayrou. El porvenir inmediato, en buenas cuentas, se ve bastante definido. Lo que no se ve claro, en cambio, es la derivación que podría tener un gobierno de derecha dura, con ribetes claramente nacionalistas, al estilo de Berlusconi, y con una fuerte oposición del nuevo centro formado por Bayrou y de la izquierda clásica, en la Francia de vieja escuela política y de una derecha componedora, negociadora, que ahora deja Jacques Chirac.

Día de la Libertad de expresión


¡Bien merecido!
En Medellín, Colombia el Premio de la Libertad de Prensa Unesco Guillermo Cano 2007 fue entregado a ILSA Politkovskya, hijo de la periodista, Anna Politkovskaya.
El diploma, escrito en un azul tibio y con el nombre de la periodista, fue entregado por el presidente de la UNESCO, Koichiro Matsuura. Es un honor entregar este premio al alma de una periodista que se convirtió en el símbolo de la libertad de prensa en el mundo", expresó Matsuura ante un auditorio repleto de periodistas de todo el mundo, al entregar el galardón.
Ana Politkovskya, periodista del diario Novaya Gazeta de Moscú, fue asesinada por desconocidos cuando ingresaba a su casa el 7 de octubre de 2006. Su crimen aún no ha sido aclarado.
Según datos de la UNESCO y organizaciones periodísticas, el año pasado 107 comunicadores fueron asesinados, la mayoría por casos relacionados con su profesión.
La libertad de Prensa, en el punto de mira/María Dolores Masana, presidenta de Reporteros sin Fronteras-España
EL PAÍS, 03/05/2007;
Si no hablamos, no existe. Si no se cuenta, no ha pasado. Es casi un axioma, aplicable desde los sucesos más nimios a los acontecimientos más importantes. Y cobra especial relieve en un mundo globalizado, intercomunicado por los más diversos sistemas, desde la incontrolable red de redes hasta los sofisticados satélites y telecomunicaciones inalámbricas.
En el plano internacional, esta extraordinaria facilidad de transmisión de noticias preocupa extraordinariamente a quienes se hallan fuertemente interesados en que algo no se divulgue, no se sepa, no llegue al conocimiento público. Generalmente por motivos espurios. En el mundo de hoy, más que nunca, existen un gran número de causas por las que luchar, de injusticias que eliminar, de crímenes que denunciar. Pero solamente una prensa libre permite a esas causas existir, ser conocidas, situarlas en un primer plano y, consecuentemente, movilizar a la sociedad en su favor.
Es en este contexto que arrecian año tras año las agresiones a la libertad de prensa y a los periodistas en el ejercicio de su trabajo. Desde el 1 de enero, 24 periodistas y cinco colaboradores han perdido la vida por explicar aquello que diversos poderes fácticos quieren ocultar. El año pasado fueron 113 los profesionales de la comunicación abatidos. Actualmente, 125 periodistas, cuatro colaboradores y 67 ciberdisidentes se hallan encarcelados en 21 países.
En Reporteros sin Fronteras causa gran preocupación el secuestro de periodistas. En estos momentos, el corresponsal de la BBC Alan Johnston lleva 55 días desaparecido en Gaza, sin otra noticia que un comunicado de un grupo desconocido, las Brigadas de la Unidad y la Yihad, que asegura haberle ejecutado. Agradecemos a Al-Zayd Ibrahim, director del Centro Cultural Islámico de Madrid así como a Hassan Hal Houl, secretario general del Consejo Islámico de Cataluña, que hayan unido su firma al llamamiento de diversas personalidades del mundo musulmán en Europa para pedir a sus captores que le liberen con vida. Reporteros sin Fronteras condena firmemente esta práctica que precisamente atenta contra el mensaje del Islam basado en valores de tolerancia, humanismo y respeto. Johnston dedicó tres años de su trabajo como corresponsal a interesarse por la suerte de los palestinos y a contar las tremendas condiciones que sufre diariamente este pueblo bajo la ocupación de Israel.
