“He decidido que la apertura del Archivo Vaticano del Pontificado de Pío XII tendrá lugar el 2 de marzo de 2020”: con estas palabras el Papa Francisco anunció en la audiencia a los superiores, empleados y colaboradores del Archivo Secreto Vaticano, su voluntad de abrir los archivos de la Santa Sede relativos al pontificado del Papa Pacelli.
Dirigiéndose a los 75 funcionarios del Archivo Secreto Vaticano, el Pontífice señaló que la fecha elegida es “exactamente un año después del ochenta aniversario de la elección de Eugenio Pacelli al trono de Pedro”.
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Busca TEPJF revivir al PES
Las seis bancadas de Oposición en el Senado y las dirigencias del PAN, PRI y MC enviaron a la SCJN una carta para advertir que si el Tribunal Electoral resucita al PES controvertirán la decisión.
REFORMA informó la semana pasada que el Magistrado Felipe de la Mata circuló un proyecto con base en el cual se argumentaba que el PES podría resucitar merced a un criterio.
En una carta hecha llegar al Ministro Presidente el 1 de marzo, los seis coordinadores parlamentarios y los tres dirigentes partidistas advierten que ese proyecto violaría la ley y anuncian su disposición a entablar un juicio político para revertir esa medida.
De la Mata sostiene que si bien el PES no alcanzó el 3 por ciento de la votación válida emitida en los comicios de julio de 2018, sí alcanzó ese porcentaje en su representación en ambas Cámaras con sus diputados y senadores, que lo llevaron a conformar grupos parlamentarios.
Incluso, destaca que el porcentaje de representación de Encuentro Social es mayor en San Lázaro, que el PT, MC, PRD y PVEM.
Las sentencias de la Sala Superior del TEPJF son definitivas e inatacables y no pueden ser impugnadas mediante recurso alguno ante la Suprema Corte de Justicia, que no tiene facultades para revisar casos concretos en materia electoral (sólo puede revisar en abstracto la constitucionalidad de leyes electorales). (Reforma)
- Las columnas políticas, martes 5 de marzo de 2019
Bajo Reserva /El Universal
AMLO y la sorpresa de los 100 días
Nos comentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene preparada una sorpresa para el aniversario de sus primeros 100 días de mandato. Nos dicen que después de presentar su informe de 100 días, don Andrés Manuel dará a conocer denuncias contra los presuntos responsables de millonarias compras irregulares de medicamentos y también de aquellas empresas que otorgan facturas falsas. Nos aseguran que la información está lista y que en días pasados se analizaba la posibilidad de darla a conocer, sin embargo, se decidió esperar hasta cumplir los 100 días de la administración. El mandatario, nos dicen, presentará ante la SHCP las denuncias, caiga quien caiga.
El botín político de las guarderías
Nos cuentan que en los últimos días algunos padres y madres beneficiarias de las estancias infantiles en la Ciudad de México se han llevado una gran sorpresa: gente de Morena toca sus puertas para realizarles un cuestionario para ingresar al Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Esta misma situación, nos dicen, ha ocurrido en la capital del estado de Puebla. Valdría la pena recordar que en esa entidad habrá pronto elecciones para gobernador y a algunas personas les preocupa que los apoyos vayan a ser utilizados con fines electorales. Recuerdan que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió quitar el apoyo a las estancias para entregar los recursos directamente a los padres, bajo el argumento de que varias de las estancias eran manejadas por personas beneficiadas durante las administraciones panistas y priistas, por lo que suena raro cuando quienes ofrecen hoy gestionar el beneficio lo hacen en nombre de Morena. ¿Estarán viendo en los niños y sus padres un botín político?
Morena quería copia del examen de Puebla
Algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral alzaron las cejas cuando en la Comisión Temporal que organizará el debate entre candidatos al gobierno de Puebla, la representación de Morena planteó la posibilidad de estar en los ensayos. Prácticamente, nos dicen, los morenistas querían estar presentes al momento que los moderadores practiquen las preguntas y en la continuidad de los bloques. Casi nada, buscaban tener una copia del examen antes de presentarlo. Eso no es aceptable, atajó la consejera Pamela San Martín. Queremos respuestas espontáneas; que no haya memorización del ejercicio. Los debates no son espacio de comodidad de los candidatos, “no es poner una tlapalería”, argumentó. Los candidatos y sus representantes “conocen los temas, no las preguntas, las preguntas las ensayamos (con los moderadores)”, dijo a Morena el presidente de la Comisión, el consejero Ciro Murayama. Como antecedente, nos recuerdan, hubo en Yucatán un representante del candidato presidencial que intentó quedarse en el ensayo y tuvieron que pedirle que se retirara.
Muestra Armenta músculo y piden no haya imposición
Y a propósito de la elección en Puebla, nos comentan que los morenistas han iniciado la demostración de músculo en la búsqueda por la candidatura. Ayer fue el turno del senador con licencia Alejandro Armenta quien en su cierre de campaña asegura haber convocado a 30 mil personas. Nos dicen que más allá del número de asistentes se reciba el mensaje de que sería muy grave pretender una imposición a la hora de definir al abanderado de Morena. Nos aseguran que la gran ventaja que las encuestas le dan al partido no se puede poner en riesgo y que debe haber congruencia con los postulados de la 4T.,,,
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Trascendió/Milenio
QUE dicen en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Marcelo Ebrard, que ya pasaron tres días y siguen esperando una sola prueba de lo que difundió el NYT sobre que el gobierno de México hace una “labor de contención con los migrantes” en su camino por territorio nacional “para congratularse con Donald Trump”.
Lo que sí hay, aseguran, es un esfuerzo sin precedente para atender la demanda de un flujo jamás visto, pero nada de concesiones en detrimento de la soberanía y menos interés alguno en polemizar sobre asuntos “claramente electorales” del país vecino.
QUE en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubo las clásicas “una buena y una mala”.
La buena es que el magistrado presidente, Felipe Fuentes Barrera, se animó a decir en público que por los asuntos que resuelven, los jueces reciben “presiones de partidos políticos, de gobiernos y de poderes fácticos, lo que es parte de la realidad”. La mala es que no dio un solo nombre.
QUE con motivo del Día Internacional de ellas se organiza la iniciativa Mujeres Creando para 8 y 9 de marzo con una serie de talleres, conferencias, películas, debates, conciertos y una exposición fotográfica en diferentes sedes de la alcaldía de Tlalpan.
Alexa Lora y Linette de la Paz están al frente de este despliegue de actividades, apoyadas por Cultura del gobierno federal y la alcaldía local, con acceso gratuito, pero limitado, por lo que se recomienda anticipar su llegada al evento elegido consultando la página de Facebook de Cultura Dialógica.
