Guerrero: La batalla por la plaza
JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y EZEQUIEL FLORES CONTRERAS, reporteros
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), 1678, 28 de diciembre de 2008;
Quince años atrás los soldados mexicanos abatían, a rostro limpio, a los embozados y mal armados miembros del EZLN. Hoy los embozados son los integrantes del Ejército Mexicano en una guerra imposible contra un enemigo invisible -mucho mejor armado que los zapatistas, por supuesto- que quizá incluye al compañero de al lado. En el fondo de la matanza de elementos castrenses en Guerrero está la realidad: el narcotráfico no sólo ha infiltrado a las fuerzas militares, sino que existe entre unos y otros una imbricación tal que las venganzas entre cárteles implican, necesariamente, la eliminación de militares, inclusive de oficiales.
CHILPANCINGO, Gro.- A pesar de la afrenta, la decapitación de siete militares adscritos a esta ciudad entre el 20 y el 21 de diciembre, y de uno más el martes 9, no tomó por sorpresa al Ejército. Desde octubre pasado se había difundido la supuesta protección de un coronel del Ejército al cártel de Sinaloa en la Costa Grande de Guerrero, así como de un teniente coronel presuntamente vinculado con Los Zetas.
Además, poco antes del secuestro y asesinato de los militares, se había producido un enfrentamiento con sicarios en Teloloapan, en la zona norte del estado donde actúan Los Pelones, grupo vinculado a los hermanos Beltrán Leyva. En meses recientes, también ha incursionado La Familia, procedente de Michoacán.
En las primeras horas del domingo 21, las cabezas de siete militares y de un exjefe policial fueron encontradas en un centro comercial de Chilpancingo ubicado en la salida hacia Acapulco.
La acción, asumida públicamente por el Ejército como una ofensa, se produjo en medio de enfrentamientos entre los distintos grupos del crimen organizado que se disputan el control del estado y en las que se han hecho señalamientos contra jefes militares.
El coronel Víctor Manuel González Trejo, comandante del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, fue acusado desde hace dos meses por darle protección al exlíder de la Unión Ganadera de Guerrero, Rogaciano Alba Álvarez, y al cártel encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán. Las mismas imputaciones en su contra se repitieron a principios de diciembre.
En las últimas semanas, tanto en Guerrero como en Michoacán aparecieron mantas que señalan a otro militar relacionado con José Ángel Pineda Sánchez, alias El Calentano. En los municipios de Acapulco, La Unión y Petatlán, en la Costa Grande, y en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se dieron a conocer mensajes en puentes peatonales y edificios públicos en los que se vincula con Los Zetas al teniente coronel José Alfaro Zepeda Soto, comandante del grupo de Morteros en Zacatula, del municipio de La Unión, Guerrero.
El mensaje, dirigido al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, asegura que el teniente coronel Zepeda Soto y El Calentano están relacionados económicamente con Jaime González Durán, El Hummer, líder de Los Zetas detenido a principios de noviembre en Reynosa, Tamaulipas.
La afrenta
La violencia tuvo su expresión más cruenta el fin de semana del 20 y 21 de diciembre. Llamadas anónimas a la policía federal avisaron sobre la ubicación de las cabezas a un costado de un centro comercial y de los cuerpos en dos puntos de la ciudad: en una estación de gas en el acceso principal de Chilpancingo, donde convergen la Autopista del Sol y la carretera federal a Iguala; el segundo punto fue 500 metros adelante.
En ambos lugares se encontraron cartulinas con el mismo mensaje: "Esto les pasa a todos los putos guachos... una de cal por una de arena. Les vamos a matar a diez por cada uno de nosotros...". Los textos están firmados por "ya saben quién".
Los decapitados, todos pertenecientes al arma de Infantería, fueron el capitán Ervin Hernández Umaña; los sargentos Juan Humberto Tapia Romero y Ricardo Marcos Chino; los cabos José González Mentados, Juan Muñoz Morales y los soldados Julián Teresa Cruz y Catarino Martínez Morales. Todos realizaban labores administrativas y fueron "levantados" entre el sábado 20 y el domingo 21 cuando se encontraban francos.
Junto con ellos fue decapitado el exsubdirector de la Policía Judicial del estado Simón Wences Martínez, quien había sido secuestrado el sábado anterior cuando participaba en la feria de fin de año que se realiza a un costado de la plaza de toros de la ciudad. Wences Martínez trabajó en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu y fue asesor del exgobernador René Juárez. Desde 2005 formaba parte de la dirección de una empresa de seguridad privada que daba protección a las instalaciones de la Unión Ganadera de Guerrero en esta capital, organización que fue fundada por Rogaciano Alba, quien fue además alcalde de Petatlán.
Días antes de la decapitación colectiva había corrido la misma suerte el sargento primero de Infantería Carlos Alberto Navarrete Moreno. El 9 de diciembre, su cabeza fue depositada en una cubeta con este mensaje: "Según los militares andan combatiendo a la delincuencia organizada y resultan secuestradores. Estos les va a pasar, putos".
El lunes 22, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los cuerpos de los militares presentaban signos de tortura y desprendimiento de cráneo. Aseguró que esos "actos cobardes" fueron "consecuencia de los fuertes golpes que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos han dado a las organizaciones criminales de esa entidad".
Ese mismo día, el Ejército organizó un acto de desagravio en las instalaciones del 50 Batallón de Infantería de la 35 Zona Militar, a la que pertenecían las víctimas. En la ceremonia participaron el general Galván y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
El orador fue el comandante de la IX Región Militar, el general Enrique Alonso
Garrido Abreu, quien calificó como "un grave error de los delincuentes este atrevimiento".
La madrugada del martes 23, dos días después de que fueron encontrados los siete militares decapitados, unos 150 efectivos del propio 19 Batallón, al que pertenece el señalado coronel Víctor Manuel González Trejo, participaron en un operativo en Zihuatanejo en el que detuvieron en un palenque al subdirector municipal de Seguridad Pública Timoteo Mata Cruz, un excapitán del Ejército al que la Sedena vincula con la organización de los hermanos Beltrán Leyva, exaliados de El Chapo.
Durante horas, el Ejército tomó el control de la Policía Municipal. Además de Mata Cruz fueron aprehendidos Luis Antonio Romero de Los Santos, alias El Chavo; el expolicía ministerial Javier Cortés Osorio, El Oso, a quien relacionó con Los Pelones, y Guadalupe Gutiérrez Rodríguez, El Lupillo, al que el área de Inteligencia de la Sedena identifica como el principal distribuidor de droga en Ixtapa y Zihuatanejo.
