Una jueza federal de EE UU ordenó este jueves 17 de agosto interrumpir de forma inmediata las intervenciones telefónicas sin autorización judicial que el Gobierno de aquel país puso en marcha en su plan antiterrorista después del 11-S, a través de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).
La magistrada federal de Detroit, Anna Diggs Taylor determino que ese programa es inconstitucional porque viola los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad de los ciudadanos, así como "la doctrina de separación de poderes" y otras instancias legales, como la Ley de Procedimientos Administrativos, así como la primera y cuarta garantías constitucionales.
El fallo se produce en respuesta a una denuncia presentada por la Unión de Libertades Civiles de EE UU (ACLU) -en nombre de periodistas, estudiantes y abogados quienes alegan que el programa les ha complicado sus funciones- contra el controvertido programa de escuchas telefónicas y de control de correos electrónicos del Gobierno del presidente Bush tras los atentados del 11-S.
Los críticos sostienen que el gobierno de Bush reiteradamente se ha excedido de sus poderes, y usa el argumento de la "lucha contra el terrorismo" como excusa para aplicar medidas que según los críticos violan la constitución. La Casa Blanca ha defendido una y otra vez ese programa y ha dicho que toda vigilancia se realiza sólo con la aprobación de un tribunal.
En su resolución de 42 páginas la Jueza Taylor señaló: "el interés público es evidente, en este asunto. Es el sustento de nuestra constitución'', que pide la suspensión inmediata del programa.
Pero no todo es miel sobre hojuelas para los demandantes, la Jueza desestimó el reclamo de la ACLU sobre la búsqueda de información en registros telefónicos que realiza la NSA. La magistrada dijo que no se había revelado lo suficiente del programa para apoyar la queja y que una litigación más profunda podría comprometer secretos de estado.
Sin embargo, la búsqueda de información es sólo una pequeña parte de la demanda, presentada. Ann Beeson, asesora legal de la ACLU y la principal abogada en el caso, dijo que el gobierno apelaría el fallo y pediría que la orden de suspender el programa sea pospuesta mientras el caso siga el curso legal.
Antecedentes del caso:
La polémica en torno a este asunto fue desvelada por la prensa a finales del 2005. En diciembre pasado, el periódico The New York Times reveló como el gobierno, con la ayuda de compañías telefónicas, había empezado a intervenir llamadas, así como correos electrónicos, sin una orden judicial de por medio.
Pero el tema cobró una mayor dimensión el pasado 11 de mayo. El diario señala Usa Today -citando fuentes anónimas- que desde el 2001, las empresa telefónicas AT&T, Verizon y BellSouth había entregado secretamente registros de decenas de millones de llamadas de sus clientes a la NSA. Las compañías telefónicas dijeron entonces que aunque protegen la privacidad de sus clientes, tenían la obligación de colaborar con agencias del gobierno a fin de garantizar la seguridad del país. AT&T dijo que "cuando se nos pidió que ayudáramos, lo hicimos estrictamente dentro de la ley, y bajo las condiciones más rigurosas".
¡Por lo que el gobierno de EE UU tiene un verdadero banco de datos!
La Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) de 1978 establece un sistema que requiere que las agencias de seguridad nacional tengan que buscar la aprobación de un tribunal federal antes de poder monitorear las comunicaciones de un ciudadano americano. Con la información de hoy se confirma que el gobierno de Bush ha pasado por sobre esas regulaciones.
Las primeras reacciones cuando se publica el reportaje del Usa Today fue de legisladores Republicanos y Demócratas quienes reaccionaron indignados e incluso se hablaba entonces, que ello podría poner en riesgo el nombramiento de general Michael V. Hayden, como nuevo director de la CIA, quien era el autor del programa en la NSA (fue nombrado el martes 23 de mayo, doce días después de la publicación).
Y ante las intensas críticas del Congreso, el presidente George W. Bush no confirmó la labor de la NSA pero trató de asegurar a los estadounidenses que su privacidad está siendo "ferozmente protegida". "No estamos escudriñando las vidas personales de millones de inocentes estadounidenses", dijo al tiempo que volvió a calentar la controversia sobre la presunta violación a las libertades civiles y sobre la falta de supervisión del Congreso.
Reacciones de la decisión de la Jueza:
El fallo emitido ayer miércoles 17 de agosto se convirtió en el segundo serio revés contra las políticas que la administración del presidente George W. Bush ha aplicado en su lucha contra el terrorismo.
La NSA hasta el momento no se manifestado sobre el fallo.
El procurador de EE UU, Alberto Gonzales, anunció de inmediato que el gobierno apelará el fallo judicial: "vamos a hacer todo lo que podamos en las cortes, para permitir que este programa continúe".
Gonzales manifestó que se confia en la legitimidad del programa de escuchas teléfonicas por lo cual se apelará a la orden de la jueza.
En tanto, líderes de la comunidad de inteligencia han dicho ante el Congreso que el programa es efectivo para proteger al país.
Seguramente habrá más reacciones.
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