QUE por cierto, hablando de la conmemoración, dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que lidera José Ángel Gurría, que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral en México es solo de 42 por ciento, la más baja de los países miembros, por lo que se busca que las empresas implementen una cultura de equidad e inclusión y permee en distintos ámbitos, como reclutamiento, impulso en metas, objetivos y gestión exitosa.
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Frentes Políticos/Excelsior
I. Robo en despoblado. La delincuencia organizada se aprovecha de los estados donde la debilidad institucional es notoria. Como en Michoacán, donde la figura del gobernador Silvano Aureoles no pasa de ser un símbolo de impunidad para los criminales. David Ruiz, vocal del sector empacador de aguacate en México, denunció que el robo de este producto en el estado representa una afectación de dos millones de pesos semanales, pues registran de 7 a 10 camiones hurtados a la semana. Cada camión carga 8 toneladas de aguacate de exportación, cuyo costo promedio es de 200 mil pesos. A pesar de las denuncias, el delito no termina. Los ladrones ya tienen hasta tecnología para congelar los GPS. Y el mandatario lo que tiene es un gran desdén hacia los empresarios.
II. Nunca será suficiente. El dolor sigue lacerando el corazón de sus familiares, pero esto es lo más cercano a la justicia que han encontrado en el último lustro. El Gobierno de México se disculpó públicamente con los familiares de cinco jóvenes asesinados en 2016, en Veracruz, tras ser secuestrados por agentes de Policía para luego entregarlos a presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. El gobernador Cuitláhuac García reconoció la responsabilidad del gobierno y aseguró que el caso ayudará a resolver otros similares. “Les ofrezco una disculpa pública por el sufrimiento que vivieron sus hijos y por la impunidad a la que se enfrentaron”. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, impulsará una investigación del caso. ¿Y dónde están los responsables?
III. Barbas a remojar. Nada perdido anda Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima, quien, aprovechando la coyuntura y las acusaciones de que los abucheos a los mandatarios son orquestados por Morena en las visitas del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo estar listo, “yo con mucho respeto escucharé los abucheos”. Pero pidió a sus simpatizantes y a quienes se sienten afectados por las decisiones del Gobierno de México en estos tres meses que no vayan a reaccionar igual, con abucheos, hacia el Presidente. Y en un acto de heroísmo en su más pura esencia, precisó: “Invito a todas y todos los colimenses a que respetemos al Presidente de la República”. Cada quien sabe cuánta de esa desaprobración se ha ganado a pulso, pero este gobernador se pone de escudo. ¡Qué listo!
IV. Auxilio. Hay un gobernador que ha trabajado duro en contra de la inseguridad, pero como él mismo afirmó, “hay un chingo de criminales”. Por ello, Cuauhtémoc Blanco, mandatario de Morelos, solicitó al gobierno federal el envío de fuerzas federales al estado. Y a la Fiscalía General de la República pidió la atracción de los casos más graves registrados tras el repunte de la violencia. En su mensaje se dirigió a la sociedad para pedirle realizar denuncias anónimas, pues esa, dijo, será la principal herramienta y la clave para detener a los criminales que han provocado la crisis de seguridad por la que atraviesa Morelos. Nada mal estaría que la Guardia Nacional se estrenara en tierra del Cuauh. Se necesita, pero ya.
V. Mátate sola. Yasmín Esquivel Mossa, durante la comparecencia en el Senado, como una de las ministras candidatas para ocupar el lugar de Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puso en duda la adopción de parejas gay. “Se tendría que analizar si es conveniente llegar a una familia donde los dos sean del mismo sexo”, afirmó. Tras declarar esto, lo único que quedó claro es que su perfil no es idóneo. Sus declaraciones muestran desconocimiento sobre lo dicho por la propia SCJN respecto a la adopción de menores por parejas del mismo sexo. Le culpan de no revisar siquiera los estudios médicos que hay. Con sus comentarios, rechazados por diversos sectores, ella solita se bajó de la competencia para ocupar ese cargo de suma importancia para el país. Ya será para la otra… vida.
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Templo Mayor/ Reforma
SI LA IDEA de María Elena Álvarez-Buylla es desmantelar el Conacyt... ¡ahí la lleva! Hace unos días renunciaron dos de los cuatro directores adjuntos, Rafael Bojalil y Héctor de León, quienes se suman a la larga lista de personas que han decidido irse tras su llegada.
Y NO, no es porque esté limpiando la casa, como dicen en la Cuarta Transformación, sino porque su estilo vertical (de alguna manera hay que llamarle a lo autoritario) simple y sencillamente no hay muchos dispuestos a aceptarlo.
POR EJEMPLO, una de las que se fue era la responsable de elaborar la propuesta del Conacyt para el Plan Nacional de Desarrollo, pero a Álvarez-Buylla no le gustó, hizo su propia versión y ahora de la Secretaría de Hacienda les contestaron que está muy bonito, peeero... ¡no tiene nada de ciencia y tecnología!
COMO una canasta anotada desde la mitad de la cancha, así de sorpresiva resultó la revelación de que Enrique Alfaro y sus colaboradores recibieron un carísimo regalo de un empresario tequilero. Y quien lo confirmó fue alguien muy cercano a él: la diputada Mirza Flores.
EL GOBERNADOR de Jalisco fue captado por las cámaras de televisión cuando asistió en Los Ángeles, el pasado miércoles, al partido de los Lakers contra los Pelicans, en unos asientos que habrían sido la envidia de Jack Nicholson.
LA ASISTENCIA al partido se dio dentro del marco de una gira de trabajo por California, lo cual suena entendible. Lo que no se sabía -y Flores lo desveló- fue que los boletos cuyo costo va entre los mil 500 y los 6 mil dólares les fueron regalados por un empresario.
ANOCHE Alfaro salió a intentar aclarar cómo obtuvo el boleto para el partido. Reconoció que sí fue "un amigo" quien se los consiguió, pero, en un tiro de tres puntos desde fuera del área, aseguró que después se lo pagó de su bolsillo.
EN LA CEREMONIA por el 90 aniversario del PRI hubo de todo, empezando por la promesa de Claudia Ruiz Massieu de que ahora sí, en serio de verdad, habrá democracia interna para la renovación de la dirigencia tricolor.
EL QUE reapareció en público fue Manlio Fabio Beltrones, en tanto que el gobernador que se llevó el aplausómetro fue Alfredo del Mazo, al que más de uno le pidió la receta para llevarse bien con AMLO.