Con la existencia de esta inaceptable realidad se cerró el 2006, un año funesto para la prensa. El 31 de diciembre dimos la señal de alarma con la presentación de nuestro informe anual de agresiones contra la libertad de prensa y contra los periodistas y por primera vez censamos el número de profesionales secuestrados en ese periodo: 56. La cifra habla por sí sola. Además de que cuatro países retienen en sus calabozos a más de la mitad de nuestros 200 colegas encarcelados en juicios sin ninguna garantía: China, Cuba, Eritrea, Etiopía, por este orden.
¿Dónde se oye la voz de la Unión Europea denunciando tales ataques? ¿Ni para pedir una comisión de investigación internacional por el asesinato de Ana Politkovskaïa? La tarea primordial ahora es aprobar leyes, una tras otra, que limitan la libertad de expresión. Todo en aras de la seguridad.
En el caso de Estados Unidos, los reiterados encarcelamientos de periodistas por negarse a revelar sus fuentes, el mantenimiento al margen de toda legalidad del camarógrafo Sami Al-Haj en el gulag de Guantánamo, la negación a que comparezcan ante la justicia española los tres oficiales que comandaban el tanque que disparó contra el hotel Palestina de Bagdad, matando a José Couso y a Taras Protzyuk, no precisan comentario.
Desde Reporteros sin Fronteras apoyamos hoy, XVII Día Internacional de la Libertad de Prensa, a cuantos profesionales sufren intimidaciones a causa del ejercicio de su profesión porque el espacio público debe estar abierto al diálogo y a la polémica. Nunca este derecho fundamental ha sido tan necesario y urgente como cuando los puntos de referencia de la vida económica, social y política se hallan sometidos a una confusión extrema.
Por ello, en nuestro mundo actual, los medios de comunicación tienen una misión urgente e ineludible: derribar las pantallas falsificadoras con las cuales se pretende desviar la atención de la sociedad de las verdaderas causas de un desorden generalizado que las estructuras de poder pretenden esconder. Sin una prensa verdaderamente libre, hablar de democracia, de derechos humanos, no tiene ningún sentido.

Un fantasma recorre América


El fantasma del populismo/Mikel Barreda, consultor del Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya
Tomado de LA VANGUARDIA, 03/05/2007;
Un amplio grupo de líderes y movimientos populistas viene despertando un gran recelo dentro y fuera de América Latina en las dos últimas décadas. Este fenómeno no es en absoluto nuevo. Ya entre los años treinta y sesenta del siglo pasado se instituyeron regímenes populistas - como los de Vargas en Brasil y Perón en Argentina- caracterizados, entre otros aspectos, por expandir el papel del Estado, emprender políticas redistributivas, fomentar la industrialización, y ampliar la inclusión social y política. Todo ello sobre la base de un discurso legitimador que apelaba de forma constante al pueblo. El populismo de nuestros días ha aflorado en un contexto muy diferente. Los líderes populistas que han accedido recientemente al poder (por ejemplo, Chávez, Evo Morales, Uribe, Kichner o Correa) lo han hecho después de ganar en elecciones competitivas y sobre la base de algún partido o movimiento político.
Pero ¿qué es el populismo? Ésta es una pregunta que admite múltiples respuestas, dada la vaguedad que rodea a este concepto. Una definición elemental -inspirada en los trabajos de Laclau y Panizza- es concebirlo como un tipo de discurso político por el cual se divide la sociedad entre el pueblo y unos poderosos que someten y hacen sufrir al pueblo. El líder populista se caracteriza por denunciar a estos opresores - que pueden ser los partidos y los políticos tradicionales, las clases altas, el imperialismo norteamericano, etcétera- e identificarse con los oprimidos. Las raíces de este discurso populista son diversas, si bien destaca una por encima de todas: la existencia de una crisis de representación. Se trata de una situación en que los ciudadanos consideran que los políticos y los gobiernos ya no responden mínimamente a sus expectativas y demandas.

Este sentimiento se expresó en el que se vayan todos durante la crisis argentina del 2002 y con palabras similares se ha extendido en otros países de la región.
