Locatarios de La Villa demandan penalmente al cardenal Rivera

 ¿Dónde quedaron los donativos que recaudó Rivera Carrera para levantar la obra, si supuestamente ésta fue costeada por Slim?...

Revista Proceso # 2093, 11 de diciembre de 2016..

Locatarios de La Villa demandan penalmente al cardenal Rivera/

RODRIGO VERA

Luego de más de 10 años de reclamos, los 250 comerciantes despojados de sus locales en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe –donde debió construirse la Plaza Mariana– interpusieron una demanda contra el cardenal Norberto Rivera, a quien acusan de simulación y falsedad ante las autoridades. No se explican, dicen sus abogados, las turbias maniobras de Rivera para quedarse con un predio que le donó en 2003 el entonces jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador, pese a que nunca cumplió con su compromiso, aunque sí aprovechó para hacer millonarios negocios.     

Por realizar ilegalmente oscuros y multimillonarios negocios con el culto guadalupano, a través de dos fraudulentas fundaciones eclesiásticas, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de “simulación” y “declaración con falsedad ante autoridades”.

La querella fue interpuesta el jueves 8 por la Agrupación de Comerciantes Emiliano Zapata, la cual aglutina a 250 locatarios de la Villa que fueron desalojados violentamente para construir en sus terrenos la llamada Plaza Mariana, el mall religioso-comercial edificado por Carlos Slim y con el que se amplió el atrio de la Basílica de Guadalupe.

Según la copia del documento consultado por Proceso, el cardenal Rivera, junto con el rector de la Basílica y subordinado suyo, monseñor Enrique Glennie, “con premeditación y con maquinaciones”, se valieron de “un procedimiento artificial y engañoso” para tener el control de este jugoso negocio guadalupano.

Asimismo, considera que existen los “elementos suficientes” para que se “dicte la orden de aprehensión en contra de los denunciados y de quien o de quienes resulten responsables”.

Y menciona los siguientes hechos:

El 8 de abril de 2003, el entonces jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, expidió un decreto mediante el cual le donaba un terreno de 30 mil metros cuadrados a la Fundación Plaza Mariana, presidida desde entonces por el cardenal Rivera Carrera.

Sin embargo, en una parte de ese enorme predio estaban asentados los comerciantes de la Agrupación Emiliano Zapata, dueños de sus terrenos. Como se mostraron renuentes a salirse, fueron desalojados violentamente por más de mil policías, al mismo tiempo que grúas y retroexcavadoras demolían sus locales comerciales. Fue un desalojo brutal. De un día para otro los comerciantes se vieron en la calle, por lo cual empezaron a interponer amparos y a defenderse en tribunales.

En noviembre de 2012, el gobierno capitalino le quitó a la Fundación Plaza Mariana el predio que antes le había donado, pues argumentó que no construyó la Plaza Mariana en el tiempo y la manera estipulados, por lo que violó el contrato de donación firmado durante la administración de López Obrador.

Después, mediante un decreto del 16 de abril de 2014, el gobierno capitalino volvió a desincorporar de su dominio estos bienes para dárselos a “título gratuito” a la recién creada Fundación Pro-Peregrino de Guadalupe, ya que esta asociación civil –precisaba este decreto– mejoraría “los servicios para el turismo religioso que acude a la Basílica de Guadalupe”.

De esta manera, el gobierno le quitó los bienes a la Fundación Plaza Mariana –por incumplimiento de contrato– para donárselos después a la Fundación Pro-Peregrino de Guadalupe. Sin embargo, ambas asociaciones civiles están presididas por las mismas personas: el cardenal Rivera Carrera y monseñor Enrique Glennie.

Así –argumentan los demandantes– se trató de una burda “simulación” para evadir la ley, donde al parecer existe un “contubernio” entre el cardenal Rivera y el gobierno capitalino, que pasó por alto sus ilícitos.

Las maniobras del  arzobispo

Dirigida al titular de la PGR, Raúl Cervantes, la denuncia señala que el cardenal Rivera y sus subalternos también llegaron a incurrir en “falsedad” ante la autoridad, por lo que cometen “una infracción de carácter penal del orden federal”, la cual es castigada con “sanciones privativas de libertad o pecuniarias”.

