17 nov 2008

La oficina de DH de la SDN

Creciente número de denuncias por abusos de militares operativos contra el hampa
PAN y PRI dejan sin fondos para 2009 la oficina de derechos humanos de Sedena
Enrique Méndez, reportero.
La Jornada, 17/11/2008;
Constituida el 1º de enero de este año para atender quejas de abusos de militares y consolidar entre éstos “una cultura de respeto”, la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no contará con recursos para 2009, debido a que la mayoría del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados se opuso a reorientar 20 millones 561 mil 845 pesos de otras partidas del Ejército para destinarlos a esa área.
En aquella fecha, la Defensa informó que entre las funciones de esa dirección está fortalecer la estructura jurídica de la secretaría, asesorarla en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como garantizar que las misiones y actividades de las fuerzas
armadas de tierra y aire tengan ese fundamento.
Además, que colaboraría con las dependencias del Ejecutivo para el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México en derechos humanos, y hasta se informó que su sede se ubica en avenida Industria Militar número 1083, colonia Lomas de Sotelo, en la ciudad de México.
Empero, la madrugada del jueves pasado, en la discusión de los artículos reservados al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, priístas y panistas se negaron a discutir una propuesta de la perredista Alma Lilia Luna Munguía para reasignar esos recursos a la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena.
Decisión preocupante: PRD
La decisión de ambos grupos legislativos fue calificada de preocupante por el PRD, debido a que el gobierno de Felipe Calderón ha incrementado el número de militares en las calles del país, con el argumento del combate al narcotráfico, pero que también han cometido abusos a derechos humanos de la población civil, y hasta disparado contra personas que consideraron sospechosas y murieron.
El 17 de febrero pasado, por ejemplo, militares dispararon contra dos personas que viajaban en un vehículo en Reynosa, Tamaulipas, cuando cuatro tanquetas las interceptaron. Cuando los civiles trataron de evadirlos, los soldados dispararon y mataron a Sergio Meza Varela, en tanto su acompañante, José Antonio Barbosa, ciudadano estadunidense, resultó herido.
También, por ejemplo, el 26 de marzo en Badiraguato, Sinaloa, militares dieron muerte a cuatro civiles que supuestamente no habían acatado una orden de detenerse, debido a que no existía un retén, y el caso fue asumido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual concluyó que no hubo un enfrentamiento –como aseguraron los soldados–, sino una agresión directa a los tripulantes de una camioneta. En esos hechos también murieron dos militares.
Apenas el 24 de septiembre pasado, un joven murió en Matamoros al volcarse su camioneta cuando era perseguido por militares que le disparaban y que, tras el percance, huyeron.
El principal argumento para destinar una partida específica a dicha dirección se debe a que, explicó el PRD, durante 2007 y 2008 la Sedena ha recibido 35 recomendaciones de la CNDH por hechos en que militares han violado los derechos humanos de ciudadanos, la mayoría durante operativos de combate a la delincuencia organizada.
La reserva al dictamen consideró disminuir 16 millones 319 mil 543 pesos, de los excedentes de diversas unidades responsables del gasto correspondiente a la partida 1102, Haberes, que en total suman 7 mil 934 millones 50 mil 774 pesos; y 4 millones 242 mil 332 pesos de la partida 3,300, Asesorías, consultorías, servicios informativos, estudios e investigaciones y otros servicios de la unidad responsable. Dicha partida está asignada a su vez a la 1101, Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que cuenta con 221 millones 301 mil pesos.
En su argumentación, la diputada Munguía recordó que el PRD ha denunciado que la movilización militar en las calles, en conjunto con la Armada de México, ha provocado una “constante violación al marco constitucional en materia de las fuerzas armadas, pero también la de garantías individuales, y ha establecido un estado de excepción de facto”.

Nota de Milenio

La empresa llevaba menos de un año licitando servicios de tripulación
Los pilotos, de lo que hasta 2007 fue sólo un taller
Rojas trabajó desde 2001 hasta el año pasado y dio servicio al avión accidentado. En los últimos meses la empresa ha pujado para trabajar con artistas y empresas.
Milenio, 17-Noviembre-08;
La empresa que proporcionó pilotos y tripulación a la Secretaría de Gobernación hasta la muerte de su titular, Juan Camilo Mouriño, se dedicaba hasta hace un año sólo a labores de taller mecánico y carecía de experiencia comprobada en navegación aérea.
Así lo reveló a MILENIO Martín Santiago Rojas, ex jefe de taller de la empresa Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva, quien hasta el año de 2007 dirigió las operaciones mecánicas de la compañía, dedicada hasta ese entonces a la reparación y mantenimiento de aeronaves, no a la contratación de aviadores.
“¡No dábamos servicios de pilotos! Nosotros éramos un taller mecánico que daba servicios a aviones. No teníamos pilotos ni nos metíamos en eso”, aseguró Rojas, quien dijo desconocer a los dos aviadores que comandaban el Learjet 45 en el que pereció Mouriño.