Sobre la base de las dos dimensiones discursivas mencionadas se levantan otras tres características que, si bien no son exclusivas, son habituales del estilo populista de hacer política. Una primera es el recurso a una escenografía y una retórica repleta de emotividad y símbolos. La célebre imagen de Evo Morales ataviado con su chompa o el programa Aló, presidente de Chávez son dos ejemplos de la puesta en escena populista que tanto gusta a estos políticos. En segundo lugar, si la identificación del líder con el pueblo es inmediata, las instituciones representativas son secundarias, cuando no un claro estorbo para los intereses populares. No es así extraño que muchos de estos líderes, una vez en el poder, traten a toda costa de ampliar sus poderes (por ejemplo, legislativos) y rehuir de los sistemas de control democráticos. Finalmente, los regímenes populistas se apoyan -por encima de estructuras formales como los partidos- en una amplia diversidad de organizaciones y movimientos sociales (juntas vecinales, organizaciones campesinas, etcétera). El populismo tiende a atender de forma discrecional y clientelar a todos estos colectivos, facilitándoles ciertos servicios o recursos (subsidios, empleo, etcétera) a cambio de su lealtad.
Una cuestión controvertida es si el populismo está o no asociado a una manera específica de conducir la economía. En 1990 se acuñó la expresión macroeconomía del populismo para referirse a gobiernos como el de Alan García que impulsaban una política expansiva de gasto público, sin tener en cuenta el equilibrio interno y externo de la economía. Algunos gobiernos de los noventa (como los de Menem o Fujimori) evidenciaron justo lo contrario: cómo se podía combinar un discurso populista con políticas económicas neoliberales. Recientemente, el llamado populismo económico ha vuelto a presentarse. El caso de Chávez es el más ilustrativo. Durante los últimos años se ha realizado un incremento considerable del gasto público y el país goza, por el momento, de un cierto equilibrio económico, gracias al precio favorable del petróleo.
A la vista de todo lo anterior, el populismo entraña riesgos importantes para el desarrollo de América Latina. Vale la pena resaltar dos. A primera vista, el impulso de programas sociales por muchos gobiernos populistas puede parecer loable de cara a combatir el elevado nivel de pobreza existente. Sin embargo, se debe ser consciente de que el manejo de estos programas es, por lo general, clientelar y asistencialista. Además, por sí solos no bastan para reducir significativamente la pobreza. Ello requiere disponer también de una economía saneada, en crecimiento y, sobre todo, con potencialidad para generar nuevas capacidades productivas y empleo. Y en esto los gobiernos populistas no están ofreciendo respuestas satisfactorias.
El segundo riesgo del que cabe alertar afecta a la calidad de la democracia, como mínimo en dos sentidos: 1. se pone en peligro el respeto al pluralismo, en la medida en que se pretende asumir la representación plena del pueblo: cuando se proclama que el líder es el único que representa al pueblo y que todo aquel que está en su contra es enemigo del pueblo; 2. esta pretendida representación total conduce, como se apuntaba antes, a un interés en debilitar las instituciones democráticas que cumplen la función de contrapesar al poder ejecutivo.

Turquía y el Kemalismo


Las dos almas de Turquía/Rafael Navarro-Valls, catedrático de la Universidad Complutense.
Tomado de EL MUNDO, 03/05/2007;
Turquía es una país geopolíticamente muy singular. Casi toda su geografía es asiática, pero tiene corazón europeo; está situada en la periferia de Europa, pero no es Occidente; forma parte de la OTAN, pero en su zona más lejana; manifiesta su deseo de entrar en la Unión Europea, pero no siempre está dispuesta a cumplir las condiciones exigidas.
La delicada situación política que se vive en el país estos días participa de dicha singularidad. En teoría, en las calles de Ankara y Estambul se han enfrentado laicismo e islamismo. En la práctica, lo que hay es una lucha por el poder entre derecha e izquierda. Entre otras razones, porque el laicismo turco no es verdadero laicismo, ni su oponente, el fundamentalimo de Erdogan, es estrictamente tal.
El creador de esta ambigua situación es Mustafá Kemal (Atatürk, 1881-1938), quien, tras la disolución del Imperio Otomano después de la I Guerra Mundial, abolió el Sultanato y el Califato, haciendo -en abstracto- de la religión un asunto privado. El padre de la Turquía moderna llegó hasta el extremo de declarar que el mejor sitio para las religiones «era el fondo del océano». Así, se prohibió vestir con el traje tradicional -incluido el velo de las mujeres- y se introdujo el vestido europeo; la poligamia fue abolida; el alfabeto latino sustituyó al árabe; el calendario se adaptó al occidental y se introdujo un nuevo sistema educativo. Desde 1960, el Ejército, asumió la defensa del kemalismo -para lo que no ha dudado incluso en dar tres golpes de Estado desde entonces-. Y en las sucesivas constituciones que ha tenido el país hasta la actual de 1982, se ha establecido el principio fundamental de laiklik (laicismo).