Los abogados Francisco Rivas y Manuel Andrade, representantes legales de los comerciantes afectados y quienes elaboraron la denuncia, señalan:

“Fue muy fácil para el cardenal Rivera decir: ‘Como mi fundación incumplió lo estipulado legalmente, pues que me quiten el terreno donado. Y simplemente creo otra fundación con otro nombre y así me vuelven a dar lo que me quitaron’. No se vale. Esa maniobra es totalmente ilegal. Es una simulación.”

–Pero finalmente está avalada por el gobierno de la Ciudad de México, que le donó, le quitó y le volvió a donar al cardenal.

–Sí. Y esto es gravísimo, puesto que aquí el gobierno de la ciudad, así como la delegación Gustavo A. Madero, actuó ya sea por omisión o por comisión. En el primer caso, pudo ser omiso porque simplemente no hizo nada a pesar de los atropellos del cardenal. Pero hay también la probabilidad de que, junto con Rivera Carrera, planificó esta maniobra para evadir la ley y entonces ya está siendo cómplice. Esto es todavía más grave.

–Por lo pronto, ¿el cardenal Rivera está obligado a declarar?

–Sí, por supuesto. Debe comparecer y aclarar su participación en todos estos ilícitos. Él es el principal responsable, ya que preside las dos fundaciones. Luego le sigue monseñor Glennie, quien también debe ser citado, junto con quienes resulten responsables.

–¿El cardenal también debe informar sobre los negocios de su Fundación Plaza Mariana?

–¡Claro! Durante la integración de la averiguación previa, Rivera Carrera tiene que proporcionar toda la información sobre los oscuros negocios que empezó a realizar esta fundación suya, prácticamente desde que López Obrador le regaló los terrenos: los multimillonarios donativos que recibió por parte de los fieles guadalupanos, las ganancias por la venta anticipada de las criptas de Plaza Mariana, la participación de Carlos Slim en estos negocios… Todo esto debe aclarar, luego de varios años de estar ocultando esa información.

En efecto, la Fundación Plaza Mariana, a fin de recabar los recursos para edificar la Plaza Mariana sobre el terreno donado por López Obrador, abrió cuentas bancarias que durante varios años estuvieron recibiendo donativos de los fieles guadalupanos de todo el mundo. Nunca se dijo cuánto se recaudó por esta vía.

Con el mismo propósito y con igual opacidad, se comenzaron a prevender las 120 mil criptas que tendría el columbario, cada una con un costo de 25 mil pesos. Y en Estados Unidos se puso a la venta la “tarjeta telefónica guadalupana” con el apoyo de la empresa de telecomunicaciones Starcom (Proceso 1571).

Y llegó el yerno de Slim

Ya estaba listo el proyecto arquitectónico de la Plaza Mariana, elaborado por el arquitecto Javier Sordo Madaleno, con base en el cual se hicieron todos los trámites legales, se sacaron los permisos, se empezaron a vender las criptas y se calcularon los costos de la obra.

De pronto, el 31 de agosto de 2010, Carlos Slim anunció públicamente que la construcción correría por su cuenta. “La vamos a donar”, declaró orgulloso, surgiendo como el gran benefactor guadalupano. Y su grupo empresarial Carso empezó inmediatamente la construcción, calculada por el mismo Slim en unos 900 millones de pesos.       

Sin embargo, Slim no respetó el proyecto original elaborado por el arquitecto Sordo Madaleno. De manera arbitraria, impuso otro proyecto que elaboró su yerno, el arquitecto Fernando Romero, esposo de Soumaya Slim, quien ya había construido el museo Soumaya, donde el magnate más rico de México expone su vasta colección de arte.

El yerno de Slim dividió a la Plaza Mariana –de 68 mil metros cuadrados de construcción– en cuatro cuerpos principales delimitados por una cruz de cristal: el Centro de Evangelización, el columbario, un mercado público y el museo Guadalupano. Tiene además locales comerciales, área para peregrinos, estacionamientos y una amplia explanada de más de 10 mil metros cuadrados que viene siendo la extensión del atrio.

