Entrevista a Buscaglia

El narco es ya una estructura nacional

Ricardo Ravelo, reportero.

Revista Proceso (www.proceso.com.mx), No. 1664, 21 de septiembre de 2008;

Lo que es conocido por cualquier experto, lo que es sabido popularmente de extremo a extremo de la República, el presidente Felipe Calderón decidió reconocerlo apenas después del atentado terrorista de la noche del Grito en Morelia, Michoacán, su tierra natal: el crimen organizado cuenta en México con "una cobertura de carácter político". Menos retórico, el investigador especializado Edgardo Buscaglia, catedrático del ITAM y de la Universidad de Columbia, asesor adscrito a la ONU, hace para Proceso un análisis mucho más explícito: con la fuerza que le dan las armas y el dinero, el narco ya está dentro de las policías y de las Fuerzas Armadas, interviene en las elecciones y tiene presencia en las instancias gubernamentales. Y mucho más...
Mediante "cañonazos" de dólares, las células del narcotráfico mantienen cooptadas a las policías y a miembros de las Fuerzas Armadas; figuran como fuentes de financiamiento en las campañas de gobernadores, legisladores locales y federales, así como alcaldes. Además, en algunas regiones, han desplazado la presencia gubernamental porque ya actúan como benefactores sociales, con lo que han logrado mayor dominio territorial y político.
Lo anterior forma parte de la radiografía del crimen elaborada por Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), catedrático de la Universidad de Columbia y asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz, de la ONU.
Especialista en el estudio del narcotráfico a escala internacional, Buscaglia completa su análisis: en México el crimen organizado ya entró a la esfera política "creando estructuras patrimoniales y redes criminales" que está defendiendo, como lo muestran los crecientes índices de violencia en el país.
El peor episodio, dice, es el atentado en Morelia, Michoacán, la noche del Grito de Independencia, cuando la población civil fue abiertamente agredida por primera vez con granadas de fragmentación, con un saldo de siete muertos y más de 100 heridos.
Para el investigador no hay duda: "Se trató de un acto terrorista" que coloca a México entre las preocupaciones internacionales por el grado de ingobernabilidad que se evidencia en su territorio.
Dos días después de este crimen, el presidente Felipe Calderón, en una declaración insólita ante la cúpula de su partido, el PAN, dijo que las operaciones del crimen organizado obedecen a que existe "una cobertura de carácter político", y advirtió sobre los riesgos de que las campañas de los candidatos panistas y de otros partidos puedan ser infiltradas por dinero del narcotráfico.
"Porque esas plagas -dijo- sin duda han buscado servirse de asideros políticos en la vida de la nación. La complicidad que los cubre y que hace posible su operación tiene también una cobertura de carácter político, y esa cobertura debe ser rechazada por todas las organizaciones políticas nacionales".
Y agrega: "Si digo que esto es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido de que es un reto para todo el sistema político mexicano".
El presidente parece haber asumido el reto demasiado tarde, pues el poder del crimen organizado sigue avanzando en el país. Buscaglia sostiene que en México las redes criminales han desarrollado comportamientos delictivos con los que se pueden acreditar unos 25 tipos penales, como secuestro, piratería, intercambio de personas por droga, asesinatos, extorsiones... y ahora, terrorismo.
De acuerdo con Buscaglia, el narcotráfico es la expresión más rentable y agresiva del crimen organizado y su presencia ya es una realidad en la esfera política del país a través de las presidencias municipales, pues afirma que poco más de 63% de las más de 2 mil 800 alcaldías "están infiltradas" por sus células operativas, y de éstas, un 8% "están totalmente bajo el control del narcotráfico".
En poco más de 15 estados, dice, las redes de la delincuencia están bien organizadas, y en buena parte del país operan bajo el cobijo del poder político; controlan sus estructuras patrimoniales y cuentan con grupos paramilitares para defender sus cotos de poder ante las arremetidas del gobierno federal, que no dispone de más herramientas que la represión militar y política, insuficientes para destruir a las empresas del crimen.
-¿Cuáles regiones del país están dominadas por las células del narcotráfico? -se le pregunta.
-El narco ha dejado de ser un problema del norte de la República. Ahora está instalado en el sur, donde hay muchos municipios y regiones infiltrados y su clase política está capturada por esos intereses, pues los narcos disponen no sólo de impunidad sino de infraestructura criminal visible para operar.
"En muchas regiones y municipios hay ganaderos, empresarios grandes y pequeños que pagan fuertes sumas de dinero y derechos patrimoniales que se traducen en una suerte de fiscalización criminal, para poder operar con cierta libertad sus negocios".
Con base en la información de que dispone, y en su experiencia como analista internacional del crimen organizado -ha estudiado el fenómeno en 50 países del mundo- Buscaglia no duda que el Congreso (y las legislaturas de los estados) pueda estar infiltrado por las organizaciones criminales, y expone sus razones:
"Los hombres del narco no sólo quieren impunidad sino poder político y algo más: el control del Estado, como pasó en Colombia y en Italia. Esto es propio en un sistema en transición, sin instituciones ni gobernabilidad que permitan los controles, lo que ha generado que los grupos criminales, en lugar de ser controlados por el poder político, como ocurría antes, ahora estén capturando al Estado y a los átomos políticos. Además, estos grupos criminales están peleándose entre ellos para tomar posiciones territoriales y el control de los bienes y servicios."
-Si los narcos controlan un municipio se explica que ganan impunidad y adquieren nuevas rutas de trasiego. ¿En qué le puede servir un diputado federal o local al narcotráfico?
