10 feb 2009

Día mundial contra el Cáncer

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 10 de febrero de 2009

Posisionamientos:
La diputada María Mercedes Maciel Ortiz (PT): El 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, en un entorno donde anualmente mueren a causa de esta enfermedad, más de 8 millones de personas. Se ha propuesto por parte de la Organización Mundial de la Salud, reducir la incidencia mortal de la enfermedad en un 2 por ciento entre el año 2006 y el año 2015, lo que podría evitar que perdieran la vida 8 millones de personas, aproximadamente, en ese lapso.Es necesario destacar que gran parte de estos decesos se dan en países de ingresos bajos y medios, que no cuentan con los recursos suficientes y necesarios para prevenir y combatir esta enfermedad.También debe señalarse que las estadísticas muestran que el mal del siglo XX-XXI ataca principalmente a las mujeres. En 2007, en nuestro país fallecieron 65 mil personas a causa de esta enfermedad sobresaliendo, en el caso de las mujeres, el cáncer de mama y, en el de los hombres, el de próstata.La tasa de mortalidad por cáncer de mama durante el periodo 2002-2007 se incrementó de casi 15 defunciones a más de 16 por cada 100 mil mujeres de 25 años de edad. Hubo en el periodo en comento un desplazamiento del cáncer cervicouterino. En los hombres la mayoría de esa población correspondió al cáncer de próstata y después los del tracto respiratorio y el estomacal.En el caso de México existe un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que para 2008 contó con recursos del orden de 10 mil millones de pesos, de los cuales fueron empleados poco más de 23 por ciento para atender a los enfermos de cáncer.Indudablemente la presencia creciente de este mal tiene mucho que ver con la prevención del mismo. Nuestra población no está acostumbrada a realizarse estudios o revisiones para detectar malformaciones en su organismo. Es por ello que son necesarias las campañas de concientización entre la población femenina y masculina, que el gobierno, a través de la Secretaría de Salud, debe de emprender de manera masiva.Baste decir que 40 por ciento de los cánceres se podrían evitar con campañas en las que se privilegie la información relativa a dietas saludables, abandono del hábito de fumar y el ejercicio físico. En nuestra opinión, las campañas deben ser enfocadas a los segmentos de la población en donde la pobreza y la marginación están más presentes, en vista de que no cuentan con los recursos indispensables para someterse a estudios sofisticados y, por tanto, onerosos, que requiere este mal.El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene claro que se requiere un tratamiento integral de esta enfermedad que no sólo pasa por la prevención, sino por la modificación de hábitos y conductas inherentes al modelo económico-político-social que rige en México.Las precarias condiciones de vida influyen de manera determinante en la proliferación de enfermedades crónico-degenerativas que ponen en jaque la vida de las nuevas generaciones.En este orden de ideas, algunas de nuestras propuestas son asignar mayores recursos al sector salud etiquetados para la prevención y tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas; prohibir los anuncios de alimentos chatarra, cigarros, refrescos, vinos y licores, en radio y televisión.Promover que se incremente el número de horas en que se imparta educación física y deportes en las escuelas públicas y privadas; promover que las empresas, las instituciones educativas y las oficinas públicas otorguen espacios en tiempo y lugar, para llevar a cabo actividades deportivas; impulsar que los programas de radio y televisión promuevan hábitos saludables en la dieta de los mexicanos.Estas propuestas contribuyen de manera importante a tener un estilo de vida más saludable, lo que incide directamente en la disminución de este tipo de padecimientos que deterioran la salud, hasta padecer cáncer.El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su compromiso de coadyuvar en la solución de estos problemas sociales. Asimismo, somos solidarios con los mexicanos que sufren esta enfermedad. Por su atención, gracias.
La diputada Beatriz Manrique Guevara, del Partido Verde Ecologista de México:
El cáncer es una de las principales causas de muerte a escala mundial y sus causas son muy diversas; desde factores genéticos hasta ambientales, como el tipo de alimentación, nuestros hábitos cotidianos y la exposición a factores de riesgo como la contaminación del aire, el agua y los alimentos.Como todos sabemos, existen diversos tipos de cáncer y su nombre depende del órgano o tejido donde se inicia. El cáncer de pulmón es el más frecuente a nivel mundial y el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres de países industrializados.En México y en algunos otros países se observa que la prevalencia del cáncer es variable de acuerdo al género. En las mujeres los tumores por cáncer cervicouterino y de mama son los que más muertes ocasionan, seguido del cáncer de hígado y el de estómago. En los hombres los tumores malignos que más causan muerte son los de tráquea, bronquios, pulmón, seguidos del cáncer de próstata.De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud la frecuencia del cáncer seguirá aumentando hasta convertirse en la primera causa de muerte en los países desarrollados.Afortunadamente más del 30 por ciento de los tumores malignos pueden prevenirse, evitando la exposición a factores comunes de riesgo, como el humo del cigarro y los alimentos contaminados con agroquímicos.Además varios tipos de cáncer pueden ser tratados con cirugía, radioterapias o quimioterapias, especialmente si se detectan temprano, lo cual ocurre cada vez más, favoreciendo así la supervivencia de los pacientes que tienen estas afectaciones.La Organización Mundial de la Salud recomienda que las políticas y programas relativos a la atención del cáncer estén centrados en la gente, promuevan la equidad de género, incluyan a los tomadores de decisiones y que tengan un enfoque multisectorial, reforzando la investigación y dando prioridad a los temas de mayor importancia regional.En el contexto del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, conmemorado el 4 de febrero, las Naciones Unidas hicieron un llamado a todos los países para reforzar el compromiso político, con motivo de favorecer la prevención y control de esta enfermedad.Hace falta impulsar la investigación y difundir los conocimientos existentes para facilitar la generación de tecnologías aplicables al control del cáncer.Asimismo falta también desarrollar herramientas para una mejor prevención y detección temprana y reforzar los sistemas de salud a nivel nacional y estatal, así como facilitar el intercambio tecnológico entre países y regiones.En México hemos visto avances sobresalientes, relativos a la prevención y control del cáncer. Por ejemplo, la investigación realizada por el Instituto Nacional de Cancerología ha generado grandes aportes al conocimiento médico mundial, especialmente sobre el cáncer de mama y el cáncer cérvicouterino.Dicho instituto anunció la ampliación de sus instalaciones, lo cual le permitirá optimizar sus labores y generar más y mejores resultados.También es importante la labor del sector salud que ha puesto especial atención en los programas para promover la prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvicouterino y de mama, de próstata, de pulmón, estómago y los linfomas cuya atención fue incluida recientemente en la cobertura del Seguro Popular.En el Partido Verde queremos que continúen las acciones del gobierno en materia de atención y que se cumplan los objetivos planteados para este sexenio, como establecer el Registro Nacional de Casos de Cáncer.Debemos recordar que la lucha contra el cáncer no sólo corresponde a los institutos de investigación y a la Secretaría de Salud, por eso en el Partido Verde estamos conscientes del esfuerzo multidisciplinario que se requiere, el cual debe también incluir al Poder Legislativo y a la ciudadanía en su conjunto.En consecuencia, hemos impulsado, durante la presente Legislatura, diversas iniciativas para prevenir el tabaquismo, el virus del papiloma humano y la contaminación atmosférica, que son los mayores factores de riesgo comprobados para el desarrollo de los cánceres más frecuentes.También hemos realizado actos públicos y hemos presentado propuestas para restringir los alimentos transgénicos o con exceso de hormonas, pesticidas, colorantes y conservadores.Estos agentes afectan nuestra alimentación y cada vez existe mayor certeza científica de su relación con los cánceres del sistema digestivo, entre ellos, el de estómago, páncreas, colon e hígado.Así, pues, exhortamos respetuosamente a todas las fracciones parlamentarias a unirse a esta conmemoración del Día Mundial del Cáncer.Recordemos que la lucha contra el cáncer es una labor compleja que requiere nuestro compromiso y participación activa. Por su atención, muchas gracias.Diputado Juan Abad de Jesús, por Convergencia:
Reconocemos que el padecimiento de cáncer ha unido a los diputados de la Comisión de Salud en distintos momentos de esta legislatura, en especial el año pasado, para la prevención mediante la Ley General para el Control del Humo de Tabaco, y en nuestra necesidad de avanzar por la distribución de la vacuna del virus del papiloma humano.Lamentablemente el cáncer se presenta en muchas formas y en edades diversas. El año pasado el secretario de Salud reconocía que del 65 al 90 por ciento de las familias que tienen un menor con esta enfermedad carecen de seguridad social y de recursos económicos para solventar el tratamiento.Convergencia reconoce que pese a la suma de muchas voluntades, entre nosotros como diputados o con las autoridades sanitarias, estatales y federales, tenemos aún retos para seguir trabajando. Necesitamos, por ejemplo, para concretar la prevención, contar con recursos humanos suficientes capacitados específicamente en la prevención de esta enfermedad.Nuestro personal de salud, pese al nivel que pueden ofrecer las instituciones que egresan, no garantizan en su contacto con el paciente una prevención suficiente para el proceso de transición epidemiológica que viene.Existe también el problema de atención al enfermo, quien se enfrenta a retos sociales tan diversos, que van desde la atención parsimoniosa hasta la mal procuración de sus derechos humanos.El cáncer en la transición epidemiológica y de edades, no sólo es problema de nuestro país, sino del mundo, tanto, que se espera que supere la causa de mortalidades, incluso mayores a las enfermedades cardiacas. La pregunta es: ¿estamos preparados en nuestro país para esta transición?Los estudios de gabinete para la detección que se realizan por regular esta forma, parece obedecer a las campañas más bien locales que se instrumentan, o bien laboratorios, o bien autoridades locales como el DIF, o bien, organizaciones no gubernamentales, o a la autoridad sanitaria estatal o federal. Pero, todavía no nos hemos puesto de acuerdo para integrar todos esos esfuerzos. Tal como se disemina en el cuerpo, esta enfermedad irá creciendo en nuestra población.Nos falta ?insistimos? concebir el problema de cáncer, no como un esfuerzo aislado de las organizaciones no gubernamentales, a quienes Convergencia reconoce su capacidad organizativa y el fervor de su trabajo; ése mismo ímpetu en el que debemos compartir funcionarios de distintos niveles y cargos.Por citar un ejemplo, ante la propuesta de esta legislatura por impedir más daños en el tabaquismo, le falta sumarse a la auténtica convicción de autoridades estatales sanitarias que vigilen y procuren el cumplimiento de esta ley. Falta aún que se le reglamente en un nivel municipal y se adecue y prevenga la corrupción de las jurisdicciones estatales.El cáncer no es un tema aislado, es un reto sanitario que tenemos que asumir todos. Nuestro partido, Convergencia, reconoce finalmente a los médicos, enfermeras y personal paramédico que han venido dando, pese a la precariedad de los recursos, lo mejor de sí a los pacientes de distintos tipos de cáncer.Esperamos de ello no sólo cese la sensibilidad, y tengan la certeza que es la misma que nos mueve y moverá en todo cuanto tenga que ver con la prevención y atención de este padecimiento.Nuestra autoridad sanitaria debe garantizar la detección oportuna con estudios sucesivos. Debemos garantizar el seguimiento de los tratamientos y garantizar equipamiento mínimo.No es una necesidad, es una exigencia propia de nuestra propia transición debida y epidemiológica en la que estamos inmersos. Esperamos estar a la altura de este problema y lo ataquemos en forma conjunta. Es cuanto, señor presidente.Lucía Ortega Tzitzihua (PRI):
La Organización Mundial de la Salud ha instituido el 4 de febrero como el Día Internacional contra el Cáncer, reconociendo que esta patología es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo y se constituye en un problema de salud pública.A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud calcula que, de no mediar intervención alguna, 84 millones de personas morirán de cáncer entre 2005 y 2015. Señala que el cáncer es la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Se le atribuye 7.9 millones de defunciones ocurridas en 2007; aproximadamente un 30 por ciento del total.En este Día Internacional contra el Cáncer, un hecho significativo a considerar es, sin duda, que aproximadamente el 30 por ciento de las defunciones por cáncer son prevenibles. De manera general, la Organización Mundial de la Salud identifica que el consumo de tabaco, a nivel mundial, es el principal factor singular de riesgo de cáncer. Sin embargo, hablar de cáncer es identificar a un grupo de más de 100 enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo.Los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial, ordenados según el número de defunciones mundiales son: en hombres, de pulmón, estomago, hígado, colon, recto, esófago y próstata; en mujeres, de mama, cuello, colon, recto y estómago.En México debemos llamar la atención, en esta fecha tan representativa, para hacer un frente común en la lucha contra el cáncer y promover medios significativos para aliviar la carga nacional de esta enfermedad.Quiero aprovechar esta fecha para ponderar el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino y el pulmonar, porque constituyen indicadores de salud en países en vías de desarrollo y sus tendencias en la mortalidad van en aumento. En 2007 la mortalidad por esta causa a nivel nacional fue de 16.4 defunciones por cada 100 mil mujeres, de 25 años y más.En el mundo, el cáncer cervicouterino ocasiona la muerte prematura de aproximadamente 274 mil mujeres cada año, a pesar de que este padecimiento es prevenible y curable, si se detecta en etapa temprana.Desde esta tribuna, compañeras diputadas y compañeros diputados, se hace un llamado a todo el sector salud, para ampliar la cobertura de atención de esta enfermedad, ya que se dispone de amplios conocimientos acerca de las causas de cáncer, las intervenciones encaminadas a prevenir y tratar la enfermedad.Es posible reducir y controlar el cáncer, así como la detección precoz y el tratamiento de los pacientes con cáncer. Es posible prevenir aproximadamente el 30 por ciento de los casos de cáncer mediante la modificación y la prevención de los principales factores de riesgo.El cáncer es una enfermedad que exige modelos preventivos eficaces, ya que causa altos costos económicos y sociales, y lesiona irreversiblemente a quienes lo padecen y a sus familias.Su combate requiere la suma de esfuerzos por parte de esta representación nacional, y en todas las instituciones públicas es una condición básica para contribuir a la sociedad justa que queremos los mexicanos.El Partido Revolucionario Institucional convoca hoy a la suma de voluntades contra el cáncer y contra todo mal que lesiona la salud pública. He dicho, compañeros.