Los abogados Rivas y Andrade señalan:

“Hubo una ilegalidad en el fondo de todo esto, pues el proyecto arquitectónico reconocido oficialmente, y en base al cual se sacaron todos los permisos, fue el de Sordo Madaleno, y no el del yerno de Slim. Estos caprichos e irregularidades influyeron para que el gobierno capitalino le quitara después el terreno a la Fundación Plaza Mariana.

“Pero también hay un gran misterio: ¿dónde quedaron los donativos que recaudó Rivera Carrera para levantar la obra, si supuestamente ésta fue costeada por Slim? ¿A cuánto ascienden? Seguramente es una suma multimillonaria aportada por miles de fieles guadalupanos, quienes tienen derecho a saber en qué se aplicaron sus recursos. Ahora el cardenal tendrá que explicar sus oscuros negocios ante los tribunales.”

–¿Y también la participación de Slim?

–Por supuesto. Mire, nosotros desde un principio denunciamos que Slim estaba metido en el negocio, porque uno de sus operadores, Fernando Chico Pardo, era precisamente el tesorero de la Fundación Plaza Mariana. ¿Qué hacía ahí manejando el dinero de los fieles? Después sale Slim a decir que va a donar la obra. No le creemos. No somos ingenuos. Todo resulta muy sospechoso.

Los plantones

A finales de 2013, los comerciantes expulsados estuvieron realizando plantones en La Villa y frente a las oficinas centrales del gobierno del Distrito Federal para pedirle a las autoridades que investigaran la participación de Slim en el jugoso negocio, ya que el objetivo de Plaza Mariana –dicen– es tener una clientela cautiva de alrededor de 20 millones de peregrinos y turistas que anualmente llegan a la Basílica de Guadalupe. Hablaron incluso con funcionarios capitalinos. Pero nada obtuvieron (Proceso 1934).

Ahora, tres años después, presentan esta denuncia penal contra el cardenal Rivera, a quien consideran el principal responsable del despojo que sufrieron, para beneficio suyo y de su amigo Slim. Detalla el abogado Francisco Rivas sobre la injerencia del empresario:

“Actualmente, en el mall de Plaza Mariana hay un área con locales comerciales vacíos. Es la esquina de las calles 5 de Febrero y Fray Juan de Zumárraga. Nadie ha ocupado esa parte. Esa área le corresponde a Slim. Ignoramos si también tiene participación en el negocio de las 120 mil criptas, que se piensan ampliar a 600 mil.

“Hasta el momento, Plaza Mariana no está operando al 100%. Suponemos que nuestros amparos interpuestos influyen para bloquear sus operaciones. Y ahora con la denuncia penal con mayor razón.”

–¿Han tenido encuentros con gente de Slim para plantearle su problema?

–Sí, hemos platicado personalmente con sus abogados relacionados con el tema. Estamos en comunicación con ellos. Aseguran que el empresario no tiene las manos metidas en los negocios guadalupanos. Pero nosotros dudamos mucho de lo que nos dicen.

–¿Y han hablado personalmente con el cardenal Rivera?

–Sí, por supuesto. Lo hemos ido a ver a su despacho. Pero él está en una cerrazón absoluta. Simplemente nos responde: ‘Miren, a mí el gobierno de la ciudad me regaló el terreno que ustedes están peleando. Y yo lo acepté. Todo lo demás no es asunto mío’. También nos hemos reunido con su vocero, el padre Hugo Valdemar. No hemos llegado a nada.

–¿Han acudido a otras autoridades eclesiásticas?

–No, ni pensamos hacerlo. Sabemos que acaba de llegar un nuevo nuncio apostólico a México, pero de nada nos servirá hablar con él. Este asunto compete exclusivamente a los tribunales civiles.      

Por último, los abogados Rivas y Andrade dejan en claro:

“En agosto pasado, el tribunal colegiado determinó que tenemos interés jurídico en el escabroso caso de Plaza Mariana, sencillamente porque somos los afectados. De manera que, a raíz de esta denuncia penal, ya nos veremos las caras con el cardenal Rivera para ventilar este asunto ante las autoridades judiciales.”