Ambos pilotos, Martín Oliva y Álvaro Sánchez, tenía menos de un año de trabajar para la Secretaría de Gobernación: la licitación con la que fueron contratados fue asignada apenas en diciembre de 2007, lo que los llevó a que acumularan menos de seis días de experiencia y horas vuelo al mando de dicha aeronave, en la que se desplazaba el hombre más importante de la política interior de México.
Rojas trabajó en el taller de la empresa de 2001 a 2007, tiempo en el que el avión Learjet accidentado recibió su servicio de mantenimiento por personal bajo sus órdenes directas en varias ocasiones.
“Ahora que vi a los pilotos que murieron, debo decir que los desconozco. Yo estaba en la época en que volaba el señor Carlos María Abascal (ex secretario de Gobernación) y jamás los conocí”, dijo.
En ese sentido, el ex subsecretario de Gobernación durante el sexenio foxista, Felipe González reveló el sábado pasado que Bucareli nunca contrató pilotos privados bajo la anterior administración y que siempre se confió la transportación del titular de la dependencia a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que cambió al relevo de gobierno.
Ahora contratado para otra empresa y profesor en una escuela del Estado de México, Rojas insistió en que durante su estancia en la empresa nunca escuchó que se dieran servicios de pilotos, como ahora se hizo, al poner a disposición de Bucareli una tripulación con virtual experiencia nula en Learjets 45.
“En todo el tiempo que estuve, el servicio era única y exclusivamente de un taller. Hasta la razón social es la de un taller. No sé si luego empezaron a meterle a que ofrecieran sobrecargos, pilotos, pero hasta donde yo sé éramos un simple taller y ante la Dirección General de Aeronáutica Civil estábamos autorizados como taller únicamente”, dijo.
Con n la venia de la Secretaría de Gobernación, la empresa ganó la licitación 00004010-020-07, tasada en más de 11 millones de pesos y mediante la cual se permitió a la empresa no sólo dar mantenimiento al Learjet 45 matrícula XC-VMC, si no se le pidió proporcionar a su tripulación completa.
MILENIO informó este sábado que Gobernación aprobó la licitación sin exigir alta experiencia a los pilotos que transportarían, regularmente, a Mouriño y a otros funcionarios importantes para la seguridad nacional del país.
“No sé si después empezaron a ofrecer pilotos, pero este negocio es de cuates, en el medio aéreo nos conocemos mucha gente. A veces una empresa pide prestados pilotos a otra empresa”, agregó Rojas, quien indicó que, infructuosamente, la empresa pujó en los últimos años para proporcionar servicios de mantenimiento a clientes como la familia de Vicente Fernández, Grupo Chedraoui, Pepsico y un diario de circulación nacional basado en la Ciudad de México.
El mecánico, especializado en ingeniería aeronáutica, señaló que en las ocasiones que llegó a revisar el XC-VMC jamás encontró un solo desperfecto en los sistemas internos de la aeronave.
“No recuerdo una sola avería o un solo problema. Le hicimos el check de motores, recuerdo haberle hecho el listado, el presupuesto y todo estaba bien. Lo que yo hacía era encargarme del estampado, firmaba cuando venía que todo estaba donde debía estar. Yo tenía la autoridad de decir ‘este avión sale o no sale’ y por eso nunca me dí el lujo detener un problema con ese avión”, agregó.
México • Víctor Hugo Michel

Falta mucho

Las respuestas que hacen falta/Editorial, El Universal, 17 de noviembre de 2008;
En los días que han sucedido a la caída del jet en que viajaba Juan Camilo Mouriño el gobierno federal —a través del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez— ha realizado un esfuerzo de comunicación transparente y oportuno. Se espera lo mismo respecto de las preguntas que surgen hoy, cuando la responsabilidad apunta hacia quienes permitieron a pilotos faltos de experiencia conducir la aeronave del secretario de Gobernación.
La grabación de las conversaciones en la cabina del Learjet 45 entre piloto y copiloto parecen reforzar la hipótesis de que la turbulencia del avión que precedía al jet y la impericia de los tripulantes determinaron el desplome.
Habrá que esperar el resto de las investigaciones —que tardarán meses en concluirse— pero por el momento el gobierno tiene evidencias, más acequibles a la población no especializada, para hacer a un lado versiones de atentados y sabotajes.
Sin embargo, surgen con esas pruebas presuntas deficiencias en el proceso de certificación de piloto y copiloto. Aunque tenían 3 mil 675 y 11 mil 809 horas de vuelo, respectivamente, el primero contaba con sólo 2% del total mínimo para tripular un Learjet 45, mientras el segundo tenía menos del .5% de lo requerido. El mismo audio previo a la tragedia muestra, en palabras del titular de la SCT, “la falta de familiaridad con los instrumentos en cabina, al fallar repetidamente en la introducción de datos en los sistemas electrónicos”.
Se suman a lo anterior posibles errores desde tierra, pues el despachador que hizo el plan de vuelo introdujo datos erróneos a la computadora, mientras que el controlador no advirtió a la tripulación del peligro que representaba la cercanía entre la aeronave del secretario de Gobernación y el Boeing 767 que ocasionó la turbulencia.
