Los jueces de juicio oral y el MP

Ochoa, Boudib, Zúñiga/Federico Reyes Heroles
Reforma, 22-Mar-2011;
Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Nezahualcóyotl Zúñiga son los nombres. Se trata de los tres jueces que en abril del 2010 emitieron la resolución que dejó en libertad a Sergio Barraza. Barraza era, en ese momento, el presunto culpable del asesinato de Rubí Marisol Frayre, una joven mexicana que murió de manera espantosa asesinada, todo indica, por Barraza. La madre de la víctima, Marisol Escobedo, intentó activar el aparato de justicia del estado y lo que obtuvo fue la inacción, la omisión, del Ministerio Público. Más de 98% de impunidad tiene una explicación muy evidente: el MP.
Marisol Escobedo, como lo hizo Eduardo Gallo, Alejandro Martí, la señora Wallace y otros mexicanos atrapados por la desesperación, tomó la causa de su hija en sus manos con un reclamo: justicia. Marisol murió acribillada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Es la fecha en que no se tienen responsables de su asesinato. Grosera impunidad. En el caso de Rubí la resolución de los tres jueces de primera instancia resultó contraria a las expectativas de una opinión pública enardecida por el asesinato de la joven. Una expresión de Barraza pudo dar pie a una confesión. Pero el MP dejó pasar la oportunidad. Increíble. Tal cual lo dicho no tuvo validez jurídica. La furia popular creció. Pero, ¿quién falló, los jueces o el MP? Los jueces hoy perseguidos alegan en su defensa un principio central: no había elementos suficientes para condenar a Barraza.

Si los medios de prueba no son concluyentes -queja muy común entre los juzgadores- los jueces están obligados a resolver de forma absolutoria. El principio jurídico es muy claro: ante la duda se procede a absolver. Más vale un presunto culpable libre que un inocente en la cárcel. La mezcla mexicana es el peor de los mundos: muchos criminales sueltos y muchos inocentes presos. Nadie quisiera estar en el segundo supuesto. Pero quizá lo más grave es que los detractores del sistema penal acusatorio -de los juicios orales- han tomado el caso como demostración fehaciente de su fragilidad cuando es justo al revés. En el sistema tradicional la opinión pública no hubiera tenido ninguna participación. El expediente habría enterrado el caso.
Regresemos a la historia de horror. Se trata de tres miembros del Poder Judicial a los cuales se les suspenden sus derechos para "investigarlos". Uno de los principios básicos de cualquier Poder Judicial es respetar la inamovilidad de los juzgadores. Para que un decidor de justicia pueda ejercer su oficio necesita estar cierto de que no podrá ser sujeto de ningún tipo de presión. Suspendidos, sin goce de sueldo, los jueces hoy son sometidos a dos acciones. La primera una extraña investigación producto de la inconformidad del fiscal estatal que considera -basado en testimonios de "especialistas"- que los elementos presentados por el MP no fueron evaluados de forma adecuada. Ahora resulta que los "especialistas" están por arriba de los juzgadores.
Pero hay más, el Legislativo estatal ha enderezado un juicio político contra los jueces, algo inédito e improcedente. Ya sin fuero, la Comisión Jurisdiccional del Congreso estatal les quiere imponer una sanción penal. ¡Los patos tirándoles a las escopetas! El asunto es caricaturesco y dramático. Eso sí, alimenta la popularidad de los actores que inculpan a los impopulares jueces. Supongamos sin conceder que los juzgadores se equivocaron, ocurre, para eso está el juicio de casación que enmendó el supuesto error. Barraza fue condenado. Imaginemos que todos los juzgadores equivocados corrieran la misma suerte. ¿Se les cesaría, se intentarían juicios políticos o acciones penales en su contra? ¿Qué sucede cuando los legisladores aprueban una legislación que es declarada como inconstitucional por la Suprema Corte? Se equivocaron. ¿Acaso merecen juicio político o acción penal en su contra?
La persecución de jueces es de las amenazas más graves al Estado de derecho. El día que los juzgadores estén dispuestos a violentar la norma para satisfacer las emociones de las calles, Sacco y Vanzetti, todos seremos víctimas potenciales de la atroz injusticia. Pretender intimidar juzgadores, lacerar sus derechos por una decisión adversa a las expectativas populares, lo que muestra es la debilidad en nuestra cultura jurídica. Ver "enjaulado" a Barraza por cualquier medio no es justicia, es barbarie pura. Si las pruebas no fueron concluyentes, por evidentes que parezcan los actos incriminatorios, en acato del debido proceso es improcedente condenar. Ésa es la garantía básica de todo ciudadano y no es negociable. Las deformidades de nuestra cultura de legalidad se desnudan en el menosprecio al debido proceso, sean Barraza, Toño (de Presunto culpable) o Cassez los involucrados.
Perseguir jueces para ganar popularidad es una infamia en que nos va la vida a todos. No exigir el debido proceso es aceptar la amenaza como forma de vida. Sólo el debido proceso conduce a la justicia verdadera.