Sin embargo, es éste un laicismo también singular. Imita a Francia en el modelo, pero se aparta en el contenido. Baste pensar que el modelo turco es más bien un laicismo teocrático, es decir, el Estado no sólo controla la religión, sino que ha integrado el islam(en su rama suní) en la propia Administración. Sólo se entiende así que en un país laico la enseñanza de la religión (la suní) sea obligatoria en las escuelas públicas, sin ninguna reciprocidad para los restantes credos. De ahí que una minoría islámica no suní como los alevitas acaben de plantear ante el Tribunal de Derechos Humanos una demanda exigiendo que a ellos no se les imponga la única enseñanza religiosa oficial.
La peculiaridad del laicismo turco conduce a que, a diferencia de en el occidental -entendido como una construcción en la que se fomenta la libertad de conciencia y de religión-, la libertad religiosa aparezca severamente controlada. Por ejemplo, las organizaciones católicas y protestantes no son más que entidades fantasmas, sin personalidad jurídica. Las iglesias cristianas no gozan del derecho de propiedad. No existen lugares para la formación del clero y hay un severo control sobre la actividad de sacerdotes y obispos.
Una de las condiciones impuestas por las autoridades de la UE para el ingreso de Turquía es, precisamente, el cese de esta hostilidad. El ambiente anticristiano alcanzó su clímax en la campaña desatada contra Benedicto XVI con motivo del polémico discurso de hace algunos meses en la Universidad de Ratisbona. El máximo responsable de Asuntos Religiosos turco pidió -¡nada menos!- que el encarcelamiento del Papa si pisaba tierra turca. No pude dejar de esbozar una sonrisa al contemplar el abrazo que el Pontífice propinó al fogoso guardián de la identidad islámica al llegar a Estambul poco tiempo después.
En fin, otra peculiaridad de este laicismo es haber ilegalizado tres partidos políticos laicos (el comunista unificado, el socialista y el OZDEP), aunque el Tribunal de Derechos Humanos declaró no fundada su disolución. No es de extrañar que el anterior relator especial de la Comisión de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación por motivos religiosos o creencias, Abdelfattah Amor, describa la laicidad turca como «altamente compleja», entre otras razones porque es el propio Estado, a través del Departamento de Asuntos Religiosos, el que distribuye el texto de los sermones que se leen los viernes en las mezquitas, pagando, controlando y contratando a todos los imames en los templos turcos.
Tal vez la prohibición de llevar velo a las estudiantes en la enseñanza universitaria (por cierto, confirmada por la sentencia de 10 de noviembre de 2005 del Tribunal de Estrasburgo ) sea sintomática. Como observó la juez belga Françoise Tulkens, en su voto discrepante a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, la prohibición supone «un abusivo paternalismo que no sólo se mueve contra la mujer, sino que contradice lo sostenido por el propio Tribunal de Derechos Humanos en lo relativo al derecho de autonomía personal».
Si el laicismo turco tiene sus singularidades, el islamismo de Erdogan y de su candidato a la Presidencia de la República, Abdulá Gül, también es peculiar. Inicialmente, el primero pertenecía a la rama moderada del Partido de la Prosperidad -sucesor directo de cuatro partidos anteriormente disueltos por el Gobierno turco-, con más de seis millones de votantes y que gobernaba en coalición con un pequeño partido de centro derecha. Fue disuelto por atentar «directamente contra el principio de laicidad del Estado» e indirectamente por promover actividades separatistas. El Tribunal de Estrasburgo aprobó la disolución al entender que «la democracia representa un valor fundamental en el orden público europeo, pero si se demuestra que los responsables de un partido político incitan a la violencia o mediante mecanismos ilegítimos buscan la destrucción de la propia democracia su disolución puede considerarse justificada». -Es inevitable pensar, y perdóneseme el inciso, en la situación española y la ilegalización de un partido vasco-.
