¿La compra amañada?

AGUILAR, MALOVA Y "EL NALO"
ESPECIAL/La compra amañada
Afloran presuntos actos de corrupción en el Gobierno del Estado para beneficiar a la empresa automotriz del "padre empresarial" de Mario López Valdez; presumen falsificación de documentos
Noroeste/Redacción
22-03-2011
Afloran presuntos actos de corrupción en el Gobierno del Estado para beneficiar a la empresa automotriz del 'padre empresarial' de Mario López Valdez; presumen falsificación de documentos; distribuidora niega haber participado en cotización que supuestamente se hizo para la adjudicación de 90 camionetas
Primera parte
CULIACÁN.- Un documento en poder de Noroeste revela presuntos actos de corrupción de servidores públicos detrás de la adjudicación directa por 50.9 millones de pesos a Culiacán Motors, S.A. de C.V, de Leonardo "Nalo" Félix.
Y es que para favorecer al "padre empresarial" del Gobernador Mario López Valdez con la compra de 90 camionetas equipadas para patrullas de policías, se habría fabricado un expediente "a modo", con supuestas cotizaciones a otras tres empresas.
Pero al menos una de éstas sería falsa, según lo evidencia un escrito de inconformidad de la Distribuidora Automotriz de Los Mochis, S.A. de C.V., dirigido al actual tesorero estatal Armando Villarreal Ibarra.

En el escrito, el Gerente General Diego Munguía Camou rechaza que esa concesionaria de la Ford, sucursal Guasave, haya recibido invitación alguna para cotizar las 90 unidades automotrices, y menos, el haberla elaborado.
Estos documentos fueron integrados al expediente sobre el caso, que entregó el Gobierno del Estado el 18 de febrero de 2011, día en que Villarreal Ibarra negó a Noroeste que hubiera "línea" de Malova para favorecer a Félix con esta compra.
Hasta ese día se ignoraban los pormenores de la polémica transacción, en la cual se eludió la licitación pública que legalmente exigen compras de este monto, pretextando "riesgos de seguridad pública".
Entre los escritos del expediente oficial (apócrifos, según se infiere de la carta de Munguía Camou) se encuentra una invitación de cotización, dirigida por Ismael Carreón Ruelas, entonces Director de Bienes y Suministros de la Secretaría de Administración y Finanzas, la SAF, a Distribuidora Automotriz de Los Mochis, S.A. de C.V., sucursal Guasave.
Y también la presunta respuesta con la cotización atribuida a Luis Armando Soto Leyva, a quien se identifica como "representante legal" de la concesionaria Ford en Guasave, facultad legal que éste no tiene.
Pero no sólo eso.
Cotizaciones de ventas de esta magnitud son controladas directamente por Ford Motor Company, el proveedor principal de esa distribuidora, mediante el registro en una bitácora de clientes de flotilla, y la cual reporta que "después de revisar a detalle los archivos, no existe registro alguno ante la planta para la elaboración de dicha cotización".
Estas revelaciones confirmarían que servidores públicos habrían creado, artificialmente, todas las condiciones para favorecer a "Nalo", uno de los principales soportes financieros de Malova, acrónimo del Gobernador, y con quien mantiene una relación de amistad de cuatro décadas, pues Félix fue quien lo capitalizó, para instalar su primera ferretería en Los Mochis.
Aguilar y Malova, ¿pacto político?
López Valdez conquistó la Gubernatura el 4 de julio de 2010, cobijado por el PAN, PRD y Convergencia, con la bandera del "cambio" y una estrategia de campaña basada en la denuncia sistemática de actos corruptos de su antecesor, Jesús Aguilar Padilla.
Su triunfo fue sorpresivo, "histórico", pues en apariencia se había puesto "fin" a 81 años de "cacicazgos priistas" en Sinaloa.