Ante esto, y más allá de posibles errores humanos individuales, quedan dudas sobre la responsabilidad gubernamental. ¿Es recomendable dejar que sean empresas las encargadas de la integridad de los altos funcionarios en vuelos oficiales y no personal de seguridad del Estado mexicano? ¿Realizaba el mismo procedimiento el gobierno para todos los vuelos de sus secretarios de Estado?

¿No existen protocolos de seguridad que impidan que varios funcionarios de alto nivel viajen en un mismo vuelo a menos que éste tenga supervisión extraodinaria? Hoy sabemos que Mouriño invitó a formar parte de los pasajeros al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la comisionada del Instituto Nacional de Migración Cecilia Romero. Por fortuna, ellos tenían otros planes.
Aun si no hubo anomalías en la licitación para que una empresa diera mantenimiento y pilotos al Learjet 45, ¿el Estado Mayor Presidencial investigó al personal asignado para esas tareas? ¿No está acaso encargado de la seguridad del llamado staff presidencial?
¿Hay responsabilidad en la SCT por permitir que pilotos sin la adecuada certificación vuelen aeronaves que requieren especial adiestramiento? ¿Ejerce controles suficientes para garantizar que eso no vuelva a ocurrir?
Acertadamente, el gobierno federal ha actuado con transparencia y prontitud para difundir los datalles de esta tragedia. Para que continúe con ese camino deberá responder a las preguntas surgidas sobre su propia responsabilidad.

Eso pudo haber sucedido al Learjet

Columna Scaner/Jaime Ramírez Yañez,
Milenio (www.milenio.com) 12/11/2008;
Un spoiler trabado, el del lado derecho, puedo ser la causa de que el avión en el que viajaba el secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo se accidentara. En esto coinciden varias opiniones de pilotos experimentados que no encuentran otra razón del agresivo viraje de casi 180 grados que generó que el aparto cayera casi en ángulo recto, a más de 500 kilómetros por hora, y se estrellara en la confluencia de la avenida Reforma y el Periférico.
La pregunta sería ¿porqué, cómo y en qué momento se trabó el spoiler del LearJet 45 10C en el que viajaba el político hispano campechano? Para contestar esta interrogante hay que retomar, paso a paso, el análisis de la secuencia de radar que presentó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Luis Téllez Kuenzler, un día después del suceso.
1. Desde su despegue del aeropuerto Ponciano Arriaga de San Luis Potosí, el avión de Mouriño no reportó ninguna falla. El vuelo de crucero se efectuó en forma normal y a tiempo. Por lo menos no hay datos de que los pilotos del XC-VMC —Extra Coca Víctor Mike Charly, en el alfabeto fonético aéreo— hubiese reportado alguna anormalidad.
2. La maniobra de aproximación, inicial, final y el aterrizaje de cualquier avión en el aeropuerto Benito Juárez en la ciudad de México son operaciones particularmente difíciles, ya que la capital mexicana se encuentra en un hondonada por lo que los descensos suelen ser muy drásticos y rápidos. Otro problema que tienen los pilotos para arribar a la ciudad es que deben volar a velocidades superiores —en descenso— para dejar libres, primero, las aerovías y ya en tierra desalojar las pistas rápidamente.
En este contexto volaba el avión de Mouriño y hasta el VOR —radioayuda a la navegación que utilizan las aeronaves para seguir en vuelo una ruta preestablecida— denominado San Mateo, todo iba perfectamente bien.
El LearJet se encontraba en franco descenso, con los flaps desplegados al 20 por ciento —este tipo de aparatos tienen cuatro posiciones: 0, 8, 20 y 40 por ciento—, en el momento que desde la torre de radar recibieron la orden de cambiar a la frecuencia radial 118.10 y conectarse con la torre de control MW —siglas para identificar el aeropuerto de destino— en la ciudad de México.
3. Lo que sucede dentro de la cabina de los pilotos después de recibir la autorización de transferencia a la torre de control de destino y recibir las instrucciones de aproximación final y aterrizaje es un protocolo usual y sencillo. El capitán cambia la frecuencia de radio mientras el copiloto presiona el botón para bajar el tren de aterrizaje. En ese preciso momento cambió el estatus de avión drásticamente.
4. Como ya habían recibido la orden de aminorar la velocidad para la aproximación final, a 180 nudos, el siguiente paso fue desplegar los spoilers, que son dos alas pequeñas que van sobre el ala y que sirven como un freno aerodinámico. El piloto mantuvo el porcentaje de flaps a 20 grados. En este punto es muy probable que una alarma denominada “warm” comenzara a sonar incesantemente. Entonces los pilotos retrajeron los spoilers. Uno de ellos, el derecho, se quedó trabado. La punta del avión bajó en forma agresiva. El capitán intentó nivelar el avión. Aplicó la potencia de las turbinas hasta el 92 por ciento para intentar elevar el aparato y controlarlo. En este estado de cosas las turbinas expulsan ráfagas de un fuego rojo candente.