Posteriormente, la rama moderada del partido disuelto (Partido de la Justicia y el Desarrollo), liderado por Erdogan, volvió a asumir el poder. Desde entonces, sus directrices recuerdan más a una rama conservadora de los partidos demócrata-cristianos europeos que a los fundamentalistas iraquíes o iraníes. Sus manifestaciones parecen orientadas a reconciliar las dos almas de Turquía: la kemalista y la islamista. Es sintomático que Zapatero haya encontrado en Erdogan el máximo apoyo para su Alianza de Civilizaciones. No parece el posicionamiento de un fundamentalista activo, por más que las acusaciones de los laicistas hayan dejado en una posición incómoda al presidente del Gobierno español, también laicista y, sin embargo, incondicional aliado de Erdogan. No obstante, la moderación y el apoyo de las autoridades de la UE al actual primer ministro turco y el hostil planteamiento de la Corte Constitucional y del Ejército turcos no harán fácil su tarea.
Por ello, la decisión de la Corte de anular la primera votación en el Parlamento para designar al presidente de la República no sorprendió a nadie. Desde luego, había un problema de quorum, pero, además, el posicionamiento de la Corte ha sido tradicionalmente proclive a mantener una beligerancia vigilante contra cualquier veleidad que se salga del marco de la posición tradicionalmente kemalista. Igual de improbable parece que en la votación fijada para este domingo pueda el europeísta y moderado Abdulá Gül alcanzar la mayoría necesaria en el Parlamento.
El desenlace inevitable serán unas elecciones adelantadas, en las que nuevamente lucharán las dos almas turcas, probablemente con nuevo triunfo de Erdogan, pero esta vez sin mayoría absoluta. Y esto podrá suponer un freno a las aspiraciones europeístas turcas, con ventaja para los pequeños e inquietantes gropúsculos extremistas religiosos, que esperan agazapados e
n la sombra.
Europa y la cuestión Turca/Por Mateo Madridejos, periodista e historiador
Tomado de EL PERIÓDICO, 02/05/2007;
Fascinado por la experiencia revolucionaria de Mustafá Kemal, Ataturk (el padre de los turcos), un reputado estudioso anglosajón del islam, el profesor Bernard Lewis, tras sumergirse en los archivos del Imperio Otomano, hace medio siglo, ensalzó la emergencia de la Turquía moderna como un acontecimiento “sin precedentes en la historia del país y de la región” y un primer paso para aceptar la civilización occidental. Su visión de un mundo islámico democratizado y liberado de sus cadenas medievales, recogida por los neoconservadores norteamericanos para lanzar la desgraciada cruzada de Irak, está en entredicho en Turquía con la elección del presidente de la República.
Occidente vuelve a mirar a Turquía, donde la sociedad está desgarrada en dos bloques harto heterogéneos, mas unificados por una idea fuerza. De un lado, los sectores sociales fuertemente islamizados y retrógados, las masas campesinas y los grupos capitalistas y del bazar que defienden el retorno de la religión al ámbito público o se benefician de la orientación conservadora del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, aglutinados por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Este goza de mayoría absoluta en el Parlamento gracias, entre otras cosas, a un sistema electoral que aplasta a los pequeños partidos al exigir el 10% de los votos para obtener diputados.