El diputado Daniel Dehesa Mora (PRD): El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud calcula que no ha de haber medidas preventivas para este mal, en el 2015 tendremos, aproximadamente, 85 millones de personas que fallecerán por este padecimiento.Cada 4 de febrero la Organización Mundial de la Salud hace frente común con la Unión Internacional del Cáncer y, con el patrocinio de ésta promueve medios para aliviar la carga mundial de la enfermedad.En el 2005, 7.6 millones de personas murieron de cáncer, más del 70 por ciento de estas muertes ocurrieron en países de bajos y medianos ingresos.En México la mortalidad por cáncer mamario durante el 2007, de acuerdo al último reporte de rendición de cuentas de la Secretaría de Salud ocupa el primer lugar de mujeres con una tasa de 16.4 por 100 mil mujeres de 25 años y más, y el cérvicouterino ocupa el segundo lugar con una tasa de 14.3 por ciento.La mortalidad por cáncer de próstata tiene una tasa de 19.2 por ciento, por 100 mil hombres mayores de 25 años de edad. La mortalidad de cáncer pulmonar en mujeres tiene una tasa de 4.3 por ciento y en el caso de los hombres la tasa de mortalidad es de 8.4 por ciento.La prevención y la promoción de la salud son las verdaderas estrategias para evitar el cáncer, donde se requiere tener una planeación de acuerdo a los recursos disponibles e integrar control del cáncer con los programas de otras enfermedades crónicas degenerativas.Se tendrán que fortalecer también los programas de promoción y prevención del cáncer mediante el control de los principales factores de riesgo. Se recomienda la prevención del cáncer y el aumento de la calidad de vida sean temas recurrentes.La Organización Mundial de la Salud estima que el 40 por ciento de los cánceres, incluso el cáncer de estómago y el cervicouterino podrían evitarse por el simple hecho de no consumir tabaco, hacer ejercicio regularmente y observar una dieta saludable. El tabaquismo es la principal causa evitable de cáncer en el mundo.Para el 2009 se requiere luchar con el sobrepeso y la obesidad infantil, dos factores de riesgo que pueden llevar al cáncer a la edad adulta.El Grupo Parlamentario del PRD exhorta a las autoridades de salud, de educación y al Seguro Popular, de transitar de los conocimientos de la promoción y de la prevención de salud, a las acciones efectivas para todos los mexicanos en riesgo. Gracias, por su atención. Muy amables.
Jorge Quintero Bello (PAN): Con su venía, diputado presidente. La salud es condición sine qua non para la calidad, el desarrollo humano y la justicia social.Por ello, corresponde al Estado en su conjunto instrumentar los mejores mecanismos desde cualquier ámbito ?público o privado? para tener la capacidad de atender a todas y cada una de las personas en materia de salud y así, brindar los elementos mínimos de bienestar a los que el ser humano aspira.El cáncer es una enfermedad letal de suma gravedad que debilita física y moralmente al ser humano, deteriora la calidad de vida de quien lo padece, causándole postración, estado anímico depauperado, destrozándole su autoestima y la de los familiares.El cáncer es una enfermedad que no respeta condiciones sociales y se da en todas las edades, convirtiéndose en un verdugo silencioso pero activo de quien menos lo espera. Por ello, todos y cada uno de los esfuerzos destinados para combatirlo bien valen la pena.El cáncer se ha convertido en el principal flagelo tanto del siglo anterior como del presente. De allí la importancia de destacar la lucha que se ha emprendido a nivel mundial. Por ello, cada 4 de febrero se celebra el día internacional de la lucha contra éste terrible mal.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que, de no mediar intervención alguna, en los años del 2005 al 2015 se morirán de cáncer 84 millones de personas en el mundo. Debido a ello, la ciencia médica ha desarrollado no sólo medidas preventivas sino tratamientos cada vez más exitosos para combatirlo.La misma OMS estima que un 40 por ciento de los cánceres se puede evitar, aconsejando no consumir tabaco, hacer ejercicio regularmente, observar una dieta saludable y se recomienda un chequeo médico cada seis meses para diagnosticarlo tempranamente con grandes posibilidades de curación.El gobierno federal, en la campaña de 2009, está haciendo principal énfasis en la prevención ya que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en el año 2007 se registraron 65 mil 112 casos de personas que fallecieron por cáncer, de las cuales 11.1 por ciento eran varones y 14.6 por ciento eran mujeres en etapa reproductiva, de las cuales el 13.8 por ciento correspondió a cáncer de mama; 12.1 por ciento a cervicouterino que pudieron evitarse con prevención. Sólo el cáncer de mama se incrementó casi en un 2 por ciento durante el período de 2002 a 2005.Otras cifras escalofriantes: En nuestro país, el cáncer en 2007 representó la tercera causa de muerte entre las mujeres con 35 mil 303 defunciones, mientras que en los hombres fue la cuarta con 33 mil 509 defunciones, o sea, el 11.8 por ciento.En Acción Nacional somos sensibles a estos temas y por ende hemos luchado con todo en contra de éste y otros terribles males apocalípticos, aportando mejores presupuestos para ayudar a prevenir, a mejorar y/o a curar a quien los padece.El Seguro Popular, a través del Fondo de Gastos Catastróficos, ejercerá 11 mil millones de pesos etiquetados para realizar campañas de prevención de enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, la hipertensión arterial y, sobre todo, contra el cáncer.Recordemos que Acción Nacional fue el autor de la iniciativa recién estrenada el 6 de enero de este mismo año, que modifica la Ley General de Salud introduciendo la medicina paliativa en beneficio de este tipo de enfermos terminales ?que muchos de ellos son por cáncer?, a dotarlos de derechos para que puedan decidir dónde desean ser tratados: en su casa o en el hospital, para que se les alivie del dolor y sufrimiento, tanto físico, psíquico, emocional y espiritual, mejorándolos en cuanto a calidad y dignidad de vida se refiere, en casos cuando su enfermedad es irreversible.Esta fecha nos debe servir para darnos cuenta que la vida no la tenemos comprada y debemos, diariamente, con nuestras mejores acciones, propiciar mejores ambientes al interior de la sociedad, de nuestras comunidades, siendo solidarios y viviendo responsablemente, luchando por nuestras generaciones y por las futuras.Esto, como un homenaje póstumo a nuestro amigo y compañero diputado Andrés Bermúdez Viramontes, quien falleció recientemente de este terrible mal. Tiempo. Es cuanto, presidente.

Gómez Mont en Ginebra

Ginebra, Suiza, a 10 de febrero de 2009
El día de hoy, México sustentó su informe sobre la situación de derechos humanos en el país ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza.
Encabezó la delegación de México estuvo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo acompañaron funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Defensa Nacional y Seguridad Pública; la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como por las
titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y del Instituto Nacional de las Mujeres.
El cuarto periodo ordinario de sesiones del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos concluirá el próximo viernes 13 de febrero, cuando se aprobará el informe final del grupo de trabajo de dicho mecanismo, el cual tiene como objetivo evaluar cada cuatro años la situación de los derechos humanos en todos los países miembros de la ONU; hasta ahora 59 países han sido revisados.
Durante su gira de trabajo por Ginebra, el secretario Gómez Mont se reunió con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay; con el secretario general de la Organización Internacional para las Migraciones; William Swing; así como con legisladores, representantes de órganos autónomos de derechos humanos y de la sociedad civil mexicana que asistieron a la sustentación del informe.
Esta fue su intervención.
Señor Presidente del Consejo;
Señora Alta Comisionada;
Distinguidos delegados y delegadas;
Invitados especiales; Señoras y señores:
Comparezco ante ustedes para presentar el Informe de México en materia de Derechos Humanos. México se somete al Mecanismo de Examen Periódico Universal con la convicción de que la promoción y protección de los derechos humanos es una obligación irrenunciable de todos los gobiernos y un imperativo ético universal.
