La nueva Fiscalía General de la República: adiós a la PGR/Fred Alvarez
“La PGR
es una institución maldita...“Jorge Carpizo, ex procurador.
En el
marco de la comida que se le ofreció en su honor en Nueva York del grupo
denominado The Economic Club of New York,
el presidente Enrique Peña Nieto habló
del trabajo realizado en dos años de su gobierno. Precisó que los cambios se
deben sin duda al Pacto por México en el que participaron las tres principales
fuerzas políticas del país (PRI, PAN y PRD). Y subrayó a las personas del
exclusivo grupo que dentro de las reformas hechas para fortalecer el régimen
institucional fue el crear una reforma político-electoral, que lleva dos
importantes componentes, uno de ellos el dar la posibilidad de establecer en un
futuro gobiernos de coalición, y lo segundo el crear una Fiscalía General de la
República (FGR): “hoy tenemos, a partir de ser aprobada la legislación
secundaria en la materia, que será esto seguramente en este periodo legislativo
que está en curso, pero ya en el marco constitucional se prevé una Fiscalía
General de la Nación (Sic) autónoma, sin depender del Poder Ejecutivo.“
Un día
después y de manera sigilosa, la secretaría de Gobernación –Felipe Solís Acero–
presentaba ante el pleno de la Cámara de Diputados –y sin estar agendada– el
proyecto de ley que crea la nueva institución.
La norma
es la ley reglamentaria de los artículos
21 y 102 de la Constitución aprobados el año pasado y publicados en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) del 10 de febrero de 2014 mediante los
cuales se le da autonomía a la Fiscalía que sustituirá a la PGR, con el fin de
evitar que la justicia “se politice”.
“Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presentes.
Por
instrucciones del ciudadano presidente de la República, en ejercicio de la
facultad que le confiere el artículo 61, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en
el artículo 27, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por la que se expide la
Ley de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan
diversos ordenamientos legales, documento que el titular del Ejecutivo federal
propone por el digno conducto de este órgano legislativo.
Asimismo,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño a la presente copia de los oficios
números 315-A-02831 y 353-A-0842 de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, mediante los cuales envía el dictamen de impacto presupuestario.“
De
inmediato el diputado presidente la turnó a la Comisión de Justicia que preside
el diputado Fidel Pacheco (PRI) para su dictamen correspondiente.
¿De que se trata esta reforma?
La
iniciativa además de “desarrollar los contenidos de los
artículos 21 y 102, apartado A de la Constitución“ reforma también la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de establecer las
atribuciones que la Consejería Jurídica deberá asumir para ejercer la representación
de la Federación.
Modificará
también la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la
Constitución y la Ley de Amparo, Reglamentaría de los artículos 103 y 107
constitucional. De igual forma, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, para sustituir la denominación del Procurador General de la
República por la del Fiscal General de la República y fijar que son
delitos del orden federal, de la competencia de los jueces federales penales,
aquéllos que se comentan en contra de los miembros del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
La nueva institución,
a diferencia de la PGR será autónoma del Ejecutivo, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, además de que busca hacerla más moderna,
independiente y técnica para llevar a buen puerto la implementación del nuevo
sistema de justicia penal de junio de
2008, en un contexto de respeto, protección, garantía y promoción de los
derechos humanos de todas las personas, particularmente del imputado y de las
víctimas del delito.
Se
propone vigorizar y fortalecer tres aspectos fundamentales en el sistema de
procuración de justicia federal. El primero, relativo a la función del Ministerio
Público (MP), que es la de investigar y perseguir los delitos a través del
ejercicio de la acción penal en representación de la sociedad, la cual se
fortalece al dotar de autonomía constitucional a la FGR.
El
MP –señala el texto– “debe ser un órgano técnico de investigación y persecución
de delitos, cuya actuación se sujete en estricto apego a la ley”. Deberá ser auténtico representante de la sociedad (que no del
gobierno) y garante de la constitucionalidad de las normas generales en materia
penal, procesal penal y las que sean de su competencia, de conformidad con el
orden jurídico.
El
proceso de cambios ha sido lento.