El otro campo está integrado por las élites occidentalizadas y laicas, los militares, la magistratura, los funcionarios y la clase media urbana, que se aferran al legado de Ataturk y se expresan políticamente a través del histórico Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), en la oposición. Todos rechazan que la jefatura del Estado, que hasta ahora fue un valladar contra el islamismo rampante, sea ocupada por un islamista, hombre de paja del primer ministro, que avalaría todas las iniciativas del Gobierno en favor de una simbiosis entre la mezquita y el Estado. La concentración de poderes en manos islamistas les parece un gran salto hacia el despotismo religioso.La confrontación cristalizó por causa de la elección presidencial, pero está latente desde que los islamistas tomaron el poder en noviembre del 2002 y propugnaron la reislamización, en paralelo con el retroceso ostensible del laicismo. El asesinato de un juez del Consejo de Estado por un soldado de Dios (mayo del 2006), la negativa de Erdogan a entrevistarse con el Papa o los asesinatos de miembros de la hostigada minoría cristiana confirman la extensión del mal. Hace pocos días, el diario Hurriyet (La libertad) de Estambul ofreció una impresionante lista de asesinatos de intelectuales, periodistas y funcionarios, víctimas del fanatismo que se imparte en los internados estudiantiles gestionados por comunidades islamistas que reclutan a jóvenes pobres para imbuirles una educación estrictamente coránica, vulnerando la Constitución en connivencia con las autoridades.La dicotomía laicismo-islamismo es la más relevante, pero no la única que se cuece en la caldera turca en ebullición. El Ejército, una avanzadilla de la OTAN en las mismas fronteras de la URSS durante toda la guerra fría, no es solo el garante de la secularización, sino que antepone el nacionalismo antiárabe a la solidaridad islámica que pretende instaurar Erdogan. La tradicional alianza militar de Turquía con Israel y con Estados Unidos fue denunciada por los islamistas nada más llegar al poder y se concretó en las restricciones impuestas a los norteamericanos durante la invasión de Irak. El jefe del Estado Mayor, el general Yasar Buyukanit, de la línea dura laica, salió a la palestra para reafirmar la fidelidad de los uniformados al legado de Ataturk.La violencia sectaria en Irak agrava las tensiones entre el Ejército turco, que amenaza con intervenir, y los 13 millones de kurdos que viven en Turquía y los cinco millones de kurdos iraquís, mientras proliferan los actos de guerra en el antiguo Kurdistán (término proscrito en Turquía), atribuidos al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). La disputa multiétnica se exacerba en la ciudad iraquí de Kirkuk, históricamente kurda y gran centro petrolero.
LA ESPINOSA cuestión turca llama a la puerta de la Unión Europea, cuyos miembros están profundamente divididos en razón del empuje del islamismo, la presión migratoria y la fragilidad de las estructuras democráticas. Los partidarios de la tesis del profesor Lewis, amparados por la experiencia, creen que el laicismo y la occidentalización son requisitos ineludibles de la democracia, pero los que defienden el entendimiento con el islamista Erdogan plantean una pregunta para la que no tienen respuesta ni precedente: ¿y si el islam moderado, en vez de un obstáculo, fuera un medio para llegar a la democracia?
Esta sutil polémica y el debate sobre la presidencia de la República confunden, a veces, la democracia como método para elegir a los gobernantes y como sistema de garantías para la autonomía individual, el libre examen y la resistencia frente a la opresión. La sociedad turca está muy lejos de los parámetros europeos, y los manifestantes de Ankara y Estambul, que conocen el terreno mejor que los europeos, acusan al Gobierno de Erdogan de conducir el país hacia la ley coránica (sharia) que se vislumbra tras el embrollo de la elección presidencial. Los iranís sufren ya el valor de la elección bajo un régimen de rigor islámico.

Carbonell, Laveaga y las reformas de Felipe Calderón

De veras atenta contra los derechos humanos?/GERARDO LAVEAGA, es director de Inacipe.
El Universal, Jueves 03 de mayo de 2007
Algunas de las experiencias más frustrantes que he tenido en mi vida profesional se dieron durante mi gestión como director general del Ministerio Público en lo Familiar y Civil de la Procuraduría capitalina.
En una ocasión una persona denunció el maltrato que sufría un grupo de niños a los que su vecino golpeaba de manera inmisericorde, mientras los mantenía atados con alambres.
Apoyándome en el artículo 16 de la Constitución, que señala la forma en que debe proceder una autoridad en casos urgentes, ordené a los policías a mi mando que entraran a la casa, liberaran a los menores y detuvieran al golpeador.
El operativo resultó exitoso. Acto seguido, puse a los menores y al sujeto a disposición del juez. Unos días después me enteré de que el maltratador seguía libre y que los niños continuaban a su merced. "Se está ensañando con ellos", me dijo el denunciante, indignado ante mi ineficiencia.
Cuando busqué al juez para preguntarle la causa por la que había liberado al sujeto, me comunicó, escuetamente, que yo no había probado la urgencia y que, por tanto, él no podía proceder. Quedé estupefacto.
