Liberta absoluta a LEA

Tribunal exonera a Echeverría de matanza del 68
Nota de Carlos Avilés Allende

El Universal on line, Jueves 26 de marzo de 2009
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal no encontró elementos para juzgarlo por el delito de genocidio que le atribuyó la PGR por los hechos relacionados con la matanza de estudiantes
Un tribunal federal ordenó decretar la libertad absoluta del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, luego de no encontrar elementos para juzgarlo por el delito de genocidio que le atribuyó la Procuraduría General de la República por los hechos relacionados con la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la capital del país, ratificaron el amparo que le había concedido el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano en contra del auto de formal prisión que, a su vez, le dictó otro magistrado en noviembre de 2006 para que se le juzgara por el delito de genocidio.
Después de tres años de litigio, finalmente los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado, Manuel Bárcena Villanueva, Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig y María Eugenia Martínez Cardiel, llegaron a la conclusión de que la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado no presentó pruebas que sustentan la acusación en contra del ex presidente Echeverría.
Dicho tribunal ratificó el amparo que le había concedido el magistrado Luna Altamirano desde el 2007, cuando dicho juzgador llegó a la conclusión de que la matanza del 2 de octubre de 1968 sí fue un acto genocida, en el que se buscó exterminar al "grupo nacional" de estudiantes que protestaba contra el régimen del entonces presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, pero que había "una sola prueba jurídica que justifique que concibió, junto con diversas autoridades, un plan para exterminar al grupo nacional que conformó el movimiento estudiantil de 1968".
fml

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Nota N°. 6085
Legisladores del PAN, PRI y PRD comentan sobre fallo que exonera de “genocidio” a ex mandatario Luis Echeverría
• Decisión de poder autónomo que respeto: Espinosa Piña

• Acatar determinaciones de los tribunales: Camacho Quiroz•

Ni todas las aguas de los océanos podrán lavar ese gravísimo crimen: Suárez del Real
Palacio Legislativo 27-III-2009 (Notilegis).- Diputados del PAN, PRI y PRD opinaron sobre el fallo del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, que exoneró de “genocidio” al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, por los hechos relacionados con la matanza de estudiantes de 1968.
El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, José Luis Espinosa Piña (PAN) expresó: “es una decisión de un poder autónomo que respeto pero en el juicio de la historia no aplican exoneraciones”.
-¿Entonces fue un juicio justo?, se le preguntó.
- La autoridad competente, la que tiene la jurisdicción ya dijo lo que tenía que decir, pero desde mi punto de vista, en el saldo histórico queda un remanente en el sentimiento nacional, pero ese es un punto de vista personal, señaló.
Para el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz (PRI), la resolución del Tribunal Colegiado se debe respetar, ya que en México se vive en un Estado de derecho y las instituciones instruyen las leyes a las que nos debemos atener.
“Si ésta fue la resolución del Tribunal es que debió encontrar razones suficientes para tomar esta determinación. Creo que hay que respetar las decisiones de los tribunales (…). Siempre en cualquier sentencia hay una parte que se queda satisfecha e insatisfecha, invariablemente en cualquier sitio”, consideró el ex-gobernador del Estado de México.
Yo quedo satisfecho, destacó el diputado del PRI, en tanto el Estado de derecho se haya respetado. Asimismo, dijo que son respetables los puntos de vista contrarios, “un juicio político siempre es subjetivo y discutible; sin embargo es otra cosa la resolución del Tribunal. Siendo respetable de los puntos de vista de quienes piensan diferente, aquí hay una expresión jurídica”, reiteró.
Al respecto, el integrante de la Comisión de Defensa Nacional, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (PRD), condenó el fallo del Tribunal Colegiado en materia penal, el cual exoneró de “genocidio” al ex presidente Luis Echeverría Álvarez.
En entrevista, Suárez del Real dijo: “la verdad histórica ha prevalecido a lo largo de los años y ha demostrado que hubo responsabilidad de funcionarios en lo que conocemos como genocidio de 1968; y eso, como se dice, ni todas las aguas de los océanos podrán lavar ese gravísimo crimen”.
El perredista aseveró que su bancada exigirá que haya una investigación a fondo para conocer dónde estuvieron las deficiencias y omisiones de la actuación del Ministerio Público y el juez, en el caso de la exoneración de Luis Echeverría. AILH/ ASC/JZM

Irán

Hasta qué punto es teocrático Irán?/Ramin Jahanbegloo, filósofo iraní y catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto.