La
reforma más importante fue sin duda la de junio de 2008, luego en 2001 llegaron
las reformas en materia de derechos humanos y se aprobó la nueva ley de amparo.
Desde le 5 de marzo del 2014 tenemos un
nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales mismo que deberá empezar
a funcionar en todo el país a mas tardar el 18 de junio de 2016. La buena
noticia es que ayer se publicó en el DOF la declaratoria de la entrada en vigor
del Código, a partir del 24 de noviembre de 2014, en los estados de Durango y Puebla. Los demás estados lo
harán paulatinamente una vez que el Poder Judicial de la Federación, la
Secretaria de Gobernación y la PGR, mediante acuerdos conjuntos soliciten al Congreso
se proceda a emitir las declaratorias correspondiente, tal y como lo establece el
primer párrafo del Articulo Segundo Transitorio del Decreto por el que se
expide el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por
cierto, en el texto enviado a los legisladores hay una frase contundente que
recoge el gobierno dice: “El Órgano Reformador de la Constitución señaló en los
dictámenes que dieron origen al referido decreto lo siguiente “el sistema de
justicia penal ha dejado de ser eficaz por lo que urge reformarlo, de manera
integral...“
Peña
Nieto nos recuerda que la PGR, “órgano que tradicionalmente había estado
adscrito a la esfera del Poder Ejecutivo”, será
ahora un órgano constitucional autónomo denominado Fiscalía General de la
República. Esta idea, se añade, “partió de la noción consistente en que
causa desconfianza en la ciudadanía el hecho de que el Ministerio Público y su titular dependan orgánicamente del
presidente de la República, pues se tiene la percepción de que la procuración
de justicia es usada para reprimir a los adversarios políticos y a los
disidentes”.
Por ello,
se indica, la reforma tuvo como finalidad garantizar autonomía del Fiscal
frente al Ejecutivo, y de esta manera “legitimar su actuación en las funciones
de investigación y persecución de los delitos, las cuales deben ejercerse con
base en criterios estrictamente técnicos y no políticos.
“El Ministerio Publico de la Federación debe
compartir la naturaleza de los órganos constitucionales autónomos para llevar a
cabo una función esencial del Estado, procurar justicia, libre de injerencias
de otros poderes u órganos y, más aún, de influencias políticas”, se indica en
la presentación de motivos.
Debemos
decir, que la idea de crear la fiscalía fue de la oposición, concretamente del
PAN y el PRD, y de alguna manera como lo reconoció el presidente Peña en Nueva
York es parte del Pacto por México.
Así la nueva
institución tendrá por fin independencia orgánica, funcional y presupuestaria,
además de que “se prevén garantías para que en el nombramiento de su titular se
efectúe de manera libre de corrientes políticas”.
De
acuerdo con la propuesta de la nueva ley, la FGR tendrá a su vez dos fiscalías
especializadas, una en materia de delitos electorales y la otra en combate a la
corrupción.
Se
establece que el fiscal general durará en su cargo nueve años y su designación
surgirá de manera conjunta entre el Ejecutivo federal y el Senado de la
República, en tanto que la remoción sólo
procederá por causas graves.
Se perfila para el cargo, Jesús Murillo Karam, actual procurador, de hecho ya existe desde hace
meses un acuerdo para que así sea., a menos que en los próximos meses hay
cambios.
Y esto de
alguna manera está en la Ley. Recordemos que el pasado 10 de febrero de 2014 se
publicó en el DOF las reformas, adiciones a
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia política-electoral.
Baste
leer lo que dicen los transitorios.
El décimo sexto señala que “por lo que se refiere
al Fiscal General de la República; 116, fracción IX y 119, párrafo primero
de esta Constitución, entrarán en vigor
en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso
de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones
a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio
Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía
constitucional de la Fiscalía General de la República.“
¡ Es
claro!
Como
también es evidente que “El Procurador
General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse
la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por
virtud de este Decreto Fiscal General de la República..“
Así quedó
en el Pacto por México.
Alguien
me dice que podría ser otra persona en el cargo de fiscal. Lo dudo, el fiscal
el actual procurador y sólo podrá ser removido por el presidente de la
república por "causas graves" (véase artículo 11 de la iniciativa).