-El narco quiere todo el poder. Avanza infiltrándose en las instituciones, corrompiendo actores políticos y finalmente feudalizando las estructuras públicas. ¿Para qué le sirve un diputado al narco? Para frenar la política pública, la promulgación de leyes y de instrumentos jurídicos; favorece al grupo criminal al que sirven en la medida en que entorpece al Estado para poder investigar, acusar y más tarde procesar causas.
Buscaglia advierte riesgos en la próxima reforma constitucional y de Seguridad Pública que comenzará a discutirse en este mes, pues afirma que las presuntas piezas del narco en el Congreso pueden bloquear, entre otras, la ley de extinción de dominio, con la que se podrán destruir los feudos patrimoniales del narcotráfico.
"Igual que pasó en Colombia, los barones de la droga también pueden invertir todo el dinero del mundo en corromper a legisladores para que las reformas no prosperen o no tengan los alcances adecuados", dice.
Y añade que precisamente porque hay el riesgo de que el narco corrompa a legisladores, esas reformas y el cúmulo de leyes a modificar no pueden ser dejadas sólo en manos de un grupo de senadores y diputados que a puerta cerrada decidan cuáles van a ser esos instrumentos legales. "Debemos asegurarnos que esa discusión sea amplia y abierta a la sociedad civil, para que no se capture al Estado a través de esas leyes secundarias que van ser clave contra el crimen", apunta.
-¿Entonces usted ve latente la posibilidad de que en las reformas constitucionales que vienen fluya dinero del narco en el Congreso?
-Es factible, sobre todo porque, como pasó en Colombia, al narco no le conviene la ley de extinción de dominio, porque implica despojarlos de su patrimonio. Y los señores del narcotráfico no sólo pueden corromper legisladores, sino a sus propios asesores para que las leyes sean débiles y no de amplio espectro como en otros países.
Buscaglia -quien, entre otras funciones, colabora en el proceso de selección de personal de la ONU, incluidos los Cascos Azules- sostiene que en la medida en que el gobierno de Calderón imprime fuerza y represión al combate del crimen organizado, "mayor es la respuesta violenta de las células criminales".
-¿Por qué no se frena esta espiral de violencia?
-Lo que sucede es que cuando a estas empresas criminales se les ataca con ejércitos, no van a bajar la guardia. Los criminales, y ésa es una de las fallas de Calderón, disponen de cientos de millones de dólares y otras fuentes de financiamiento que el gobierno no está destruyendo. El dinero de los criminales se está usando, en plena guerra, para infiltrar al propio Estado.
"Según cifras del gobierno de Estados Unidos, el crimen organizado en México genera ganancias de entre 300 y 400 millones de dólares anuales. Y conforme el gobierno los ataca (a los criminales), ellos invierten cada vez más dinero para corromper niveles cada vez más altos del Estado. Es decir, en la medida en que aumenta la fuerza del Estado también se incrementa la corrupción.
"La violencia que se ve gradualmente aumentando en México en los últimos meses se manifestó en su momento en Rusia y en Colombia. Lo que a mi juicio se tiene que hacer es utilizar los operativos para rodear las asambleas y gobiernos municipales; atacar las redes patrimoniales que están alimentando la corrupción y la violencia."
Sostiene que en México llegará un momento en que el hartazgo social genere dolor al poder político, pero este fenómeno demorará por lo menos 10 años:
"Debe haber organizaciones civiles auténticas y no extensiones gubernamentales. En Italia, los políticos ligados al crimen fueron incluso apedreados por la gente. En el seno del poder hubo dolor y el poder oficial entendió que es mejor subirse al caballo de la autolimpieza. En México aún no se manifiesta ese dolor entre la clase gobernante. Frente a este escenario tan complicado, el político que no demuestre transparencia, no tendrá viabilidad electoral."
La invasión del narco
La invasión del narcotráfico en zonas pobres del país fue detectada desde 2001 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), al advertir que en distintas regiones había obstáculos para aterrizar los programas sociales debido a la fuerte presencia grupos criminales.
En el estudio Producción, tráfico de estupefacientes y microrregiones prioritarias realizado por la Sedesol en 2003, se identifican a municipios indígenas de Jalisco, Durango y Nayarit como lugares con fuerte presencia del narcotráfico tanto en el campo como en la actividad política.
En el documento también resaltan como feudos del narco las zonas de Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; La Mixteca y Los Chimalapas, en Oaxaca; Las Cañadas y Zona Selva, en Chiapas; La Huasteca y Zongolica, en Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua, y Las Quebradas, que se ubica entre Durango y Sinaloa, el llamado "triángulo dorado" del narcotráfico.
De acuerdo con el mapa, esas demarcaciones están detectadas por el gobierno federal como de alta producción e intenso tránsito de estupefacientes. La presencia del narco es tan poderosa que, durante el sexenio de Vicente Fox, se presentaron obstáculos para desarrollar el programa "Contigo, manos a la obra". La razón: que los capos capturaron a la población con todo y autoridades y acapararon los programas de bienestar social.
La "feudalización" municipal fue reconocida el sexenio pasado por la entonces titular de la Sedesol, Josefina Vázquez Mota, quien dijo que en unos 80 municipios marginados había cultivos de enervantes. "Nosotros hemos detectado casi 900 municipios, de acuerdo con los índices de Conapo, de muy alta marginación, y en 80% se revela información de amplias zonas cultivadas con enervantes", expuso.
En el escenario político actual surgen diputados federales y precandidatos a gobernadores, como Jesús Vizcarra Calderón, aspirante priista al gobierno de Sinaloa, quien presuntamente estuvo relacionado con Jesús Inés Calderón Quintero, un famoso narcotraficante asesinado en 1988, a quien se le relacionó con Ismael El Mayo Zambada. De éste se afirma que es uno de los impulsores de Vizcarra.