Traducción de Jesús Cuéllar Menezo

Publicado en EL PAÍS (www.elpais.com), 25/03/09;

La revolución de 1979 fue un momento histórico trascendental dentro de la crisis política contemporánea iraní. Cuando el ayatolá Jomeini y sus seguidores se hicieron con el poder, el 12 de febrero de 1979, predicaban que la revuelta contra la injusticia y la tiranía, y sobre todo el martirio, formaban parte del islam chií, y que los musulmanes debían rechazar la influencia tanto de la superpotencia soviética como de la estadounidense en Irán.
El ayatolá Jomeini elaboró e instauró la ideología del Velayat-e faqih, según la cual, los musulmanes precisaban de una “custodia” manifestada en el dominio o la supervisión de destacados jurisconsultos islámicos, como el propio Jomeini. Al quedar el poder en manos de los juristas musulmanes, el islam se vería protegido de cualquier innovación y desviación, mediante la adherencia exclusiva a la ley musulmana tradicional, la sharia, con lo que se evitaría la pobreza, la injusticia y el saqueo de las tierras islámicas por parte de extranjeros impíos.
El texto redactado por la Asamblea de Expertos para la nueva Constitución iraní creó para Jomeini el poderoso cargo de Líder Supremo, que, al mando del Ejército y de los servicios de seguridad, nombra también a importantes cargos del Gobierno y de la judicatura. Pero cada cuatro años, según esa misma Constitución, se elegiría un presidente mucho menos poderoso. Y a otro organismo teocrático, el Consejo de Guardianes, se le otorgó capacidad de veto sobre los candidatos a presidente, a diputado y a miembro del organismo que elige al Líder Supremo (la Asamblea de Expertos), así como sobre las leyes que aprobara el Parlamento.
Entre los países musulmanes, Irán constituye el caso más interesante. Es el único ejemplo de Estado islámico contemporáneo instaurado gracias a una revolución popular. Y ésta es la razón que explica la dualidad estructural de la República Islámica de Irán. Jomeini partía del modelo del príncipe filósofo, dotado de una sabiduría y un conocimiento que están por encima de la ley. Pero su interpretación de la autoridad tuvo que adaptarse a las concepciones contemporáneas occidentales. El resultado fue una Constitución que otorga preponderancia a la sharia y a una autoridad basada en la voluntad divina, pero que también incorpora la voluntad y la soberanía populares.
Esta conjunción ha generado muchas contradicciones, sobre todo en lo tocante a aquellas leyes parlamentarias que chocan con la sharia y a la autoridad del jurisconsulto, que pasa por encima de las estructuras políticas convencionales. De este modo, la revolución dotó al Estado de apoyo popular, pero partiendo de dos fuentes de soberanía opuestas. En consecuencia, la Constitución iraní se compone en realidad de dos constituciones: una, la que hace hincapié en la autoridad y los derechos del pueblo, y la otra, la basada en el derecho eclesiástico, de origen divino.
Cualquier debate sobre la estructura de poder del régimen islámico iraní y sobre la lucha entre las diferentes instituciones gira en torno a cómo se percibe y aplica esa dicotomía. Lo que esto quiere decir es que el sistema político de la República Islámica de Irán se caracteriza por una feroz competencia entre los grupos de poder. En la cúspide de su estructura se encuentra el Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que en 1989 sustituyó al ayatolá Jomeini, padre de la Revolución Iraní. El Líder Supremo es quien debe perfilar y supervisar las “políticas generales de la República Islámica de Irán”, lo cual significa que es quien marca la pauta y la dirección de las políticas interna y exterior del país. Es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas y controla los servicios de información y de seguridad.
El Consejo de Guardianes -el Líder Supremo elige a seis de sus 12 miembros- tiene autoridad para interpretar la Constitución y determina si las leyes aprobadas por el Parlamento respetan la sharia. En consecuencia, también puede ejercer su veto sobre el Parlamento. El Consejo examina también a los candidatos a la presidencia y al poder legislativo, decidiendo si es legítimo que concurran a las elecciones.