DE LOS ASPIRANTES a encabezar el PRI fue notoria la ausencia de Alejandro "Alito" Moreno, quien dicen que no vino para evitar darle armas a Ulises Ruiz y a Ivonne Ortega de que atiende asuntos partidistas en su horario de trabajo como gobernador.
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Pelean rudo por llegar a la Corte
Confidencial/ElFinanciero_Mx
La magistrada Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, afirmó ayer a senadores que, de llegar a la Corte, se excusaría de participar en los casos que estuvieran relacionados con los negocios de su esposo, José María Riobóo. Apenas estaba terminando la frase, cuando en la sala de prensa de la Cámara alta empezó a circular un expediente relacionado con el caso de la Supervía Poniente, en el que presuntamente participó su esposo en su calidad de presidente del Grupo Riobóo. “Evidencia de que no se excusó en un caso de su marido, aun cuando había conflicto de intereses”, se leía en el post-it amarillo pegado en la hoja donde la magistrada estampó su firma. De acuerdo con Esquivel Mossa, Grupo Riobóo no participó de ninguna manera en esa obra. La lucha por llegar a la Corte se intensifica.
La visita “de cortesía” del canciller a San Lázaro
Molestos, algunos de los diputados de oposición de la Comisión de Relaciones Exteriores reclamaron ayer que, después de más de tres semanas de que se le invitó, no a una comparecencia, sino a una “visita” a la Cámara baja, es la hora que el canciller Marcelo Ebrard no ha respondido ni dado fecha de cuándo tendrá un espacio en su agenda. Sobre todo, y a raíz de la agresión que sufrieron migrantes este domingo en Chiapas, los diputados quieren saber qué estrategias hay frente a las caravanas provenientes de Centroamérica y, de paso, la posición frente a Venezuela y qué acuerdos se han firmado con el gobierno de Trump. No será, para nada, una “visita de cortesía”, anticipan.
Un solo debate en Puebla
Ante la falta de tiempo y de recursos, el INE determinó que en el proceso electoral extraordinario de Puebla sólo habrá un debate entre los candidatos a la gubernatura. El 19 de mayo, a las 20:00 horas, el Centro Universitario de la BUAP será el escenario donde los abanderados a la gubernatura –que todavía no definen los partidos– debatirán con formatos similares a los que el año pasado utilizaron los candidatos presidenciales.
Abandonan el barco de Conacyt
Al inicio de su administración, la directora general del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, anunció la participación de Héctor de León, como director adjunto de Tecnología y Vinculación en el sector productivo y social, y de Rafael Bojalil Parra, como titular de la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación. Ayer, la funcionaria anunció que ambos científicos decidieron renunciar a los cargos, ya que sus actividades personales y profesionales les impedían desempeñarse como funcionarios.
Priistas brillan por su ausencia
En la pasarela de las candidatas a la Corte que se realizó en el Senado, brillaron por su ausencia las senadoras del PRI, Claudia Ruiz Massieu y Claudia Edith Anaya Mota, quienes forman parte de la Comisión de Justicia, que preside el morenista Julio Menchaca. Además, pudiendo participar, ninguno de los 12 miembros restantes de la bancada hizo acto de presencia. Los legisladores del tricolor andaban en los actos correspondientes a los 90 años de la fundación del Revolucionario Institucional.
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Itinerario Político
¡LA ESTUPIDEZ COMO POLÍTICA PÚBLICA!/ Ricardo Alemán
La Silla Rota,
Cada vez queda más claro que el objetivo del actual gobierno no es empujar el desarrollo, la creación de empleos y menos detonar la economía del país; el objetivo es conseguir la reelección de López Obrador, a costa del dinero público.
Es decir, que el presidente no utiliza el dinero de los ciudadanos para crear condiciones propicias para el desarrollo y el empleo y tampoco para atender las necesidades de marginados y enfermos; de sectores vulnerables y de quienes viven condiciones de riesgo social y familiar, como las mujeres y los niños maltratados.
No, el nuevo gobierno y el presidente utilizan el presupuesto para comprar conciencias, para garantizar lealtad, votos y para mantener elevada la popularidad.
¿Y para qué quiere un presidente dizque de izquierda, como Obrador, comprar conciencias y mantener elevada su popularidad?
La respuesta es elemental; porque desde el primer día de gobierno, Obrador no trabaja para el bienestar del país y de los mexicanos; trabaja para su reelección en 2024. ¿Lo dudan…?
Como parte del análisis sobre el futuro económico de México –en el nuevo gobierno–, y la proyección del sexenio que inicia, una importante cadena de tiendas departamentales preparó un estudio sobre el impacto de las nuevas políticas públicas asistencialistas –regalar dinero a manos llenas–, que inauguró López Obrador.
El resultado es es demoledor y, sin duda, de escándalo.
Todos los programas de apoyo a jóvenes estudiantes, “ninis”, madres solteras, ancianos, presos, campesinos, pequeños comerciantes y… muchos otros, impactan en poco más de 40 millones de ciudadanos mexicanos.
Es decir, que por lo menos en el primer año de gobierno de AMLO, casi el 50% del Padrón Electoral recibirá una dádiva, ayuda, estímulo o un puño de pesos que lo mantendrá atado al benefactor de moda; hombre bondadoso que no exige trabajo, ni resultados, ni buenas calificaciones, ni productividad para regalar dinero a manos llenas.
¿Y qué significa lo anterior?
Puro sentido común; significa que López Obrador tiene garantizada la reelección. Por eso, y sí y sólo si, trabaja para mantener esa popularidad.
Detrás de ese hallazgo –de 40 millones de beneficiados del reparto de dinero–, también pudiera estar la explicación al fenómeno de la creciente popularidad del presidente, a pesar de que el país experimenta los primeros signos de una debacle económica de proporciones catastróficas.
Y también por eso, el propio presidente se ha encargado de decir, en todos los tonos y en todos los foros que, de ahora en adelante, en su gobierno, el dinero será entregado en propia mano, sin costosos intermediarios.
¿Por qué ese particular interés de entregar el dinero en propia mano?
Porque al presidente le interesa que la gente entienda que el benefactor no es el gobierno, no las instituciones, no los funcionarios; López Obrador es el que da y quita. ¡Y punto!
Pero esa curiosa manera de comprar conciencias también ha inaugurado un inédito: “¡La estupidez como política pública!”.
¿Y qué significa eso?
De nuevo debemos recurrir al sentido común.
Como todos saben, los gobiernos democráticos resuelven los grandes problemas sociales con políticas públicas capaces de atender al mayor número de personas, de la mejor manera y, sobre todo, con el menor costo.
Así, por ejemplo, para atender el problema de las madres que trabajan y no tienen quién cuide a los hijos se crearon las estancias, en donde profesionales del cuidado y el desarrollo infantil atienden a los niños mientras las madres se desarrollan laboralmente.