No es el único caso. En el norte de Veracruz, particularmente en la zona de Costa Esmeralda y Papantla -enclaves del cártel del Golfo-, Rómulo Salazar García, personaje presuntamente ligado al narcotráfico, se postula por segunda vez como precandidato a diputado federal.
El precandidato priista despliega su activismo político a pesar de que también se le involucra en dos asesinatos: el del periodista Raúl Gibb, fundador del periódico La Opinión, de Poza Rica, ocurrido en abril de 2005, y el del ganadero Leobardo Montero Tejeda.
De este segundo crimen lo acusa el gatillero Vicente Rodríguez Lazcano, quien en la causa penal 116/2005 sostiene "que el asunto de Leobardo Montero (el asesinato) fue porque balaceó el negocio de limón de Rómulo Salazar", por lo que se dio a la tarea, por instrucciones de Salazar, de contratar a los sicarios para que lo ejecutaran.
Según autoridades federales, a Vizcarra también se le relaciona con dos presuntos operadores del cártel del Golfo: Gerardo Ochoa Artesán y Francisco Mota Uribe, ambos detenidos el 28 de marzo de 2003 en el puerto de Veracruz junto con Manuel Vázquez Mireles, El Meme Cabezón, quien fue uno de los hombres de confianza del capo Osiel Cárdenas Guillén.
En los últimos ocho años, los escándalos por la vinculación de políticos y funcionarios públicos con el narcotráfico han estallado incluso en la Presidencia de la República y en instituciones responsables de combatir el tráfico de drogas.
No faltan, incluso, casos en los que legisladores del PAN, PRI o PRD asisten a velorios de narcotraficantes amigos suyos, como ocurrió en octubre de 2004, cuando Saúl Rubio Ayala (entonces candidato del PAN a diputado) y Wilfrido Véliz (candidato panista a la alcaldía de Culiacán) asistieron al funeral de Miguel Ángel Lugo Beltrán, El Ceja Güera, capo del cártel de Sinaloa asesinado en La Palma.
En el año 2005, uno de los escándalos que encendió los "focos rojos" dentro y fuera de México fue el de Nahum Acosta Lugo, jefe de giras del presidente Vicente Fox, quien fue acusado por la PGR de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, en particular con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
El caso fue investigado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), luego de que la DEA entregó grabaciones a la PGR que acreditaban la comunicación que desde Los Pinos mantenía Acosta Lugo con el presunto narcotraficante.
No fue el único: en 1992, el exsecretario particular de Vicente Fox, Emilio Goicochea Luna, se reunió en privado con Genaro Caro Quintero, hermano del capo Rafael Caro, cuando era aspirante a la gubernatura de Sinaloa.
El Cisen sabe
En julio pasado, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, puso el dedo en la llaga al declarar al diario estadunidense Financial Times que el Congreso no está exento de ser blanco de los cárteles de la droga, y lo peor: que dinero del narcotráfico puede estar involucrado en algunas campañas (políticas) de legisladores.
El funcionario fue aún más enfático al añadir: "Los narcotraficantes se han convertido en la principal amenaza porque están tratando de asumir el poder del Estado".
Cuando se le pidieron los nombres de los llamados narcolegisladores, Valdés matizó: "A la fecha no existe indicio sobre algún caso concreto o en particular. Si lo hubiera ya hubiéramos actuado conforme lo indica la ley; simplemente es un riesgo que hay que seguir evitando por el bien de las instituciones de México", y agregó que las investigaciones sobre el dinero de la droga en las campañas "apenas están comenzando".
Uno de los primeros escándalos del actual sexenio tronó en la Presidencia de la República cinco meses después de que Felipe Calderón asumió el poder. La PGR aseguró poco más de 200 millones de dólares ocultos en una casa de Las Lomas. El dinero pertenecía al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, actualmente preso en Washington acusado de traficar con efedrina, base para elaborar drogas sintéticas.
El aseguramiento del dinero -el decomiso más cuantioso en la historia del crimen organizado- derivó en un conflicto: Zhenli Ye Gon dijo que el dinero decomisado se había destinado, tiempo atrás, para financiar la campaña presidencial del PAN; dijo también que un tal Javier Alarcón -inicialmente se indicó que se trataba de Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo- se había entrevistado con el empresario para tratar asuntos relacionados con el financiamiento de la campaña de Calderón.
El caso, hasta ahora no aclarado, sigue desahogándose en una corte de Estados Unidos, en donde Ye Gon continúa detenido.
En el pasado reciente como en la actualidad han surgido datos y evidencias que colocaron a algunos legisladores bajo sospecha de servir a los intereses del narcotráfico. Por ejemplo, el exdiputado federal priista Jesús Humberto Martínez le propuso al presidente Fox resolver la violencia del país "pactando con el narco".
Y narró su experiencia como regidor del ayuntamiento de Matamoros: "Cuando fungí como regidor... yo personalmente negocié e hice pactos con los narcotraficantes para detener la violencia urbana", recrudecida por el choque entre las bandas.
Según él, la negociación funcionó, por lo que en septiembre de 2006, en medio de la violencia desatada por el crimen organizado, le sugirió al presidente Fox sustituir el programa México Seguro por un acuerdo con los narcos.
Según afirma Buscaglia, en la actualidad existen indicios de que grupos políticos le sugieren al presidente de la República "pactar con el narcotráfico".
-¿Esa sería la mejor salida para Calderón y para el país?
-La experiencia de otros países indica que la violencia a esos niveles se reduce al desmantelarse las estructuras patrimoniales de las empresas criminales, o cuando los países se feudalizan y negocian con el crimen organizado. Si esto ocurre en México, la presión internacional sobre el gobierno de Calderón será brutal.