Y es que Malova logró la "hazaña" de derrotar a uno de los empresarios ganaderos más ricos del país, dueño de la marca Su Karne, Jesús Vizcarra Calderón, su ex compañero en el PRI, partido gracias al cual López Valdez llegó a ser Alcalde de Ahome, Senador y secretario de Estado, en un lapso de 10 años.
Apadrinado por una facción priista jefaturada por el ex Gobernador Juan Millán, Malova renunció al tricolor cuando se le cerraron las puertas para contender por el máximo cargo público.
La popularidad, el carisma y el desespero del Presidente Felipe Calderón por obtener "triunfos" para su partido, el PAN --con tendencia a la baja--, le permitieron contender con siglas albiazules, en coalición con partidos minoritarios.
En su campaña Malova denunció el "enriquecimiento inexpicable" de Aguilar. En un debate televisado el 25 de mayo de 2010, mostró ante las cámaras, en vivo, las "mansiones" de éste.
"Todas estas cosas en el nuevo Gobierno no las vamos a permitir... todas estas cosas de corrupción se van a acabar en Sinaloa", ofreció.
Luego ante la Procuraduría General de la República, los partidos aliados presentaron una denuncia formal contra Aguilar por la acumulación irregular de propiedades, valuadas presuntamente en 45 millones de pesos, monto muy superior a los ingresos públicos que éste percibía.
Ya en los últimos meses del sexenio de Aguilar, crecieron las versiones de un pacto político entre éste y Malova. A ambos se les veía juntos, en armonía, en actos como el de cabildeo de presupuesto estatal para 2011.
Esta percepción se fortaleció cuando el 19 de noviembre de 2010, ambos mandatarios, entrante y saliente, dieron una conferencia juntos para informar del presupuesto histórico conseguido para este año.
Una pregunta de Noroeste sacó de balance a Malova, quien tenía a su lado a Aguilar.
--¿Qué va a pasar con la denuncia de presunto enriquecimiento inexplicable que le hiciera en campaña a Jesús Aguilar?
--Yo en los debates presenté una denuncia, nunca de enriquecimiento inexplicable--, respondió Malova.
En los hechos no se vislumbraban visos de ruptura.
Por el contrario, funcionarios de Aguilar y operadores de Malova aparecían públicamente, como si fueran un mismo equipo.
Esto contrastaba con lo que ocurría en Oaxaca, con Gabino Cué, quien al igual que Malova, en Sinaloa, y Rafael Moreno Valle, en Puebla, habían "derrotado" tres bastiones priistas.
"Fueron instrucciones generales mías"
La estrecha colaboración del Gobierno priista saliente con el de "oposición", entrante, allanó el camino para que Malova influyera en la toma de decisiones, que legalmente aún correspondían a funcionarios aguilaristas.
Fue así como el nuevo Gobernador sugirió la compra de las 90 camionetas.
Le "preocupaba" la inseguridad, argumentó. Razón comprensible en uno de los estados con mayor criminalidad vinculada al narcotráfico.
Por ello Malova pidió que se buscaran recursos federales para adquirir unidades y equipo táctico para las corporaciones policiacas, con el fin de darles el "banderazo de salida" el 1 de enero, su primer día del sexenio.
Para concretar la compra se utilizarían recursos federales del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública, que según el Mandatario, podían perderse si no se les daba un uso.
"Les digo 'me resultaría criminal que habiendo un fondo que depende de la Federación, no lo gastáramos. Hablen con los que están en la Federación, fueron instrucciones generales mías'", instruyó Malova a ex funcionarios, como él mismo admitió el pasado 18 de febrero.
Prioritarias y urgentes
Fue así como esta historia comenzó a tejerse, oficialmente, el 6 de diciembre de 2010. Cuatro son los personajes clave, que se encargaron de procesar esa "instrucción general".
Por la administración saliente, Quirino Ordaz Coppel, entonces Secretario de Administración y Finanzas, y su Director de Bienes y Suministros, Ismael Carreón Ruelas.
