Tenía
un aire a repetición. La prepotencia y la falta de respeto del Gobierno
venezolano eran como antaño. También el abuso del tiempo, la maniquea clase de
historia, las conspiraciones imaginarias y el insulto presto, ahora al
secretario general de la OEA. Todo ello en reunión del Consejo Permanente. Ya
no estaba Chaderton en la mesa, pero la puesta en escena y el script eran como
entonces.
Ante
la falta de separación de poderes, entre tantas otras violaciones de derecho,
los diputados le solicitaron la aplicación del artículo 20 de la Carta
Democrática. Almagro les pidió más documentación y dijo que analizaría el tema.
Ello fue suficiente para que el gobierno de Venezuela requiriera una inmediata
reunión del Consejo Permanente, enviando a su canciller Delcy Rodríguez en el
papel de bully. Llamó la atención la urgencia de la solicitud, realizada el día
3 de mayo, especialmente por no haber dado tiempo a los cancilleres de la
región a viajar. Solo la argentina Susana Malcorra lo hizo, quien evidentemente
contaba con un par de días disponibles en su agenda que le posibilitaron
emprender el viaje a pesar de la premura.
En
la presentación de Malcorra también hubo un cierto déjà vu, pero en este caso
evocando a Insulza. Al igual que el anterior Secretario General, la canciller
argentina se opuso a invocar la Carta Democrática, por ser “apresurado”, y
postuló una mediación, sin dejar en claro entre quienes. Si es entre la OEA y
el gobierno de Venezuela, no sería pertinente, pues la OEA es justamente un
organismo de mediación, el más importante del hemisferio. Y si es entre el
gobierno y la oposición, mediar es exactamente la función de la Carta
Democrática, instrumento que al mismo tiempo le exige a los Estados miembros
respetar los compromisos internacionales.
La
canciller presentó un argumento circular, una lógica ya fracasada en 2014. Sus
palabras sugerían que el problema venezolano es la falta de diálogo entre las
partes. Es muy cierto, pero no debe soslayarse que la falta de dialogo es
responsabilidad principal del oficialismo, que viola hasta la institucionalidad
diseñada a voluntad en 1999, su propia Constitución. Pensar en términos
simétricos entre una oposición que intenta legislar y un gobierno que controla
el aparato jurídico y coercitivo—y que los usa para bloquear esa legislación—
es una falacia. Tal cual razonaba Insulza.
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