En total 23 personas fueron arrestadas y trasladadas a la 27 Zona Militar, en el Ticuí, en el municipio de Atoyac de Álvarez; de ahí las llevaron a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).
La reacción del Ejército no se limitó a Zihuatanejo. Desde las primeras horas del domingo, inmediatamente después de que se conoció la agresión, efectivos de la 35 Zona Militar desplegaron retenes a la salida de Chilpancingo, helicópteros realizaron vigilancia aérea y un comando realizó cateos sin orden judicial, lo que derivó en siete quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por allanamiento, robo y ejercicio indebido de la función pública.
Además, elementos de la misma 35 Zona Militar fueron desplegados en los límites con Michoacán, mientras que unos 300 paracaidistas fueron enviados desde el Campo Militar Número Uno, de la Ciudad de México.
En forma paralela a las acciones del Ejército en Chilpancingo, la Policía Federal realizó cateos en Tlanicuilulco, población serrana del municipio de Quechultenango. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del estado, el general retirado Heriberto Salinas Saltés, en la zona opera un grupo que es conocido como Los Ardillos.
Localizado en el centro del estado, a unas dos horas de la capital, y al que se llega por un camino de terracería, Tlanicuilulco fue escenario en julio pasado de un enfrentamiento en el que intervino un comando de 50 pistoleros y dejó por lo menos tres muertos. Salinas Saltés asegura que esa zona del centro de Guerrero es la mayor productora de goma de opio en el país, con cuatro o cinco cosechas de amapola al año.
El lunes 22 y el martes 23, un convoy de 40 unidades de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal, reforzado con dos helicópteros, se internó en esa zona serrana sin que la corporación diera a conocer los resultados de su intervención, aunque pobladores de Tlanicuilulco confirmaron a Proceso que los efectivos policiales catearon varias casas.
Las acciones del Ejército afectaron a la población civil. Hasta el miércoles pasado, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (CDDHG) había documentado siete quejas contra militares por cateos ilegales en casas de personas a las que acusaban de haber participado en la decapitación.
Las quejas, que fueron transferidas a la CNDH, señalan que a partir de la madrugada del domingo, cuando se conocieron los hechos, un convoy de unos 60 militares encapuchados que se desplazaba en vehículos tipo Hummer recorrió varias colonias de Chilpancingo.
Los militares, siempre con el rostro cubierto, actuaron durante toda la noche. Se movieron en grupos de entre 25 y 30 elementos. Los allanamientos ocurrieron entre las 12:30 de la noche y las 5:30 de la mañana.
Protegidos con pasamontañas, los efectivos militares actuaron como hace 15 años lo hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, al que tanto criticaron las Fuerzas Armadas por no dar la cara.
La CDDHG explicó a este medio que los militares entraron rompiendo las puertas con marros o cinceles, violaron las chapas y rompieron vidrios. Voltearon las camas, esculcaron cajones y tomaron fotografías y video de las personas que estaban en las casas. Les exigían que les dieran información sobre los responsables de las muertes de sus compañeros, los acusaban de narcomenudistas o secuestradores. En tres de las quejas se acusa a los militares de haber robado dinero. En entrevista, un comerciante que resultó afectado asegura que los militares se llevaron de su casa por lo menos 30 mil pesos.
En todos los allanamientos los militares se llevaron celulares, fotos de los habitantes e incluso de una casa se llevaron las escrituras de un terreno, asegura la CDDHG.
Un caso que no se tradujo en queja fue el de un joven de 28 años que fue detenido por el Ejército a la salida de la central de autobuses, en el centro de la ciudad. Originario de Oaxaca, acababa de llegar a Chilpancingo para acudir a las festividades de fin de año en la ciudad. Fue golpeado y llevado a la 35 Zona Militar, donde estuvo hasta la noche del lunes 22, cuando tuvo que ser ingresado al Hospital General del Seguro Social por el maltrato que recibió de los militares. Un taxista lo auxilió afuera de la Zona Militar. Su caso, que fue conocido por la comisión, no había sido registrado como queja hasta el miércoles 24.
Ese patrón de conducta se ha repetido en estados como Michoacán y Nuevo León, luego de agresiones contra personal del Ejército. El balance anual de la CNDH indicó el jueves pasado que la Sedena fue la institución con el mayor número de quejas durante este año: 631, casi dos por día.
Disputas
La presencia histórica de la organización de Joaquín El Chapo Guzmán en Guerrero se ha visto mermada por la guerra en la que se enfrascó con otros grupos al disolverse su alianza con los Beltrán Leyva, así como por la llegada de Los Zetas y La Familia, desde el Estado de México y Michoacán. Los enfrentamientos entre estas bandas han dejado una secuela de 3 mil 200 homicidios con arma de fuego y de tres a cuatro levantones por semana en los últimos tres años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En entrevista, el titular de la dependencia, el general retirado Heriberto Salinas Saltés, asegura que además los carteles que operan en Guerrero han entrado en luchas internas. "En el caso de la Costa Grande, el señor Rogaciano aparentemente cambió de bando y eso ha producido muertes por venganza".
Rogaciano Alba aparece como supuesto protegido del coronel Víctor Manuel González Trejo, según las mantas que han sido colocadas en distintos puntos del estado. Una de ellas, aparecida el 17 de octubre, lo identificó:
"El coronel Víctor Manuel González Trejo, del Batallón 19 de Petatlán, es el que apoya a Rogaciano Alba y Reynaldo Zambada (a) El Rey Zambada. Son los responsables de la muerte de taxistas, niños y mujeres y del atentado en Morelia y Papanaoa y también fue el asesino de Digna Ochoa, de Derechos Humanos". El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, socio de El Chapo Guzmán, fue detenido en octubre pasado en la Ciudad de México.
Una segunda manta precisó los sitios que supuestamente protege el coronel en beneficio del cártel de Sinaloa: La Calera, Santa Rosa, Arroyo Seco, El Venado, Chaveta, Potrerillo "y todo lo que colinda con la sierra".
La denuncia contra el coronel González Trejo se repitió el lunes 8, un día antes del hallazgo del primer militar decapitado, mediante dos mantas dirigidas a los generales Galván Galván y Alonso Garrido.
El mensaje señaló que, además del coronel, en la supuesta protección participa "el mayor Palma". Ambos, dice, le proporcionan a Rogaciano "elementos militares para catear casas, desaparecer y matar gente".