La alarma seguía sonando. El LearJet dio un giro brusco hacia la derecha, de casi 180 grados. Después se desplomó a 500 kilómetros por hora y casi en línea recta. Una caída de 700 metros en diez segundos. Para los pilotos lo único que quedaba era poner las manos en el timón, esperar el impacto y la muerte.
5. ¿Qué fue lo que activó la alarma y por qué los pilotos no tuvieron comunicación? En la página 141 del manual de vuelo del LearJet 45 10C, fabricado por la empresa canadiense Bombardier, aparece el esquema eléctrico e hidráulico del aparato. En él se puede apreciar que hay un acumulador maestro que se encarga de la operación eléctrica y fluido de aceite tanto para el tren de aterrizaje como los flaps, los spoilers y del sistema de frenado en reversa.
La hipótesis es que al bajar el tren de aterrizaje del avión y al desplegar los spoilers, estas dos operaciones requirieron de una carga eléctrica extra que pudo haber inhabilitado el acumulador y por eso el spoiler derecho ya no regresó a su lugar. El de lado izquierdo sí, porque en este tipo de aviones los sistemas son bilaterales, lo que explica que el otro acumulador —el izquierdo— no se dañó, pues el spoiler sí pudo regresar a su posición. Otra consideración importante es que para este tipo de aparatos el manual recomienda que los spoilers no sean utilizados como speed breaks en vuelo, es decir, como frenos momentáneos sino hasta el aterrizaje junto con las turbinas en reversa para detener el aparato.
Hasta este punto, la teoría de que la turbulencia que generaron las turbinas de un Boeing 767 de Mexicana que venía de Buenos Aires puedo haber derribado el avión queda anulada, ya que sí cumplía con los parámetros de distancia que son 4.5 millas entre uno y otro.
Finalmente, los pilotos nunca pudieron comunicar su situación, ya que tenían que atender las maniobras primero y tratar de salvar a los pasajeros. Es una regla.

Gober, el potro salvaje

Gobernación, el potro salvaje del gabinete/Reportaje
Elia Baltazar
, reportera.
Excélsior (http://www.exonline.com.mx/) 16/11/2008;
De aquella secretaría que todo lo controlaba, antesala de aspiraciones presidenciales, poco o nada ha quedado. Para fortuna del país, coinciden sus funcionarios del pasado y sus críticos del presente.
Sin embargo, en el camino del cambio político en México, que transitó de la época de partido único al pluripartidismo y el trato de iguales entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Secretaría de Gobernación (Segob) vio diluirse su identidad: perdió peso, evadió responsabilidades o las compartió con otras oficinas de gabinete. Y de hijo favorito pasó a tercero, por detrás de Hacienda.
El país cambió, la alternancia en el poder se inauguró, el Palacio de Covián incluso se amplió y remozó, pero la institución envejeció. O, al menos, no emprendió transformaciones de fondo para hacerse de herramientas más efectivas frente a los retos de la política actual y la seguridad nacional.
Ex secretarios, como Santiago Creel, Francisco Labastida y Manuel Bartlett, y ex subsecretarios, como Arturo Núñez, ofrecen pistas sobre las necesidades de cambio en la Segob, al cabo de uno de los momentos más urgentes en materia de coordinación para el combate al crimen organizado y el narcotráfico, y en medio del relevo de su titular.
De ahí la urgencia de emprender esta tarea, dicen, inconclusa siempre en la reforma del Estado y sus instituciones.
Nacida en 1853 con el nombre de Secretaría de Relaciones Interiores, Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, la Segob recorrió un largo tramo como pilar de la seguridad interna, a través de organismos “de infausta memoria” dice Manuel Bartlett—, como la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Ocurrió en los tiempos monolíticos del partido único, cuando el PRI ejerció todo el poder y el control sobre el Estado.
“Gobernación no se ve ni se oye, pero se siente”, decía la clase política en los años en que el comunismo era amenaza, la guerrilla una realidad, y la represión política una práctica.
“Su forma de operar correspondió a un momento de la historia del mundo y de México, en la lógica de la Guerra Fría, la seguridad interior y el reto comunista. El partido hegemónico (el PRI), que ganaba de todas, todas, debía tener los controles hacia adentro, porque la esencia del proceso político pasaba en su interior y al margen estaban otros actores sobre los que había que estar vigilantes, que eran o los hacían antisistema.”
Lo dice Arturo Núñez, hoy senador del PRD y miembro del Frente Amplio Progresista, pero en el pasado, director general de Desarrollo Político de la Segob y dos veces subsecretario en la misma dependencia.
En su primera parada en el Palacio de Covián, Núñez se desempeñó bajo las órdenes de Fernando Gutiérrez Barrios, militar y leyenda de la política mexicana, controversial personaje cuya biografía política caminó de la mano de los servicios de inteligencia y policía política del país, entre los años 60 y 70, cuando se desempeñó como titular de la DFS y, luego, como subsecretario de Seguridad.