¿Pero cuál fue la respuesta del gobierno de AMLO a una eficiente solución como las guarderías?
Una auténtica estupidez; cancelar las guarderías y entregar dinero a los padres de los niños, quienes, a su vez, pagarían a los abuelos para el cuidado de los infantes.
Una estupidez similar se propuso para los refugios y para los comedores comunitarios; regalar dinero. Mañana, Obrador podría salir con la ocurrencia de desaparecer escuelas y hospitales a cambio de regalar dinero para que cada cual pague su educación y su salud.
Es decir, “la estupidez como política pública”.
Al tiempo.
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La popularidad de un gobierno destructor/Pablo Hiriart...
Uso de Razón
El Financiero
Pensar que la popularidad del presidente en sus primeros cien días de gobierno será una constante en el sexenio es no entender nada de nada.
Al principio se aplauden los cambios, después se evalúa el trabajo.
Y su gobierno ha sido, básicamente, un destructor.
Le quitó 346 millones de pesos a los refugios de mujeres víctimas de la violencia, y le dio 500 millones de pesos a Probeis para promover el deporte que a él le gusta.
Destruye un programa que es muy útil para las mujeres que reciben maltrato físico.
¿Por qué? Porque es más rentable electoralmente entregar dinero a mujeres incluidas en un padrón que ellos, es decir el gobierno, harán.
Ese dinero, en muchos casos, quedará para disfrute del golpeador. Importan los votos.
Destruye el programa de estancias infantiles para beneficio de madres trabajadoras, y a cambio se les da un dinero a las personas que dejaban a sus hijos y podían trabajar sin preocupaciones.
Mandarán a sus niños a ser cuidados por la cuñada, la sobrina, el abuelito u otras personas sin capacitación profesional, pero hay dinero de por medio. Son mil 600 pesos al bimestre. Es decir, votos.
Y destrucción a lo grande es tirar la obra del nuevo aeropuerto, con impacto en el desarrollo del país.
La semana pasada se informó del pago de 34 mil millones de pesos a tenedores de la Fibra E. Treinta mil corresponden a la devolución del dinero invertido, y cuatro mil millones de pesos a un premio por aceptar la devolución del dinero.
Regalaron cuatro mil millones de pesos porque el pueblo sabio dijo en una consulta que no quería un mega aeropuerto en Texcoco sino ampliar la base de Santa Lucía, utilizar más Toluca y seguir con la terminal aérea que tenemos.
Pero eso no es todo con el aeropuerto: faltan por pagar cuatro mil 200 millones de dólares (unos 84 mil millones de pesos) a tenedores de bonos que se emitieron en el extranjero.
Más aún: el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que se revisan más de 400 contratos vigentes para pagar los adeudos que suman un desembolso de 40 mil millones de pesos.
Otra cantidad elevada implicará destruir lo ya construido del aeropuerto en Texcoco (la tercera parte) y remodelar el lugar.
¿De cuántos miles de millones de pesos estamos hablando por destruir el Nuevo Aeropuerto?
Hasta ahora, de unos 160 mil millones de pesos, aparte de la demolición y rehabilitación.
Más lo que va a dejar de ingresar al país por esa obra.
Más los empleos que ya se destruyeron y los que no se crearán.
Más lo que habrá que invertir para construir Santa Lucía, remodelar la actual terminal aérea (se va a habilitar el hangar presidencial... pero el problema son las pistas) y reacondicionar Toluca.
Todo eso porque el “pueblo sabio” –es decir el capricho presidencial–, dijo que es mejor tres aeropuertos chicos operando de manera simultánea a uno grande en Texcoco.
Los que verdaderamente saben del tema, como la IATA, opinan que eso no es viable ni seguro.
Alexandre de Juniac, director general de la IATA, estuvo el jueves pasado en México y dijo ante Jiménez Espriú: “El aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, las conexiones a Toluca, a casi 70 kilómetros de la Ciudad, serán casi imposibles, y convertir la base militar de Santa Lucía en un aeropuerto comercial implica mucho tiempo y una inversión significativa”. (Entre otras cosas, habrá que destruir 940 casas de militares situadas ahí, informó la Comisión de Defensa del Senado).
Y agregó: “la experiencia que tenemos con base en diferentes países es que generalmente los aeropuertos comerciales no son manejados por el Ejército. Eso no funciona”. Los ejércitos, dijo, por lo general se encargan de la seguridad de los países, no de operar terminales aéreas comerciales.
¿Está en las nubes el presidente con la popularidad?
Sí, desde luego que lo está. Pero sus errores lo van a bajar.
No se puede destruir lo bueno sin consecuencias.
Grave está siendo la destrucción de la reforma energética… y no entienden por qué les bajan la calificación de Pemex.
Y esta semana o la otra acabarán por destruir la reforma educativa, para que la gente de escasos recursos viva de las dádivas del gobierno (clientelas-votos) y no del desarrollo de sus aptitudes (libertad).
El costo para México de la regresión destructiva va a ser muy alto.
La popularidad actual no quiere decir nada importante. Se aplauden nuevas formas y no se observa el daño que se provoca en el fondo.
Lo padeceremos.
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El dilema de Iris/Raymundo Riva Palacio...
El Financiero...
Iris nació en 1998 y ha crecido y envejecido enormemente en todos estos años. Pese a ser muy importante en la vida cotidiana de todos los mexicanos, casi nadie sabe de lo que se trata. Es la Red Nacional de Radiocomunicación de Misión Crítica (RNR), cuyo estrambótico nombre esconde su relevancia, que es la comunicación de las fuerzas de seguridad pública en el país. Hace 10 días, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitió un acuerdo donde, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, van a implementar la estrategia “que garantice en el corto, mediano y largo plazos la operación y vigencia” de esa red. Para ello, estableció como criterio dos puntos clave que han generado una polémica sorda y lejos del escrutinio público:
1) La libre competencia en la provisión de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y transferencia de conocimiento.
2) Actualización completa al Protocolo IP.
3) Integración confiable entre las redes de seguridad Tetra, Tetrapol y P25, así como del sistema satelital MEXSAT MORELOS III y las redes de banda ancha vigentes en el territorio nacional a través de interoperabilidad de al menos voz y señalización, en los tres órdenes de gobierno.