Petatlán es uno de los municipios donde ha sido más intensa la disputa entre los grupos de narcotraficantes que operan en Guerrero. El 3 de mayo pasado, un grupo de sujetos armados ejecutó a dos hijos y ocho extrabajadores de Rogaciano Alba. (Proceso 1664). Otro municipio afectado es Arcelia, en los límites con el estado de México, así como la región de Tierra Caliente.
Otro de los casos de cambio de bando ocurrió en Tierra Caliente, zona controlada por Los Pelones: En 2006, en Ciudad Altamirano, se empezaron a encontrar cabezas de personas que al parecer se pasaron a La Familia.
Apenas el 18 de diciembre pasado apareció el cuerpo sin cabeza de un hombre con signos de tortura y un mensaje en una cartulina que decía: "Fíjense bien lo que pasa cuando reciben órdenes de La Familia: pierden la cabeza. No la pierdan. Piensen bien".
Uno de los puntos más conflictivos es el corredor Acapulco-Costa Grande, donde Rubén El Nene Granados, señalado como una célula de los Beltrán, se enfrenta a Rogaciano Alba.
En la lucha por el control de la plaza han surgido tres grupos de sicarios identificados como El Comando Negro, que opera en Chilpancingo y Acapulco; El Vengador del Pueblo, que actúa en el norte del estado y en Tierra Caliente, y el Ejército Libertador del Pueblo, que se desplaza en la Costa Grande.
Vinculado con Rogaciano Alba, el Ejército Libertador del Pueblo se presentó el 10 de noviembre pasado en Peta-tlán mediante el despliegue de tres mantas con el mismo mensaje: "Se convoca al Pueblo de México a la guerra contra el narcomenudeo... En Guerrero nació el Ejército Popular Antidrogas y ya tenemos importantes células en otros estados de la República".
Firmado por el "comandante de las Fuerzas Guerrilleras, el oficial Rodríguez ELP", el mensaje dice reconocer al Ejército "por sus logros en la lucha contra el narcotráfico", al tiempo que lanzó amenazas contra comandantes de la AFI y policías que "apoyan a los enemigos de México".
A su vez, El Vengador del Pueblo le adjudica a Rogaciano Alba el reciente asesinato del jefe de la Policía Municipal de Iguala y dos efectivos más. Apenas el 2 de diciembre el responsable de esos asesinatos, Fabián Mauricio Ramírez, fue sacado de la cárcel y decapitado. Su cabeza apareció con un mensaje firmado por El Vengador del Pueblo en el que se indicó que era una acción "contra los que matan a policías", por orden del exdirigente ganadero.
Guerrero sentó el precedente de este tipo de ejecuciones en el país. En mayo de 2005 los Beltrán, que entonces estaban aliados con El Chapo, decapitaron a un grupo de Zetas que se había trasladado a Acapulco.
El general Salinas Saltés señala que en la sierra es donde se da la siembra de amapola más importante de todo el país. "De ahí baja por las carreteras que van a Zihuatanejo, Petatlán y Teloloapan. Son los lugares donde tenemos los mayores problemas".
Otro lugar que identifica como problemático es el de los límites del estado con Michoacán y el Estado de México. "Son grupos que incursionan o que tienen intereses en la producción y el tráfico de drogas en el estado. Cuando no es un grupo, es otro el que está peleando".
JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y EZEQUIEL FLORES CONTRERAS, reporteros
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), 1678, 28 de diciembre de 2008;
Quince años atrás los soldados mexicanos abatían, a rostro limpio, a los embozados y mal armados miembros del EZLN. Hoy los embozados son los integrantes del Ejército Mexicano en una guerra imposible contra un enemigo invisible -mucho mejor armado que los zapatistas, por supuesto- que quizá incluye al compañero de al lado. En el fondo de la matanza de elementos castrenses en Guerrero está la realidad: el narcotráfico no sólo ha infiltrado a las fuerzas militares, sino que existe entre unos y otros una imbricación tal que las venganzas entre cárteles implican, necesariamente, la eliminación de militares, inclusive de oficiales.
CHILPANCINGO, Gro.- A pesar de la afrenta, la decapitación de siete militares adscritos a esta ciudad entre el 20 y el 21 de diciembre, y de uno más el martes 9, no tomó por sorpresa al Ejército. Desde octubre pasado se había difundido la supuesta protección de un coronel del Ejército al cártel de Sinaloa en la Costa Grande de Guerrero, así como de un teniente coronel presuntamente vinculado con Los Zetas.
Además, poco antes del secuestro y asesinato de los militares, se había producido un enfrentamiento con sicarios en Teloloapan, en la zona norte del estado donde actúan Los Pelones, grupo vinculado a los hermanos Beltrán Leyva. En meses recientes, también ha incursionado La Familia, procedente de Michoacán.
En las primeras horas del domingo 21, las cabezas de siete militares y de un exjefe policial fueron encontradas en un centro comercial de Chilpancingo ubicado en la salida hacia Acapulco.
La acción, asumida públicamente por el Ejército como una ofensa, se produjo en medio de enfrentamientos entre los distintos grupos del crimen organizado que se disputan el control del estado y en las que se han hecho señalamientos contra jefes militares.
El coronel Víctor Manuel González Trejo, comandante del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, fue acusado desde hace dos meses por darle protección al exlíder de la Unión Ganadera de Guerrero, Rogaciano Alba Álvarez, y al cártel encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán. Las mismas imputaciones en su contra se repitieron a principios de diciembre.
En las últimas semanas, tanto en Guerrero como en Michoacán aparecieron mantas que señalan a otro militar relacionado con José Ángel Pineda Sánchez, alias El Calentano. En los municipios de Acapulco, La Unión y Petatlán, en la Costa Grande, y en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se dieron a conocer mensajes en puentes peatonales y edificios públicos en los que se vincula con Los Zetas al teniente coronel José Alfaro Zepeda Soto, comandante del grupo de Morteros en Zacatula, del municipio de La Unión, Guerrero.
El mensaje, dirigido al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, asegura que el teniente coronel Zepeda Soto y El Calentano están relacionados económicamente con Jaime González Durán, El Hummer, líder de Los Zetas detenido a principios de noviembre en Reynosa, Tamaulipas.
La afrenta
La violencia tuvo su expresión más cruenta el fin de semana del 20 y 21 de diciembre. Llamadas anónimas a la policía federal avisaron sobre la ubicación de las cabezas a un costado de un centro comercial y de los cuerpos en dos puntos de la ciudad: en una estación de gas en el acceso principal de Chilpancingo, donde convergen la Autopista del Sol y la carretera federal a Iguala; el segundo punto fue 500 metros adelante.
