Justicia a la medida/ Claudia Ruiz Arriola
Es el municipal el ámbito de gobierno más propenso a la acción corruptora del crimen. Lo es porque constituye la base para hacer carrera política y porque en este nivel la supervisión de los medios no es tan amplia
Publicado en Reforma. (www.reforma.com) 31 mayo 2009
Cual molesto insecto de verano traigo a lord Dryden haciéndome un elegante marcaje personal que no puedo sacudirme por más que intento (tipo el lactante astro del Manchester United Cristiano Ronaldo con el melenudo capitán catalán Carles Puyol). El molesto dramaturgo y poeta inglés se me aparece desde el café y hasta que me voy a dormir no deja de susurrarme al oído esa frase certera y lúcida que tanto le gustaba al gordo Churchill: "La traición nunca prospera, ¿cuál es la razón? Que si prospera nadie se atreve a llamarla traición".
Digo esto porque 'ora que entambaron a 10 presidentes municipales y a varios funcionarios michoacanos los partidos ya traen el jueguito de que si es "un golpe electorero", que si los tuyos son narcos y los míos son santos sin aureola, y ese largo etcétera de dimes y diretes que a lo largo de dos sexenios ha maniatado al Poder Judicial y ha colocado a los políticos por encima de la ley que rige a los demás mortales.
Al parecer, y de nueva cuenta, a los partidos se les olvida lo esencial: que lo importante no son ellos y su mezquino "prestigio" electoral (si es que a la famita de cloacas engalanadas que tienen se le puede llamar prestigio), sino el país, sus ciudadanos, sus leyes e instituciones que están muy cerca de quedar rebasadas por el poder violento y corruptor del narcotráfico.
De hecho de los tres niveles de gobierno ninguno es tan susceptible a la acción corruptora del narco como el municipio, no sólo porque sus funcionarios gozan de menor supervisión mediática que sus contrapartes estatal y federal, sino porque además de ser el encargado inmediato del bienestar y seguridad de los ciudadanos, el ámbito municipal es la puerta de entrada para hacer "carrera" política (De Tocqueville dixit). De ahí que comprar a una autoridad municipal no sólo permite a los narcos ejercer su oficio en el presente con tranquilidad, sino que es una inversión con buenos dividendos a futuro.
Por eso, y amén del reporte de la ONU en el que según el panista Ramón Galindo Noriega se afirma que mil 465 municipios de México (el 60 por ciento) reciben lana del narco, hay buenas razones para pensar que el operativo de la PGR en Michoacán no tiene (con perdón de Chucho Ortega) nada de ridículo. Antes bien, ya lo quisiéramos en los demás estados para finiquitar la colusión de alcaldes y funcionarios de poca monta con todo tipo de malandrines que gozan de absoluta impunidad gracias al pago de un "moche" en cómodos abonitos.
Claro que la comprensible molestia del líder del PRD y de algunos priistas es el timing de la Secretaría de Gobernación pues, por su proximidad al 5 de julio, el operativo parece diseñado para beneficiar la imagen del partido en el gobierno (¡cómo si no supiéramos que no hay partido que se salve de tener fichitas en sus filas!).
Nada más que lo que los quejosos opositores no toman en cuenta es que dado que el país vive permanentemente en precampaña, campaña, controversia electoral, crisis política o algún otro tipo de calentura partidista exigir que la aplicación de la ley se rija por el calendario electorero y/o el horóscopo de sus candidatos es equivalente a exigir que nunca se haga justicia.
Es en esta coyuntura donde el espectro de lord Dryden me viene a susurrar al oído su pegajosa rima, pues en el fondo, la petición de Ortega y de los priistas de "posponer la justicia para que no coincida con una elección" es una traición que -dado que ha prosperado muchísimo tiempo- ha perdido su nombre.
Y es que, lejos de permitir al Poder Judicial (que se supone es independiente de los otros dos) perseguir de oficio y de forma consuetudinaria los delitos de los políticos y funcionarios, nuestros próceres tienen la desvergüenza de renegar porque los operativos no se hacen bajo pedido ni se entregan a su conveniencia como si fueran pizzas.
Es decir, nuestros próceres de la oposición democrática se quejan -correctamente a mi entender- de que la justicia por "operativo" (o turno de salchichonería) obedece a una voluntad partidista y arbitraria (en este caso, la del PAN). Sin embargo, lejos de abogar por un Estado de derecho democrático donde la aplicación de la ley sea constante, sin excepciones ni temporadas de veda, los "opositores" exigen a la Segob lo mismo que critican: una justicia a modo (-disculpe usted, señor político rata, ¿le queda bien que lo arrestemos hoy o hacemos cita con su secretaria para venir mañana?).
De hecho esta petición esconde un escandaloso acto de traición que de prosperar nadie se atreverá a llamar traición (aunque eso, precisamente, es lo que será), pues, bajo la apariencia de defender la democracia, al exigir subordinar la justicia y la aplicación de la ley a los momios de sus partidos y pretender poner en pausa la procuración de justicia en tiempos electorales, los priistas y perredistas están socavando uno de los indispensables pilares del Estado democrático: la aplicación de la ley a todos los ciudadanos, las 24 horas del día y los 365 días del año (366 si resulta bisiesto).