La Asamblea de Expertos, que se reúne durante una semana al año, elige al Líder Supremo y se compone de 86 clérigos “virtuosos y eruditos”, elegidos popularmente por periodos de ocho años. Muchos analistas comparan esta Asamblea de Expertos con el Colegio Cardenalicio del Vaticano. En 1988, el ayatolá Jomeini creó asimismo el Consejo de Idoneidad, encargado de mediar entre el Consejo de Guardianes y el Parlamento en caso de disputa. El Líder Supremo nombra a todos los miembros del Consejo de Idoneidad, que a su vez sirve como organismo asesor del primero.
El Parlamento iraní es un órgano legislativo unicameral con 290 miembros elegidos mediante sufragio cada cuatro años. Cada diputado representa a una circunscripción de carácter geográfico. El Parlamento presenta y aprueba leyes que finalmente son revisadas y refrendadas por el Consejo de Guardianes, y tiene también capacidad para destituir a los ministros y aprobar el Presupuesto del Estado.
Por último, pero no por ello menos importante, está el presidente del país, segunda instancia en relevancia de Irán. Elegido por sufragio universal para un periodo de cuatro años, nombra y supervisa el Gobierno y coordina sus decisiones. También establece las políticas económicas del país, pero no controla a las Fuerzas Armadas.
Con la elección de Mohamed Jatamí se inició una nueva fase en el pulso por el poder en la República Islámica. Su arrolladora victoria en los comicios de 1997 fue un paso positivo en el camino hacia la soberanía popular. Ese año, la participación entusiasta de una nueva generación de votantes incrementó la presión para alcanzar un mayor pluralismo político.
Poca duda cabe de que la elección de Jatamí y sus ocho años en la presidencia popularizaron el discurso de la democracia en Irán, abriendo de nuevo el debate sobre su democratización. Pero con la victoria del candidato ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en los comicios presidenciales de 2005, prácticamente todos los organismos e instituciones del poder, electivos o no, quedaron en manos de ultraconservadores.
Ahmadineyad ha conservado importantes activos políticos, de los que sin duda el más relevante ha sido el fervor nacionalista nacido del programa nuclear iraní, aunque se le acusa de excesiva audacia en su agresivo tono respecto a Israel y en su discurso de negación del Holocausto. En sus primeros cuatro años practicó cierto populismo político, pero en los últimos meses ha sido muy censurado por su gestión ante el aumento de la inflación y el desempleo, causantes de un creciente descontento popular. Las críticas recibidas por Ahmadineyad no sólo han salido de las filas reformistas, sino que las han expresado políticos conservadores que parecen haber perdido la paciencia con él.
El Irán actual es muy parecido a la Unión Soviética de sus últimos días. La ideología revolucionaria se ha agotado, los jóvenes iraníes están desencantados, el movimiento reformista no ha logrado responder a las demandas populares y prácticamente todos los años se registran en las grandes ciudades del país disturbios espontáneos y muestras de descontento. Sin embargo, 30 años después de las revueltas que derrocaron al sha y su régimen, los iraníes carecen de una organización que aglutine sus distintas aspiraciones.
Nadie sabe si la República Islámica de Irán evolucionará hacia la democracia o si se vendrá abajo en medio de una revolución. Para la gran mayoría de los iraníes que viven dentro del país, ya de por sí desencantados con una revolución y víctimas durante ocho años de la brutal guerra con Irak, la evolución pacífica sería la opción más ventajosa. Y sea como sea, para la generación más joven, ese 70% de la población menor de 30 años, el cambio tendrá que llegar tarde o temprano, porque está buscando trabajo, libertad y oportunidades.
En esta tesitura, ¿podrá la República Islámica de Irán superar su identidad ideológica, dejando espacio para la soberanía popular, o, por el contrario, el mandato divino del Velayat-e-Faqih acabará con cualquier esperanza de una transición democrática en Irán? Ésta es la pregunta clave a la que tendrán que responder los analistas de la Revolución Iraní.