En ambos lugares se encontraron cartulinas con el mismo mensaje: "Esto les pasa a todos los putos guachos... una de cal por una de arena. Les vamos a matar a diez por cada uno de nosotros...". Los textos están firmados por "ya saben quién".
Los decapitados, todos pertenecientes al arma de Infantería, fueron el capitán Ervin Hernández Umaña; los sargentos Juan Humberto Tapia Romero y Ricardo Marcos Chino; los cabos José González Mentados, Juan Muñoz Morales y los soldados Julián Teresa Cruz y Catarino Martínez Morales. Todos realizaban labores administrativas y fueron "levantados" entre el sábado 20 y el domingo 21 cuando se encontraban francos.
Junto con ellos fue decapitado el exsubdirector de la Policía Judicial del estado Simón Wences Martínez, quien había sido secuestrado el sábado anterior cuando participaba en la feria de fin de año que se realiza a un costado de la plaza de toros de la ciudad. Wences Martínez trabajó en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu y fue asesor del exgobernador René Juárez. Desde 2005 formaba parte de la dirección de una empresa de seguridad privada que daba protección a las instalaciones de la Unión Ganadera de Guerrero en esta capital, organización que fue fundada por Rogaciano Alba, quien fue además alcalde de Petatlán.
Días antes de la decapitación colectiva había corrido la misma suerte el sargento primero de Infantería Carlos Alberto Navarrete Moreno. El 9 de diciembre, su cabeza fue depositada en una cubeta con este mensaje: "Según los militares andan combatiendo a la delincuencia organizada y resultan secuestradores. Estos les va a pasar, putos".
El lunes 22, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los cuerpos de los militares presentaban signos de tortura y desprendimiento de cráneo. Aseguró que esos "actos cobardes" fueron "consecuencia de los fuertes golpes que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos han dado a las organizaciones criminales de esa entidad".
Ese mismo día, el Ejército organizó un acto de desagravio en las instalaciones del 50 Batallón de Infantería de la 35 Zona Militar, a la que pertenecían las víctimas. En la ceremonia participaron el general Galván y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
El orador fue el comandante de la IX Región Militar, el general Enrique Alonso
Garrido Abreu, quien calificó como "un grave error de los delincuentes este atrevimiento".
La madrugada del martes 23, dos días después de que fueron encontrados los siete militares decapitados, unos 150 efectivos del propio 19 Batallón, al que pertenece el señalado coronel Víctor Manuel González Trejo, participaron en un operativo en Zihuatanejo en el que detuvieron en un palenque al subdirector municipal de Seguridad Pública Timoteo Mata Cruz, un excapitán del Ejército al que la Sedena vincula con la organización de los hermanos Beltrán Leyva, exaliados de El Chapo.
Durante horas, el Ejército tomó el control de la Policía Municipal. Además de Mata Cruz fueron aprehendidos Luis Antonio Romero de Los Santos, alias El Chavo; el expolicía ministerial Javier Cortés Osorio, El Oso, a quien relacionó con Los Pelones, y Guadalupe Gutiérrez Rodríguez, El Lupillo, al que el área de Inteligencia de la Sedena identifica como el principal distribuidor de droga en Ixtapa y Zihuatanejo.
En total 23 personas fueron arrestadas y trasladadas a la 27 Zona Militar, en el Ticuí, en el municipio de Atoyac de Álvarez; de ahí las llevaron a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).
La reacción del Ejército no se limitó a Zihuatanejo. Desde las primeras horas del domingo, inmediatamente después de que se conoció la agresión, efectivos de la 35 Zona Militar desplegaron retenes a la salida de Chilpancingo, helicópteros realizaron vigilancia aérea y un comando realizó cateos sin orden judicial, lo que derivó en siete quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por allanamiento, robo y ejercicio indebido de la función pública.
Además, elementos de la misma 35 Zona Militar fueron desplegados en los límites con Michoacán, mientras que unos 300 paracaidistas fueron enviados desde el Campo Militar Número Uno, de la Ciudad de México.
En forma paralela a las acciones del Ejército en Chilpancingo, la Policía Federal realizó cateos en Tlanicuilulco, población serrana del municipio de Quechultenango. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del estado, el general retirado Heriberto Salinas Saltés, en la zona opera un grupo que es conocido como Los Ardillos.
Localizado en el centro del estado, a unas dos horas de la capital, y al que se llega por un camino de terracería, Tlanicuilulco fue escenario en julio pasado de un enfrentamiento en el que intervino un comando de 50 pistoleros y dejó por lo menos tres muertos. Salinas Saltés asegura que esa zona del centro de Guerrero es la mayor productora de goma de opio en el país, con cuatro o cinco cosechas de amapola al año.
El lunes 22 y el martes 23, un convoy de 40 unidades de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal, reforzado con dos helicópteros, se internó en esa zona serrana sin que la corporación diera a conocer los resultados de su intervención, aunque pobladores de Tlanicuilulco confirmaron a Proceso que los efectivos policiales catearon varias casas.
Las acciones del Ejército afectaron a la población civil. Hasta el miércoles pasado, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (CDDHG) había documentado siete quejas contra militares por cateos ilegales en casas de personas a las que acusaban de haber participado en la decapitación.
Las quejas, que fueron transferidas a la CNDH, señalan que a partir de la madrugada del domingo, cuando se conocieron los hechos, un convoy de unos 60 militares encapuchados que se desplazaba en vehículos tipo Hummer recorrió varias colonias de Chilpancingo.
Los militares, siempre con el rostro cubierto, actuaron durante toda la noche. Se movieron en grupos de entre 25 y 30 elementos. Los allanamientos ocurrieron entre las 12:30 de la noche y las 5:30 de la mañana.
Protegidos con pasamontañas, los efectivos militares actuaron como hace 15 años lo hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, al que tanto criticaron las Fuerzas Armadas por no dar la cara.
La CDDHG explicó a este medio que los militares entraron rompiendo las puertas con marros o cinceles, violaron las chapas y rompieron vidrios. Voltearon las camas, esculcaron cajones y tomaron fotografías y video de las personas que estaban en las casas. Les exigían que les dieran información sobre los responsables de las muertes de sus compañeros, los acusaban de narcomenudistas o secuestradores. En tres de las quejas se acusa a los militares de haber robado dinero. En entrevista, un comerciante que resultó afectado asegura que los militares se llevaron de su casa por lo menos 30 mil pesos.
En todos los allanamientos los militares se llevaron celulares, fotos de los habitantes e incluso de una casa se llevaron las escrituras de un terreno, asegura la CDDHG.