Es el municipal el ámbito de gobierno más propenso a la acción corruptora del crimen. Lo es porque constituye la base para hacer carrera política y porque en este nivel la supervisión de los medios no es tan amplia
Publicado en Reforma. (www.reforma.com) 31 mayo 2009
Cual molesto insecto de verano traigo a lord Dryden haciéndome un elegante marcaje personal que no puedo sacudirme por más que intento (tipo el lactante astro del Manchester United Cristiano Ronaldo con el melenudo capitán catalán Carles Puyol). El molesto dramaturgo y poeta inglés se me aparece desde el café y hasta que me voy a dormir no deja de susurrarme al oído esa frase certera y lúcida que tanto le gustaba al gordo Churchill: "La traición nunca prospera, ¿cuál es la razón? Que si prospera nadie se atreve a llamarla traición".
Digo esto porque 'ora que entambaron a 10 presidentes municipales y a varios funcionarios michoacanos los partidos ya traen el jueguito de que si es "un golpe electorero", que si los tuyos son narcos y los míos son santos sin aureola, y ese largo etcétera de dimes y diretes que a lo largo de dos sexenios ha maniatado al Poder Judicial y ha colocado a los políticos por encima de la ley que rige a los demás mortales.
Al parecer, y de nueva cuenta, a los partidos se les olvida lo esencial: que lo importante no son ellos y su mezquino "prestigio" electoral (si es que a la famita de cloacas engalanadas que tienen se le puede llamar prestigio), sino el país, sus ciudadanos, sus leyes e instituciones que están muy cerca de quedar rebasadas por el poder violento y corruptor del narcotráfico.
De hecho de los tres niveles de gobierno ninguno es tan susceptible a la acción corruptora del narco como el municipio, no sólo porque sus funcionarios gozan de menor supervisión mediática que sus contrapartes estatal y federal, sino porque además de ser el encargado inmediato del bienestar y seguridad de los ciudadanos, el ámbito municipal es la puerta de entrada para hacer "carrera" política (De Tocqueville dixit). De ahí que comprar a una autoridad municipal no sólo permite a los narcos ejercer su oficio en el presente con tranquilidad, sino que es una inversión con buenos dividendos a futuro.
Por eso, y amén del reporte de la ONU en el que según el panista Ramón Galindo Noriega se afirma que mil 465 municipios de México (el 60 por ciento) reciben lana del narco, hay buenas razones para pensar que el operativo de la PGR en Michoacán no tiene (con perdón de Chucho Ortega) nada de ridículo. Antes bien, ya lo quisiéramos en los demás estados para finiquitar la colusión de alcaldes y funcionarios de poca monta con todo tipo de malandrines que gozan de absoluta impunidad gracias al pago de un "moche" en cómodos abonitos.
Claro que la comprensible molestia del líder del PRD y de algunos priistas es el timing de la Secretaría de Gobernación pues, por su proximidad al 5 de julio, el operativo parece diseñado para beneficiar la imagen del partido en el gobierno (¡cómo si no supiéramos que no hay partido que se salve de tener fichitas en sus filas!).
Nada más que lo que los quejosos opositores no toman en cuenta es que dado que el país vive permanentemente en precampaña, campaña, controversia electoral, crisis política o algún otro tipo de calentura partidista exigir que la aplicación de la ley se rija por el calendario electorero y/o el horóscopo de sus candidatos es equivalente a exigir que nunca se haga justicia.
Es en esta coyuntura donde el espectro de lord Dryden me viene a susurrar al oído su pegajosa rima, pues en el fondo, la petición de Ortega y de los priistas de "posponer la justicia para que no coincida con una elección" es una traición que -dado que ha prosperado muchísimo tiempo- ha perdido su nombre.
Y es que, lejos de permitir al Poder Judicial (que se supone es independiente de los otros dos) perseguir de oficio y de forma consuetudinaria los delitos de los políticos y funcionarios, nuestros próceres tienen la desvergüenza de renegar porque los operativos no se hacen bajo pedido ni se entregan a su conveniencia como si fueran pizzas.
Es decir, nuestros próceres de la oposición democrática se quejan -correctamente a mi entender- de que la justicia por "operativo" (o turno de salchichonería) obedece a una voluntad partidista y arbitraria (en este caso, la del PAN). Sin embargo, lejos de abogar por un Estado de derecho democrático donde la aplicación de la ley sea constante, sin excepciones ni temporadas de veda, los "opositores" exigen a la Segob lo mismo que critican: una justicia a modo (-disculpe usted, señor político rata, ¿le queda bien que lo arrestemos hoy o hacemos cita con su secretaria para venir mañana?).
De hecho esta petición esconde un escandaloso acto de traición que de prosperar nadie se atreverá a llamar traición (aunque eso, precisamente, es lo que será), pues, bajo la apariencia de defender la democracia, al exigir subordinar la justicia y la aplicación de la ley a los momios de sus partidos y pretender poner en pausa la procuración de justicia en tiempos electorales, los priistas y perredistas están socavando uno de los indispensables pilares del Estado democrático: la aplicación de la ley a todos los ciudadanos, las 24 horas del día y los 365 días del año (366 si resulta bisiesto).
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