Este foro es testigo y muestra de que para mi país, la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos es una herramienta invaluable para impulsar cambios estructurales internos.
Agradezco y reconozco a los actores nacionales e internacionales que proporcionaron los insumos para este examen. En especial, a la Oficina del Alto Comisionado, a las organizaciones sociales, a los órganos autónomos en la materia, las instituciones académicas, y diversas dependencias de los gobiernos federal y locales.
Nos acompañan legisladoras, funcionarios de organismos autónomos de derechos humanos, así como integrantes de organizaciones no gubernamentales mexicanas. Su presencia muestra que la construcción de un México donde los derechos humanos sean plenamente respetados, es tarea compartida de todos los mexicanos.
Derechos Humanos y Democracia
México es una democracia en proceso de consolidación. En las últimas décadas se han registrado avances históricos en materia de libertades ciudadanas y representación política, que han abierto la puerta a la pluralidad y la alternancia en los distintos órdenes de gobierno.
En este proceso, México enfrenta dos retos fundamentales:
· El fortalecimiento de un Estado de derecho efectivo, con instituciones de seguridad y de justicia capaces de proteger a la ciudadanía. Es en un entorno de auténtica gobernabilidad democrática donde el goce y ejercicio de los derechos humanos alcanza su plenitud.
· Así como la superación de las desigualdades que caracterizan a la sociedad mexicana, particularmente a través de la atención a la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema.
La consolidación democrática ha derivado en profundas transformaciones en las instituciones políticas, jurídicas y sociales que se han traducido en un mayor goce de todos los derechos humanos. Ese proceso se ha manifestado en:
· Una división efectiva de poderes, con plena independencia y autonomía del poder judicial y un poder legislativo cada vez más plural y democrático;
· Una extensa red de organismos públicos a nivel federal y local, encargados de la defensa de los derechos humanos;
· Una sociedad civil más activa, participativa y vigilante del desempeño de las instituciones de gobierno;
· El fortalecimiento y armonización del marco legal e institucional de promoción y protección de los derechos humanos ; y
· La total cooperación y apertura de México al escrutinio de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Hoy, los tratados internacionales de derechos humanos, conforme a la Constitución, son Ley Suprema y tienen una jerarquía superior a las leyes federales y locales, por lo que pueden ser invocados ante los tribunales. La Constitución mexicana de 1917 fue pionera en el reconocimiento de garantías individuales y sociales. Recientemente ha sido reformada para incorporar estándares internacionales de derechos humanos específicos, como:
· El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas;
· La prohibición expresa de toda forma de discriminación;
· El reconocimiento de la obligación del Estado de reparar el daño por afectar derechos de particulares;
· La abolición de la pena de muerte;
· La reforma al sistema de justicia para menores en conflicto con la ley;
· El derecho a la información; y
· Una reforma integral al sistema de seguridad pública y justicia penal, con un énfasis en los principios universales del debido proceso.
En un esfuerzo adicional, el Congreso discute diversas reformas para introducir plenamente el concepto de derechos humanos en el texto constitucional.
México tiene desafíos en materia de armonización legislativa a nivel de los gobiernos locales. Mientras que se registran avances sustantivos en cuestiones como la justicia para adolescentes, los derechos de la niñez, la igualdad entre hombres y mujeres, y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; deben redoblarse aún esfuerzos en temas como la trata de personas, la prevención y sanción de la tortura, los derechos de los pueblos indígenas, la prevención de la discriminación, los derechos de las personas con discapacidad, la protección de la igualdad, y la prevención y sanción de la desaparición forzada de personas.
Avances institucionales en Derechos Humanos
En México existe un alto grado de institucionalización y de consolidación de políticas públicas para la protección de los derechos humanos. México cuenta con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creada desde 1990, que cumple con los Principios de París.
En el caso del Gobierno Federal, existen oficinas especializadas de derechos humanos en diversas instituciones, particularmente en las dependencias responsables de la seguridad pública y procuración de justicia, y en las propias fuerzas armadas, cuyos representantes hoy nos acompañan. Existe el mandato de crear unidades especializadas de derechos humanos en todas las dependencias e instituciones del Gobierno Federal.
Seguiremos fortaleciendo los espacios institucionales de diálogo con la sociedad civil. La Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, mecanismo de diálogo permanente entre el gobierno federal y las organizaciones en la materia, ha logrado el impulso de reformas legislativas de gran relevancia, como la iniciativa para abolir la pena de muerte.
Los avances institucionales son inseparables de las políticas públicas. Contamos hoy con un Programa Nacional de Derechos Humanos, elaborado a través de un proceso de consultas con la sociedad civil, académicos y especialistas. Dicho Programa, que contiene estrategias, indicadores y metas claras, es el referente obligado del Estado Mexicano para la consolidación de una política integral de derechos humanos.
La cooperación permanente con los mecanismos internacionales de derechos humanos, ha sido un factor de fortalecimiento de la legislación, las políticas públicas y las instituciones nacionales. Por ello, de 2001 a 2008, México ha ratificado prácticamente todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y sus Protocolos Facultativos. Asimismo, la invitación abierta y permanente de México a todos los mecanismos internacionales de derechos humanos, ha derivado en 21 visitas de mecanismos universales y regionales a nuestro país en los últimos años.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, establecida a invitación del gobierno de México desde 2002, y con la cual se mantiene un acuerdo de continuidad de actividades, ha realizado contribuciones de gran relevancia. Destacan el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México de 2003, que identifica la mayor parte de nuestros retos en la materia, el monitoreo de la situación de los derechos humanos y su asesoría para la elaboración de los últimos dos Programas Nacionales.
Seguridad Pública y Derechos Humanos
Un desafío central que enfrenta México en materia de derechos humanos es la consolidación de un Estado de derecho eficaz que garantice la seguridad de los mexicanos, elemento esencial para un disfrute más pleno de tales derechos humanos. En este tema, el informe presentado por México parte de una premisa fundamental: la impunidad, la inseguridad pública y la corrupción representan, en sí mismas, una agresión inaceptable contra los derechos humanos.
El crimen organizado ha segado vidas de ciudadanos, periodistas, fiscales, policías, e integrantes de las Fuerzas Armadas. Los secuestros, la extorsión y la violencia con la que actúan las bandas delictivas, así como la corrupción con la que erosionan a las instituciones, atentan contra los derechos de los mexicanos. Es en este sentido que una grave amenaza a los derechos humanos en México proviene del crimen organizado.
Por eso, la lucha para asegurar que México sea un país de leyes, en el que imperen el orden y la legalidad, es para salvaguardar las libertades y los derechos fundamentales de las personas.
La magnitud del reto que enfrenta el Estado mexicano es enorme. Durante décadas, el crimen y la corrupción crecieron al amparo de la impunidad. En algunas regiones del país, la delincuencia había emprendido una ofensiva total contra la sociedad, rebasando en capacidad operativa y de armamento a algunas autoridades civiles.
Por ello, el Estado ha actuado con decisión y en uso de todos los instrumentos a su alcance en defensa de la ciudadanía. Así, la administración del Presidente Felipe Calderón determinó necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a las autoridades civiles para enfrentar al crimen organizado. El servicio que prestan las Fuerzas Armadas en esa tarea es invaluable, reconocido ampliamente por la sociedad mexicana y acorde con el marco constitucional.