Para paliar mi frustración, me puse en contacto con un magistrado amigo mío y le pregunté primero, cómo se probaba la urgencia; después, qué podía hacer. Era la primera vez que me ocurría aquello y no quería que volviera a suceder.
La respuesta del magistrado fue poco alentadora: "Las leyes están mal hechas", dijo, "y los abogados se aprovechan de los resquicios que dejan". Me sugirió que no insistiera. El maltratador podría acusarme ante la recién creada Comisión Nacional de Derechos Humanos, por haber procedido sin mandato judicial y, entonces, quien estaría en problemas sería yo.
Pero, ¿no decía la Constitución que en casos urgentes se podía proceder sin orden judicial? Una semana después, ante una denuncia vinculada con una menor de edad a la que su padrastro sometía a continuas violaciones, solicité una orden del juez para cerciorarme de los hechos.
Cuando, al cabo de dos meses, la obtuve, me comunicaron que la menor ya no vivía en la ciudad de México. Nadie supo darme razón de su destino.
Las referencias vienen al caso a propósito de las reacciones que han tenido algunos miembros de la comunidad académica respecto a la iniciativa de reformas constitucionales en materia penal, que el pasado 9 de marzo presentó el presidente Felipe Calderón ante el Senado de la República.
Algunos han actuado guiados por sus buenas intenciones, por su afán de que la realidad cuadre con ellas. Creen, honestamente, que los hombres son buenos y que cualquier figura jurídica que amenace a quienes infringen la ley daña al universo entero.
Otros, no obstante, han lanzado adjetivos sin ton ni son e insultos a granel por motivos menos nobles: fueron contratados por empresas extranjeras para defender proyectos distintos y ven peligrar sus honorarios.
Pero más allá de los móviles que tienen los detractores del proyecto, quien quiera que haya estado inmerso en el sistema de justicia, sabe que lo único que busca la reforma es permitir que la autoridad actúe con mayor rapidez en casos extremos, sin que ello implique que se deje al juez de lado.
En todos los casos se contempla la intervención judicial y en ninguno se descarta la posibilidad de que un acto abusivo por parte de la autoridad sea sujeto de una escrupulosa revisión y de la sanción correspondiente. En todos los casos es posible recurrir al amparo. Los académicos a los que me he referido se preguntan cómo es posible que un agente del Ministerio Público vaya a poder ordenar un arraigo o llevar al cabo un cateo en ciertas circunstancias, y que sea, hasta después, cuando un juez ratifique o rectifique su actuación.
Protestan ante la posibilidad de que un miembro de la delincuencia organizada pueda perder sus propiedades a favor del Estado. Pero, ¿no se habrán dado cuenta de que estos supuestos ya están previstos en nuestra Constitución? Lo que busca la propuesta de reformas es agilizar los trámites, por decirlo de algún modo; llenar los resquicios a los que aludía mi amigo el magistrado.
La reforma, naturalmente, entraña riesgos. Puede prestarse a abusos de la autoridad y provocar situaciones indeseables. Nada que el marco jurídico vigente no pueda propiciar también. La policía, los agentes del Ministerio Público y los jueces pueden incurrir en actos ilícitos dentro del más equilibrado de los sistemas penales.
Lo que tenemos que hacer, por ende, es esmerarnos en fortalecer los mecanismos de control, en capacitar mejor a nuestros servidores públicos y en elevar su calidad de vida para evitarles la tentación de corromperse. Lo que no parece razonable es exigir que se acabe con la delincuencia y se garantice la seguridad mientras, al mismo tiempo, nos oponemos al menor intento que se hace para conseguirlo.
* Director del Inacipe
Una iniciativa peligrosa y regresiva/MIGUEL CARBONELL, Coordinador del área de Derecho Constitucional, IIJ-UNAM
El Universal, Jueves 03 de mayo de 2007
El pasado 9 de marzo el presidente Felipe Calderón hizo llegar al Senado de la República cuatro iniciativas que suponen su programa de reforma en materia penal. Nadie puede dudar de la necesidad de realizar una profunda reforma a nuestro sistema penal, pero la ruta elegida por Calderón es sumamente peligrosa y además es regresiva.