Un caso que no se tradujo en queja fue el de un joven de 28 años que fue detenido por el Ejército a la salida de la central de autobuses, en el centro de la ciudad. Originario de Oaxaca, acababa de llegar a Chilpancingo para acudir a las festividades de fin de año en la ciudad. Fue golpeado y llevado a la 35 Zona Militar, donde estuvo hasta la noche del lunes 22, cuando tuvo que ser ingresado al Hospital General del Seguro Social por el maltrato que recibió de los militares. Un taxista lo auxilió afuera de la Zona Militar. Su caso, que fue conocido por la comisión, no había sido registrado como queja hasta el miércoles 24.
Ese patrón de conducta se ha repetido en estados como Michoacán y Nuevo León, luego de agresiones contra personal del Ejército. El balance anual de la CNDH indicó el jueves pasado que la Sedena fue la institución con el mayor número de quejas durante este año: 631, casi dos por día.
Disputas
La presencia histórica de la organización de Joaquín El Chapo Guzmán en Guerrero se ha visto mermada por la guerra en la que se enfrascó con otros grupos al disolverse su alianza con los Beltrán Leyva, así como por la llegada de Los Zetas y La Familia, desde el Estado de México y Michoacán. Los enfrentamientos entre estas bandas han dejado una secuela de 3 mil 200 homicidios con arma de fuego y de tres a cuatro levantones por semana en los últimos tres años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En entrevista, el titular de la dependencia, el general retirado Heriberto Salinas Saltés, asegura que además los carteles que operan en Guerrero han entrado en luchas internas. "En el caso de la Costa Grande, el señor Rogaciano aparentemente cambió de bando y eso ha producido muertes por venganza".
Rogaciano Alba aparece como supuesto protegido del coronel Víctor Manuel González Trejo, según las mantas que han sido colocadas en distintos puntos del estado. Una de ellas, aparecida el 17 de octubre, lo identificó:
"El coronel Víctor Manuel González Trejo, del Batallón 19 de Petatlán, es el que apoya a Rogaciano Alba y Reynaldo Zambada (a) El Rey Zambada. Son los responsables de la muerte de taxistas, niños y mujeres y del atentado en Morelia y Papanaoa y también fue el asesino de Digna Ochoa, de Derechos Humanos". El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, socio de El Chapo Guzmán, fue detenido en octubre pasado en la Ciudad de México.
Una segunda manta precisó los sitios que supuestamente protege el coronel en beneficio del cártel de Sinaloa: La Calera, Santa Rosa, Arroyo Seco, El Venado, Chaveta, Potrerillo "y todo lo que colinda con la sierra".
La denuncia contra el coronel González Trejo se repitió el lunes 8, un día antes del hallazgo del primer militar decapitado, mediante dos mantas dirigidas a los generales Galván Galván y Alonso Garrido.
El mensaje señaló que, además del coronel, en la supuesta protección participa "el mayor Palma". Ambos, dice, le proporcionan a Rogaciano "elementos militares para catear casas, desaparecer y matar gente".
Petatlán es uno de los municipios donde ha sido más intensa la disputa entre los grupos de narcotraficantes que operan en Guerrero. El 3 de mayo pasado, un grupo de sujetos armados ejecutó a dos hijos y ocho extrabajadores de Rogaciano Alba. (Proceso 1664). Otro municipio afectado es Arcelia, en los límites con el estado de México, así como la región de Tierra Caliente.
Otro de los casos de cambio de bando ocurrió en Tierra Caliente, zona controlada por Los Pelones: En 2006, en Ciudad Altamirano, se empezaron a encontrar cabezas de personas que al parecer se pasaron a La Familia.
Apenas el 18 de diciembre pasado apareció el cuerpo sin cabeza de un hombre con signos de tortura y un mensaje en una cartulina que decía: "Fíjense bien lo que pasa cuando reciben órdenes de La Familia: pierden la cabeza. No la pierdan. Piensen bien".
Uno de los puntos más conflictivos es el corredor Acapulco-Costa Grande, donde Rubén El Nene Granados, señalado como una célula de los Beltrán, se enfrenta a Rogaciano Alba.
En la lucha por el control de la plaza han surgido tres grupos de sicarios identificados como El Comando Negro, que opera en Chilpancingo y Acapulco; El Vengador del Pueblo, que actúa en el norte del estado y en Tierra Caliente, y el Ejército Libertador del Pueblo, que se desplaza en la Costa Grande.
Vinculado con Rogaciano Alba, el Ejército Libertador del Pueblo se presentó el 10 de noviembre pasado en Peta-tlán mediante el despliegue de tres mantas con el mismo mensaje: "Se convoca al Pueblo de México a la guerra contra el narcomenudeo... En Guerrero nació el Ejército Popular Antidrogas y ya tenemos importantes células en otros estados de la República".
Firmado por el "comandante de las Fuerzas Guerrilleras, el oficial Rodríguez ELP", el mensaje dice reconocer al Ejército "por sus logros en la lucha contra el narcotráfico", al tiempo que lanzó amenazas contra comandantes de la AFI y policías que "apoyan a los enemigos de México".
A su vez, El Vengador del Pueblo le adjudica a Rogaciano Alba el reciente asesinato del jefe de la Policía Municipal de Iguala y dos efectivos más. Apenas el 2 de diciembre el responsable de esos asesinatos, Fabián Mauricio Ramírez, fue sacado de la cárcel y decapitado. Su cabeza apareció con un mensaje firmado por El Vengador del Pueblo en el que se indicó que era una acción "contra los que matan a policías", por orden del exdirigente ganadero.
Guerrero sentó el precedente de este tipo de ejecuciones en el país. En mayo de 2005 los Beltrán, que entonces estaban aliados con El Chapo, decapitaron a un grupo de Zetas que se había trasladado a Acapulco.
El general Salinas Saltés señala que en la sierra es donde se da la siembra de amapola más importante de todo el país. "De ahí baja por las carreteras que van a Zihuatanejo, Petatlán y Teloloapan. Son los lugares donde tenemos los mayores problemas".
Otro lugar que identifica como problemático es el de los límites del estado con Michoacán y el Estado de México. "Son grupos que incursionan o que tienen intereses en la producción y el tráfico de drogas en el estado. Cuando no es un grupo, es otro el que está peleando".
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Los soldados de Rogaciano
GLORIA LETICIA DíAZ
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), No., 1678, 28 de diciembre de 2008;
A partir de que presentó una denuncia penal contra al cacique Rogaciano Alba Álvarez por el asesinato de la activista Digna Ochoa, el campesino Javier Torres Cruz ha sido víctima, junto con su familia, de hostigamiento y agresiones.