Debe destacarse que el despliegue de las Fuerzas Armadas es subsidiario y sólo a petición de autoridades civiles. Es también estrictamente temporal. Además, debo enfatizar que la participación militar es únicamente un componente de una estrategia integral de seguridad. Dicha estrategia se funda en la debida depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos de los tres órdenes de gobierno que asumirán, paulatinamente, el control total de las tareas de seguridad pública. La estrategia también incluye políticas de prevención del delito y las adicciones, reformas al marco legal y la promoción de la cooperación internacional.
Estamos conscientes de las preocupaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de tareas de seguridad pública, así como sobre el funcionamiento de la justicia militar en México.
Reiteramos el compromiso de las fuerzas de seguridad involucradas en la lucha contra el crimen organizado con el pleno respeto a todos los derechos humanos. En México existen los mecanismos judiciales, así como la vigilancia constante de los órganos autónomos de derechos humanos, de los medios de comunicación y de la opinión pública para que toda violación sea debidamente investigada y sancionada.
El Programa Nacional de Derechos Humanos establece el compromiso de las fuerzas armadas de impulsar reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar, de conformidad con nuestros compromisos internacionales.
La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con áreas especializadas para analizar las quejas y recomendaciones de órganos autónomos, aplicando procedimientos penales y administrativos; incluso para proceder a la reparación del daño.
La adecuación plena a los estándares internacionales de derechos humanos, requiere avanzar en una regulación y capacitación a las fuerzas de seguridad en el uso legítimo y proporcional de la fuerza en el combate a la delincuencia. Si bien tenemos todavía un trecho por caminar, recientemente la Secretaría de Seguridad Pública, que está a cargo de las policías federales, suscribió un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja con el fin de capacitar y certificar a los policías federales en este tema. Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está revisando la cuestión de la adecuación a estándares internacionales del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, a partir de la investigación sobre el caso de Atenco.
El gobierno de México ha emprendido una transformación a fondo del sistema de justicia penal con dos grandes propósitos: poner punto final a la impunidad y fortalecer las capacidades del Estado para la persecución de los delitos, con pleno respeto a los derechos humanos. Para ello, en el año 2008 se aprobó la Reforma al Sistema de Justicia Penal y de Seguridad Pública.
Se trata de una reforma que implanta un sistema acusatorio; fortalece las garantías del debido proceso para quien sea acusado de un delito; la presunción de inocencia; plenas garantías para los derechos de las víctimas; y protección más efectiva para los ciudadanos ante los abusos de autoridad.
La reforma, de manera congruente con la Convención de Palermo, fortalece las capacidades del Estado para investigar, perseguir y sancionar los delitos, siempre con estricto apego a los derechos humanos.
Además, la regulación de dicha reforma, a través de una nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, obligará a las autoridades de todo el país no sólo a profesionalizar a sus fiscales, policías y peritos, sino también a someterlos a rigurosos procedimientos de selección y control de confianza en beneficio de la ciudadanía. Con policías honestos e instituciones confiables estaremos en mejor capacidad de proteger los derechos humanos.
Libertad de expresión, tortura y Derechos Humanos
Dos cuestiones incluidas en las preguntas que se nos formularon se refieren a agresiones contra periodistas, así como al combate a la tortura en México.
Para el Estado mexicano, la libertad de expresión es condición indispensable de la democracia. Por ello, en los últimos años se han registrado avances muy importantes tanto en materia de acceso a la información como en la despenalización de la calumnia, difamación e injuria, entre otros. Pero al mismo tiempo, compartimos las preocupaciones relacionadas con la seguridad de los periodistas en México. Hoy, quienes más amenazan con violencia la labor de periodistas y comunicadores, son las organizaciones criminales que buscan vivir al cobijo de la opacidad, de la ilegalidad y de la impunidad.
El Poder Ejecutivo Federal envió recientemente al Congreso una iniciativa para considerar como delitos federales los ataques a los periodistas y que las autoridades federales sean las encargadas de investigar tales delitos. Esta iniciativa se encuentra actualmente en discusión en el Poder Legislativo. Estamos convencidos de que defender la libertad de expresión es defender un pilar del Estado democrático de derecho.
Por otra parte, el combate a la tortura es también una prioridad del Gobierno de México. En este terreno, el instrumental que provee el sistema internacional de los derechos humanos ha sido de gran importancia, sobre todo para la reducción del número total de quejas recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A partir de que reconocimos la competencia del Comité contra la Tortura, se comenzó a aplicar el Protocolo de Estambul para dictaminar científicamente los posibles casos. En la presente administración suscribimos el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y se designó al mecanismo nacional de prevención de la tortura, y recientemente se recibió la visita del Subcomité en la materia.
Tenemos que reconocer los avances pero también los pendientes en esta materia crucial. Desde el punto de vista legal, la Constitución mexicana prohíbe expresamente la tortura, y se cuenta con legislación federal y estatal en la materia. No obstante, tenemos que asumir la necesidad de armonizar la legislación en todo el país; de contextualizar en todas las entidades federativas el Protocolo de Estambul; y de trabajar con la sociedad civil, en la creación de un registro nacional de quejas por tortura.
Tenemos la convicción de que la Reforma constitucional al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal y sus leyes reglamentarias serán también una herramienta crucial en la lucha contra la tortura, al establecer que sólo las confesiones rendidas ante un juez tendrán valor probatorio.
Discriminación, igualdad de género y Derechos Humanos
El combate a la discriminación por cualquier causa es una alta prioridad del Gobierno mexicano. Nuestra Constitución la proscribe. Contamos con una Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación y con un Consejo Nacional como autoridad en la materia, que cuenta con un sistema conciliatorio de quejas y reclamaciones.
La discriminación contra las mujeres, especialmente la que implica actos de violencia, es una preocupación y un tema de la más alta prioridad. En este terreno enfrentamos un gran desafío.
Un tema que indigna y preocupa a todos es el de los asesinatos de mujeres, en especial los casos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los lamentables casos de las mujeres víctimas de la violencia de género simbolizan la impunidad que tanto daño ha hecho. Por ello, las instituciones que conforman el Estado mexicano están trabajando junto con la sociedad para que estos crímenes sean completamente esclarecidos y, sobre todo, para evitar que se sigan presentando. Tanto en lo general, como en el caso particular de Ciudad Juárez, se realizan enormes esfuerzos legales, de fortalecimiento institucional y de respaldo presupuestal.
Se han promovido nuevos ordenamientos jurídicos, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En 2008, se destinaron recursos por más de 163 millones de dólares para instrumentar esta Ley. A la fecha, la mayoría de los estados han armonizado su legislación estatal con la Ley General, y cuentan con un sistema estatal contra la violencia.
También hemos puesto en marcha políticas públicas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Vale la pena destacar que en 2008, se aprobó un presupuesto destinado para las mujeres, de alrededor de 700 millones de dólares.
Por otra parte, la nueva Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres promueve el empoderamiento de las mujeres en los ámbitos público y privado a nivel federal. Apenas diez entidades federativas cuentan con una ley estatal de igualdad. Seguiremos trabajando con los gobiernos locales, poderes de la Unión y el sector privado, a fin de contribuir a la adopción de políticas con perspectiva de género en todo el país. Destacan los programas de capacitación y sensibilización de las fuerzas armadas en materia de perspectiva de género.
El gobierno federal creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y la Trata de Personas, instancia que ha iniciado diversas investigaciones en la materia. En lo referente a prevención, ha desarrollado proyectos y programas de sensibilización y capacitación de funcionarios de justicia.