En castellano, esto quiere decir que es urgente la modernización de la RNR y trasladarla a la plataforma digital para que sea compatible con la llamada Red Compartida, el proyecto de telecomunicaciones, en palabras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “más grande en la historia de México”, y que es el primero a gran escala en el mundo a través de dispositivos móviles. El acuerdo plantea que, sin importar el proveedor de los dispositivos, tienen que ser interoperables y, sobre todo, pueden entrar como proveedores todas las empresas que obtengan las licitaciones. O sea, libre mercado absoluto para las telecomunicaciones de seguridad pública, continuidad de lo que inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Desde su creación, la RNR brinda servicios de banda angosta a 200 mil policías y elementos de protección civil, con 110 mil dispositivos móviles y una cobertura en el 50 por ciento del país, de acuerdo con los datos que surgieron del primer encuentro entre el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y la Conago, en diciembre pasado, donde se habló de la urgente necesidad de actualización de esa Red. No era un tema nuevo. Desde agosto de 2017 se planteó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y se pidió un diagnóstico al Instituto Politécnico Nacional, que lo entregó en noviembre del año pasado. El acuerdo tomado hace unos días soslayó las conclusiones del amplio diagnóstico del Politécnico y, de acuerdo con los expertos, presenta recomendaciones opuestas a sus conclusiones. Por ejemplo:
1) Que se actualizara la red de Tetrapol, que la aporta la empresa europea Airbus, a la tecnología IP, por ser la opción técnica y económicamente más rentable. De acuerdo con las estimaciones presentadas por Airbus, la actualización de la red costaría 3 mil 200 millones de pesos, mientras que crear una nueva red, como la que pide el acuerdo, elevaría el costo a 15 mil millones de pesos.
2) El Politécnico recomendó la integración gradual de redes alternas de tecnología diferente desarrollando la interoperabilidad, preservando la seguridad de las comunicaciones, que es un planteamiento estratégico que los expertos no vieron reflejado en el acuerdo.
3) Se abre el camino a la fragmentación de la RNR al permitirle a cada entidad optar por diferentes tecnologías, que experimentó sus problemas en el pasado, cuando las policías estatales tenían equipos Matra o Motorola que no eran compatibles entre sí. Con la creación de la Guardia Nacional y la prominencia del Ejército en el equipamiento y capacitación, no está claro cómo se van a conciliar las plataformas, al utilizar la Secretaría de la Defensa Nacional un sistema Harris.
Pese al primer gran avance en materia de telecomunicaciones con la Red Compartida, México se ha ido quedando rezagado. El director corporativo de Innovación de Airbus, Antonio Fernández, expuso en mayo del año pasado, en el marco de la Expo Seguridad, que hasta esa fecha sólo seis de las 32 entidades habían logrado el 100 por ciento de actualización de sus plataformas al protocolo IP, con 15 utilizando una tecnología mixta y 11 operando en banda angosta.
Otro de los competidores, Vicente Roqueñí, director de Desarrollo de Negocios y Ventas de Motorola, declaró a la prensa el año pasado que la tecnología Tetrapol se había quedado obsoleta, por lo que algunos estados como Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Yucatán, así como las secretarías de la Defensa y de la Marina, estaban utilizando la llamada P25, que fabricaban ellos, al igual que Harris y las empresas chinas Huawei y Tat, que han enfrentado embates de Estados Unidos por cuestionamientos sobre seguridad nacional, aunque han tenido el apoyo de la Unión Europea.
El dilema de Iris se cruza por la lucha entre corporaciones multinacionales por participar en la RNR, y por las necesidades para integrar una red de comunicación policial a nivel nacional.
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Sin cambiar, no habrá crecimiento de 4 por ciento
RAZONES/Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
Lograr un crecimiento del 4 por ciento no es posible en las circunstancias actuales. Una de las causas es que la inversión privada dista de convertirse en una “obsesión”, como se dijo la semana pasada en el cambio de mando en el Consejo Coordinador Empresarial. En realidad, pareciera que es al contrario: no se invierte porque no se sabe qué va a pasar. La norma de los mercados en México es hoy la incertidumbre.
Y hay con qué alimentarla. La popularidad del presidente al concluir su tercer mes de gobierno está en 78 por ciento, según publicó El Financiero. Puede estar sobreestimada, pero nadie coloca esa aceptación en menos de 65-70 por ciento. Eso es consecuencia directa, entre otras muchas razones, de los apoyos que está distribuyendo el gobierno federal y que llegan a 22 millones de beneficiarios. Casi ningún mandatario en la actualidad tiene esas tasas de reconocimiento. Pero los mercados están leyendo otras cosas.
Standard & Poors han puesto a México en perspectiva negativa. Apenas ayer, la misma consultora degradó la deuda de Pemex, ya está en nivel negativo. Desde semanas atrás lo había hecho Fitch. Por más que se hable de inversiones, éstas siguen sin llegar, salvo las que en el mercado financiero están aprovechando el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. La propia Secretaría de Hacienda anunció una caída en la recaudación durante enero (algo que por otra parte es normal) y el presidente asegura que esa información no es verídica que él tiene otros datos. ¿El presidente no confía en los datos de Hacienda?
En el que contexto del mayor error cometido por esta administración, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, por el que se siguen pagando miles de millones de dólares, no para terminar una obra, sino para cancelarla, se da la reunión de la International Air Transport Association (IATA) en nuestro país, y las autoridades de SCT no logran convencer a nadie de su proyecto alternativo de construir Santa Lucía, y ampliar los actuales aeropuertos de la Ciudad de México y el de Toluca. La IATA es la asociación comercial mundial de las prinicpales líneas aéreas del mundo. Está integrada por 260 empresas aéreas, que representan el 83 por ciento del tráfico aéreo total. Interviene y formula políticas en los ámbitos decisivos de la actividad aeronáutica en todo el mundo.
Pues bien, esa organización criticó el programa de los tres aeropuertos, consideró, como Mitre, que no será viable y mucho menos eficiente. Su opinión es determinante respecto a la actitud que tomarán las principales aerolíneas del mundo, incluyendo las mexicanas. La respuesta del gobierno es que se tomará en cuenta su opinión pero, agrega el Presidente, son organizaciones “poco serias” (sic).
En este marco ninguna gran empresa invertirá seriamente en el país, salvo que se trate de oportunidades demasiado especiales. Lo que se debe romper es este marco si se quiere recuperar inversiones, convertirlas en obsesión y crecer a un cuatro por ciento.
Con algunos gestos, el gobierno podría recuperar la confianza de los inversionistas, pero cada vez que reitera que busca asociarse con ellos, que hace un gesto positivo, da un paso atrás o insiste en una toma de decisiones equivocadas (algo a lo que no son ajenas en absoluto las diferencias internas que existen en el equipo de gobierno, incluyendo en forma notable, los temas económicos y financieros).