Al Qaeda visto por Fawaz A. Gerges

La peor visión sobre Al Qaeda/Fawaz A. Gerges, de la cátedra Christian A. Johnson de Oriente Medio, Sarah Lawrence College, Nueva York. Autor de El viaje del yihadista: dentro de la militancia musulmana, Ed. Libros de Vanguardia.

Publicado en La Vanguardia, 25/03/2009;

Traducción: JoséMaría Puig de la Bellacasa

En el artículo que publiqué en La Vanguardia el 9 de marzo, argumenté que Al Qaeda ha caído en el descrédito moral en el mundo islámico y afronta una colosal crisis de autoridad y legitimidad: el grupo de Bin Laden se ve asediado tanto interna como externamente.
Pero numerosos expertos en terrorismo, en unión de asesores de Bush, no aceptan este punto de vista; restan importancia a la crisis de legitimidad que no cesa de debilitar a Al Qaeda y a la situación de gran desgaste que aqueja al apoyo del mundo musulmán al grupo terrorista. Tales expertos sostienen que Al Qaeda está en auge y es una organización tan peligrosa como siempre, y que la yihad global es exitosa.
Los expertos recomiendan que se consideren los logros de Bin Laden durante los últimos veinte años: ha atacado el corazón de la mayor potencia de la historia mundial empantanándola además en dos guerras prolongadas y costosas y ha creado, asimismo, una exitosa franquicia global que recluta seguidores en todo el planeta.
La visión más pesimista descansa en una doble vertiente: por una parte, y aunque los seguidores de Bin Laden han sufrido un revés en Iraq y en otros países árabes, han ganado nuevo terreno a lo largo de la frontera tribal afganopakistaní; según esta perspectiva, las huestes de Al Qaeda se han reforzado en la zona tribal de la provincia noroccidental de Pakistán donde Bin Laden y Zauahiri se afanan en rehacer sus redes, atraer nuevos efectivos y tramar nuevos ataques contra objetivos occidentales; estos dos fugitivos no sólo no han sido detenidos, sino que siguen activos. Por otra parte, se arguye que Al Qaeda sigue dirigiendo y organizando sus redes y grupos subordinados en todo el mundo y que Bin Laden y Zauahiri sólo necesitan un teléfono móvil (o un mensaje) para dar órdenes a sus seguidores y elegir sus objetivos.
El conflicto en Afganistán y Pakistán reviste proporciones mucho más amplias y complejas que la concertación de una temible alianza de tribus pastunes y otras a ambos lados de la frontera contra la que consideran una amenaza extranjera contra su identidad y costumbres. La guerra ha atraído a algunos cientos de militantes islamistas de Cachemira, el mundo árabe e incluso Asia Central. Al Qaeda es un pequeño elemento de esta coalición, una especie de efecto secundario, un parásito que se alimenta del caos y la inestabilidad.
Liberar las áreas tribales pastunes de miembros de Al Qaeda y otros extremistas extranjeros requiere la conclusión de un acuerdo político que aborde los legítimos motivos de agravio de las comunidades tribales así como las inquietudes geoestratégicas de Pakistán, Irán e India. Existe asimismo un consenso entre los observadores pakistaníes y afganos en el sentido de que la reforma del sistema político y legal, la integración de las áreas tribales en el seno del marco político principal y la liberación de sus habitantes de la situación de extrema pobreza son esenciales para alcanzar una paz duradera.
Un acuerdo negociado, de laborioso y difícil alcance, con las tribus pastunes (que incorporase a los talibanes al Gobierno) redundaría probablemente en la expulsión de militantes de Al Qaeda y otros grupos del área tribal. El ejemplo de Iraq es ilustrativo.
Si bien Afganistán e Iraq son casos distintos, el desafío se cifra en distinguir las diferencias entre las tribus pastunes y los talibanes por una parte y los yihadistas globales como Al Qaeda por otra, aparte de reservar a las tribus pastunes una efectiva participación en el sistema político y económico de tal forma que se muestren contrarios a Al Qaeda.
Los pastunes no guardan ninguna historia de amor con Al Qaeda. Bin Laden, al tramar el 11-S contra EE. UU. desde Afganistán, violó los términos y condiciones de su estancia en el país y las garantías dadas al mulá Omar, jefe de los talibanes, acarreando su ruina. Fue violentamente censurado por apuñalar a sus anfitriones por la espalda, lo que constituye una blasfemia según el código del honor tribal.
