La censura disfrazada
Gloria Leticia Díaz, reportera
Revista Proceso # 1822, 2 de octubre de 2011
Incapaz de quebrar al semanario Proceso con el boicot publicitario ilegal y de desacreditarlo mediante burdas maniobras policiacas –como exhibir ejemplares entre el armamento incautado a presuntos narcos–, el actual gobierno panista parece satisfecho con una estrategia que no es sino una censura disfrazada: personajes con cuantiosos recursos acaparan toda la dotación de revistas en algunas ciudades para impedir el acceso de los lectores a la información. En este caso, el gobierno federal intenta deslindarse legalmente del virtual decomiso, sin tener en cuenta que por lo menos viola derechos por omisión… y que en última instancia está apoyando una acción que puede provenir de la delincuencia organizada.Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y lo que va de 2011, unos 53 mil ejemplares del semanario Proceso han sido incautados de hecho, aunque la operación se ha encubierto como compra masiva en ciudades de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Veracruz.