Torres, integrante de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, permaneció desaparecido durante 10 días, luego de que el miércoles 3 fue detenido en un retén militar de Tecpan.
El activista denunció que después de su detención los soldados lo entregaron a pistoleros al servicio de Alba, quienes lo golpearon y le hicieron preguntas acerca de su acusación contra el cacique. Logró escapar de sus captores y asegura que durante seis días fue perseguido en la sierra por civiles y militares.
Digna Ochoa murió el 19 de octubre de 2001 y Alba, alcalde priista de Petatlán de 1993 a 1996, fue señalado como autor intelectual del homicidio pocos meses después. En 2002 fue interrogado en cuatro ocasiones por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), pero no se comprobó su responsabilidad.
Cinco años después, el 19 de septiembre de 2007, Javier Torres declaró ante la PGJDF que en una reunión Javier Valle Villa, pistolero de Alba, dijo que el cacique ordenó la muerte de la activista.
El conocimiento de este hecho ha sido funesto para Torres y su familia: el 24 de diciembre de 2006 su tío Anselmo fue asesinado; en septiembre de 2007, mientras trabajaba en el campo, Javier fue atacado por sicarios al servicio de Alba, quienes prendieron fuego a dos viviendas. Además, el 9 de abril de 2007 fue asesinado el comisario ejidal de La Botella, Jesús Rosas Galeana, a quien los Torres le informaron sobre la presunta participación del cacique en la muerte de la luchadora social.
En entrevista con este semanario, el abogado de la familia de Digna Ochoa, Manuel Fuentes Muñiz, comenta que la violencia y el hostigamiento hacia Torres y su familia lo llevaron a denunciar formalmente a Rogaciano Alba ante la PGJDF.
El coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Javier Enríquez Sam, dice a Proceso que el testimonio de Torres "confirmaría que la sierra de Petatlán y buena parte de la Costa Grande de Guerrero es una zona controlada por Rogaciano Alba, cacique ligado al narcotráfico, quien cuenta con la protección y apoyo del Ejército, así como de corporaciones policiacas".
Añade que el CCTI da seguimiento al caso y, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el abogado Fuentes Muñiz solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado mexicano brinde medidas cautelares al campesino. De hecho, desde septiembre de 2007 Fuentes Muñiz solicitó la intervención de la CIDH.
En mayo pasado, dice Fuentes Muñiz, la PGJDF remitió a su homóloga guerrerense las denuncias por las agresiones de que ha sido víctima la familia Torres Cruz.
Acoso
A comienzos de diciembre, comenta, revisó el expediente de Ochoa y se percató del acuerdo de la PGJDF para que se reabriera el caso. La dependencia consideró que Alba y Torres debían declarar de nuevo, e insistió en que era necesario solicitar a la procuraduría de Guerrero la investigación en torno a las agresiones sufridas por la familia Torres.
"Por lo que sabemos, la procuraduría guerrerense no tiene ningún expediente abierto contra Rogaciano Alba por las denuncias que presentó Javier por los actos de violencia contra su familia, lo cual por lo menos muestra su ineficacia y falta de voluntad", asegura el abogado.
A comienzos de mayo pasado, Alba fue el objetivo de dos ataques armados en Iguala y en Petatlán. Salió ileso, pero murieron 17 personas, entre ellas dos de sus hijos. Hasta ahora, su hija permanece en calidad de desaparecida (Proceso 1645).
Después de esos hechos, el ganadero -ligado al exgobernador Rubén Figueroa Alcocer- desapareció de la escena pública, pero no cesaron los asesinatos relacionados con él (Proceso 1664).
La ubicación de Alba como miembro de la organización de los Zambada fue confirmada en la declaración ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de Jesús Zambada Reyes, hijo de Reynaldo El Rey Zambada García, ambos detenidos en octubre pasado en el Distrito Federal.
De acuerdo con información publicada en el diario Reforma el sábado 6, en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/350/2008, Jesús Zambada declaró: "También es integrante de esta organización 'don Rogaciano' (...) esta persona tenía como función recoger la mercancía en las costas de Ixtapa y Huatulco (...) campo de guerra por la plaza dándose la lucha con Borrado y Mario Pineda El MP, siendo estos dos hermanos integrantes del cártel de los Beltrán Leyva, en contra de Rogaciano, lo que condujo a que mataran a sus hijos e hijas de Rogaciano, por lo que se amplió más la guerra".
El sábado 20, integrantes de organizaciones no gubernamentales y representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero visitaron a Torres en la comunidad de La Morena, en la sierra de Petatlán. El activista les dijo que Alba no está solo en la lucha que libra en la región de la Costa Grande guerrerense, sino que cuenta con el apoyo de efectivos del 19 Batallón de Infantería, en particular de su comandante, el coronel Víctor Manuel González Trejo, quien lo tendría oculto en las instalaciones castrenses.
"Rogaciano -asegura- es un cacique que pertenece a una mafia del narcotráfico, que lo apoya con dinero para que pague a los militares. No sólo yo lo sé, muchísima gente lo sabe... Se sabe bien que a Rogaciano lo tiene resguardado el coronel (González Trejo) en el cuartel de Petatlán. Por su misma gente se corre el comentario de que ahí lo tienen."
Fueron soldados de ese batallón quienes informaron a la familia Torres que Javier, de 29 años, había sido detenido en un retén el miércoles 3.
"Cuando empezamos a buscar a Javier -cuenta Agustina Torres Cruz a Proceso- un vecino de San Luis la Loma (municipio de Tecpan) nos dijo que a mi hermano se lo habían llevado los militares; seguimos investigando y hubo soldados que nos dijeron que ellos sólo eran tapaderas para que más adelante otros actuaran".
El viernes 5, la familia Torres Cruz denunció la desaparición forzada de Javier ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), y tres días después ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero.
El Colectivo Contra la Tortura interpuso un amparo para exigir la presentación de Javier y corroboró que no había ninguna acusación penal en contra del campesino ecologista.
Hasta antes del regreso de Javier Torres a La Morena, el sábado 13, la familia realizaba acciones de protesta frente al cuartel del 19 Batallón de Infantería para exigir la presentación de Torres. No sabían que los soldados lo habían entregado a la gente de Alba.
El pasado 13 de noviembre, comenta Agustina Torres, un grupo de soldados allanó ocho viviendas de su familia en La Morena. Buscaban a Javier y a sus hermanos, Felipe y Alejandro. Los soldados se robaron pertenencias de la familia, sobre todo documentos, entre ellos la copia de la denuncia que Javier presentó contra Rogaciano en la PGJDF.