Regresar al tema del aeropuerto de Texcoco es una tarea inútil, pero si además, se plantea un proyecto de tres miniaeropuertos que los dos principales entes de la aviación mundial, la consultora Mitre y la IATA califican como ineficiente y poco viable, y entonces se los descalifica peyorativamente, será difícil recuperar la confianza, en esos y otros sectores asociados.
La calificación de la deuda Pemex cayó y va a seguir cayendo si no hay un plan serio para el sector y si se siguen cancelando licitaciones e inversiones. Ese es el área que mayores inversiones podría traer al país. Y están paralizadas. Las calificadoras bajan la deuda de Pemex y la ponen en negativo porque lo que está haciendo el gobierno no garantiza lo que a ellos les interesa: que existan recursos para pagar una deuda que suma 90 mil millones de dólares. Sin una fuerte inversión privada el sector se vuelve insolvente. Regresando a una política de apertura y respetando contratos, gobierno corporativo, inversiones e inversionistas, se puede recuperar la calificación y los recursos que hoy se escapan.
Hoy numerosas obras iniciadas el sexenio pasado no están siendo terminadas, o están terminadas y simplemente no operan. Eso genera incertidumbre. Las grandes obras de infraestructura no pueden paralizarse porque simplemente cambió el gobierno. No pueden cancelarse porque le parece a alguien. No se puede descalificar con ligereza a los grandes organismos internacionales porque dicen lo contrario de lo que el gobierno quisiera oír.
Para crecer al cuatro por ciento y convertir la inversión en una “obsesión” se necesita certidumbre jurídica, financiera y política. La popularidad, un intangible, es importantísima para ejercer el poder, pero los mercados saben, por experiencia, que la popularidad como viene se puede ir, por eso no invierten basados en ella.
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Manual para eventos del señor Presidente en territorio de la oposición
Arsenal/FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
Manual para eventos del señor Presidente en territorio de la oposición
Lo apuntaba ayer Pascal Beltrán del Río. El patrón se repite en cada gira de AMLO. Abucheos, rechifla, gritos de “¡fuera!, ¡fuera!” a gobernadores que no son de Morena. El Presidente de la República sale al rescate, apapacha al mandatario estatal, pide respeto a la pluralidad y a la autoridad.
Él se lleva los aplausos, las porras. Se le asigna el papel de salvador de los mandatarios que el “pueblo bueno” reprueba. Queda como el héroe amado, respetado, admirado por los más vulnerables.
El ritual descrito se repitió el fin de semana en Chihuahua, Baja California Sur, Sonora. Ni la condición de mujer de la priista Claudia Pavlovich evitó el inducido repudio.
López Obrador atribuye los abucheos a gobernadores al “infantilismo político” que aún prevalece en algunos dirigentes de Morena. Pero dice que, a excepción de Guerrero, no ha visto un acto de manipulación para que los asistentes abucheen de manera coordinada a los invitados.
¿Será entonces que da por buenos los abucheos a Pavlovich, Javier Corral y Mendoza Davis?
El mismo ritual guinda ocurrió con Miguel Ángel Riquelme, en Coahuila; Martín Orozco, Aguascalientes; El Bronco, Nuevo León; Silvano Aureoles, Michoacán; Alejandro Murat, Oaxaca, y Alejandro Moreno, Campeche, como lo narró ayer en estas páginas el propio director de Excélsior.
Simultáneamente, nos llegó al correo de Arsenal la copia de un documento “confidencial” con el logotipo de Morena, titulado: Manual para eventos del señor presidente Andrés Manuel López Obrador en estados de oposición, que los guindas, por supuesto, desconocieron.
Pero si no es auténtico, se parece mucho a lo que ocurre en cada acto público de AMLO con mandatarios estatales.
El punto dos del apartado “Ambientación”, del Documento, que se filtró en Sonora, dice: “Insistir a los asistentes convocados que, al anunciar la intervención del mandatario estatal de la oposición ES OBLIGATORIO –en mayúsculas y negritas—emitir sonidos y gritos de desaprobación (abucheos, silbatina, consignas partidistas, etcétera).
Y el tres: “Insistir a los asistentes convocados que, al anunciar la intervención del señor presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ES OBLIGATORIO apoyar con porras y manifestaciones de alegría. (“¡Es un honor estar con Obrador!”. “¡López Obrador!”, “¡López Obrador!”.
En su comparecencia en el Senado, Celia Maya, integrante de la terna que envió AMLO para ocupar el lugar de la jubilada Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia, pecó de ingenua y fue políticamente incorrecta. La magistrada queretana tuvo la ocurrencia de manifestar su “preocupación” por el “entorno” de los hijos de las parejas del mismo sexo.
Preguntó ante senadores: “¿Cómo mandamos al niño frente a la mayoría de sus compañeritos que tienen papá y mamá de diferente sexo y él va a tener papá y mamá del mismo sexo?
Remató: “A lo mejor en la idiosincrasia nuestra todavía es difícil…”.
Eso bastó para que los guardianes de la “moral progresista” la hicieran talco en las redes sociales por pensar diferente. La calificaron de “vergüenza nacional”, “candidata cero” y otras lindezas más.
A esos mismos guardianes les aclaro que no milito en la vela perpetua y que no me quitan el sueño las parejas del mismo sexo con hijos. Pero defiendo el derecho de las personas a manifestar lo que piensan en temas que, como ése, polarizan a la sociedad.
La “tolerancia cero” se la dejó a los bots de “ya sabes quien…”.
Otra aspirante que provoca controversia es la también magistrada Yasmín Esquivel. Sus detractores alegan conflicto de interés por estar casada con José María Riobóo, empresario vinculado al Presidente de la República.
AMLO lo habría favorecido cuando fue jefe de Gobierno del DF, según el excandidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya.
Pero ella jura que “no hay ni ha habido ningún vínculo de amistad o parentesco que afecte la independencia en mi función como juzgadora…”.
Y más adelante: “Soy una mujer que, como millones de mexicanas, me he hecho por mí misma, con una historia propia. No soy la señora de… o la esposa de…”.
Estoy de acuerdo en que la magistrada Esquivel debe ser juzgada por sus méritos y no por su matrimonio. Sus detractores, sin embargo, la ven como “ministra carnala…”.
De la tercera, Loretta Ortiz, casi nadie habló ayer.
Un sonoro “¡huélum…!” marcó el final de la ceremonia oficial por los 60 años de Canal 11, a la que asistieron el titular de la SEP, Esteban Moctezuma; el director del IPN, Mario Alberto Rodríguez; Jimena Saldaña, directora del Once; los conductores Cristina Pacheco, emblema de esa televisora, Fernanda Tapia, Javier Solórzano, Ricardo Raphael y muchos más
Nos llamó particularmente la atención el mensaje de Javier Solórzano sobre el clima adverso que enfrentan periodistas y comunicadores y lo retos que afronta la libertad de expresión.