El actual matrimonio de conveniencia entre los miembros de las tribus pastunes y los efectivos de Al Qaeda durará mientras las tribus que dan cobijo a Bin Laden y sus huestes les consideren como una baza a su favor, como hicieron inmediatamente tras el 11-S cuando entregaron a los combatientes extranjeros a EE. UU. En el caso de Washington, la clave estará en no meter a las tribus pastunes en el mismo saco junto con Al Qaeda, sino en intentar separarlos como hizo tardíamente en el caso de la región de Anbar en Iraq.
Resulta tranquilizador el hecho de que la nueva Administración Obama piense tantear una estrategia de mayor carácter regional frente a la guerra en Afganistán, - incluidas unas posibles conversaciones con Irán-y se muestre favorable al incipiente diálogo entre el Gobierno proestadounidense de Kabul y los posibles elementos “cooperadores” de los talibanes.
Asoman indicios alentadores en el sentido de que mengua el apoyo a la ideología de Al Qaeda entre los musulmanes europeos. Peter Clarke, ex jefe del departamento de lucha antiterrorista de la Policía Metropolitana de Nueva York, señaló en una conferencia en Florencia que las convicciones sostenidas por los conspiradores terroristas que han utilizado procedimientos legales normales han propiciado “debates constructivos” en el seno de diversas comunidades de musulmanes en Gran Bretaña que tal vez anteriormente han podido mostrarse escépticos acerca de la amenaza en cuestión. El fiscal de Milán en materia antiterrorista, Armando Spataro, manifestó asimismo que la amenaza terrorista sería difícil de sostener porque “la mayoría de los inmigrantes no aceptan las ideas terroristas”.
En cuanto a la cuestión de si Bin Laden y Zauahiri ejercen un efectivo control operativo sobre sus seguidores incondicionales, la fuerza de los hechos lo desmiente. El control de Al Qaeda sobre su débil red de seguidores se limita al jefe de sus operaciones externas, que suele instruir o sancionar los ataques de los efectivos que van por libre sin consultar a Bin Laden o a Zauahiri.
La noción de un puesto de control centralizado presupone vínculos materiales que ya no existen. Aunque Bin Laden y Zauahiri siguen aún en libertad, hibernan ocultos de modo más profundo e intenso, conscientes del precio de crear cualquier vínculo fuera del círculo más reducido de sus lugartenientes de confianza. Gran número de pruebas indican que mengua el grado de amenaza inicial de Al Qaeda y que las defecciones, divisiones internas y declive del apoyo musulmán han minado su fuerza. Desde el 11-S, Al Qaeda no ha cumplido sus reiteradas amenazas de atacar en el territorio de EE. UU. La mayoría de sus mandos y miembros veteranos han sido capturados o muertos, y sustituidos por agentes sin preparación e ineficaces.
El debilitamiento de Al Qaeda no significa que ya no sea peligroso. El terrorismo perpetrado por determinadas facciones proseguirá durante el próximo decenio, pero su movimiento ya no cuenta con una gran base de apoyo o un refugio seguro. Ahora el grupo de Bin Laden se compone principalmente de bandas errantes de terroristas suicidas en los valles y montañas en la frontera de Pakistán con Afganistán.
Militantes de todo tipo a los que he entrevistado, sobre todo yihadistas arrepentidos, saben que están en una encrucijada. En casa y en el extranjero se les acusa de desencadenar la ira de EE. UU. contra la umma (comunidad musulmana mundial). La mayoría de sus aliados los han abandonado y son censurados por el estamento religioso y la opinión musulmana. Sólo un milagro resucitará a la yihad global.
Bin Laden triunfó el 11-S e incluso puede triunfar de nuevo. Pero esta realidad, por espantosa que sea, no debe hacernos olvidar el carácter contraproducente y autolesivo del desafío de Al Qaeda.
El documento de Gran Bretaña sobre una nueva estrategia de seguridad nacional señaló recientemente que “aunque el terrorismo representa una amenaza para todas nuestras comunidades y un ataque a nuestro modo de vida, no equivale actualmente a una amenaza estratégica”. Al Qaeda ha demostrado ser su propio peor enemigo y muestra una clara vía autodestructiva. Tal vez los países occidentales deberían seguir la máxima de Napoleón: “Nunca distraigas a tu enemigo cuando está cometiendo una equivocación”.