Brindis por Monsiváis

Brindis por Carlos Monsiváis

Rodrigo Vera, reportero

Revista Proceso (www.proceso.com.mx), No. 1665, 28 de septiembre de 2008;

En 1968, año del movimiento estudiantil que cuestionó al poder presidencial, surgió una grieta en la impunidad declarativa de la clase política: se publicó la primera selección de dislates públicos que dio origen a la columna "Por mi madre, bohemios", del escritor Carlos Monsiváis. Esa antología de la elocuencia, digamos paródica, sigue viva en este semanario y se considera una "fuente indispensable" para conocer nuestra época. En cuanto a su autor, ha sido calificado como "un clásico del periodismo nacional”. 

Narcopolítica en Jalisco

Jalisco. las entrañas de la narcopolítica

S/F

Revista Proceso (www.proceso.com.mx), No. 1665, 28 de septiembre de 2008;

GUADALAJARA, JAL.- Policías municipales y estatales, así como personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJ), enviaron a la Presidencia de la República un documento en el que denuncian que el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, y sus principales colaboradores están relacionados con la delincuencia organizada.
Casi un centenar de policías acudieron a las oficinas de Proceso Jalisco en Guadalajara y entregaron una copia de su denuncia. Afirman que también enviaron el documento a los congresos local y federal para "desenmascarar" a Nájera.
En el documento, titulado La otra cara de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, se incluyen los nombres de funcionarios de la PGJ y de la Secretaría de Seguridad Pública que presuntamente reciben dinero del hampa, y se describe cómo se supone que colaboran con los cárteles del Milenio y de Sinaloa.
Entre otros indicios de los supuestos víncu-los ilícitos, se afirma que Nájera asistió a una fiesta en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, acompañado de los directores de la Policía Estatal y la Preventiva, Alejandro Solorio Aréchiga y Fernando Andrade Vicencio. Ahí -sostienen-, los funcionarios se reunieron con capos del narcotráfico como Juan José Esparragoza El Azul, El Matrix e Ignacio Nacho Coronel Villarreal, lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán.
En esa ocasión, añaden los denunciantes, funcionarios y narcotraficantes fueron custodiados por elementos estatales, "quienes retiraron a los policías municipales de Zapopan".
Formaban parte del grupo Ricardo Trejo González y Miguel Ambriz López, exfuncionarios del cuerpo antimotines, quienes renunciaron debido a que en el registro de llamadas del celular de un presunto zeta se encontraron los números telefónicos de ambos.
Al actual director de Antimotines, Óscar Reséndiz Ugalde, quien fue escolta de Nájera Gutiérrez cuando encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara, le atribuyen el control "de los distribuidores de droga de San Juan de Dios".
En su documento, los policías aseguran que el tercer comandante José Martín Muñoz Loza y el director de la policía auxiliar, Hernán Guízar, reciben pagos mensuales en dólares de los narcotraficantes asentados en Jalisco. Agregan que Julio Sánchez Flores, jefe de escoltas de Nájera Gutiérrez, se encarga de recoger ese dinero.
Los agentes inconformes narran también que el 24 de marzo de 2006, en el cruce de las calles José Arteaga y Carlos A. Carrillo, colonia Echeverría, de Guadalajara, fue asesinado el policía Martín Mercado Trujillo. Al jefe de grupo que inició la investigación lo quitaron del caso y lo sustituyeron por Alfonso Contreras, hombre de confianza de Nájera, quien cuidó que su nombre no apareciera en las pesquisas.
Entre los colaboradores de Nájera acusados de corrupción se encuentra el comandante Luis Gaeta, quien "durante seis años como encargado de la zona 5 de Guadalajara controlaba las 'tienditas' de narcomenudeo".
De igual forma, en el documento se revela que el director general del Centro de Comunicaciones, mejor conocido como 066, Héctor Navarro Nava, "informa a los narcotraficantes sobre operativos para que huyan antes de que llegue la policía".
Otro funcionario señalado es el titular de la Dirección General de Prevención y Rea-daptación Social (Digpres), José González Jiménez, quien, se asegura, desde que llegó al cargo ha otorgado muchas facilidades a delincuentes de alta peligrosidad.
Como parte de esta red delictiva se incluye a varios policías acusados de "robar vehículos y remarcarlos", así como de extorsionar a los distribuidores de drogas con base en las denuncias anónimas recibidas en Preventel, que ellos atienden. Se trata de los agentes Juan Aguilar Cruz, Arturo Anguiano Martín del Campo El Golondro, El Oaxaca, y Fernando López Flores El Lobo, que "es el encargado del grupo y quien entrega la mensualidad al jefe de escoltas de Nájera".
"Delincuencia protegida"
Los elementos de la PGJ señalan que el comandante de Homicidios Intencionales y Asuntos Especiales, Miguel Hernández Cuéllar, le regaló una camioneta Hummer a su jefe, Marco Antonio El Bambam Venegas Mendoza, coordinador de la Policía Investigadora. En la denuncia se indica que a este jefe policiaco los narcotraficantes le pagan su cuota en dólares.
El propio Hernández Cuéllar recibe camionetas de lujo -agregan- a cambio de no investigar ciertos homicidios, e incluso "se quedó con el dinero de dos personas (a las) que mataron sobre Mariano Otero y Félix Cornejo, en el paso a desnivel".
Y cuando la policía encontró en una camioneta Lobo un cadáver que traía la foto de un narcotraficante conocido como El Señor de los Caballos, en la calle Inglaterra, el comandante Hernández Cuéllar recibió un pago por no investigar más el homicidio.
El oficial, añaden, cobró 2.5 millones de pesos por desviar las investigaciones sobre la ejecución múltiple de abogados en la colonia Providencia, perpetrada el pasado 13 de marzo.
En ese caso, Hernández Cuellar "culpó de los hechos a unos sujetos que detuvieron en una camioneta Explorer en Zapopan", y el comandante Alberto Rayas se molestó porque no recibió su parte del dinero, por lo cual pidió al subprocurador "A", Jorge David Delgadillo Báez, que ordenara el cambio de varios jefes de grupo de Homicidios.
A raíz de esa presión, añaden los elementos de la PGJ, el comandante Hernández Cuéllar fue enviado a Tlajomulco de Zúñiga, donde empezó a recibir "200 mil pesos mensuales por parte de Los Zetas". En este municipio el oficial tiene otra ventaja: "su hermano tiene un rancho al lado de una propiedad del narcotraficante y actual regidor Quirino Velásquez", aseguran.
Y ofrecen detalles sobre otros delitos cometidos por elementos de seguridad bajo la protección de altos mandos estatales:
"En el área de homicidios y secuestros se dedican a ejecutar personas y a darles levantones utilizando vehículos particulares, de los que no remiten y se quedan con ellos, aun cuando están inmiscuidos en homicidios o secuestros. Todos los homicidios son negociados cuando son del narcotráfico."
Revelan que hay cuartos donde a los detenidos los desnudan, les vendan los ojos, los amarran de pies y manos, les ponen una franela en la boca y les echan agua para que sientan que se ahogan.
Ahí mismo, prosiguen, "los golpean para que se declaren culpables. Aunque hay cámaras de video, no funcionan, para que no quede grabada la tortura. Si los detenidos cometieron un delito, les echan tres o cuatro averiguaciones para que bajen las estadísticas. Los que torturan son los de las áreas de homicidios, secuestros y vehículos robados. A los detenidos los conducen a casas de seguridad y los sacan por la Calle 16, donde no existe control de entrada y salida".
Los policías inconformes aseguran que "la intención de esta denuncia es dar a conocer a la opinión pública la verdadera cara del funcionario que está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública", y enfatizan que las mismas irregularidades se cometen en la PGJ.
Consideran que no se debe de llamar "delincuencia organizada a lo que en realidad es delincuencia protegida. Detrás de un gran capo hay un gran policía, detrás de un gran policía hay una gran autoridad ministerial y detrás de ambos hay un gran político o grupo de políticos corruptos".
Ante esta grave situación, demandan al presidente Felipe Calderón la "presencia de las autoridades federales para salvaguardar la seguridad en las calles, mientras se realiza una verdadera depuración a los cuerpos de policía".
A su vez, piden al gobernador de Jalisco que abra una investigación contra Nájera y que "lo retire inmediatamente del cargo, so pena de que sea el propio Emilio González Márquez el nuevo capo, que permite y protege y controla a los grupo de narcotraficantes asentados en el estado".
Finalmente, a los diputados y partidos políticos les solicitan "que fijen inmediatamente su postura respecto de los hechos y se desmarquen públicamente de cualquier grupo delictivo". l