Todo en el ámbito de la seguridad nacional a cargo de la Segob, que dejó por unos años de paréntesis administrativo como secretario de Caminos y Puentes Federales y gobernador de Veracruz. Sin embargo volvió. Esta vez como secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari, quien lo llamó para hacer frente a la crisis política desatada por el proceso electoral de 1988.
Allí conoció a Arturo Núñez, quien se hizo cargo de las tareas de la reforma electoral, obligadas por las circunstancias, y luego se convirtió en subsecretario de Gobernación.
“El primer día que me llamó a acuerdo (que no es otra cosa que una reunión), un par de consejos me dio don Fernando (así le llaman todos aún): en la Secretaría de Gobernación hay que honrar la palabra y estar informados.”
Núñez recuerda el diálogo íntegro de aquel día, cuando Gutiérrez Barrios le dijo: “En esta Secretaría, nuestro instrumento fundamental de trabajo es la palabra, y hay que honrarla. Le pido que no la dé para ganar tiempo, para darle la vuelta a un problema ni tener margen de maniobra. El día que perdemos la confianza en la palabra de la Secretaría de Gobernación, habremos perdido los más de nuestros instrumentos de trabajo”.
Luego completó la lección: “Aquí tenemos mucha información, pero no toda. Siempre hay una pieza del rompecabezas que falta. Róbele un rato al sueño y desayune con periodistas, ellos son profesionales de la información y muchas veces tienen la pieza que nos hace falta”.
Sus consejos siguen siendo válidos para el presente de la Segob, considera Núñez, que otras cosas aprendió en aquellos años. Entre ellas, que la Segob “es un potro salvaje que puede tumbar hasta al mejor jinete, y si éste no es experimentado, con más facilidad”, dice.
Será por ello que de 1988 a la fecha han caído de la silla de Gobernación diez titulares (sin contar a Juan Camilo Mouriño), los mismos que la ocuparon durante casi siete sexenios (42 años), contados desde el gobierno de Miguel Alemán hasta el de Miguel de la Madrid.
Desde el gobierno de Salinas, dicen en los corrillos de la política, la titularidad de la Segob dejó de ser un cargo permanente para convertirse en transitorio, lo que evidencia la falta de rumbo y capitán al frente de la nave.
El mismo Núñez permaneció sólo 48 horas como encargado de despacho, en el tránsito de la renuncia de Esteban Moctezuma Barragán y la llegada de Emilio Chuayffet Chemor. Esto, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el último presidente de la dinastía priista.
“Todo ocurría entonces en el ámbito del Ejecutivo, pero en la medida en que la situación cambió, la agenda de la seguridad se desplazó hacia otros temas, en el país afloró con plenitud la diversidad y su pluralidad se tradujo en pluripartidismo, y ya no hubo más partido hegemónico, pues el bastión de control del Ejecutivo (la Segob) se vio afectado y erosionado por todos lados. Por dentro y por fuera”, afirma Núñez.
Ahora, en cambio, el Legislativo se habla de tú con el Ejecutivo, la negociación política y de presupuesto de los estados pasa por el Congreso y las responsabilidades de la seguridad se han desplazado.
Es precisamente en esta materia donde más fallas encuentra el senador en las responsabilidades de la Segob. “La capacidad del crimen para infiltrar los instrumentos del Estado ha sido pavorosa.” No obstante, recomienda no volver la vista atrás en el diseño de nuevas herramientas para sus funciones. “La fama de Gobernación se sostenía en una sentencia: destierro, encierro o entierro. Eso no puede ni debe volver al país. Hay necesidad de replantearla a fondo, sin duda, pero no necesariamente para ser lo que fue”.
Su propuesta: separar la política de la seguridad. “Creo que debería haber fronteras muy claras y, en este momento, me parece, están mezcladas”, bajo el argumento de que el narcotráfico ha invadido el ámbito político. Pero “de eso no hay evidencias claras hasta el momento”.
Pero para Núñez, más urgente que reformar la Segob es resolver el diseño de un nuevo régimen, en el marco de la actual relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En el opuesto político, el senador del PAN, Santiago Creel, coincide con Núñez en la necesidad de separar lo político de lo policiaco, precisamente por la experiencia de la policía política del pasado.
Primer secretario de Gobernación de la alternancia, de 2000 a 2005, Santiago Creel admite que ha llegado el momento de pasar revista a las facultades y poderes de la oficina que encabezó, pues en el contexto actual se impone como prioridad la seguridad pública.
Han cambiado las circunstancias, dice, pero no necesariamente las facultades y atribuciones de la Segob. Y ésta requiere de una revisión, porque las circunstancias determinan en buena medida el trabajo de las instituciones.
“Hace algunas décadas explica—, la tarea política de la secretaría se manejaba de manera distinta. Había un partido que concentraba a los sectores y a través de éstos hacía la operación política fundamental del país. El titular de Gobernación era auténticamente el jefe político del Presidente y sus instrucciones eran atendidas de manera vertical.”
Hoy, en cambio, el secretario de Gobernación requiere de mucho tiempo para la conciliación política, que es la base de la gobernabilidad. “La pluralidad requiere mucho mayor esfuerzo, dedicación y tiempo para atender al Congreso, a los partidos, a los gobiernos locales. Y también se requiere renovar esfuerzos de interlocución con las iglesias, y subrayo el plural.”