El
diputado hidalguense fue ratificado en el cargo de Procurador por el senador de
la república el martes 4 de diciembre de 2012 y obtuvo 114 votos a favor y una
abstención.
Una alta
votación.
En cuanto
a la estructura de la requisitos FGR se afirma que ésta deberá contar por lo
menos con dos órganos especializados, uno en materia de delitos electorales y
otro en combate a la corrupción. También está previsto en el transitorio décimo octavo del
decreto del DOF del 10 de febrero de 2014 la forma en que deberán ser
nombrados, y el tiempo que durarán en el cargo. Dice que “Los titulares de las
fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su encargo
hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, sin perjuicio de que puedan
ser removidos libremente por el Procurador (...) o, en su caso, del Fiscal
General de la República. La remoción podrá ser objetada por el voto de la
mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo
de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía de que se trate,
será restituido en el ejercicio de sus funciones.“
En
general hay acuerdos políticos para que este proyecto salga en este periodo
ordinario de sesiones.
Las
comisión de Justicia que preside el duranguense Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI) ya tiene el balón en su
cancha.
¿Y qué pasará con Inacipe?
No queda
claro todavía que va a pasar con instituciones como el Inacipe: Uno de los
transitorios, el decimo cuarto dice: “A partir de la entrada en vigor de este
decreto quedará desincorporado de la Administración Pública Federal (lo cual es
lógico con la autonomía de la fiscalía) el organismos descentralizado
denominado Instituto Nacional de Ciencia Penales, y todos sus recursos humanos,
materiales y financieros pasarán al patrimonio de la Fiscalía General de la
República“.
Hace
meses Murillo Karam habló de transfórmalo mediante decreto en universidad, dijo
“queremos que sea el verdadero centro del estudio penal del país, que se ligará
con el instituto de formación profesional, que también estamos instrumentando,
para que pueda ir creando funcionarios con la ética suficiente, con el
conocimiento pleno de lo que significa la tarea de una procuraduría de
justicia.
en una universidad.“
No está
muy claro todavía como quedará la institución, que dirige hoy el Dr. Rafael
Estrada Michel.
Inacipe
nació en 1976 como idea del Dr. Sergio García Ramírez como una institución
dependiente de la Secretaría de Gobernación (de la que el jurista era subsecretario), tiempo después o fue transferido a la PGR. Empero en 1993 a
Jorge Carpizo se le ocurrió
desaparecerla de la estructura de la PGR.
En el
gobierno de EZPL y siendo procurador José
Antonio Lozano Gracia y subprocurador el Dr. Moisés Moreno deciden reabrir
la institución académica.
¡La mejor del país por mucho tiempo!
Hoy tiene alumnos de maestría y
doctorados además de diplomados en el nuevos sistema de justicia penal: hay 15
mil alumnos para 2014.
Además
desde 2012 Inacipe es un Centro Público de Investigación.
En los márgenes: Un asunto que empieza a causar dolores de cabeza al
gobierno actual es el caso Tlatlaya, Estado de México, en el que habrían sido
ejecutados presumiblemente 22 presuntos delincuentes. EL PAN y el PRD
propondrán crear una comisión especial para el caso.
El presidente
Peña Nieto dijo este lunes en Nueva York que la PGR será la encargada de responder los
interrogantes que dejó una presunta ejecución extrajudicial: "la PGR está
ahondando en la investigación y será la instancia que dé respuesta a este
tema", dijo a la agencia The Associated Press a las afueras de la sede de
las Naciones Unidas, luego de asistir a una conferencia económica del Grupo del
Pacífico junto con la presidenta chilena, Michelle Bachelet, el presidente
peruano, Ollanta Humala, y el colombiano, Juan Manuel Santos.
En tanto,
Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, prevé que entre cuatro a seis semanas
se tenga una conclusión de la investigación que se lleva a cabo del caso. Dijo
que la investigación se realiza desde junio pasado y tiene cerca de 700 páginas
en el expediente, varios testimonios, inspecciones oculares y se revisan los
exámenes de necropsias.
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