Revista
Proceso # 2062, 7 de mayo de 2016...
Los
ataques al GIEI, desde niveles muy, muy altos/RAFAEL CRODA
Entrevistada
en su despacho de Bogotá, la exfiscal Ángela Buitrago reitera a Proceso que
hubo línea de “muy arriba” para obstaculizar la investigación del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes. Los últimos cuatro meses hubo
una cerrazón de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de
Gobernación y de los militares. Sin embargo, dice, ella y sus compañeros
indagaron en varias líneas que aún están pendientes de resolver, entre las que
destacan el misterioso “Patrón” de Huitzuco y otros personajes de ese municipio
guerrerense.
Hace
dos semanas ella y los otros cuatro integrantes del GIEI divulgaron en la
Ciudad de México su segundo y último informe sobre los 43 normalistas
desaparecidos en Iguala, Guerrero, y aún no se ha desprendido del todo de esa
investigación. “Quizá nunca logre hacerlo”, comenta.
Todavía
le dan vueltas en la cabeza las diligencias y las líneas de investigación
inconclusas, los obstáculos que le pusieron al GIEI la Procuraduría General de
la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación –las instituciones
coadyuvantes– a partir de enero.
“Fue
una experiencia muy dramática desde el punto de vista humano porque hay 43
familias que no tienen respuesta sobre lo que pasó con sus hijos. Eso es muy
duro. Son víctimas que no han tenido ni verdad ni justicia. El Estado las oye,
pero no las escucha”, dice a Proceso la exfiscal en su despacho de abogada
penalista en el centro de la capital colombiana.
Para
Buitrago no hay duda de que los obstáculos a la investigación del GIEI fueron
por instrucciones del gobierno mexicano “que venían de niveles muy altos”.
Funcionarios
de la PGR y de la Secretaría de Gobernación con quienes se quejaba del
entorpecimiento a las labores del grupo le decían: “Es que no me dejan”… “no
puedo hablar”.
Sus
compañeros del GIEI comenzaron a notar “una cerrazón” por parte de la PGR a sus
solicitudes de diligencias desde enero pasado, asegura. Les daban largas,
excusas administrativas –“no hay presupuesto”, les decían– o los citaban con
una hora de antelación a interrogatorios que llevaban semanas pidiendo y a los
que les resultaba imposible llegar.
“Había
personas que querían hacer las cosas, pero había otras que no dejaban. Eran
órdenes de muy arriba. No sé de quién. Órdenes muy, muy, muy fuertes”, reitera
Buitrago.
Le
resulta difícil determinar si en las altas esferas del gobierno de Enrique Peña
Nieto había un interés por encubrir a eventuales implicados en la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en
Iguala, Guerrero, o por mantener “a como dé lugar” la tesis de la incineración
de los cuerpos en el basurero de Cocula.
El
“Patrón” de Huitzuco
Pero
lo que sí tiene claro es que desde enero, cuando el GIEI intentó profundizar en
tres nuevas líneas de investigación (Pueblo Viejo, Mezcala y Huitzuco),
“notamos que hay la intención de que no avancemos y de que no se pregunte lo
que se tiene que preguntar a muchos testigos”.
–De
esas tres líneas de investigación, ¿cuál fue la que más previno a la PGR? –se
le pregunta a la exfiscal.
–Donde
más cerrazón hubo fue en Huitzuco. Hay una declaración que nos dice que
llegaron patrullas de la policía de ese municipio al Puente del Palacio de
Justicia de Iguala para “llevarse a los muchachos” (14 normalistas) que iban en
el autobús Estrella de Oro 1531. Y un policía municipal le dijo a un policía
federal: “Se los van a llevar a Huitzuco, allá que el ‘Patrón’ decida qué va a
hacer con ellos”. Hasta ahí pudimos llegar.
–Entonces
los obstáculos de la PGR comenzaron cuando ustedes apuntaron hacia el “Patrón”
de Huitzuco.
–Puede
ser que la Procuraduría se haya cerrado por eso. Si tú dices que a los
muchachos del autobús del Palacio de Justicia se los llevaron a Huitzuco, son
14 muchachos que no fueron al basurero de Cocula, sino que están en otro lado y
que hay algo con el “Patrón”.
–¿Ustedes
lograron establecer quién era el “Patrón” de Huitzuco?
–Creo
que ya sabemos quién es. Pero mientras no lo demuestre con pruebas, no lo puedo
decir.
–¿Por
eso les obstaculizaron la investigación en la PGR, para que no llegaran a
identificar con evidencias al “Patrón”?
–Ese
es el tema. O lo pararon porque ya íbamos demostrando que definitivamente no
había sido el basurero donde desaparecieron a los muchachos –como lo dijimos
desde el principio–, o porque la línea es muy sensible frente al tema del
“Patrón” de Huitzuco.
–Hasta
donde pudo establecer, ¿este “Patrón” es un capo de los grupos delictivos de
Huitzuco, un jefe policiaco o algún cacique local?
–En
el momento que empezamos a abrir esa línea empezó a cerrarse todo. Apunta hacia
alguien en particular, sí. Pero como no pudimos confirmarlo, ahí se cerró la
posibilidad… por ahora. Hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo con las
medidas de seguimiento.
–¿La
confirmación apuntaba hacia un sector político local?
