Urge una transformación real del sistema penitenciario nacional: diputados.
Los medios han dado cuenta de fugas y motines en algunos de los centros penitenciarios del país, es el caso reciente de la fuga de internos en el Estado de Sinaloa, y motines en el Estado de Tamaulipas. En ese sentido diputados del PRI, PAN y PRD coincidieron en que el que sistema penitenciario nacional está al borde del colapso, debido al hacinamiento, la lucha entre las bandas por el control de los penal y la corrupción.
El vicecoordinador jurídico del PRI, Arturo Zamora Jiménez, consideró necesario una transformación completa del sistema criminológico, la seguridad y justicia penal y no sólo de los centros penitenciarios, porque el principal problema que enfrentan es la “corrupción, autogobierno y abandono de las autoridades federales”.
El diputado lamentó del problema que arrastran en el sistema penitenciario que no se ha dado respuesta al objetivo de los centros, en donde muchos delitos que se cometen se dirigen por los mismos presos. “Tenemos un gravísimo problema que no ha sido atendido por criterios adecuados en la política criminal”.
Por su parte, el vicecoordinador jurídico del PAN, Óscar Martín Arce Paniagua, se pronunció por hacer una revisión del modelo penitenciario, ya que este tipo de sucesos se presentan en diversos centros en los estados del país, por lo que debe haber responsabilidad de las autoridades encargadas de la seguridad en los penales.
Agregó que dado los problemas de corrupción, hacinamiento, de infraestructura y falta de control, es necesario que este año se revise de manera frontal el tema, para redefinir el modelo penitenciario y destinar mayores recursos entre autoridades federales y locales, para que retomen el objetivo de integrar a la sociedad a los presos.
“En todos los estados tenemos bastante desorden y no se pone orden. Tenemos que revisar este año la asignación a los nuevos penales, es un tema pendiente, pero la responsabilidad es también de los gobernadores y deben enfrentar el problema con decisión”, comentó
A su vez, el coordinador del PRD, Armando Ríos Piter, expresó su preocupación por la situación del sistema penitenciario, y dijo que es necesario que se tomen medidas para atender el problemas de corrupción, por lo que el Poder Legislativo debe hacer una revisión a fondo del sistema penitenciario por las actividades ilícitas que se realizan desde los centros de reclusión. “En los centros penitenciarios no solamente se estén llevando a cabo actividades ilícitas que tienen incidencia en la ciudadanía como las extorsiones o los secuestros, que ocurren desde adentro de los centros penitenciarios, por ello es indispensable hacer, por parte del Legislativo, una revisión a fondo para que se pueda garantizar la gobernabilidad de éstos”, señaló.
Los legisladores tienen pendiente de aprobar una ley en la materia, sobretodo para crear la figura del Juez de Ejecución de Sanciones Penales. Hay un dictamen ya en San Lázaro que de hecho estuvo a punto de ser aprobado en el pleno, se trata del proyecto de decreto que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones y adiciona el artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Recordemos que es un pendiente en el sistema de justicia penal. En el quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008, se señala que: "El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero, del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de 3 años contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto", el plazo venció el 19 de junio de 2011.
Hace meses- -29 de abril de 2011- estuvo a punto de ser aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados pero el tema quedo sólo como declaratoria de publicidad, se dispensaron los trámites y se consideró "de urgente resolución", empero, la discusión quedó pendiente.
La creación de la figura del juez de ejecución es clave, y pretende acabar con la discrecionalidad de la autoridad administrativa en el otorgamiento de los beneficios preliberacionales.
El Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura Federal aprobaron el acuerdo -22/2011- para crear 3 juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, que a la fecha han emitido 582 resoluciones.
Actualmente existen jueces especializados en: Aguascalientes, Baja California, Baja california Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua: Distrito Federal*, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Sólo tres estados le dan el nombre de Ley de Reinserción Social como lo marca el 18 Constitucional.
La “Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social para el Distrito Federal”, publicada el 17 de junio de 2011 fue cuestionada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que interpuso un recurso de Acción de inconstitucionalidad ante la SCJN por considerar que la nueva ley es contraria a la Constitución y los tratados internacionales ratificados por México. El quid es como lo ha manifestado el Dr. Fernando Francisco Coronado Franco, es que se cuestiona la utilización de estudios de personalidad para definir el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada.
Este asunto (AI 18/2011, proyecto 09-2011) lo tiene la Ministra Olga Sánchez Cordero. Está pendiente de resolver,
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