¿PGR Vs SSP?

Y ahora la guerra interna

Ricardo Ravelo, reportero.

Revista Proceso (www.proceso.com.mx), No. 1665, 28 de septiembre de 2008;

El sometimiento de los miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que se niegan a pasarse a las filas de la Policía Federal Preventiva, llevó al clímax las diferencias entre el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. Aunque sofocado su movimiento, los llamados afis sostienen que la única solución al problema es la renuncia de García Luna a su cargo, pues se empeña en dejar a la PGR sin su brazo operativo: la AFI.
La pugna entre el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, impactó contra la estructura de las policías federales en el momento de mayor violencia.
A la desorganización que priva en las instituciones en la lucha contra el narcotráfico se suman ahora las protestas y los paros de cientos de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), el modelo policiaco más publicitado durante el sexenio de Vicente Fox. Los agentes inconformes se niegan a engrosar las filas de la Policía Federal Preventiva (PFP) pues, arguyen, fueron capacitados como investigadores, no como policías de reacción.
Y se quejan porque, dicen, sus superiores intentan hacerlos firmar un contrato para incorporarse a la nueva Policía Federal cuando el proyecto de unificación de ambas corporaciones aún no se discute en la Cámara de Diputados.
Sin coordinación ni orden estructural, tanto la AFI como la PFP muestran signos de inoperancia. A pesar de que ambas dependen operativamente de la Secretaría de Seguridad Pública, aunque en materia administrativa la primera sigue ligada a la PGR.
Los choques entre la procuraduría y la SSP se agudizan en momentos en que el gobierno federal busca aumentar el presupuesto en materia de seguridad para 2009. De aprobarse la propuesta, la dependencia que encabeza García Luna puede convertirse en la segunda institución con mayores recursos, después de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Las inconformidades de los afis derivaron en crisis el martes 23, cuando 150 agentes de esa corporación marcharon por la avenida Reforma y se plantaron frente a las instalaciones de la PGR en protesta por la unificación de las policías federales. "Eso nos deja en completa vulnerabilidad laboral", dijeron.
Una comisión de afis entregó a las autoridades de la procuraduría un pliego petitorio en el que manifestaron su temor a ser desplazados si su corporación desaparece; así mismo, pidieron incremento salarial, pues, dijeron, ganan menos de 2 mil 500 pesos quincenales, y mejor armamento para enfrentar con eficacia a la delincuencia organizada.
Durante el bloqueo a los carriles laterales de la avenida Reforma, Enrique Benitez Álvarez, un agente con categoría C y siete años de servicio, expuso que en los últimos meses los agentes de la PFP se han apoderado del equipo de trabajo de la AFI, entre otros, automóviles, helicópteros, detectores de droga, explosivos, armas, así como buena parte del equipo canino.
Otros compañeros suyos declararon que son presionados por funcionarios de la SSP, entre ellos el propio Genaro García Luna, quienes los conminan a salirse de la AFI y pasarse a la PFP. Relataron que sus jefes les aplican exámenes rigurosos y les advierten: "O te pasas a la PFP o renuncias".
El problema se agudizó la noche del jueves 25. Luego de dos días de plantones y marchas, elementos de la PFP, al mando del subsecretario Luis Cárdenas Palominos, tomaron el control de la AFI, cuyos agentes se habían entrevistado horas antes con diputados para explicarles su situación.
Los legisladores Alberto Esteva Salinas y Layda Sansores, del Partido Convergencia, así como David Mendoza Arellano y José Jacques, del PRD, escucharon las demandas de los policías y luego hicieron un recorrido por las instalaciones de la AFI. Más tarde surgieron las confrontaciones y agentes de la PFP desarmaron a decenas de afis; les quitaron sus celulares y les exigieron permanecer en su área de trabajo hasta recibir nuevas instrucciones.
En este operativo, similar a los que realizan contra la delincuencia organizada, los agentes de la PFP pidieron apoyo de las Fuerzas Federales de Apoyo y, para tomar el control total de las instalaciones de la AFI, solicitaron refuerzos al Agrupamiento Femenil de la PFP.
Diferencias
La crisis entre las corporaciones policiacas federales no es nueva. Surgió a principios de sexenio, cuando el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ordenó el cambio de uniforme. Los primeros en protestar fueron los agentes de la Policía Federal de Caminos, quienes se negaron a cambiar su uniforme beige y verde olivo por uno azul.
Varios elementos de esa corporación acusaron a García Luna de pretender "despersonalizar" a la institución, una de las más antiguas del país. El uso de la nueva indumentaria generó más problemas: los agentes no encontraron las tallas adecuadas y tuvieron que comprar el uniforme para evitar suspensiones y castigos.
