Cayó fiscal por no ceder a presión.- PRI
La dirigencia nacional del PRI acusó que el relevo en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) está vinculado a la elección de Michoacán, ya que, asegura, el Fiscal removido no cedió ante presiones para tratar de descalificar el proceso. "Ante la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la validez de la elección para Gobernador de Michoacán, hoy queda claro que la remoción del Fiscal se debe a que no aceptó presiones sobre este caso", acusó el tricolor en comunicado emitido esta madrugada.
En el documento, el partido incluye una cronología en la que recuerda que el 6 de diciembre, en un acto del PAN, el Presidente aseguró que el crimen organizado intervino en la elección en Michoacán.
En contraste, explicó, el hasta ayer titular de la Fepade, José Luis Vargas Valdez, aseguró en EU que las últimas siete elecciones estatales se han habían conducido con normalidad democrática, incluida la Michoacán.
El Comité Ejecutivo Nacional PRI exigió al Presidente Felipe Calderón una explicación por el relevo, que calificó de autoritario, y criticó que la nueva titular de la Fiscalía, Imelda Calvillo Tello, carezca de experiencia en el ámbito electoral.
"Ante la gravedad de los hechos y con el ánimo de fortalecer las condiciones de certeza y equidad que demanda todo proceso electoral democrático, hacemos un respetuoso llamado para que el Presidente de la República le explique a la nación las razones tras los nombramientos en la Fepade", demandó.
"Consideramos que la remoción del Fiscal y el posterior nombramiento de su sucesora son decisiones arbitrarias y, francamente, autoritarias".
El PRI recordó que apenas ayer denunció su preocupación ante la pretensión de concretar un relevo en la Fepade, justo en pleno proceso electoral.
La carta enviada ayer:
Maestra Marisela Morales Ibáñez,
Procuradora general de la República. Muy distinguida procuradora:
Como es de su conocimiento, el próximo 1 de julio se celebrarán elecciones federales para renovar las dos Cámaras del Congreso de la Unión y elegir al próximo Presidente de la República. Igualmente, habrá elecciones concurrentes en 15 entidades de la federación.
En este contexto, cobra vital importancia contar con instituciones fuertes y confiables en el ámbito electoral, incluyendo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), adscrita a la Procuraduría General de la República.
Cabe referir que en diversos medios de comunicación se ha mencionado la posible sustitución del Fiscal Especializado titular de la FEPADE, no obstante que el actual proceso electoral federal inició desde el pasado 7 de octubre de 2011, información que no ha sido desmentida.
Como entidad de interés público, nos parece que sería grave la designación de un nuevo fiscal que no cumpla con los criterios de imparcialidad y legalidad que corresponden a la FEPADE e igualmente, nos interesa conocer las causas por las cuales se removería al actual fiscal.
En fechas recientes, se han despertado suspicacias en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo Federal, en un esfuerzo por criminalizar el proceso electoral y favorecer al Partido Acción Nacional.
Es inadmisible que la FEPADE se convierta en un instrumento de esta política y vehículo para la persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno.
Hay que recordar que la creación de la FEPADE se generó a raíz del impulso y solicitud que el Instituto Federal Electoral acordó a través de su Consejo General, razón por la cual, genera desconfianza que en pleno desarrollo del proceso electoral, existan versiones de una eventual sustitución del mencionado servidor público, por un nuevo titular que pudiera ser susceptible a recibir consignas político-partidarias.
El PRI reitera su irrestricto apego a la ley y a las instituciones del país.
El PRI no defenderá a nadie que actúe fuera de la ley, incluyendo a sus propios militantes.
Sin embargo, nos oponemos a que se pretenda aplicar la ley, violando la ley.
Nos oponemos también a que se pretenda manipular la aplicación de la ley como un distractor de los problemas y la difícil realidad que viven millones de mexicanos: desempleo, pobreza e inseguridad.
