Alertan por fuga de esposa de J. Duarte

Alertan por fuga de esposa de J. Duarte

Nota de Claudia Guerrero

Reforma, Cd. de México (18 abril 2017).-

La bancada del PAN en el Senado pedirá a la Procuraduría General de la República (PGR) tomar las medidas cautelares necesarias para evitar la fuga de Karime Macías Tubilla, esposa del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Los legisladores federales, que pretenden llevar el tema a la tribuna durante la sesión de este martes, solicitarán que la vigilancia se extienda a todos los cómplices y familiares de Duarte involucrados en las indagatorias.

En un punto de acuerdo, registrado en la Gaceta Parlamentaria, los panistas hacen referencia a la información publicada por REFORMA, en la que se reveló que Macías Tubilla, sus padres, hermana y cuñado son indagados por la PGR en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF/VER/001653/2016.

A los familiares de Duarte se les atribuye el haber adquirido con dinero del erario de Veracruz al menos cuatro residencias en Houston, tres lujosos departamentos en Torre Pelícano, en Boca del Río, y oficinas ejecutivas en Polanco.

Una investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que, desde el primer año en el Gobierno de Veracruz, en 2011, la esposa del entonces Mandatario gastó con una tarjeta de crédito 8 millones de pesos en ropa, artículos y hoteles.

Este martes, los senadores de Acción Nacional (PAN) exigirán que la PGR amplíe las líneas de investigación a todos los familiares y testaferros o prestanombres que estén implicados en los delitos imputados a Duarte, detenido el pasado fin de semana en Guatemala.

Demandarán que se incluyan en el proceso de extradición todas las carpetas de investigación que existen contra Duarte, para que responda a cada una de las imputaciones.

Los senadores plantearán al Consejo de la Judicatura Federal establecer un precedente con el caso del ex priista y sus cómplices, a través de una sanción ejemplar que garantice la recuperación del dinero robado.

También pedirán a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se hagan cumplir los todos los protocolos en materia de vuelos privados, para evitar que sean usados como medio para evadir la justicia.