El Presidente propone reformar la Constitución para llevar hasta el texto de la Carta Magna una especie de cheque en blanco a favor del Ministerio Público para que pueda dictar medidas cautelares dentro del "procedimiento penal". Esto significa que el MP, cuya historia reciente está plagada de errores y corruptelas tanto a nivel federal como local, podrá detener a una persona, incautar precautoriamente sus bienes, obligarla a no abandonar una demarcación territorial, etcétera. Es decir, Calderón propone que a uno de los principales autores de los mayores abusos dentro del sistema penal se le amplíen los poderes que tiene actualmente, en detrimento de la seguridad jurídica de los ciudadanos.
La iniciativa de Calderón no ayuda a corregir el problema de la falta de definición de los delitos graves. En vez de arreglar este problema de raíz, Calderón solamente intenta una tímida redefinición, al proponer que por delito grave se entiendan aquellos que "afecten seriamente la tranquilidad y la paz públicas". ¿Qué añade eso a lo que hay actualmente? Casi nada o nada: los legisladores seguirán teniendo un gran margen de discrecionalidad para establecer los delitos que deben ser considerados como graves, de modo que la prisión preventiva seguirá siendo la regla y la libertad caucional la excepción, lo cual es contrario a diversos tratados internacionales de derechos humanos.
Calderón propone constitucionalizar el arraigo, figura que había sido considerada inconstitucional por la Suprema Corte hace un par de años.
Calderón le pide al Senado que continúe por la peligrosa senda de crear un subsistema penal aplicable solamente a los casos de delincuencia organizada. Se trata de medidas que tienden a constitucionalizar el "derecho penal del enemigo" y que comportan una guantanamización del ordenamiento jurídico mexicano (debo esta expresión a la inteligencia y lucidez de Miguel Sarre). Lo peligroso es que la Constitución no define hoy en día, ni lo hará si se aprueba la reforma de Calderón, qué debemos entender por delincuencia organizada. La ley respectiva ha dado lugar a un alud de críticas por parte de los más reconocidos expertos en México, como don Sergio García Ramírez. ¿Por qué entonces deberíamos profundizar una ruta que ya se ha probado ineficaz y contraria a los derechos humanos? Las alternativas viables son o establecer los mismos derechos y obligaciones para todas las personas que enfrentan un proceso penal, o bien definir con precisión qué delitos deben ser considerados como de delincuencia organizada.
El Presidente propone una muy tímida ruptura del monopolio de la acción penal, pues remite a la ley para que se señalen los casos "excepcionales" en los que los particulares podrán solicitar directamente la apertura de un proceso penal ante el juez competente. Es necesario abrir con mayor contundencia ese monopolio, y hacerlo clara y contundentemente desde el texto constitucional.
En su propuesta de reforma al Código Penal, Calderón propone la instauración de la prisión vitalicia, olvidando de lleno que el fin de la prisión en México es la readaptación social de las personas sentenciadas. ¿Cómo se readaptará una persona que va a salir de la prisión el día en que muera? La prisión perpetua es inhumana y su instauración en México es una regresión jurídica, política y moral. A estas alturas sabemos perfectamente que el problema no es la "cantidad" de penas con que se sanciona un delito, sino que ninguno de nuestros más de mil cuerpos policiacos es capaz de dar con los responsables y ponerlos ante un juez.
Por todo lo anterior es que las iniciativas de Calderón deben ser rechazadas o enmendadas a profundidad por los senadores. Da mucha tranquilidad saber que algunas de ellas pasarán por las manos competentes, serenas y responsables de legisladores como Pedro Joaquín Coldwell o César Camacho, que seguramente no se sumarán a este tipo de expresiones regresivas y peligrosas.
El mayor acierto que tiene la propuesta de Calderón es la de unificar la legislación penal, de modo que en vez de tener 33 códigos penales tengamos uno solo para toda la República.
Algunos de los detractores de esta propuesta sostienen, equivocadamente, que es contraria al significado de nuestro sistema federal. No es así. El federalismo es una forma de organización territorial de las funciones públicas que, en última instancia, debe estar al servicio de los ciudadanos y de sus intereses. ¿Qué sirve más a todos los habitantes de México, tener un solo Código Penal o tener 33 ordenamientos punitivos?
La propuesta de un Código Penal único puede y debe ser aprobada. Casi todo lo demás que propuso Calderón debe ser rápida y claramente desechado.

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