Pero por encima de la tarea política de la Segob, se impone el tema de la seguridad, “que es un problema mayúsculo, quizá el más importante del país”.
Para afrontar este reto, Creel apuesta por la figura del ministerio del interior, pues se trata de la institución que concentra las funciones de la policía, del sistema de readaptación social, de protección civil y de inteligencia civil en lo que se refiere a migración, aduanas, investigaciones del crimen organizado en la modalidad del narcotráfico y lavado de dinero.
“Ese es un camino muy conveniente a seguir en lo que puede ser la concentración de funciones y facultades que hoy están dispersas, y que generan traslapes y descoordinación en materia de seguridad”, dice el ahora senador del PAN.
Para lo político, propone alguna instancia que pueda ser “primo entre pares”. La figura que surgió a partir de las discusiones de la reforma del Estado fue la jefatura de gabinete. “Pero dejamos de ver la otra parte, fundamental, que es el ordenamiento de una instancia para asegurar la seguridad pública del país y aquí el punto es que la dispersión de las funciones de seguridad, aduanas, policía, sistema de readaptación social, genera un esfuerzo de coordinación mayúsculo. Por ello, la concentración en estas áreas se vuelve prioritaria”.
Aunque opuestos en lo político, Creel y Francisco Labastida, un año secretario de Gobernación, convergen en sus opiniones sobre la necesidad de colocar la seguridad a la cabeza de las prioridades de la Secretaría de Gobernación y concebirla como un ministerio del interior.
No obstante, lejos de pensar en la separación de sus facultades, políticas y de seguridad, hacia futuro mira una Segob con más instrumentos y atribuciones para cumplir con su tarea como coordinadora de las relaciones con el Legislativo y con los gobiernos de los estados y municipios, así como para enfrentar el reto de la seguridad del país.
“Me tocó crear el primer plan de seguridad pública, me tocó crear la AFI y estaban dentro de la Secretaría de Gobernación, porque yo concibo a la Secretaría de Gobernación más como un ministerio del interior que requiere instrumentos de este tipo y también los relacionados con los medios de comunicación. Además, necesita una relación muy fluida con el secretario de Hacienda, con el fin de influir en las asignaciones presupuestales. Yo lo hacía, por lo menos.”
—¿No sería volver a la supersecretaría del pasado?
—Y qué miedo tenemos de hacer cosas que funcionen. Si queremos que funcione, tenemos que darle los instrumentos para que funcione. No le pueden dar la responsabilidad, la encomienda de que haga algo, sin dar los instrumentos correspondientes.
Apresurado en sus tareas como senador del PRI, el ex titular de Gobernación, primer candidato del PRI en perder la Presidencia, abre fuego sin blanco definido.
A la Segob, asegura, le diluyeron las facultades y los instrumentos, le quitaron poder. “Necesitamos una Secretaría de Gobernación y un titular con capacidad de coordinar, de negociar.
—¿Es un asunto de la persona o de la institución?
—Es un asunto de la institución. Obviamente, como las tijeras, se necesita las dos hojas para que corte. Requerimos de las funciones y de un secretario de Gobernación que tenga independencia de opinión y que tenga la delegación de responsabilidad para que su palabra valga. La política es un negocio de hombres y de palabra.
Ahora, aprovecha la suya para felicitar la designación de Fernando Gómez Mont al frente de la Segob. “Veo bien que asumiera el cargo un abogado penalista de prestigio, porque ninguno de los otros dos encargados de la seguridad pública es abogado penalista, y hace bien la entrada de uno, por el conocimiento de los detalles de la ley.”
“¡Pamplinas!”, dice Manuel Bartlett, último secretario de Gobernación que permaneció en el cargo un sexenio completo, en el gobierno de De la Madrid. “La Segob es una gran secretaría de Estado, de enorme importancia para el país”.
Pero como en todo, dice, “hay grandes secretarías y grandes secretarios, grandes secretarios y pequeñas secretarías o grandes secretarías y pequeños secretarios. Si la persona que está en la institución tiene peso, experiencia, capacidad, es una conjunción feliz. Pero que no me vengan con pretextos a decir que no cumplen sus funciones porque no tienen instrumentos. Si no existe y se diluye, es porque no hay quien la maneje”.
Su diagnóstico: a la Segob le falta secretario. “Esta Secretaría está en el centro de los problemas del país y el secretario tenía una función importantísima: resolver conflictos en su mesa. Pero que Creel no le eche la culpa de su mal desempeño a una secretaría manca. O Mouriño, que no tenía idea de lo que era el país. Cómo iba a tenerla si se educó en Madrid y luego estuvo en Tampa. No puedes conducir, sin saber. Al secretario de Gobernación le llega información todos los días por toneladas. Todo el tiempo. Pero para tomar decisiones se necesita conocimiento y dominio político del país.”
Bartlett afirma que la información es privilegio de Gobernación, su principal herramienta. No la policía, dice, que nunca ha estado bajo su responsabilidad.
