10 abr 2017

Los primeros 100 días de Gobierno de Quirino

Los primeros 100 días de Gobierno; inmediatamente, militarizó la policía y las calles;  385 asesinatos y mil 759 robos de vehículos, de enero a marzo.
Quirino, oculto bajo el ‘desaseo’ de Malova
En los primeros 100 días, Quirino Ordaz Coppel se desliza entre las faltas de su predecesor

Nota de Gabriela Soto/Noroeste, 10/04/2017 |
Foto: Noroeste
Pareciera que el hombre que ostenta el poder en Sinaloa se oculta bajo la sombra de otro, quien lo precedió tres meses atrás.
Lo hace como acto consciente, con intencionalidad.
Es Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa, quien intenta esconderse en el desaseo de las finanzas que dejó su antecesor Mario López Valdez y la violencia que se encrudeció al inicio del año.
Es un administrador mediático de la opinión pública. Ante el reclamo social por la escalada de la violencia y la sanción a los servidores públicos corruptos, vira los reflectores y las cámaras hacia López Valdez con acusaciones; que no lo registren a él, que lo saquen del radar.
 Y lo logra.
 Aprovecha cada oportunidad para recordar al mochitense en su discurso: lo acusa del desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad, del Instituto de Pensiones, de Servicios de Salud y Educación, más lo que venga.