–Puede
ser un poder local que tiene una vinculación alta a nivel federal.
En
su segundo informe, divulgado el pasado 24 de abril, hay un apartado sobre
Huitzuco en cuyo primer punto de las conclusiones el GIEI apuntó que “no existe
certeza” de los movimientos del presidente municipal de esa ciudad en esa época
–Norberto Figueroa Almazo, a quien se identifica sólo por las siglas NFA– la
noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas.
Entre
2013 y 2015 en Huitzuco aparecieron narcomantas en las que Figueroa Almazo
–familiar del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y parte de su grupo
político–, fue señalado como presunto cómplice del crimen organizado.
En
ellas también se mencionó a José Rubén Figueroa Smutny, hijo del exgobernador y
nieto de Rubén Figueroa Figueroa, quien gobernó Guerrero entre 1975 y 1981.
Actualmente, Figueroa Smutny es diputado y preside la Comisión de Seguridad
Pública en el Congreso de Guerrero.
Buitrago
insiste: “Alguien estaba interesado en parar la investigación de Huitzuco,
alguien de más allá de la PGR. Yo vi que la Procuraduría y otras instituciones
de seguridad estaban bajo una presión muy fuerte”.
Cuenta,
por ejemplo, que el GIEI le solicitó a la Comisión Nacional de Seguridad volver
a entrevistar a 16 presos implicados en el caso Ayotzinapa que podían aportar
información sobre la línea de Pueblo Viejo, donde pudieron haber sido llevados
algunos normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, y la de Huitzuco.
“Primero
nos dijeron que sí, pero nos cancelaron; luego nos dieron largas, y al final
nos dijeron: ‘No, no se van a permitir esos interrogatorios’”, comenta
Buitrago.
–¿Quién
le dijo eso?
–Renato
Sales, el comisionado nacional de Seguridad. Sin ninguna explicación nos dijo
que no, que no se iba a poder.
Puertas
cerradas
De
acuerdo con la exfiscal Ángela Buitrago –quien la década pasada llevó a la
cárcel a varios militares colombianos responsables de desapariciones forzadas
ocurridas en noviembre de 1985, durante la retoma del Palacio de Justicia–, el
Ejército mexicano resultó ser más monolítico y cerrado que el de Colombia.
Dice
que el GIEI solicitó a las más altas autoridades del país que permitieran
interrogar a los militares que presenciaron los hechos ocurridos el 26 y 27 de
septiembre de 2014 en Iguala, así como los informes de inteligencia que
pusieron a disposición de sus superiores.
Recuerda
que a principios de este año el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, les dijo que esos interrogatorios no iban a ser posibles.
–¿Les
explicó por qué?
–No.
Sólo nos dijo: “No se puede; y no me pregunten por qué”.
Antes,
el 24 de septiembre de 2015, Buitrago había hecho una petición similar a Peña
Nieto luego de una reunión que tuvo el presidente en el Museo Tecnológico de la
CFE con los padres de los 43 normalistas desparecidos.
“El
presidente se acercó a saludarnos y le expuse la necesidad de entrevistar a los
militares. Le comenté: ‘Ellos estuvieron presentes esa noche en Iguala y la
información que tienen nos puede ayudar mucho’”, recuerda.
–¿Qué
le respondió?
–Se
quedó en silencio y yo le insistí: “Piénselo, presidente”.
–Lo
voy a pensar –le dijo Peña Nieto. Y se despidió.
Buitrago
considera que el Ejército fue la institución “más cerrada”.
La
Secretaría de la Defensa Nacional siempre le negó al GIEI las solicitudes de
información y se rehusó a que tomaran declaración a los militares que
presenciaron los hechos de Iguala o a que integrantes del grupo de expertos
estuvieran presentes en interrogatorios formulados por fiscales mexicanos.
Afirma
que incluso la “guerra mediática contra nosotros se inició cuando pedimos las
declaraciones al Ejército. Fue una guerra muy fuerte, orquestada, en la que las
cabezas visibles eran personas con muchos vínculos con el sector militar”.
Hubo,
dice, “una prensa negra que desde entonces nos atacó; por fortuna fue
minoritaria”.
–¿La
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO) los obstaculizó mucho?
–Yo
creo que SEIDO tenía un gran compromiso para mantener la teoría inicial, toda
la narrativa de la “verdad histórica”, según la cual a los normalistas los
desaparecieron en un incendio en el basurero de Cocula. La investigación la
tenían ellos, desde que el anterior procurador (Jesús Murillo Karam) habló de
esa supuesta “verdad histórica”.
–El
gobierno parece aferrado a esa conclusión.
–Nosotros
tampoco entendimos nunca por qué, cuando toda la evidencia te estaba mostrando
que no era el basurero… había tanta resistencia a dejar el basurero. Y todavía
la hay. Parece que el tema fue “construyamos el basurero”, y la pregunta es por
qué, cuando el mismo expediente te está marcando otras líneas, como las de
Pueblo Viejo y Huitzuco.
–¿Cuál
es la principal duda que le queda tras un año y un mes de labores en México
investigando un caso tan sentido por el país?
–El
punto para mí es por qué no permitieron que profundizáramos en las otras líneas
de investigación. Ese es el aspecto primordial. l
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