En el testimonio que rindió el sábado 20 a la visitadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), Rosa Isela Zedillo, Torres aseguró que las agresiones contra su familia fueron el preámbulo de su detención ilegal.
Con huellas de la tortura, certificadas por el doctor Pablo Sandoval Cruz, perito de Coddehum, Javier contó que a las cuatro de la madrugada del 13 de noviembre, llegaron a La Morena dos tanquetas, cinco Hummers y una camioneta Ram. Estos vehículos trasportaban por lo menos a 80 soldados, que allanaron las viviendas de su familia. Incluso comenta que entre la tropa reconoció a Rogaciano.
Secuestro
En su queja Torres dice que el pasado 30 de noviembre viajó a Tecpan de Galeana para visitar a unos parientes. Tres días después emprendió el camino de regreso a La Morena. Al llegar al poblado de San Luis la Loma, alrededor de las 18:30 horas, vio que había un retén militar. Se detuvo y los soldados que portaban distintivos del 19 Batallón de Infantería lo bajaron de la camioneta a golpes. "Me vendaron los ojos y me subieron a otro vehículo". Asegura que ahí escuchó la voz de una persona, al parecer al servicio de Alba, "que daba las gracias a los militares por mi detención".
Añade que durante cuatro días lo mantuvieron amarrado, con los ojos vendados y sin probar alimento. Dice que un descuido de los plagiarios, escapó por el monte. Durante seis días fue perseguido por "militares y civiles". Por las mañanas, aseguró, una avioneta militar sobrevolaba la sierra en su busca y con altavoces escuchaba que le gritaban que se entregara. El sábado 13, Javier logró llegar a La Morena, muy lastimado por los golpes y débil por el esfuerzo que hizo para salvar su vida.
El campesino pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que lleva ahora el caso, para que a él y su familia se les proporcione medidas cautelares para garantizar su seguridad. También solicita al gobierno federal que "gire instrucciones" para que los soldados del 19 Batallón no regresen a atemorizar y golpear a la población de La Morena.
El coordinador del CCTI, Javier Enríquez Sam, destaca que el caso de Torres es el más grave que han documentado sobre la actuación del Ejército y policías en la región de la Costa Grande, en contra de campesinos que no se someten a Alba.
"Llevamos 10 casos de campesinos acusados de diversos delitos fabricados y encarcelados en Acapulco; ellos tienen en común haberse opuesto a vender sus tierras o desalojarlas como quería Rogaciano Alba. De 1999 a la fecha, de 20 a 25 campesinos han sido sometidos a procesos judiciales por las mismas razones", explica Enríquez.
"El apoyo del personal militar a Rogaciano no es nuevo. En Petatlán es vox populi su cercana relación con los oficiales del 19 Batallón. Cuando surgieron las versiones de que Rogaciano encabezaba en la sierra un grupo paramilitar (Ejército Libertador del Pueblo, de acuerdo con las mantas que sus integrantes colocaron en la entidad), la misma gente de la sierra las desmentía. Dicen que no lo necesita, pues para eso tiene al Ejército Mexicano", sostiene Enríquez Sam.
GLORIA LETICIA DíAZ
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), No., 1678, 28 de diciembre de 2008;
A partir de que presentó una denuncia penal contra al cacique Rogaciano Alba Álvarez por el asesinato de la activista Digna Ochoa, el campesino Javier Torres Cruz ha sido víctima, junto con su familia, de hostigamiento y agresiones.
Torres, integrante de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, permaneció desaparecido durante 10 días, luego de que el miércoles 3 fue detenido en un retén militar de Tecpan.
El activista denunció que después de su detención los soldados lo entregaron a pistoleros al servicio de Alba, quienes lo golpearon y le hicieron preguntas acerca de su acusación contra el cacique. Logró escapar de sus captores y asegura que durante seis días fue perseguido en la sierra por civiles y militares.
Digna Ochoa murió el 19 de octubre de 2001 y Alba, alcalde priista de Petatlán de 1993 a 1996, fue señalado como autor intelectual del homicidio pocos meses después. En 2002 fue interrogado en cuatro ocasiones por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), pero no se comprobó su responsabilidad.
Cinco años después, el 19 de septiembre de 2007, Javier Torres declaró ante la PGJDF que en una reunión Javier Valle Villa, pistolero de Alba, dijo que el cacique ordenó la muerte de la activista.
El conocimiento de este hecho ha sido funesto para Torres y su familia: el 24 de diciembre de 2006 su tío Anselmo fue asesinado; en septiembre de 2007, mientras trabajaba en el campo, Javier fue atacado por sicarios al servicio de Alba, quienes prendieron fuego a dos viviendas. Además, el 9 de abril de 2007 fue asesinado el comisario ejidal de La Botella, Jesús Rosas Galeana, a quien los Torres le informaron sobre la presunta participación del cacique en la muerte de la luchadora social.
En entrevista con este semanario, el abogado de la familia de Digna Ochoa, Manuel Fuentes Muñiz, comenta que la violencia y el hostigamiento hacia Torres y su familia lo llevaron a denunciar formalmente a Rogaciano Alba ante la PGJDF.
El coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Javier Enríquez Sam, dice a Proceso que el testimonio de Torres "confirmaría que la sierra de Petatlán y buena parte de la Costa Grande de Guerrero es una zona controlada por Rogaciano Alba, cacique ligado al narcotráfico, quien cuenta con la protección y apoyo del Ejército, así como de corporaciones policiacas".
Añade que el CCTI da seguimiento al caso y, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el abogado Fuentes Muñiz solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado mexicano brinde medidas cautelares al campesino. De hecho, desde septiembre de 2007 Fuentes Muñiz solicitó la intervención de la CIDH.
En mayo pasado, dice Fuentes Muñiz, la PGJDF remitió a su homóloga guerrerense las denuncias por las agresiones de que ha sido víctima la familia Torres Cruz.
Acoso
A comienzos de diciembre, comenta, revisó el expediente de Ochoa y se percató del acuerdo de la PGJDF para que se reabriera el caso. La dependencia consideró que Alba y Torres debían declarar de nuevo, e insistió en que era necesario solicitar a la procuraduría de Guerrero la investigación en torno a las agresiones sufridas por la familia Torres.
"Por lo que sabemos, la procuraduría guerrerense no tiene ningún expediente abierto contra Rogaciano Alba por las denuncias que presentó Javier por los actos de violencia contra su familia, lo cual por lo menos muestra su ineficacia y falta de voluntad", asegura el abogado.
