Abiertos a discutir propuestas del Ejecutivo, señala el PRI.
El grupo parlamentario del PRI expresó su compromiso para que los recursos públicos en materia de seguridad aumenten en la proporción que se requiere para el próximo año, ya que es una prioridad el tema del combate a la delincuencia.
Aseguró que el Congreso de la Unión ha aprobado una serie de reformas para combatir con mayor eficacia la ola de violencia en el país, sin embargo el gobierno federal no ha publicado en el diario oficial de la federación los cambios que se han hecho a las disipaciones legales, lo que ocasiona que las propuestas anticrimen sigan limitadas.
En un desplegado, el grupo parlamentario del PRI, refirió que se han realizado grandes reformas dentro del Código Penal Federal, así como un régimen en materia de pederastia y en disposiciones en materia de delitos por derechos de autor y tráfico de personas.
“Si el Ejecutivo requiere de promociones para piezas legislativas nuevas, el Legislativo está siempre dispuesto a discutirlas con prontitud, sin embargo es motivo de preocupación que la legislación en materia de terrorismo que ya tiene en su poder para su publicación, a la fecha no se ha efectuado".
En ese sentido, manifestó su rechazo y advirtió que en la discusión de la Ley de Seguridad Nacional, aparecerán posiciones divergentes en áreas distintas del propio Ejecutivo federal.
“Rechazamos el autoritarismo y la simulación, pero ratificamos nuestra voluntad por el acuerdo y la discusión responsable de los asuntos en beneficio del país”, indicó.
Expresó que para los legisladores del partido tricolor, la seguridad pública debe ser un bien apreciado por toda la comunidad, por ello, aseguró que desde el ámbito de su competencia constitucional seguirán cumpliendo con su responsabilidad para que el país supere los problemas de crimen y narcotráfico.
Insistió que ante la escalada de sucesos criminales el Congreso ha respondido de manera puntual y continuará con su responsabilidad para evitar “huecos legislativos” en materia de seguridad pública.
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En relación con el desplegado publicado hoy por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados en materia de seguridad, la Secretaría de Gobernación manifiesta lo siguiente:
En distintas ocasiones el Ejecutivo Federal, especialmente de manera expresa y directa el Presidente Felipe Calderón, ha convocado a los diversos actores políticos del país, en particular a los partidos políticos y sus grupos parlamentarios, a construir -mediante el diálogo y la corresponsabilidad- una verdadera política de Estado en materia de seguridad y combate al crimen organizado. El diálogo al que se ha convocado tiene como finalidad no sólo fortalecer la actual estrategia federal en la materia frente a un fenómeno por décadas soslayado, sino ampliar los radios de actuación y eficacia de todos los involucrados, incluida la sociedad y los gobiernos locales.
El Gobierno Federal está convencido de que el costo de renunciar al fortalecimiento de un pleno Estado de Derecho y de las instituciones democráticas, equivaldría a la perpetuación indefinida del clima de violencia, la Estrategia de Seguridad ha estado orientada a lograr los cambios institucionales que el país requiere.
El Ejecutivo Federal, en apego a su responsabilidad constitucional y a los nuevos instrumentos jurídicos hasta ahora aprobados por el Congreso de la Unión, ha desplegado el mayor combate frontal en la historia del país -sin simulación ni concesiones- contra el crimen organizado y sus redes operacionales.
El enfrentar a un fenómeno de las dimensiones actuales como las del crimen y sus implicaciones es tarea inacabada que requiere no sólo la renovación del esfuerzo por parte de las instituciones encargadas de la seguridad, incluidas las autoridades estatales y municipales, sino de la mayor participación de otros agentes de la sociedad, como los organismos civiles, académicos, religiosos y los medios de comunicación, a efecto de ir cerrando, comprometidamente y entre todos, la subcultura del crimen en nuestro país.
En este contexto, es pertinente aclarar que el actual diálogo no persigue fines protagónicos, ni desmerecer los procesos legales e institucionales en el diseño de las políticas públicas en materia de seguridad. Lo que sí pretende es fortalecer la participación y la vinculación con la sociedad y los diversos actores públicos y privados, así como con los tres órdenes de gobierno para, que desde su espacio de actuación diaria y desde su perspectiva, puedan contribuir con el fortalecimiento de la actual estrategia de seguridad pública y a institucionalizar muchas de las propuestas para avanzar hacia una política de Estado.
Por otro lado, se ha abierto el espacio para la discusión necesaria en todo régimen democrático, especialmente aquellos relacionados con la seguridad pública, incluyendo la creación de un nuevo modelo de policía con mando único o la incorporación de nuevas medidas fiscales en la lucha contra el lavado de dinero. Todas estas medidas deben discutirse con seriedad, responsabilidad y tolerancia.
Nada enriquece más que el diálogo y nadie puede ni debe oponerse al mismo. En toda democracia debe haber espacio para el cuestionamiento, pero también se deben establecer claramente los aspectos que compartimos más allá de visiones partidistas o de la coyuntura para mostrar nuestro verdadero compromiso con México. Más aun, cuando se trata de un renglón fundamental para nuestra convivencia social y la razón principal misma de existencia del Estado.
-COMUNICADO- | Boletín No.318-09/08/ Segob
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