 Ahora que los narcotraficantes disputan territorios, él justifica que Malova no le dejó patrullas útiles ni vehículos “tiger” para los recorridos de vigilancia. Parece que intenta evadir los reclamos de la sociedad.
 El mazatleco evade el compromiso como estrategia política. En sus eventos públicos y entrevistas evita hablar para no comprometerse, tal como lo hizo durante la campaña electoral a Gobernador.
 También practica la política de la vieja escuela: intervino en el proceso de elección del Fiscal General y controla la información que surge en su entorno.
 El Gabinete que integró hay personas que no les gustan los medios de comunicación, como María Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas; y Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, el segundo hombre al mando.
 Esta es la fotografía del arranque del Gobierno quirinista. Son las señales mandadas, el estilo estampado en los primeros 100 días de Gobierno.
 La indolencia
Subió al estrado, rindió protesta y tomó el micrófono. El 31 de diciembre, en sus primeros minutos como Gobernador de Sinaloa, Ordaz Coppel reaccionaba contra la violencia y prometía estrategias.
“La primera acción que he tomado es garantizar la coordinación con las autoridades federales y con las fuerzas armadas para el fortalecimiento de la seguridad del Estado”.
 Inmediatamente, militarizó la policía y las calles.
 Pero la estrategia de contención no muestra resultados satisfactorios. Las estadísticas son alarmantes: 385 asesinatos y mil 759 robos de vehículos, de enero a marzo.
 Estos dos delitos son los de mayor impacto e incidencia y han situado el arranque de esta administración como el segundo con mayor violencia de la historia en Sinaloa.
 La guerra por la sucesión en el Cártel de Sinaloa dio la bienvenida a Ordaz Coppel. Los enfrentamientos entre los grupos internos han convertido al valle de Navolato, así como Culiacán, en zonas de guerra.
 La sicosis se expande entre la población, que se siente atemorizada.
 El atentado con impacto internacional más reciente sucedió allí, cuando tres periodistas de Al Jazeera fueron privados de la libertad, los interrogaron y les robaron su equipo de trabajo. Más tarde, los liberaron porque los “confundieron”.
“Hay un panorama complicado y el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel no está mandando un mensaje de respeto a la legalidad, de respeto al mínimo estándar de tranquilidad para alcanzar la convivencia social”, expone Francisco Higuera.
 “Se ha incrementado la violencia en las calles, se ha incrementado la violencia en los lugares públicos, se ha incrementado la violencia también en espacios donde se suponía había mayor protección, lo que sucedió en este restaurant-bar, por ejemplo”.
 De esta guerra, hay al menos 17 víctimas inocentes que incluyen a niños, quienes han quedado en medio de los ataques entre grupos criminales.
 Pero al Gobernador pareciera que no le duelen las víctimas, pues es omiso en establecer el orden.
“Lo preocupante es que las autoridades de Sinaloa están cursando una especie de etapa donde ni se ve la eficacia de la fuerza pública, ni tampoco se advierte que se estén buscando nuevas estrategias para estar mandando el mensaje de que un Gobierno que inicia tiene claro hacia dónde va a transitar en el problema de seguridad y que va atacar, sobre todo, el origen de la inseguridad y la violencia”, critica Higuera, académico y doctor en Derecho.
 A este escenario de sangre, se le suma el de la impunidad: la fuga de cinco reos de alta peligrosidad del reclusorio de Culiacán, el 16 de marzo.
 Los aún prófugos tienen perfiles altos dentro del Cártel de Sinaloa: Juan José Esparragoza Monzón, hijo de “El Azul”; Alfonso Limón Sánchez, “El Limón”; Jesús Peña González; Rafael Guadalupe Félix Núñez, “Changuito Ántrax”; y Francisco Javier Zazueta Rosales, “El Pancho Chimal”.
“Estamos en un Estado de impunidad donde la normalidad es violar la ley, violar los principios éticos, para alcanzar determinados objetivos porque la percepción es que tienes éxito, te va a ir bien en tu negocio, en la medida que te arregles…”, explica el académico.
Y en este escenario de inseguridad, Ordaz Coppel gira el discurso hacia Malova, a quien acusa de que no hay equipamiento para enfrentar a la delincuencia, de dejar desmantelada a la Secretaría de Seguridad Pública.
“Los helicópteros rentados y los equipos ‘tiger’ y todas esas cosas ahí están, inservibles”, declaró el 3 de abril.
La vieja práctica
Ordaz Coppel fue cuestionado por los académicos, sociedad civil, abogados y políticos porque intervino en la elección del primer fiscal en Sinaloa.
La Fiscalía General, el nuevo órgano autónomo que impartirá justicia en Sinaloa tras la desaparición de la Procuraduría General de Justicia, fue creada a partir de una reforma Constitucional que envió él mismo.
Pero, recién nacida la Fiscalía General, es dependiente del Gobernador. Lo que contradice su propia esencia.
Como en la vieja escuela de los políticos, el ex Diputado federal con licencia intervino en el proceso de elección del primer fiscal, pues él eligió a la terna de personas que aspiraban al cargo y que envió al Legislativo.
 El 14 de marzo el Congreso del Estado eligió a su amigo Juan José Ríos Estavillo.
 Contravino la promesa que hizo en su toma de protesta:
“Crear la fiscalía General del Estado con autonomía institucional, desligada de cualquier interés político”.
“El Gobernador manda una iniciativa de reforma Constitucional, desaparecen la Procuraduría, sin ningún diagnóstico de por qué debe de desaparecer. Reforman la Constitución y crean una fiscalía especial, como órgano ciudadano, pero le afectan la independencia, ¿por qué? Porque el Gobernador puede remover el fiscal”, critica Higuera.
 “¿Por qué el Gobernador decide tener las manos metidas en el proceso de remoción del fiscal? Además, ya se había retirado en las reformas anteriores que el Gobernador no se metiera formalmente en el proceso de nombramiento. Bueno, ahora propone terna. Eso es un retroceso. Los órganos autónomos constitucionales es un avance, pero aquí lo pervirtieron”.
La omisión
Hay una pregunta que le repiten a Ordaz Coppel: ¿denunciará a Malova y a su equipo?
Y el Gobernador responde lo mismo: que aplicará la ley.
El sexenio anterior, el malovista, fue de derroche: la deuda pública creció a 13 mil 130 millones de pesos; aumentó la nómina; y abrió un “boquete” al IPES por mil 750 millones de pesos, según reportó Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas, en la presentación del informe sobre la situación financiera y administrativa en que se recibió al Gobierno del Estado.
 Pero Quirino no tiene a Malova bajo la mira… aún.
Le toca a la Auditoría Superior del Estado, están ahorita en el proceso no sé, de desahogo, de notificación, de aclaración, que tendrán que hacer los funcionarios. Es el órgano responsable de eso, y en su caso de encontrar faltas administrativas o penales, presentar las denuncias correspondientes”, declaró el 15 de febrero.
 El mazatleco aclara que no denunciará mediáticamente a Malova y su equipo por desvío de recursos públicos.
“El fastidio es que hay impunidad, que no se persigue, porque muchas de las denuncias no van bien soportadas, no van bien sustentadas. Entonces, si mediáticamente anuncias que mandaste 10 denuncias penales y a la hora de la hora no puedes proceder con ninguna porque no encuentran los elementos…”, suele responder. Y así, le da vuelta al discurso.
 Para Marisela Olán, contadora pública y auditora fiscal, los funcionarios que hacen mal uso de los recursos públicos deben ser sancionados.
“El nivel de vida que tienen los funcionarios, o sea, es tan evidente ver a los funcionarios con carros de lujo, con casas de lujo, viviendo en sectores de lujo y resulta que tienen ¡un sueldo miserable!”, contrasta.
 “Eso es una forma también de estar dentro de la corrupción, ¿por qué? Porque tú no tienes la forma para vivir (con esos lujos), sin embargo estás con privilegios. Una persona que gana lo que gana un funcionario, no es para que tenga esos privilegios. Realmente se tiene que castigar, realmente se tiene que sancionar a la gente que encuentren culpable, pero que se castigue”, exige.
 -¿Usted cree que el Gobernador esté enviando el mensaje de que hay negociación (con Malova)?... (Y se pone como ejemplo el caso del “desfalco” del IPES).
Ahí debe de haber un responsable. Si los ingresos no alcanzaron para pagar esas retenciones, también tiene que haber un responsable. Y yo creo que la señal que debe mandar el Gobierno es realmente procesar a esta gente que indebidamente no declaró esos impuestos, indebidamente… La señal que debe de mandar el Gobierno es que realmente empiecen a caer los funcionarios que hicieron mal uso de los recursos.
 La modernización
La modernización comenzó en la administración pública, con la implementación del portal Ciudadano Digital, en la que los usuarios pueden realizar sus trámites vía internet.
Aunque, a 100 días de arranque de esta administración, aún faltan muchos trámites a incluir en la página web ciudadano.sinaloa.gob.mx
En tanto, los cambios en la Unidad de Servicios Estatales son lentos. Aún persisten las largas filas y los tiempos de espera son prolongados para los usuarios.
Pero se han instalado sucursales bancarias, se ha implementado la Ventanilla Única con la intención de simplificar los trámites que permitan reducir las filas sólo para obtener un documento; y también hay más módulos de información.


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