Grupos vulnerables y Derechos Humanos
El Gobierno Federal ha dado pasos importantes al cambiar la atención a grupos vulnerables de una perspectiva asistencialista, a un enfoque de derechos.
Para México es prioritario que todas sus niñas y niños tengan acceso a una vida sana, sin violencia y con oportunidades de desarrollo. Es por esto que el gobierno federal impulsa programas integrales de atención a la infancia enfocados al desarrollo de capacidades básicas en materia de salud, educación y alimentación, así como un programa específico para la atención de menores
migrantes y repatriados que viajan solos. En los últimos años se estableció un sistema de justicia para adolescentes que se encuentra en proceso de implementación, aún cuando se ha topado con diversas dificultades.
El respeto a los derechos de los pueblos indígenas amerita atención prioritaria. La composición multiétnica de nuestra nación y los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos por la Constitución. De los 106 millones de mexicanos, alrededor del 10 por ciento viven en comunidades indígenas, y un gran número de ellos vive en condiciones de pobreza.
A través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se llevan a cabo programas que contribuyen a superar esta situación. En 2008 México contó con un presupuesto histórico, aplicado por diversas dependencias para la atención de los pueblos indígenas, equivalente a más de 2 mil 800 millones de dólares, y que está enfocado preponderantemente a superar las condiciones de la pobreza extrema.
Un aspecto muy importante es el de los derechos culturales. A través de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que entró en vigor en 2003, se reconoce a las 68 lenguas indígenas como lenguas nacionales, y por ende tienen la misma validez que el español.
En 2005, se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a fin de elaborar materiales educativos, impulsar la formación básica y profesional de los docentes y promover la enseñanza de las lenguas indígenas en los procesos educativos. Sin embargo, uno de los grandes retos que enfrenta nuestro país es garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural. En este frente, el gobierno federal está poniendo en marcha Universidades Interculturales en varios estados del país.
El derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas es también un desafío que reconocemos. La reforma constitucional de 2001 estableció el derecho para que, en todos los juicios y procedimientos en los pueblos y comunidades indígenas, se consideren sus costumbres y especificidades culturales. Además, tienen derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua y cultura. No obstante, todavía persiste el desafío de garantizar defensores, intérpretes y traductores certificados en todos los juicios y procedimientos en que formen parte los indígenas.
Otro sector social expuesto a discriminación y violaciones a los derechos humanos es el de las personas que tienen que dejar sus comunidades y emigrar en busca de un mejor futuro. México está plenamente comprometido con la protección de los derechos humanos de los migrantes. Por ello, hemos promovido una política exterior de protección a los derechos de los mexicanos que viven fuera de nuestras fronteras. La acción del gobierno federal se ha dirigido al mejoramiento de los servicios que brindan nuestros consulados.
Debemos asegurar la coherencia entre el trato que exigimos para los mexicanos en el exterior y la forma en que garantizamos los derechos de los migrantes en territorio mexicano. Por ello, en julio de 2008 se despenalizó la migración indocumentada, armonizando el orden jurídico con los tratados internacionales, y contribuyendo a eliminar abusos contra migrantes indocumentados en México.
Atención a la pobreza
El Gobierno de México tiene un fuerte compromiso con la atención y superación de la pobreza. El destino del país sólo cambiará cuando desterremos la miseria y la marginación. Por ello, el gobierno federal lanzó en mayo de 2008 la Estrategia Vivir Mejor, acorde con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. México está cumpliendo prácticamente con todos esos Objetivos e inclusive se han marcado metas adicionales reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Desde 2002 se cumplió la meta fijada para el año 2015 de reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar diario. También hemos cumplido anticipadamente las metas de matriculación en educación primaria y se ha alcanzado la equidad de género en la educación secundaria. También se han cumplido los objetivos en materia de reducción de las tasas de mortalidad de menores de cinco años y se está trabajando para lograr los objetivos relacionados con la salud materna. La epidemia del VIH-SIDA, por su parte, permanece estable.
En el contexto de la crisis financiera internacional, el gobierno del Presidente Calderón adoptó medidas orientadas a la reactivación económica y el mantenimiento de la red de protección social.
Sin perjuicio de lo anterior, México reconoce que aún enfrentamos grandes desafíos en esta materia, ya que 42 por ciento de la población todavía se encuentra en situación de pobreza.
Conclusión
El Gobierno de México reconoce los desafíos que enfrentamos en materia de derechos humanos. No tenemos tiempo que perder. Por ello, los gobiernos federal, estatales y municipales, los poderes públicos, y la sociedad mexicana asumimos sin titubeos, desde diferentes perspectivas, la tarea de promover y proteger los derechos humanos de cada uno de los mexicanos. Sabemos que en esa tarea contamos con el apoyo invaluable de la Organización de las Naciones Unidas, de este Consejo y de la comunidad internacional.
Por ello, agradezco la oportunidad que se me da de reafirmar el sólido compromiso del gobierno de México con la promoción y protección de los derechos humanos, y particularmente la oportunidad de dialogar con ustedes en esta sesión.
Muchas gracias.

Mensaje del Presidente, 9 de febrero

Mensaje del Presidente Calderón
Residencia Oficial de Los Pinos, 9 de febrero de 2009;
Muy buenas tardes.
Amigas y amigos de los medios de comunicación:
El pasado 7 de enero el Gobierno Federal y los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, los representantes Presidentes de las Cámaras del Congreso de la Unión, los representantes de los sectores empresarial, laboral y social suscribimos el Acuerdo
Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, con el objetivo de apoyar a las familias mexicanas frente a la actual crisis financiera internacional.
Se trata de una crisis generada fuera de nuestro país, en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y a la cual le estamos haciendo frente, unidos los actores políticos y sociales del país.
Nuestro objetivo es claro: proteger el empleo y el ingreso de los mexicanos y mantener el dinamismo de la economía nacional.
Hoy, el Gobierno Federal, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de ese Acuerdo, da un paso más en la protección del empleo y el ingreso de los mexicanos.
En este acto, y con fundamento en el Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, firmaré dos iniciativas de reformas legales, a fin de ser enviadas al Congreso de la Unión para su discusión y su aprobación.
En primer lugar, una iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
Esta medida nos permitirá, primero, incrementar los apoyos para los trabajadores que desafortunadamente puedan perder su empleo. Así, por ejemplo, un trabajador con nueve años de antigüedad y un ingreso de 12 salarios mínimos puede alcanzar, en los términos de esta iniciativa, un beneficio de cerca de 57 mil pesos, en términos de la disponibilidad de su retiro.
Segundo. Ampliarles los beneficios a los trabajadores que hoy, debido a su corta antigüedad, no tienen derecho a ejercerlo.
Y de esta manera se reduce de cinco a tres años de antigüedad el requisito para que los trabajadores que lleguen a perder su empleo puedan retirar recursos de su cuenta individual.
Tercero. Impulsar una cuota social progresiva y acotarla en beneficio de los trabajadores que ganan hasta 15 salarios mínimos y que representan el 98 por ciento del total, esto con el objetivo de incrementar las aportaciones que hace el Gobierno a las cuentas sociales para trabajadores con menores ingresos.
Con ello, por ejemplo, un trabajador con ingresos equivalentes a tres salarios mínimos tendrá un incremento por concepto de cuota social, pagada a cargo del Gobierno Federal, equivalente al 15 por ciento; esto permitiría que el saldo final de su cuenta se incremente en aproximadamente 15 mil pesos.
