Reforma, 30 de julio de 2017
Felipe Borrego Estrada es un mexicano muy valiente. Una cosa es criticar a una institución desde afuera y otra muy distinta es plantear las verdades incómodas desde el seno mismo de la organización. Borrego Estrada es consejero de la Judicatura Federal y acaba de publicar un riguroso estudio académico sobre un tema gravísimo: las redes familiares y clientelares en el interior del propio CJF. Este organismo es el encargado de administrar cerca de 800 juzgados y tribunales federales. El nepotismo judicial aparece como una costumbre y una perversión del poder público para fines privados.
Dentro de la discusión nacional sobre la crisis de corrupción, el Poder Judicial ha sido un poder impune. El debate sobre la corrupción en México se ha centrado en algunas figuras del gabinete presidencial, los partidos políticos, en los gobiernos estatales, en los ayuntamientos o en la falta de transparencia en el gasto de los congresos. Sin embargo, hay jueces, magistrados y ministros que miran esta secuencia de prácticas y escándalos con la distancia de quien observa las constelaciones astrales durante una noche estrellada. Los poderes judiciales, a nivel estatal y federal, han tratado a la corrupción como un problema ajeno, que ocurre en un universo paralelo.
En octubre de 2016, el diario Reforma relató que Luis Vega Pámanes, entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, tenía antecedentes penales, ya que en 1984, robó un auto, atropelló a una persona y huyó de la policía. Además en su carácter de magistrado, intercedió ante la policía de Guadalajara para liberar a dos presuntos delincuentes que fueron detenidos con armas de fuego, afuera de una sucursal bancaria. En febrero pasado, el Reforma también reveló el descubrimiento de 4 millones de pesos en la cajuela de un auto asignado al entonces director general de Inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal. El caso tuvo tan poca relevancia que el dueño de las pacas de billetes ha exigido, mediante un recurso legal, que se le reinstale en el cargo.
El estudio del consejero Borrego no sólo representa la sistematización del nepotismo estructural del Poder Judicial, sino una serie de salidas y alternativas para enfrentar el problema. El análisis no es sólo una crítica fundamentada sino una visión propositiva que también señala una luz para salir del túnel.
Una de las raíces de las redes clientelares y de nepotismo en el Poder Judicial es el párrafo tercero del artículo 97 de la Constitución: "Los Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial". El diseño constitucional que buscaba cimentar la autonomía de gestión de los juzgadores ha devenido en la construcción de un feudo opaco y discrecional. Las redes de nepotismo judicial no sólo infectan la selección de plazas jurisdiccionales sino que también enferman la designación de cargos administrativos.
Una salida ideal al problema implica la expedición de leyes que regulen el servicio civil para transformar la carrera judicial en una ruta de ascenso profesional donde el mérito, la experiencia y el esfuerzo académico jueguen un papel más importante. Una reforma al artículo 97 constitucional deberá acotar el abuso discrecional de jueces y magistrados para determinar ascensos y contrataciones. La urgencia que plantea el estudio demanda no esperar a cambios en la Constitución o la redacción de nuevas leyes secundarias; con criterios y acuerdos, el Consejo de la Judicatura podría empezar a dar pasos en la dirección correcta.
En medio de los números de homicidios, la negligencia criminal del socavón o el alud de escándalos por corrupción, es fácil y humano perder la esperanza. Sin embargo, al ver las agallas y rigor técnico del trabajo de Felipe Borrego, uno recupera la convicción de que México sí tiene remedio.
@jepardinas
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