Por el otro, Gerardo Vargas Landeros y Armando Villarreal Ibarra, hoy Secretarios General de Gobierno y de Administración y Finanzas, respectivamente, designados directamente por Malova para encabezar la Comisión de Entrega de Enlace Recepción de la Administración Pública Estatal.
Según consta en la Minuta de Trabajo del 6 de diciembre de 2010, a las 11:00 horas, los cuatro se reunieron en la Sala de Juntas de la SAF.
"(Ello) con el propósito de atender los requerimientos del proyecto planteado para la Procuraduría General de Justicia del Estado, la PGJE", se lee en el escrito, firmado por los cuatro.
En la minuta se señala la "prioridad" que tiene para el Gobierno de Malova "el orden público y su compromiso de campaña de establecer desde el inicio de su Gobierno un cambio en las estrategias y técnicas de operaciones de las corporaciones de seguridad pública".
El proyecto de equipamiento tenía la finalidad de "fortalecer la movilidad de la Policía Ministerial por la vía terrestre, disminuyendo tiempos de respuesta y garantizando la seguridad de los elementos de la corporación, siendo necesario un parque vehicular que esté en condiciones de enfrentar la fuerte incidencia del fenómeno delictivo, en particular los delitos de alto impacto".
En la minuta se enfatiza el carácter "urgente" de la adquisición de las 90 unidades.
"Estas adquisiciones son prioritarias, ya que con ellas se reduce el déficit existente y se logra sustituir el parque vehicular que tiene 6 años y más en uso y que su mantenimiento es muy costoso, por ello, es urgente que a más tardar el 31 de diciembre del presente año, se concluya el proceso de adquisición", se lee.
Para darle "suficiencia presupuestal" al proyecto se revisó el dinero existente en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, y evitar así recursos "ociosos", que quedaran sin ejercerse.
"El resultado de dicha revisión", se indica, "fue que los proyectos sin ejercicio al 30 de noviembre se reprogramaron y pospusieron para su ejecución para el presupuesto 2011. Con ello se logró detectar 43.5 millones de pesos que se reorientaron para atender el planteamiento de la PGJE".
Para liquidar las camionetas y demás equipo policiaco solicitado por Malova, se acordó crear un pasivo para cubrirse con el presupuesto de 2011, cuyo ejercicio ya correspondía ejercer al actual Gobierno.
Y el ganador es...
El 28 de diciembre de 2010, a tres días de culminar el sexenio de Aguilar, se reunieron los seis funcionarios integrantes del Comité Intersecretarial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, para cumplir con la "prioridad" de Malova.
Al seno de éste se informó que se había realizado un "estudio de mercado", según el acta de sesión número 06/2010. No se detalló en ésta los nombres de las empresas, a las que presuntamente se pidió cotización.
Y sólo se plasmó que Culiacán Motors, S.A. de C.V., fue la que dio mejores condiciones "en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad", para la adquisición de las 90 Pick Up equipadas. El monto: 50 millones 899 mil 207 pesos.
Con el acceso al expediente, se supo que hubo cuatro "concursantes" en el proceso. Y una de éstas fue Distribuidora Automotriz de Los Mochis, S.A. de C.V., agencia Guasave, que presuntamente cotizó las camionetas a 51 millones 4 mil 910 pesos.
La diferencia entre una automotriz y otra era de sólo 105 mil 703 pesos.
Sólo que ninguno de los implicados en la trama contaba con que la "perdedora" del contrato millonario haría una revelación: la cotización adjudicada a Distribuidora Automotriz de Los Mochis, S.A. de C.V. .... nunca existió.
COTIZACIÓN 'FANTASMA'
El 2 de marzo de 2011, Diego Munguía Camou, Director General de la Distribuidora Automotriz de Los Mochis, S.A. de C.V., externó al Gobierno del Estado su malestar: su empresa no fue consultada ni emitió cotización alguna.
En el documento Munguía utiliza términos como "supuesta cotización" y niega "rotundamente" haber recibido un oficio en ese sentido, "y mucho menos haber elaborado cotización alguna".