En segundo lugar, firmaré y presentaré al Congreso de la Unión otra iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y de la Ley del Seguro Social.
Esta iniciativa propone:
Primero. La redistribución de las aportaciones a cargo del patrón entre el ahorro para la vivienda y el ahorro para el retiro, acompañadas de un mayor control por parte del trabajador.
Así, los trabajadores de hasta 30 años de edad, con un ingreso menor a tres salarios mínimos, podrán complementar los recursos que hasta ahora utilizaban para adquirir vivienda con el 30 por ciento de los recursos de su subcuenta de retiro, cesantía y vejez, lo cual antes no podía hacerse.
Esto permitirá que trabajadores, principalmente jóvenes y de bajos ingresos puedan acceder a un crédito para la vivienda, en condiciones que antes no podían hacerlo.
Segundo. Se reforma la legislación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de mejorar su capacidad de operación financiera y de fiscalización. Esto permitirá al INFONAVIT contar con más opciones de financiamiento, a fin de otorgar créditos de vivienda en mejores condiciones y con mayor certidumbre para los trabajadores.
Con estas medidas nos proponemos contar con un Sistema de Seguridad Social más eficiente en cuanto al uso y destino de los recursos de los trabajadores, y al mismo tiempo, contrarrestar los efectos de la actual coyuntura económica.
Señoras y señores de los medios de comunicación:
Estas dos iniciativas, que enviaremos a la Honorable Cámara de Diputados, refuerzan el primer pilar del Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo.
Este primer componente del Acuerdo es el apoyo al empleo y a los trabajadores, y busca en esencia desarrollar medidas específicas para promover una mayor contratación de mano de obra, así como para estimular la preservación de las fuentes de trabajo existentes y evitar la pérdida de empleos.
Y dos. Impulsar acciones para que las personas que lamentablemente puedan perder su empleo cuenten con recursos económicos para enfrentar esta situación, preserven sus derechos y el de sus familias a recibir atención médica y tener mejores condiciones de vida.
Por otra parte, estas iniciativas que ahora se presentan permiten a los trabajadores:
Primero. Poder retirar mucho mayor cantidad de su cuenta individual de ahorro para el retiro.
Segundo. Aumentan las cuotas del Gobierno Federal en favor de las cuentas individuales de todos los trabajadores que ganan menos de 15 salarios mínimos.
Y tercero. Permite una traslación paulatina de la cuenta de ahorro para vivienda a la propia cuenta para el retiro, a fin de que el trabajador tenga, por un lado, mayor disponibilidad de recursos a la hora de su retiro, y por la otra, pueda disponer mucho más fácilmente de los recursos ahorrados en esas cuentas para poder adquirir una vivienda.
En los próximos días, el Gobierno Federal tomará más acciones firmes y decididas para dar cumplimiento y reforzar el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo.
Este es momento de que los mexicanos cerremos filas para enfrentar la compleja situación económica internacional. Tengan la seguridad de que el Gobierno Federal seguirá trabajando para defender el empleo y el ingreso de los mexicanos, y crear las condiciones que permitan a nuestro país salir adelante en esta coyuntura.
Tenemos una economía sólida, producto de la disciplina financiera de muchos años; tenemos una Nación abundante en recursos naturales, pero sobre todo, tenemos un pueblo y familias trabajadoras, que día a día dan lo mejor de sí mismo para superarse.
El Gobierno Federal y los gobiernos estatales, estoy seguro, seguiremos tomando las medidas necesarias con la oportunidad debida, a fin de atenuar el impacto de esta situación financiera internacional en la economía mexicana.
Estoy convencido de que con el esfuerzo de todos seguiremos construyendo un país en que los mexicanos, sin excepción, podamos vivir mejor.
Muchísimas gracias.

Putin en Davos

Putin, el patriarca Kiril y Occidente/Mateo Madridejos, periodista e historiador
Publicado en EL PERIÓDICO, 09/02/09;
La intervención en el Foro de Davos del primer ministro ruso, Vladimir Putin, y la elección del metropolitano Kiril como nuevo patriarca de la Iglesia ortodoxa renueven el interés por la espinosa cuestión de las relaciones de Rusia con Occidente, rescatadas de la guerra fría en el ocaso del comunismo, sin brújula durante el tumultuoso decenio de Yeltsin, pero que siguen presididas por la desconfianza y han atravesado recientes episodios de tensión debido a la voluntad restauradora del Kremlin, el empleo del gas como arma diplomática y el forcejeo geopolítico en los países que formaron parte de la URSS.
En Davos, Putin empleó un tono conciliatorio y ofreció su colaboración tanto a Europa como a Estados Unidos, refiriéndose a “los intereses mutuos” y la seguridad energética, pero en el turno de preguntas volvió a mostrarse tan nacionalista e intratable como siempre. Cuando el representante de la firma tecnológica Dell le preguntó qué podía hacer su empresa para ayudar a Rusia, replicó: “No necesitamos ayuda, no somos inválidos”, expresión que resume la profunda suspicacia, el orgullo herido y la visión paranoica o aldeana de quien está persuadido de la superioridad nacional y se niega a reconocer el atraso de su país.
Un cuarto de siglo después de la llegada de Mijail Gorbachov al poder, el intento de integrar a Rusia en Occidente ha naufragado, quizá porque, como apunta Putin, necesita más comprensión que ayuda, se indigna con la discriminación, aspira a un trato de gran potencia y exige que se tengan en cuenta sus temores e intereses. Los europeos deben tomar nota y resolver el dilema de considerar a Rusia un socio conveniente o un adversario estratégico. Visto desde Washington, “EEUU debe evitar unas políticas en el estilo de la guerra fría, porque Georgia no es Alemania y Rusia no es la URSS”, como resume el analista Dmitri Trenin, colaborador de la norteamericana Fundación Carnegie.
Cuando la violenta crisis económica extiende la agitación social, como anuncian las manifestaciones de protesta, el Kremlin tropieza con notorias dificultades para propalar el mensaje de una amenaza del extranjero o un ataque contra la soberanía nacional. Los datos son inquietantes: el crecimiento, que fue del 6 % en el 2008, quedará reducido a cero; el paro golpearía ya a seis millones de personas; retrocede el precio de los hidrocarburos y asoma su siniestra oreja el déficit presupuestario; el rublo se ha devaluado el 70% desde mayo último y la inflación prevista será del 13% en el 2009.
DURANTE LA presidencia de Putin (2000-2008), la prosperidad sostenida garantizó la estabilidad política. Los rusos aceptaron la limitación de sus libertades, como explica la revista moscovita Itogui, “a cambio de un aumento ininterrumpido de los salarios y las pensiones, de los dividendos y los beneficios”, pero si la prosperidad retrocede, si la naciente clase media se alarma, ¿cómo resistirá el poder político sin hacer concesiones a una oposición y una intelligentsia maltratadas, sin incoar las reformas estructurales necesarias, pero aplazadas por impopulares, o sin llevar la represión a unos límites intolerables?
El seísmo político de siempre sacude las murallas del Kremlin. Como nos recuerda el periodista Víctor Erofeyev, “la sociedad rusa, inflamada por la crisis económica, está dividida entre nacionalistas irreconciliables y defensores de los valores universales, mientras los poderes están mudos”. En este terreno resbaladizo de la pugna tradicional desde Pedro el Grande, la entronización de Kiril parece una ventana abierta a Occidente, ya que se trata de un patriarca reformista, el primero elegido desde la caída de la URSS, partidario del diálogo ecuménico y en buena sintonía con el papa Benedicto XVI, a pesar de que la Iglesia católica sigue bajo la acusación de proselitismo en las tierras de la ortodoxia.