A poco más de 20 meses de que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, la violencia sigue escalando, mientras que la división entre las policías es cada vez más abierta.
Al interior de la PFP y de la AFI, por ejemplo, persisten las filtraciones de información, las traiciones, y se mantienen impunes varios asesinatos planeados presuntamente desde la SSP, como los de los agentes Édgar Millán e Igor Labastida, presuntamente perpetrados por sicarios del cártel de Sinaloa.
El comisario Javier Herrera Valles, excoordinador de despliegue regional de la PFP, asegura que durante los operativos conjuntos en Michoacán, Guerrero, Tijuana y Nuevo León, entre otros, la descoordinación fue el principal problema. "No hicimos trabajo de inteligencia".
A principios de 2007, el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa de ley para unificar a las policías federales bajo un mando único. El proyecto se basó, en buena medida, en las recomendaciones de García Luna, quien pretendía -y aún persiste- concentrar toda la fuerza policial del país en un solo mando.
La iniciativa sigue congelada en el Congreso. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Dipu-tados, Juan Rivera Bedoya, considera que el proyecto es peligroso e inviable. Según él, no es sano concentrar tanto poder en una sola dependencia.
Sin que el proyecto fuera sometido a discusión, García Luna aceleró la unión de la AFI y de la PFP mediante el acuerdo 05/2007, publicado el 25 de abril de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, y enseguida creó la instancia de coordinación única.
Las confrontaciones
Hasta el pasado 30 de marzo, la Policía Federal contaba con 24 mil 533 efectivos: 18 mil 640 eran elementos de la PFP; 5 mil 893, investigadores de la AFI.
A esta fuerza policial se suman los 370 mil policías estatales agrupados en poco más de mil 600 cuerpos de seguridad. Hasta ahora ha sido ineficaz para detener la ola de violencia del crimen organizado.
Por si fuera poco, los titulares de la PGR y de la SSP, Medina Mora y García Luna, siguen enfrascados en una pugna de poder que se inició con el sexenio, cuando Ardelio Vargas Fosado, recién nombrado alto comisionado de la PFP y coordinador de la AFI, se enemistó con García Luna.
Incluso presentó su renuncia y se incorporó a la PGR invitado por Medina Mora. Los desencuentros entre el procurador y García Luna continuaron. Un episodio más de la confrontación se dio a finales de agosto, cuando en una reunión del gabinete de seguridad ambos funcionarios se acusaron mutuamente de las fallas en materia de seguridad, en particular por el secuestro y muerte del joven Fernando Martí.
En aquella ocasión, ambos discutieron por las diferencias entre las corporaciones que cada uno dirige. Y en medio de esas diferencias, el jueves 25 García Luna dijo que los agentes de la AFI que protestaron son parte de los grupos que rechazan someterse a los exámenes de control de confianza, afirmación que los afis rechazan.
Dijo el titular de la SSP: "El motivo de la marcha (del martes 23) es que se está instrumentando un esquema donde toda la policía sin excepción pase a registro completo de voz, huellas, de ADN, para tener la referencia completa de cada policía y, en particular, de los que se incorporen a la Policía Federal, si pasan".
García Luna no se refirió a las causas de las protestas de los agentes, ni dijo si eran válidas o exageradas; tampoco aclaró si la SSP está conformando a la Policía Federal desde 2007 sin que esté constituida legalmente, lo cual fue uno de los principales reclamos de los agentes que protestaron.
El martes 23, cuando los afis realizaban un plantón frente a la PGR, el procurador Eduardo Medina Mora ofreció una entrevista radiofónica en la que habló de los esfuerzos de la institución que encabeza contra el crimen organizado.
Ahí mismo se refirió al desorden policiaco, a la protesta organizada frente al edificio central donde despacha y al proyecto de unificación de las policías federales:
"Estos procesos administrativos naturalmente conllevan un ajuste que tiene que hacerse respecto del personal; es decir, personal que tiene que dejar de prestar servicios en una institución y brindarlos en otra. Necesitamos ver que los derechos laborales de todos sean garantizados y ese es el punto crítico de esta protesta.
"La reforma constitucional, en el rescate de la reforma al artículo 123 constitucional, plantea con toda claridad que se puede, evidentemente, dar por terminada la relación de trabajo de policías, ministerios públicos o peritos, siempre que, desde luego, se les dé la indemnización correspondiente en términos de ley. Aquí estamos planteando este proceso y hay, evidentemente, expresiones de inconformidad, pero tienen que irse canalizando."
Después de que personal de la PFP tomó el control de las instalaciones de la AFI, el viernes 26, agentes de esa corporación insistieron en que continuarán protestando debido a que sus garantías laborales están en riesgo. Y expusieron que la única solución al problema es la renuncia de García Luna como titular de la SSP, quien se empeña en dejar a la PGR sin la AFI, su brazo operativo.