México no olvida que durante los gobiernos de Acción Nacional el número de desempleados se ha incrementado 166 por ciento, es decir, hoy hay 1.5 millones de desempleados más que a finales del año 2000, de acuerdo con datos del INEGI.
El país tampoco olvida que entre 2000 y 2010, 5 millones de mexicanos cayeron en condiciones de pobreza, de acuerdo con información pública de CONEVAL.
Las familias de México no olvidan que la violencia se ha disparado, cobrando al menos 47 mil 515 vidas a septiembre de 2011, según cifras de la propia Procuraduría General de la República.
Lamentamos que los recursos institucionales del Estado mexicano se distraigan con fines político-partidarios, en lugar de atender y resolver estas problemáticas.
En este contexto, apelamos a su reconocido profesionalismo para que la institución a su cargo se apegue a los principios de imparcialidad, legalidad, certeza y objetividad, que deben imperar en el proceso electoral.
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida colaboración.
Atentamente, “democracia y justicia social, senador
Como es de su conocimiento, el próximo 1 de julio se celebrarán elecciones federales para renovar las dos Cámaras del Congreso de la Unión y elegir al próximo Presidente de la República. Igualmente, habrá elecciones concurrentes en 15 entidades de la federación.
En este contexto, cobra vital importancia contar con instituciones fuertes y confiables en el ámbito electoral, incluyendo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), adscrita a la Procuraduría General de la República.
Cabe referir que en diversos medios de comunicación se ha mencionado la posible sustitución del Fiscal Especializado titular de la FEPADE, no obstante que el actual proceso electoral federal inició desde el pasado 7 de octubre de 2011, información que no ha sido desmentida.
Como entidad de interés público, nos parece que sería grave la designación de un nuevo fiscal que no cumpla con los criterios de imparcialidad y legalidad que corresponden a la FEPADE e igualmente, nos interesa conocer las causas por las cuales se removería al actual fiscal.
En fechas recientes, se han despertado suspicacias en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo Federal, en un esfuerzo por criminalizar el proceso electoral y favorecer al Partido Acción Nacional.
Es inadmisible que la FEPADE se convierta en un instrumento de esta política y vehículo para la persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno.
Hay que recordar que la creación de la FEPADE se generó a raíz del impulso y solicitud que el Instituto Federal Electoral acordó a través de su Consejo General, razón por la cual, genera desconfianza que en pleno desarrollo del proceso electoral, existan versiones de una eventual sustitución del mencionado servidor público, por un nuevo titular que pudiera ser susceptible a recibir consignas político-partidarias.
El PRI reitera su irrestricto apego a la ley y a las instituciones del país.
El PRI no defenderá a nadie que actúe fuera de la ley, incluyendo a sus propios militantes.
Sin embargo, nos oponemos a que se pretenda aplicar la ley, violando la ley.
Nos oponemos también a que se pretenda manipular la aplicación de la ley como un distractor de los problemas y la difícil realidad que viven millones de mexicanos: desempleo, pobreza e inseguridad.
México no olvida que durante los gobiernos de Acción Nacional el número de desempleados se ha incrementado 166 por ciento, es decir, hoy hay 1.5 millones de desempleados más que a finales del año 2000, de acuerdo con datos del INEGI.
El país tampoco olvida que entre 2000 y 2010, 5 millones de mexicanos cayeron en condiciones de pobreza, de acuerdo con información pública de CONEVAL.
Las familias de México no olvidan que la violencia se ha disparado, cobrando al menos 47 mil 515 vidas a septiembre de 2011, según cifras de la propia Procuraduría General de la República.
Lamentamos que los recursos institucionales del Estado mexicano se distraigan con fines político-partidarios, en lugar de atender y resolver estas problemáticas.
En este contexto, apelamos a su reconocido profesionalismo para que la institución a su cargo se apegue a los principios de imparcialidad, legalidad, certeza y objetividad, que deben imperar en el proceso electoral.
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida colaboración.
Atentamente, “democracia y justicia social, senador
Pedro Joaquín Coldwell, presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
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