Sudán

Obama tiene que intervenir en Sudán/Michael Gerson, columnista de The Washington Post Publicado en EL MUNDO, 25/03/09;

Durante años, el régimen sudanés encabezado por el presidente Omar Hasán al-Bashir ha actuado como un grupo terrorista, tomando rehenes a millones de refugiados en campamentos en Darfur y advirtiendo al mundo de que no hiciera ninguna maniobra agresiva. Ahora el mundo se enfrenta a una duda: ¿qué hacer cuando los captores empiezan a matar a sus cautivos? Después de que el Tribunal Penal Internacional dictara una orden de detención bajo la acusación de crímenes contra la humanidad, Bashir respondía expulsando a 13 grupos internacionales de ayuda humanitaria, incluyendo a cuatro importantes socios del Programa Mundial de Alimentos responsables de distribuir comida entre los 1,1 millones de habitantes de Darfur. De un plumazo, Bashir eliminaba alrededor del 35% de la distribución de alimentos en Darfur. Además, ha amenazado a las organizaciones que aún quedan con la explusión antes de acabar el año. El doctor Mohammed Ahmed Abdalla, médico y activista de los derechos humanos en Darfur, me describía la región como «al límite». Sin organizaciones internacionales, apenas el 9% de la población de los campamentos tiene acceso a agua potable.

El Programa Mundial de Alimentos ha respondido a la crisis inmediata, proporcionando dos meses de asistencia alimentaria de urgencia a los campamentos de Darfur en un intento de persuadir a la gente para que permanezca en los campamentos y no huya desesperadamente hacia el este del Chad. Mohammed Ahmed contempla con horror esta posibilidad. «La gente tendrá que recorrer 500 kilómetros, exponiéndose a los ataques de las milicias Janjaweed y los rebeldes del Chad que operan próximos a la frontera». Será una marcha larga, árida y mortal. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, se enfrenta ahora a una decisión difícil. O bien atenúa la presión sobre el régimen de Bashir a cambio de que las organizaciones humanitarias expulsadas fueran autorizados a volver. Una atmósfera de acusada hostilidad también complica la puesta en práctica del acuerdo de paz entre el norte y el sur de Sudán, del cual dependen muchas vidas. O bien el mundo incrementa la presión sobre el régimen de Sudán, sabiendo que Bashir podría provocar más sufrimiento y muertes a corto plazo conforme se incremente la presión. Esto exige el desarrollo de una estrategia integral que conduzca a un régimen en Sudán que valore a los habitantes de Darfur y ponga en práctica de buena fe el acuerdo Norte-Sur.Esto no significa necesariamente cambio de régimen, pero probablemente exige el cambio de Bashir y un Gobierno sudanés que empiece de cero. En esta labor, la administración Obama cuenta con dos grandes ventajas. La primera es el propio Bashir, cuya brutalidad está destruyendo la credibilidad de todos los que le han protegido.La segunda es la extraordinaria posición global de Obama, que el presidente podría utilizar para persuadir a los europeos de que impogan mayores sanciones económicas, así como para convencer a algunos aliados tradicionales de Sudán como Egipto de que retire el respaldo a Bashir. Pero esto exigirá el gasto de capital diplomático, la elevación del rango de este asunto en las relaciones tanto con amigos como con rivales, y el probable uso de la fuerza militar hasta sus últimas consecuencias. No toda crisis humanitaria global justifica este tipo de compromiso, pero si el genocidio no justifica tales medidas, es que nunca van a estar justificadas. Y perderíamos todo derecho a decir «nunca más»

El Tibet

Infiernos tibetanos/ Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China, CASA ASIA-IGADI

Publicado en EL CORREO DIGITAL, 26/03/09;