A comienzos de mayo pasado, Alba fue el objetivo de dos ataques armados en Iguala y en Petatlán. Salió ileso, pero murieron 17 personas, entre ellas dos de sus hijos. Hasta ahora, su hija permanece en calidad de desaparecida (Proceso 1645).
Después de esos hechos, el ganadero -ligado al exgobernador Rubén Figueroa Alcocer- desapareció de la escena pública, pero no cesaron los asesinatos relacionados con él (Proceso 1664).
La ubicación de Alba como miembro de la organización de los Zambada fue confirmada en la declaración ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de Jesús Zambada Reyes, hijo de Reynaldo El Rey Zambada García, ambos detenidos en octubre pasado en el Distrito Federal.
De acuerdo con información publicada en el diario Reforma el sábado 6, en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/350/2008, Jesús Zambada declaró: "También es integrante de esta organización 'don Rogaciano' (...) esta persona tenía como función recoger la mercancía en las costas de Ixtapa y Huatulco (...) campo de guerra por la plaza dándose la lucha con Borrado y Mario Pineda El MP, siendo estos dos hermanos integrantes del cártel de los Beltrán Leyva, en contra de Rogaciano, lo que condujo a que mataran a sus hijos e hijas de Rogaciano, por lo que se amplió más la guerra".
El sábado 20, integrantes de organizaciones no gubernamentales y representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero visitaron a Torres en la comunidad de La Morena, en la sierra de Petatlán. El activista les dijo que Alba no está solo en la lucha que libra en la región de la Costa Grande guerrerense, sino que cuenta con el apoyo de efectivos del 19 Batallón de Infantería, en particular de su comandante, el coronel Víctor Manuel González Trejo, quien lo tendría oculto en las instalaciones castrenses.
"Rogaciano -asegura- es un cacique que pertenece a una mafia del narcotráfico, que lo apoya con dinero para que pague a los militares. No sólo yo lo sé, muchísima gente lo sabe... Se sabe bien que a Rogaciano lo tiene resguardado el coronel (González Trejo) en el cuartel de Petatlán. Por su misma gente se corre el comentario de que ahí lo tienen."
Fueron soldados de ese batallón quienes informaron a la familia Torres que Javier, de 29 años, había sido detenido en un retén el miércoles 3.
"Cuando empezamos a buscar a Javier -cuenta Agustina Torres Cruz a Proceso- un vecino de San Luis la Loma (municipio de Tecpan) nos dijo que a mi hermano se lo habían llevado los militares; seguimos investigando y hubo soldados que nos dijeron que ellos sólo eran tapaderas para que más adelante otros actuaran".
El viernes 5, la familia Torres Cruz denunció la desaparición forzada de Javier ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), y tres días después ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero.
El Colectivo Contra la Tortura interpuso un amparo para exigir la presentación de Javier y corroboró que no había ninguna acusación penal en contra del campesino ecologista.
Hasta antes del regreso de Javier Torres a La Morena, el sábado 13, la familia realizaba acciones de protesta frente al cuartel del 19 Batallón de Infantería para exigir la presentación de Torres. No sabían que los soldados lo habían entregado a la gente de Alba.
El pasado 13 de noviembre, comenta Agustina Torres, un grupo de soldados allanó ocho viviendas de su familia en La Morena. Buscaban a Javier y a sus hermanos, Felipe y Alejandro. Los soldados se robaron pertenencias de la familia, sobre todo documentos, entre ellos la copia de la denuncia que Javier presentó contra Rogaciano en la PGJDF.
En el testimonio que rindió el sábado 20 a la visitadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), Rosa Isela Zedillo, Torres aseguró que las agresiones contra su familia fueron el preámbulo de su detención ilegal.
Con huellas de la tortura, certificadas por el doctor Pablo Sandoval Cruz, perito de Coddehum, Javier contó que a las cuatro de la madrugada del 13 de noviembre, llegaron a La Morena dos tanquetas, cinco Hummers y una camioneta Ram. Estos vehículos trasportaban por lo menos a 80 soldados, que allanaron las viviendas de su familia. Incluso comenta que entre la tropa reconoció a Rogaciano.
Secuestro
En su queja Torres dice que el pasado 30 de noviembre viajó a Tecpan de Galeana para visitar a unos parientes. Tres días después emprendió el camino de regreso a La Morena. Al llegar al poblado de San Luis la Loma, alrededor de las 18:30 horas, vio que había un retén militar. Se detuvo y los soldados que portaban distintivos del 19 Batallón de Infantería lo bajaron de la camioneta a golpes. "Me vendaron los ojos y me subieron a otro vehículo". Asegura que ahí escuchó la voz de una persona, al parecer al servicio de Alba, "que daba las gracias a los militares por mi detención".
Añade que durante cuatro días lo mantuvieron amarrado, con los ojos vendados y sin probar alimento. Dice que un descuido de los plagiarios, escapó por el monte. Durante seis días fue perseguido por "militares y civiles". Por las mañanas, aseguró, una avioneta militar sobrevolaba la sierra en su busca y con altavoces escuchaba que le gritaban que se entregara. El sábado 13, Javier logró llegar a La Morena, muy lastimado por los golpes y débil por el esfuerzo que hizo para salvar su vida.
El campesino pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que lleva ahora el caso, para que a él y su familia se les proporcione medidas cautelares para garantizar su seguridad. También solicita al gobierno federal que "gire instrucciones" para que los soldados del 19 Batallón no regresen a atemorizar y golpear a la población de La Morena.
El coordinador del CCTI, Javier Enríquez Sam, destaca que el caso de Torres es el más grave que han documentado sobre la actuación del Ejército y policías en la región de la Costa Grande, en contra de campesinos que no se someten a Alba.
"Llevamos 10 casos de campesinos acusados de diversos delitos fabricados y encarcelados en Acapulco; ellos tienen en común haberse opuesto a vender sus tierras o desalojarlas como quería Rogaciano Alba. De 1999 a la fecha, de 20 a 25 campesinos han sido sometidos a procesos judiciales por las mismas razones", explica Enríquez.
"El apoyo del personal militar a Rogaciano no es nuevo. En Petatlán es vox populi su cercana relación con los oficiales del 19 Batallón. Cuando surgieron las versiones de que Rogaciano encabezaba en la sierra un grupo paramilitar (Ejército Libertador del Pueblo, de acuerdo con las mantas que sus integrantes colocaron en la entidad), la misma gente de la sierra las desmentía. Dicen que no lo necesita, pues para eso tiene al Ejército Mexicano", sostiene Enríquez Sam.