Dijo textual: “Este país tiene un oriundo problema en el ejercicio de la expresión. Hay muchos periodistas que son intimidados y agredidos, en el mejor de los casos. El mayor reto que viene ahora es mantener esos procesos de libertad y apertura, entender a la crítica como un proceso de democracia”, dijo el conductor.
En el Auditorio Jaime Torres Bodet de Zacatenco, donde se realizó el evento, nos enteramos que era el último día de Jimena Saldaña como directora del Canal. Se fue en medio de múltiples reconocimientos por su labor.
Llega a trabajar a la SEP con Esteban Moctezuma. La releva en el 11 el senador con licencia, José Antonio Álvarez Lima.
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Orden de arriba
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
Reforma 05 Mar. 2019
"El Estado soy yo”. Luis XIV
Al final no hubo consulta popular ni fallo de los tribunales. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió por sí solo el destino de una inversión minera muy importante: "Les digo al pueblo [sic] de Baja California Sur: no a la mina. ¿Por qué no? Porque tenemos que cuidar el paraíso, no destruirlo, cuidar la naturaleza. Y si estoy hablando de la gente que vive del turismo, tenemos que cuidar del medio ambiente".
El mandatario afirmó este 3 de marzo que a él le corresponde decidir: "Y esto me toca a mí iniciarlo y yo digo que no. Tengo la facultad". Con anterioridad, López Obrador había prometido organizar una de sus consultas populares para tomar la decisión.
Pero no, el Presidente no tiene la facultad para determinar por sí solo si un proyecto puede o no recibir un manifiesto de impacto ambiental. Hay leyes y reglamentos que regulan estos procesos y ordenan que cada inversión sea evaluada por especialistas. El Presidente no es el Estado.
La mina de Los Cardones (aclaro interés: me dicen que pertenece a Grupo Salinas y yo colaboro con TV Azteca de la misma organización) recibió una autorización de la Semarnat para operar en 2014. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa la anuló y la empresa tomó medidas para subsanar las observaciones. En este momento la autorización está suspendida mientras se litiga un juicio de amparo promovido por un Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida.
Una de las grandes luchas de la sociedad mexicana en las últimas décadas fue despojar al Presidente de las facultades metaconstitucionales que ejercía para crear un Estado de derecho que diera garantías a los ciudadanos. La manifestación de impacto ambiental es uno de los logros en este esfuerzo. Con anterioridad, el primer mandatario decidía de forma personal qué inversiones se aprobaban y cuáles no. Esta discrecionalidad abría la puerta a la arbitrariedad y a la corrupción.
El Presidente puede tener convicciones personales sobre los proyectos, pero no la facultad de autorizarlos o cancelarlos a voluntad. Las decisiones públicas deben tomarse sobre la base de la ley. El mandatario no puede cancelar una manifestación de impacto ambiental ni reemplazar a los magistrados de un tribunal de amparo.
López Obrador, sin embargo, parece convencido de que tiene facultades absolutas. No solo ha decidido cancelar el manifiesto ambiental de Los Cardones, sin presentar documentos técnicos que justifiquen el acto, sino que también ha ordenado, sin molestarse en solicitar un manifiesto, la limpia de la vegetación del predio de Dos Bocas, en Tabasco, donde quiere poner su nueva refinería. Se apresta igualmente a iniciar el proyecto del Tren Maya sin más manifiesto ambiental que una ceremonia de petición de permiso a una diosa llamada Madre Tierra.
Yo no tengo capacidad técnica para decidir si los proyectos de Los Cardones, Dos Bocas o el Tren Maya son sustentables, pero para decidirlo se estableció un procedimiento de autorización que pasa por una manifestación de impacto ambiental preparada y revisada por especialistas, la cual puede ser recurrida en los tribunales. El Presidente no tiene facultades ni legales ni técnicas para decidir si se aprueban o no estos proyectos. No debemos volver a los tiempos de la Presidencia imperial, aunque la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, haya declarado al periodista Fernando del Collado que "AMLO, el presidente, es el Estado".
· TURISMO VS. MINAS
No toda la apuesta puede ser al turismo. Los empleados formales del comercio tenían en enero de 2019 un salario diario promedio de 328.99 pesos mientras que los de servicios para empresas y personas uno de 363.22. Estos son los sueldos del sector turismo. En cambio, los trabajadores de las industrias extractivas ganan 606.53 pesos diarios (STPS/IMSS).
@SergioSarmiento..
ç@
Modesta propuesta/Manuel J. Jáuregui
Reforma, 05 Mar. 2019
Que nos disculpe Jonathan Swift por tomar prestado el título de una de sus más sonoras sátiras sobre la hambruna en Irlanda.
Sin embargo, nos parece apropiado hoy hacer una "modesta propuesta" para evitar que las perspectivas económicas de México (y de PEMEX, que están unidas por un cordón umbilical financiero) sigan siendo reasignadas al infierno del "downgrade" por el mal desempeño no sólo de PEMEX, sino de nuestra economía, la cual demuestra su debilidad con cada estadística que nos ofrece el INEGI: i.e., la más reciente, que en febrero las ventas de automóviles CAYERON casi un 5.5 por ciento año con año.
No hay poder de compra en la sociedad, tan simple como eso, y mientras no lo haya nuestra economía seguirá haciéndose chiquita, chiquita... ¡y si se nos acaba el gas, como pronostican los expertos, olvídense!
Esto lo observan con toda claridad no sólo las calificadoras, sino los fondos de inversión, los que -siendo sinceros- no ven para nada con buenos ojos al actual Gobierno federal, tanto por sus integrantes como por las políticas que ha adoptado y amenaza con adoptar.
Lo hemos dicho antes y vale la pena recalcarlo: ¡NO HAY CONFIANZA!
Y para generarla a corto plazo, le guste o no al señor Presidente, está forzado a hacer -cuando menos- TRES cambios urgentes en su Gabinete.
Primero que nada tiene que deshacerse de su ex Oficial Mayor en el DeEfe, el agrónomo Octavio Romero Oropeza, como titular de PEMEX.
Este señor, que no dudamos de sus buenas intenciones ni de su capacidad para hacer crecer el sorgo y el maíz, ha generado una pésima impresión en sus reuniones con especialistas.
Lo cual no debe de extrañarnos: no es que el señor sea malo, simplemente NO CONOCE de petróleo ni de las entrañas de PEMEX... y lo demuestra con lo que dice y con lo que hace.