Esta vez, el régimen chino no fue pillado por sorpresa. El cincuenta aniversario de la huida del Dalai Lama y el primero de los graves disturbios de marzo del pasado año cuando miles de tibetanos afearon la celebración olímpica haciéndole perder la cara a China ante el mundo, han sido contestados oficialmente con numerosas iniciativas, destacando una doble ofensiva. En primer lugar, reforzando el control de las fronteras tibetanas y en las áreas claves del Tíbet histórico (que incluye vastas áreas de las provincias de Qinghai, Gansu y Sichuan). En segundo lugar, impulsando una frenética actividad propagandística destinada a reivindicar no sólo la pertenencia a China de Tíbet sino el carácter profundamente democrático de la liberación promovida por el Ejército Rojo frente a la esclavitud vigente en la teocracia del Dalai Lama. El próximo día 28 de marzo se celebrará, por primera vez, el Día de la Emancipación de los Siervos, declarada jornada inhábil. El Dalai Lama ha denunciado que Pekín creó en Tíbet un infierno en la tierra y las autoridades chinas replicaron divulgando en masa las imágenes del infierno feudal existente durante el gobierno de los lamas.
Si algo han demostrado los cincuenta años transcurridos es que por muy fuerte e intenso que haya podido ser el dominio chino, el problema tibetano subsiste. Es verdad que con la política de reforma y apertura iniciada en 1978 han llegado otros tiempos a Lhasa. Atrás quedaron los excesos y atrocidades de la Revolución Cultural, padecidos por el conjunto de la sociedad china. El cambio de estrategia apuesta por el desarrollo y la plena integración de Tíbet en el espacio económico de China. En paralelo, la protección cultural y religiosa y su orientación hacia el turismo, con la realización de grandes inversiones en los últimos años, no ha seducido a los tibetanos generando una auténtica ola de estupefacción entre la mayoría han, que no comprende ese rechazo a la modernidad proveniente de Pekín. El riesgo de folclorización de su cultura preocupa poco a quienes sólo ven en ella motivo de negocio.
Pero el problema central sigue vigente. La autonomía tibetana va poco más allá del mero simbolismo. Todos saben que en el Partido-Estado, es el primero quien impone sus reglas, aspirando a controlarlo todo, incluyendo la reencarnación de los dignatarios budistas para asegurar su docilidad. El PCCh ha emitido un decreto prohibiendo las reencarnaciones que no cuenten con su aprobación. El Panchen Lama elegido por Pekín declaraba recientemente al visitar una exposición en el Palacio Cultural de las Nacionalidades de la capital china que «sin el Partido Comunista Chino, más de un millón de siervos tibetanos no habrían conocido jamás la dignidad humana o la libertad».
Frente a la incomprensión que genera su política, los dirigentes chinos no parecen haber encontrado aún mejor solución que la represión, confiando, pacientemente, en que esa modernidad vaya erosionando la coraza religiosa que hoy preserva la identidad tibetana. Y, en paralelo, confiando en que la hipotética muerte del Dalai Lama (73 años) genere una amplia ola de dispersión y confusión entre sus seguidores, lo que facilitaría, junto a la creciente presencia demográfica, un asentamiento pleno de su poder en la zona. Poco importa que el Dalai Lama tenga la ventaja de controlar a los sectores más radicales de su movimiento y frenar la tendencia a la violencia que anida en quienes rechazan su ‘vía media’. El recurso al terror deslegitimará del todo la causa tibetana.
El diálogo con los representantes del Dalai Lama no ha dado resultado alguno y no parece previsible que pueda darlo a corto plazo. El primer ministro Wen Jiabao reiteró su disposición a seguir dialogando, pero al mismo tiempo se deshace en duras acusaciones que a modo de palos en la rueda precipitan su fracaso. Todo indica que se trata únicamente de mostrar cierta buena fe destinada a desarmar la crítica exterior, a quien se acusa en el Libro Blanco sobre los 50 años de democracia en Tíbet, publicado hace unas semanas, de atizar el conflicto con el propósito de «debilitar, dividir y demonizar a China». La neutralidad en relación al problema tibetano se erige hoy como la condición ’sine qua non’ para poder cooperar con China, en un esfuerzo por contener la amplia proyección internacional de la cuestión tibetana. Todo un mensaje dirigido especialmente a la UE, donde se han abierto fisuras en este tema con el apoyo del Parlamento europeo y de países como Francia.
En ese contexto, hoy resultan impensables iniciativas como la anunciada por Hu Yaobang, secretario del PCCh en 1980, quien prometía en Lhasa una progresiva sustitución de los cuadros de la mayoría han por los tibetanos en la administración de los asuntos de esta nacionalidad. China, claramente a la defensiva, no encuentra otra solución que la construcción de esa ‘Gran Muralla’ propuesta por Hu Jintao en las sesiones parlamentarias que culminaron el pasado 13 de marzo.
La unidad nacional tiene en China matices propios, derivados de un empeño unificador que pretende cerrar las heridas de un doloroso proceso de decadencia histórica. Toda la relativa flexibilidad que aún nos puede mostrar en relación a Taiwán nunca la podremos observar en relación a Tíbet (o a Xingjiang) si ello pone en duda la firmeza de su proyecto. Pekín no parece dispuesto a rectificar un ápice su política, ciertamente capaz de someter los brotes de hostilidad tibetana pero gravemente incapaz de suscitar un mínimo de lealtad social entre sus gentes.