LEA: prisionero de sus palabras

Prisionero de sus palabras

Tomás Domínguez

Revista Proceso (www.proceso.com.mx), No. 1665, 28 de septiembre de 2008;

¡Que quede grabado!, porque ya tengo 86 años, primero, y he andado malo. Estuve cinco meses en recuperación, me repuse, medio me repuse, hasta ahora. Por eso te digo, apresúrate y yo me apresuro en contarte, así es la cosa. Tenemos que hacer eso."
Así contesta el expresidente Luis Echeverría a su joven entrevistador Rogelio Cárdenas Estandía, a quien le abrió las puertas de su residencia de Magnolia 131, en San Jerónimo Lídice, al sur de la Ciudad de México, para hablar largamente sobre aspectos personales y políticos de su vida.
"¿Cuál fue el logro de mi gobierno? Ninguno. Prenda la grabadora."
El exmandatario se explaya durante 14 encuentros realizados a lo largo de cinco meses. "Palabra a palabra, frase a frase me fue llevando a lo largo de los años y de los acontecimientos; desde su muy personal punto de vista me condujo a través de su realidad o me mostró la historia de México por medio de su vivencia", dice en el preámbulo el autor de Luis Echeverría: entre lo personal y lo político.
Este volumen de 207 páginas, que esta semana pondrá en circulación editorial Planeta, es quizá la última entrevista que concede el expresidente. Retirado de la política desde hace 32 años, como él sostiene, y cansado de guardar silencio, escogió a un bisoño reportero para desgranar los episodios que le tocó vivir cuando estaba en la cúspide de su carrera.
Siempre reacio a dialogar con la prensa -que durante años intentó entrevistarlo para conocer su punto de vista sobre los sucesos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, y en especial acerca de su propia actuación en ellos-, ahora sorprende con esta serie de encuentros en los que se muestra memorioso de sus viejas glorias, su infancia, su trayectoria política, pero también omiso cuando su entrevistador le pregunta sobre los asuntos más candentes.
Inmerso en su soledad, el expresidente sobrelleva con apuros el arraigo domiciliario al que está sometido desde hace más de dos años, precisamente por su participación en aquellas fechas trágicas.
Recluido en las habitaciones de su residencia, observa el paso de los días, monocordes todos, acompañado de su asistente María, quien cotidianamente lee para él los periódicos. Ese es su único contacto con el mundo; ese rito cotidiano lo conecta con la política, le activa la memoria -selectiva- y le hace reelaborar aquella retórica que lo caracterizó en la década de los setenta, en sus tiempos de esplendor.
Echeverría aprobó las fechas, los temas y los tiempos de conversación para hablar libremente de sus pasiones, su familia, sus logros políticos y los desencuentros con la clase política y con el PRI, el partido al cual aún pertenece pero que él considera en decadencia.
Sin embargo, se irrita cuando el entrevistador toca temas como el de la matanza de Tlatelolco, el del Jueves de Corpus y su ruptura con José López Portillo.
Triste la respuesta de Echeverría cuando el reportero le pregunta sobre el porvenir.
"-¿Qué cree que le falta hacer en la vida, o ya ha hecho todo?
-Cumplir años el próximo año, llegar a los 87 años y ya.
-¿Ya no le gustaría hacer nada más?
-¿Para qué? Ya lo que pasó, pasó, desde muy joven. Pero a mi edad no queda más que ver árboles y leer un poco, iniciar unas cosas, con la experiencia, pero pienso que mi salud se está acabando y yo ya estoy muy debilitado, por la edad, como es natural."
Su discurso, avasallante cuando habla de sus triunfos, se quiebra cuando el entrevistador trata temas más personales:
"-¿Y hoy en día qué le hace feliz?
-Nada. La felicidad no existe, compañero.
-¿Por qué?
-¿La felicidad?, ¿conoces a alguien que sea feliz?, ¿que no tenga problemas? No, quizá no pertenezca a la raza humana.
Hay momentos felices, momentos dichosos, momentos agradables, pero lo que se dice felicidad, ¿existe?, ¿en dónde?, ¿cuándo?, ¿en qué época?"
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Rogelio Cárdenas Estandía nació en 1980, un año antes de que su padre, Rogelio Cárdenas Sarmiento, fundara El Financiero, un proyecto editorial que se mantuvo fuerte varios lustros pero que comenzó a decaer paulatinamente, sobre todo a partir de la muerte de su creador, el 18 de julio de 2003.
A partir de entonces la viuda de Cárdenas Sarmiento, María del Pilar Estandía, y su hijo Rogelio tomaron las riendas de esta empresa, que subsiste a pesar de las penurias económicas. Precisamente en ese diario Cárdenas Estandía comenzó su ejercicio periodístico entrevistando a políticos y empresarios.
El año pasado la editorial Océano publicó el primer libro de Cárdenas Estandía, Off the record. Conversaciones con los protagonistas de la actualidad mexicana, que reúne 17 entrevistas ampliadas. Las versiones originales aparecieron en las páginas del diario que él dirige.
Ese acontecimiento lo impulsó a entrevistar a Echeverría, como dice en su nuevo libro, para "conocer más a fondo al personaje del que tanto había escuchado hablar, al que tanto se ha estigmatizado desde hace casi cuatro décadas, más todavía a partir del proceso judicial en el que aún se encuentra envuelto".
Con ese propósito Cárdenas Estandía buscó a Juan Velásquez, abogado del exmandatario, y le pidió que le hiciera llegar una solicitud de entrevista y un cuestionario. Una semana después tuvo la respuesta: Echeverría quería conocerlo y lo invitó a desayunar, junto con Velásquez. Fue en esa ocasión, dice, cuando el anfitrión sugirió que fueran varios los encuentros y sólo puso como condición que los precediera un almuerzo o una comida.
Así se iniciaron las sesiones en aquella vieja casona de Magnolia 131, que "huele a humedad, a encerrado". La "habitación de madera oscura" donde duerme el entrevistado cada noche "se convirtió en un campo de esgrima verbal donde había que intercalar las preguntas de semblanza con interrogantes que podían resultar (y lo fueron) incómodas para este zoon politikon".
El libro abre con el apartado "El gran solitario de San Jerónimo", en el cual Cárdenas Estandía relata sus peripecias para conseguir la entrevista y resume cómo fueron "los días con Echeverría",