Responsable, entre otros temas, de bajar la cortina de la DFS y dejar adentro su historia negra, Bartlett creó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, tan cuestionado. No podía ser de otra manera, dice, si lo han convertido “en una oficina para los cuates”.
Lo dice porque al frente del Cisen está Guillermo Valdés Castellanos, a quien identifican como amigo cercano de Calderón, su “confidente” desde el tiempo en que buscaba la presidencia de su partido.
“Me tocó desparecer a la DFS, procesar a sus comandantes hoy muertos en esta guerra de narcos— y crear el Cisen, diseñado para la inteligencia del Estado, ésa que se refiere al conocimiento exacto de las realidades de un país para actuar sobre ellas. Su función es analizar todos los temas que tienen un efecto sobre la gobernabilidad y no requiere de policías sino de analistas, especialistas en diferentes temas. De policía no tiene nada. Es el análisis lo que vale del Cisen para conducir la política en relación con los grandes problemas. La seguridad nacional no son las armas, sino la información y el sistema de inteligencia tiene que dar la información necesaria para actuar políticamente”.
Bartlett también estuvo al frente de la Segob en un momento definitivo de cambio en la historia política del país: la caída del sistema en las elecciones de 1988, antesala de la reforma política que despojó al titular de Gobernación de la autoridad sobre el manejo de las elecciones, uno de los instrumentos más efectivos de control sobre los opositores al régimen.
“A Gobernación le quitaron las elecciones y el Cisen, que ahora está bajo control del Presidente, pero eso no quiere decir que la Secretaría no tenga inteligencia y que la información no llegue al secretario de Gobernación. No es una justificación decir: yo no mando en el Cisen. Si funciona, el secretario debe tener esa información a través de sus conexiones diarias. Qué más información valiosa quiere, que la que obtiene de la relación con los partidos y el Congreso, con las iglesias y los gobernadores. Podría decir que la Segob, en mucho, es la oficina del secretario, su antesala y sus teléfonos. ¿Quién tiene esos instrumentos? Nadie, ninguna secretaría de Estado”.
Por eso Bartlett rechaza que la Segob se deba reformar y revisar sus funciones: “¡Pamplinas! Quieren inventar un primer ministro, un no sé qué, un régimen semiparlamentario, cuando lo cierto es que el presidencialismo nunca se ha ido. El PAN, Fox, llegó a la Presidencia criticándola, pero se sentó allí y le encantó. Ya no quiso cambiar nada. Todo sigue concentrado en la Presidencia imperial priista.
De allí, dice, los fracasos de la reforma del Estado, que reaparece cada seis años y nunca llega a ningún lado. “El ministerio del interior es el francés y básicamente concentra política y policía. Es decir, el ministro del interior es el secretario de Gobernación.
“Lo que tienen que hacer es dejar de crear otras secretarías que no se coordinan entre sí, como la SSP, y todo lo que han hecho en seguridad que es un pastel que no funciona.”
Además, dice, hay que entender que la policía es un instrumento, no un mando; el Ejército mismo no es un mando. El mando es la política, el poder civil. La política prima sobre todo lo demás, afirma.
Lo que pasó, explica, es que desde el sexenio de Salinas el poder se trasladó hacia la Secretaría de Hacienda. “La tecnocracia jaló hacia el sector económico y financiero. Pero ese desplazamiento es muy grave, sobre todo si ese titular de Hacienda obedece lo que diga el secretario del Tesoro de EU.”
Hacienda, afirma, incluso manda sobre el Presidente y ahí hay un problema que no tiene que ver con un primer ministro o no. “Si no hay un secretario de Gobernación, el de Hacienda se enseñorea. Pero eso no es cuestión de instituciones, sino de decisiones políticas.”
Sus funciones
-Presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley o decretos del Ejecutivo.
-Publicar las leyes y decretos del Congreso de la Unión, alguna de las dos Cámaras o la Comisión Permanente y los reglamentos que expida el Presidente de la República, en términos de lo dispuesto en la fracción primera del artículo 89 constitucional, así como las resoluciones y disposiciones que por ley deban publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
-Administrar y publicar el Diario Oficial de la Federación.
-Manejar el servicio nacional de identificación personal.
-Tramitar lo relativo a la aplicación del artículo 33 de la Constitución.
-Administrar las islas de jurisdicción federal, salvo aquellas cuya administración corresponda, por disposición de la ley, a otra dependencia o entidad de la administración pública federal.
-Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia.
-Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto.
-Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal.
-Conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con los partidos y agrupaciones políticos nacionales, con las organizaciones sociales, con las asociaciones religiosas y demás instituciones sociales.
-Fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana y favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de gobernabilidad democrática.
-Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas.
-Administrar el Archivo General de la Nación, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de información de interés público.
-Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público.
-Regular, autorizar y vigilar el juego, las apuestas, las loterías y rifas, en los términos de las leyes relativas.
-Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal, con los gobiernos municipales, y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo.
-Establecer y operar un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
-Contribuir en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno.