Las discrepancias en el ámbito cultural son estridentes, más incluso con Europa que con EEUU, aunque Rusia cuenta con importantes valedores en varias capitales europeas. Mientras los dos últimos papas se han quejado de que los líderes de Europa daban la espalda a sus raíces cristianas, negándose a que fueran mencionadas en el preámbulo de la frustrada Constitución europea, el Kremlin se aproxima y se confunde con el poder creciente de una Iglesia ortodoxa que resurge con fuerza después de 70 años de opresión y ostracismo, prevalece en Ucrania y extiende su influencia estabilizadora.
LAS PRIMERAS declaraciones de Obama, Clinton y sus colaboradores fueron bien acogidas por Moscú, en la esperanza de que una nueva colaboración, incluyendo la cuestión nuclear iraní, permita revisar el proyecto de un escudo antimisiles de EEUU con bases en Polonia y la República Checa. No obstante, la partida decisiva se jugará en torno a Ucrania, cuya pretensión de ingresar en la OTAN divide a los europeos y suscita un debate acalorado en Washington.Rusia no puede aspirar a un derecho de veto sobre las alianzas a que aspiran sus vecinos, pero no es menos cierto que los occidentales deberían evitar imponer un diktat que Rusia reputa oprobioso. En Washington y varias capitales europeas progresa la hipótesis conciliadora de que la adhesión de Ucrania a la UE sería beneficiosa para superar la fractura del continente y alentaría a los liberales rusos, aunque el precio fuera el reconocimiento de que la OTAN ya ha alcanzado su límite oriental.

Cierre de Guantánamo

Un destino incierto/Nicolás García, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha
Publicado en EL CORREO DIGITAL, 09/02/09;
Uno de los actos de la presidencia Obama mejor recibidos por la opinión pública internacional ha sido, sin duda, la orden ejecutiva que decreta el cierre de la prisión de Guantánamo «tan pronto como sea posible, a más tardar en el plazo de un año». Esa decisión reconoce a los más de 200 presos actuales los derechos consagrados en el artículo 3º del Convenio de Ginebra de 1949 sobre prisioneros de guerra: prohibición de trato inhumano o degradante y de la tortura, así como la proscripción de la condena sin juicio justo. La orden establece que, una vez cerrada, los prisioneros restantes deberán ingresar en otra prisión que concilie la exigencia de seguridad con el respeto a los derechos humanos, o bien habrán de retornar a su país de origen o ser transferidos a un tercer Estado, o, en fin, quedarán en libertad, según las circunstancias.
La iniciativa de Obama viene a ser el último eslabón de una cadena de propuestas legislativas, presentadas a lo largo de los dos últimos años, tanto por representantes demócratas como republicanos, con el mismo objetivo: la vuelta a la normalidad jurídica y a los principios que inspiran la Constitución norteamericana tras tantos años de conculcación, bajo la excusa de la amenaza terrorista. Sin embargo, este ‘retorno a la ley’ presenta notables dificultades debido, precisamente, a las condiciones bajo las cuales fueron detenidas y permanecieron privadas de libertad alrededor de 800 personas. La Unión Europea lleva tiempo estudiando algún procedimiento que permita satisfacer la petición estadounidense para que algunos de los ex detenidos recalen en su territorio e incluso el Parlamento comunitario se ha pronunciado favorablemente a la acogida. Pero los interrogantes siguen presentes. ¿Bajo qué condiciones serían recibidos? ¿Podrían comportarse con absoluta libertad? ¿Tendrían derecho a reclamar judicialmente contra las autoridades norteamericanas?
La respuesta a estas preguntas exige analizar las condiciones bajo las cuales se procedió a detener y encarcelar a esas personas. De acuerdo con la orden militar dictada por Bush en noviembre de 2001, Estados Unidos tenía derecho a perseguir a los sospechosos de terrorismo en cualquier lugar del mundo y a juzgarles mediante un procedimiento sumario ante comisiones militares. Se trataba, en realidad, de un régimen jurídico excepcional que adolecía de gravísimas lagunas en el respeto a los derechos humanos. Por lo que respecta al procedimiento de captura, Bush reconoció -en febrero de 2006- que la CIA estaba aplicando un programa de detenciones secretas fuera de EE UU y que muchos de los así detenidos eran conducidos a Guantánamo. Tanto el Parlamento europeo como el Comité Venecia del Consejo de Europa emitieron en 2007 sendos informes en los que se denunciaba la violación de derechos humanos que dichas detenciones arbitrarias comportaban, derechos que «no pueden menoscabarse, ni siquiera por razones de seguridad, ni en tiempo de paz ni en tiempo de guerra». Al mismo tiempo, se advertía a los países miembros de su responsabilidad cómplice en caso de permitir el paso por su territorio de dichos vuelos y de la eventual intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Conviene añadir, a todo ello, que una detención practicada con absoluta ilegalidad vicia el procedimiento penal contra el detenido, que tendría derecho a solicitar su inmediata puesta en libertad o ‘habeas corpus’.
Por lo que se refiere a la valoración de las condiciones en que permanecieron recluidos en Guantánamo durante años varios cientos de personas, sin conocer siquiera el delito por el que eran acusados, resulta extremadamente clarificador el informe emitido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en febrero de 2006, en el que se describe la conculcación sistemática del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de Estados Unidos, afirmándose, en particular, que dicha reclusión constituía una «privación arbitraria de la libertad personal». Por otro lado, el Comité analizó con todo lujo de detalles los procedimientos utilizados por los encargados de la custodia sobre los presos, calificándolos como ‘tortura’, en el sentido estrictamente jurídico del término.
Si todo esto ha ocurrido durante los siete años en los que Guantánamo ha permanecido abierta, no parece serio pensar que bastará con su cierre y puesta en libertad de las personas ilegalmente detenidas o torturadas para que los responsables de esa indignidad queden limpios de responsabilidad. Sea cual fuere la fórmula que finalmente adopte la Unión Europea, y sus Estados miembros, hay que advertir con rotundidad de que esas personas víctimas de gravísimos atentados contra su dignidad van a tener a su disposición las garantías inherentes al sistema democrático europeo para personarse ante los tribunales y denunciar los delitos de los que han sido objeto: detención ilegal, tortura, etcétera. En España podrían hacerlo ante la Audiencia Nacional, con competencia universal para esta clase de crímenes. Ningún arreglo diplomático lo va a evitar. Tampoco el traslado de los ex reclusos a sus países de origen si no hay garantía absoluta de que no sufrirán tortura, pues lo prohíbe expresamente la Convención sobre la misma. Estos ‘inconvenientes’ podrían salvarse con facilidad dejando que la brecha ilegal de Guantánamo se cierre por sí sola y en suelo estadounidense. Es decir, que los ilegalmente detenidos queden libres y denuncien ante la justicia penal de ese país a los responsables de tantos crímenes, que de ninguna manera pueden quedar impunes.

Para hacer funcionar a las estrellas es necesario apretar el botón azul..." — El sobrino de Chofi.

 Para hacer funcionar a las estrellas es necesario apretar el botón azul..." — El sobrino de Chofi. Por Fred Alvarez Palafox.. Es de no...