Lo mismo sucedería si a usted o a su servidor súbitamente nos pasan los mandos de un cohete de Space X de Elon Musk: en menos de un minuto tendrían que taladrar hasta China para encontrarlo, así de pronto lo estrellaríamos.
No es cuestión de amistad ni de lealtad, MÉXICO, nuestro México, requiere al mando de la paraestatal al MÁS CAPACITADO para el cargo, al que tenga mayor experiencia y conocimientos tanto de la industria petrolera como de PEMEX en sí, sus debilidades y fortalezas (si es que tiene alguna).
Ahí están técnicos como Carlos Alberto Treviño Medina, quien no la hizo nada mal como antecesor de Romero Oropeza, conoce y sabe mucho de la industria y de la paraestatal.
(Sólo que a la gente capaz hay que pagarle bien; ningún cuerda va a trabajar de a gratis).
El otro cambio, para generar confianza, es quitar en calidad de URGENTE al receloso Secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías, quien habrá sido su Secretario de Finanzas en el DeEfe, catedrático, doctor en Economía, autor y lo que quieran, pero NADIE lo conoce fuera de México, y carece del relieve y reconocimiento internacional como para que los amos del dinero a nivel global digan: "en éste SÍ CONFÍO".
Requiere en Hacienda el Presidente López una chucha cuerera con conocimientos, experiencia y PRESTIGIO internacional, alguien de la talla de un Dr. Agustín Carstens Carstens.
Sólo que este señor no se vendrá a salvar a México por 80 mil pesos mensuales, no cuando gana esa cifra, pero en dólares, en el organismo internacional en el que está ahora, mientras le cae en el regazo la presidencia del Fondo Monetario Internacional.
El otro cambio que requiere hacer, para no tener que recurrir a parches y establecer relaciones productivas por el bien de nuestra economía con el sector productivo, es cambiar a la Sra. Graciela Márquez Colín y poner en la Secretaría de Economía a alguien que CONOZCA, no en la teoría, sino en la práctica, cómo se mueve el mundo internacional del comercio y la industria.
Todo lo que sabe la señora -y no decimos que sea malo, sino que eso vendría bien en otro puesto- es PURA TEORÍA, haciéndole falta, y mucha, experiencia de campo.
Estamos a punto de que le otorguen a nuestra deuda una calificación BBB- y ya de ahí estamos a sólo una patada más (la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya) para que nos manden a la ultratumba con otra reducción que nos ponga en BB "grado chatarra".
De suceder esto y Diosito -y la Guadalupana- quieran que no, se acaba todo: PEMEX, CFE, Tren Maya, la Chata Lucía y todo lo que trae como juguete el actual Gobierno.
Con estos temas no se juega, menos cuando el futuro de la Nación está de por medio, consideración que debe ubicarse muy, pero muy por encima de la amistad y la lealtad.
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La 4T, de alto riesgo/Genaro Lozano
REforma, 05 Mar. 2019
Uno de los rituales personales que más ansiedad me da es realizarme periódicamente una prueba de VIH-sida. Recuerdo la primera vez que me la hice. Aún era estudiante universitario y fui con miedo. El estigma en torno a las personas que viven con el virus seguía aún muy vivo a fines de los años noventa. Recuerdo haberle pedido a una amiga que me acompañara, después del laboratorio fuimos a comer y le confesé todos mis temores a un resultado positivo.
A fines del año pasado me hice la prueba más reciente y tontamente sigo sufriendo la ansiedad previa a la toma de sangre y la posterior espera de resultados. Miedos irracionales que persisten pese a que hoy el tratamiento permite una calidad de vida como nunca. De hecho, los antirretrovirales son usados como pastilla del día siguiente, la profilaxis post exposición (PEP), pero también para prevenir con la profilaxis pre exposición (PrEP), herramientas que han liberado a toda una generación de los prejuicios, estigmas y miedos en torno al VIH-sida. Por eso la ONU cree posible que para el 2030 consigamos una generación entera sin VIH-sida.
Pero la información del PEP y del PrEP no tiene la difusión necesaria y todavía persisten los prejuicios asociados al VIH-sida. Por ello, no puedo imaginar qué sería de un joven veinteañero en Quintana Roo, que no tiene seguro médico, que no sabe sobre el PrEP y PEP, que sigue pensando en que el VIH-sida es un "castigo divino" y que entra en pánico tras un resultado positivo. Ese joven seguramente no sabría a dónde ir. En el lugar donde recibió el diagnóstico le dijeron "regresa en 20 días para ver las opciones de tratamiento" y ese chico se fue a su casa, a un ambiente de hostilidad y prejuicio, sin acompañamiento, sin terapia psicológica, sin soporte emocional porque la Secretaría de Salud local no tiene la capacidad de acompañar a un paciente desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento. No es ficción, es lo que normalmente ocurre en casi todo el país.
Muchas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) hacen ese trabajo complementario al trabajo del Estado mexicano. Desde hace 13 años apoyo mensualmente el trabajo de la Casa de la Sal, una organización que atiende a niños que viven con VIH-sida. Sin el trabajo de esa organización, miles de niños habrían quedado sin ayuda. Organizaciones como México Vivo realizan una labor indispensable de prevención y detección, llegando a lugares a donde no llega Censida. Tan solo en el 2018, México Vivo atendió a casi 3 mil personas en detección oportuna, contención y acompañamiento. México Vivo tenía planes de abrir un centro de detección en Monterrey y otro en Mérida este año, pero este plan peligra.
El gobierno de la 4T suspendió una convocatoria para costear proyectos de OSC que hacen detección y prevención como México Vivo. Los recursos que da el Estado a estas organizaciones apenas superan los 105 millones de pesos anuales, pero para muchas OSC estatales tal apoyo significa todo. La suspensión o cancelación de la convocatoria equivale al cierre para muchas OSC, según me dijo Ángel Candia, secretario adjunto en México Vivo. Tan solo el año pasado con ese recurso se apoyó a 94 OSC.
Alejandro Brito y LetraS son una sólida columna en el tema del VIH-sida en México y referencias globales. Brito también coincide en que es un error retrasar o cancelar la convocatoria de Censida, ya que "es cierto que hay que mejorar mucho, pero suspender no es lo conveniente", me dijo.
Brito fue diplomático. Más que hablar de conveniencia hay que hablar de insensibilidad y de irresponsabilidad. La 4T quiere erradicar la corrupción, y esto es loable, pero en casos como el de las OSC de VIH-sida o las de refugios para mujeres, lo mejor es lanzar convocatorias a tiempo y mejorar auditorías y evaluaciones para el resto del sexenio. De lo contrario, para miles de personas vulnerables la 4T se vuelve de alto riesgo.
@genarolozano
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