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Experto asegura que facultades de Bucareli ya dejaron de pesar
Nota de Elia Baltazar
Los políticos coinciden: la prioridad en las tareas de la Secretaría de Gobernación es la coordinación en materia de seguridad. Algunos aceptan separar de ésta sus responsabilidades políticas y avanzar hacia la creación de una jefatura de gobierno y, en paralelo, hacia un ministerio del interior.
Hay propuestas —en el ámbito de los trabajos de la reforma del Estado— para la reforma del régimen y, por lo tanto, de la redistribución y redefinición de las tareas que hoy concentra la Segob. Pero parece que falta voluntad. ¿Por qué? Francisco Valdés Ugalde, investigador de la UNAM, presidente del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y especialista en materia política, lanza una respuesta: “Nadie quiere sacrificar la Presidencia.”
Todos los actores políticos, dice, siguen pensando en términos de la Presidencia, aun cuando ésta ya no tiene el poder de antaño. “Pero los esquemas del pasado a veces perduran muchas generaciones sin cambiar y sin dar lugar a una transformación que se ajuste a los nuevos tiempos.” Y el caso de México es ejemplar en este sentido, explica. “Hay una lógica perversa, una combinación entre un sistema electoral y partidario plural, que al mismo tiempo tiene una cúspide de poder que es el Presidente de la República, el cual sigue alimentando la tentación de que algún partido pueda obtener la mayoría y hegemonía, si bien no como la que tuvo el PRI en el pasado, sí una réplica. Esas son las expectativas para 2009 y 2012.”
Especialista en el estudio de las instituciones, Valdés Ugalde descubre el discurso político ante los ojos de la realidad: la Secretaría de Gobernación ya no juega un papel definitivo ni en seguridad ni en materia de acuerdos políticos.
“Es más una especie de enlace con el Congreso y los partidos, que un conducto para tratar los temas de seguridad del Estado. Y aun en el caso de la relación con los actores políticos, desde el año 2000, no juega un papel significativo. Hoy no puede satisfacer las necesidades de concertación del gobierno, porque no tiene la capacidad ni las facultades para atraer a otros actores hacia los acuerdos que se requieren”.
Sucede así, explica, porque el Congreso tiene actores suficientemente fuertes para tener una política por cuenta propia, que no responde a las orientaciones del gobierno. Aun el PAN, sigue, tiene su propio funcionamiento en las cámaras, que no se coordina directamente con las Segob.
“Esto es una herencia del foxismo y del secretario Creel, que dejó las cosas en ese estado y no tuvo la visión para cambiar el panorama y los mecanismos de funcionamiento de la Segob hacia otra dirección. Aunque en última instancia el responsable de eso ha sido el jefe del Estado y la forma en que ha encarado el funcionamiento de esa secretaría.”
Investigador especialista en temas como la reforma del Estado, las reformas constitucionales y el conflicto político, Valdés Ugalde considera que el problema de la pérdida de protagonismo de la Segob va más allá de ésta y para resoverlo es necesario mirar y analizar al régimen en su conjunto.
“Cuando tenemos un sistema plural, en el cual no hay un solo partido con mayoría en el Congreso ni en las entidades, tenemos una situación en la cual el propio gobierno tiene necedad de concertación. Pero la Segob, tal y como existe hoy, no puede satisfacer ésta. No tiene la capacidad ni las facultades para atraer a los actores políticos hacia el tipo de acuerdos que se requieren en función de una gobernanza democrática. Justamente porque hay que ver la cuestión en términos de conjunto.”
Pero aquello que los actores políticos miran como una meta de la reforma política, el investigador la observa como “una reforma mínima, pequeña, incluso mezquina”. Esto es, resolver la operatividad política del régimen sólo a partir de la creación de un gobierno de gabinete o de la figura de jefe de gobierno en un régimen presidencial, cuando lo ideal sería avanzar, si se quiere, hacia una parlamentarización del sistema presidencial. “De modo tal que en una instancia de gobierno equivalente a la Secretaría de Gobernación o ministerio del interior pudieran estar concentradas completas las funciones de concertación con los actores políticos”.
Pero hoy no existe eso, dice. “No existe por mandato. La Segob no es ya la jefatura de gabinete y tampoco concentra las funciones de gobierno en el sentido del control de la seguridad del Estado. Entonces, hay que repensar tres funciones: concertación con los actores, seguridad del Estado y organización del conjunto del gobierno o instancia intermedia entre el Presidente y el conjunto del gobierno que permita a la Segob jugar ese papel”.
Esto, sin embargo, requiere de una reforma mayor, que no depende sólo del Ejecutivo, sino del Congreso. Y no se trata de colonizar el viejo sistema, afirma, sino de cambiarlo. “Pero no hay ningún actor que esté convencido de que hay que cambiar de sistema. Los actores fundamentales, al contrario, están convencidos de que lo que hay que hacer es colonizar el viejo sistema, tratar de conseguir una especie de minihegemonía lo más cercana posible a la del PRI, para que el sistema pueda ser funcional en las circunstancias actuales.”

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