El volumen se complementa con 19 apartados que van desde la infancia del entrevistado hasta su aserto de que él no tiene que pedir perdón a nadie por sus acciones, y seis apéndices con los siguientes temas: el proceso que se le sigue al expresidente, si éste buscó alguna vez a Carlos Salinas, si Julio Scherer fue vigilado cuando era director de Excélsior, las dudas de Jorge de la Vega Domínguez durante el movimiento de 1968, el testimonio de Heberto Castillo en torno a la participación de Alfonso Martínez Domínguez en los sucesos del 10 de junio de 1971 y el malestar de Echeverría con López Portillo.
Cárdenas Estandía inicia los apartados con un resumen y reproduce posteriormente los diálogos. En esta "esgrima verbal" él no opina, deja fluir el torrente de palabras de su interlocutor y cuando lo juzga pertinente vuelve a interrogarlo; y las respuestas del interpelado son las que lo retratan.
Algunas lo hacen caer en contradicciones; otras reflejan cómo ese ejercicio de memoria del que hace gala es selectivo.
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Ambientado ya, luego de ganarse la confianza de Echeverría, a quien regaló discos compactos de música new age y videos de series televisivas, Cárdenas Estandía va soltando las preguntas. Los primeros encuentros transcurren sin contratiempos, pero todo cambia al abordar los temas sociales y políticos, como el movimiento del 68 y la participación que tuvo el entrevistado como secretario de Gobernación.
Echeverría insiste en que toda la responsabilidad fue del presidente Díaz Ordaz.
"-Pero usted era el secretario de Gobernación.
-Sí pero las grandes determinaciones, que fueron muy graves, nunca eran cosa del subsecretario, ni del secretario, eran del presidente. Entonces y ahora las grandes determinaciones al Ejército vienen del presidente, que es el comandante general del Ejército.
-¿A usted, como secretario de Gobernación, exactamente en qué le tocó participar?
-Bueno, muy poco, en hacer llamados a la concordia, sin valorar; eso fue después, que eran movimientos políticos que estaban ocurriendo porque hubo influencias internacionales. Había movimientos juveniles en muchas partes del mundo, y eso influyó en la ambición política de la juventud de acceder al poder, había cambios en varios países; pensaban que tener acceso al poder significaba un progreso.
-¿Tenía comunicación con el secretario de la Defensa?
-No, no como secretario de Gobernación; él trataba directamente con el presidente. Además, el secretario de Defensa (Marcelino García Barragán) tenía sus simpatías para la Presidencia siguiente...
-Pero en aras de la precisión, ¿cuál fue el papel del secretario de Gobernación en todo este asunto?
-La observación y evitar las pugnas políticas de todo género, el contacto directo para algunas cosas tan delicadas que dependían directamente del presidente."
Esa es la verdad de Echeverría. Ninguna autocrítica, puro discurso con el que pretende mostrarse impoluto. La misma cara presenta cuando se le pregunta acerca de la agresión a los estudiantes en San Cosme, aquel 10 de junio de 1971. En ese tiempo él ya era presidente. Aun así le atribuye las responsabilidades al entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez:
"-¿Qué acciones estaba autorizado para tomar?
-El responsable era el regente del Distrito Federal, que había llamado a las policías. Por eso le pedí la renuncia.
-Cuando usted habla del 68 menciona que la orden para que interviniera el Ejército provino del presidente, sin embargo, asegura que en el 71, como presidente, usted ni era responsable ni ordenó nada.
-No, fue el jefe del Departamento del Distrito. Yo como presidente le pedí la renuncia por la falta de habilidad para controlar el movimiento, y salió; era muy amigo mío..."
Echeverría esgrime también el viejo argumento de que tanto en el 68 como en el 71 vivíamos en plena Guerra Fría, por lo que detrás de cada acto estaban la KGB y la CIA. Explica que durante su mandato fue presionado por Estados Unidos, por ejemplo, para que votara contra el ingreso de China al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Finalmente el país asiático se integró a ese órgano sin problemas.
Enunciado tras enunciado, elude sus responsabilidades: sobre el espionaje a Julio Scherer, director de Excélsior: "realmente nunca lo investigaron porque el señor así estaba visible"; "la cooperativa (de Excélsior) lo botó y se salió".
Y acerca de la ruptura con su sucesor, José López Portillo, quien lo acusó de querer conservar el poder presidencial e incluso lo escribió en sus Memorias: "¡No es cierto!... los que están enterados saben que yo me fui a China, y luego me quedé un año en París, y luego estuve un año en Australia, y fui embajador simultáneamente en Australia, en Nueva Zelanda, y quise ir a las islas Fidji..."
Quisiera mostrarse siempre impoluto, pero resulta omiso, como cuando se le pregunta por los logros de su gobierno: "Nada. Que se grabe: ¡nada! ¿Cuáles logros?, ni yo, ni los pasados (gobiernos) ni los que siguieron; para mí, nada, Que se grabe..."
Postergado ya, deslucido su discurso, en las últimas sesiones comienza a evadir los temas o a darles un tono ficticio o falso.
"-¿Qué disfruta hacer en su tiempo libre, además de leer?
-Hablar con la gente, escuchar acerca de la situación de México y del mundo; ver lo que hacen mis hijos, tengo siete hijos, 19 nietos y cinco bisnietos, hablo con ellos para recomendarles que se porten bien, con responsabilidad, ya cada quien hace lo que quiere."
Cárdenas revela en la introducción que "las preguntas que hice sobre el 68 o el Jueves de Corpus no alteraron tanto a don Luis como la ocasión en que hablamos sobre sus diferencias con don José. Fue entonces cuando le pegó con más ímpetu a la mesita".
Pronto vino la ruptura: Echeverría "comenzó a regañarme como lo hace un padre a su hijo; me pidió que me fuera a mi casa, que reflexionara sobre la conducta que había tenido en las últimas sesiones y que le hablara por teléfono cuando hubiese terminado mi examen de conciencia"...
Cárdenas no lo hizo. Esperó a que pasara el "berrinche" del expresidente, pero no fue sólo eso. El telón había caído. "Pasó el tiempo. La puerta de Magnolia 131 ya no se abrió para mí". l