La conexión Puerto Rico/Raymundo Riva Palacio

 Estrictamente Personal

La conexión Puerto Rico/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, 15 de marzo de 2023

La trama involucra a mafias rusas y rumanas, a más de una decena gobiernos, a cárteles de las drogas mexicanas, a guerrillas colombianas, a funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al embajador en Canadá y ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y un agente de inteligencia venezolano con ciudadanía mexicana, en una operación tricontinental de lavado de dinero y drogas. Esto no es un thriller, sino una realidad que supera la ficción y que forma parte de una investigación de cuatro agencias de Estados Unidos, que descubrieron en el hackeo de millones de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la punta de la madeja

.La investigación en curso es llevada en Estados Unidos por la CIA, el FBI, la Agencia para el control del Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego, así como por el Departamento de Seguridad Territorial, que están armando un rompecabezas complejo que presume que el lavado de dinero, que tiene como eje a San Juan, Puerto Rico, por la laxitud de sus controles financieros, con ramificaciones importantes en Cancún, Punta Cana (República Dominicana), Los Roques (Venezuela), y en menor medida Belice, Colombia, Nicaragua, Brasil y Panamá, tiene como propósito financiar la llamada revolución bolivariana y acciones terroristas.

Las agencias estadounidenses comenzaron la investigación en 2019 siguiendo las rutas del lavado de dinero, pero hasta que aparecieron los Guacamaya Leaks el año pasado, como se llama al hackeo que realizó un grupo misterioso a la Secretaría de la Defensa Nacional, se alcanzó a ver su dimensión. Una primera fotografía de esta investigación la aportó la reportera María Idalia Gómez en un trabajo dividido en dos partes en Eje Central, donde reprodujo varios de los correos electrónicos del Ejército que muestran cómo en toda esta trama figuran funcionarios del gobierno de López Obrador que están apostando, por dinero o ideología, a los fines bolivarianos chavistas.

Las figuras claves en el caso mexicano son Juan Manuel Calderón Jaimes, nombrado en marzo de 2019 por el presidente como cónsul general en Puerto Rico, y Jorge Luis Brizuela Guevara, a quien se conoce en Quintana Roo como el venezolano, que se presenta como empresario. Previamente a su designación en Puerto Rico, Calderón Jaimes, un diplomático de carrera, fue agregado de Asuntos Políticos y de la Sección Consular de la Embajada de México en Venezuela, donde de acuerdo a los informes de la Defensa, fue “cooptado” por los servicios de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro.

Brizuela Guevara, tiene un pasaporte mexicano expedido por un consulado general de Florida, y de acuerdo con un correo de la Defensa del 4 de agosto de 2020, “es agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional” del gobierno de Nicolás Maduro. En ese mismo correo se le identificó como enlace entre los miembros de la mafia rumana en Cancún y los servicios de inteligencia venezolanos, así como el gozne entre el entonces gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y “organizaciones criminales trasnacionales”.

Otro correo enviado por un coronel de inteligencia mexicano en Belice el 31 de enero de 2022 sobre las operaciones financieras del Belize Bank Limited, mencionó a Brizuela Guevara como el arquitecto de una estructura a través de varios bancos beliceños hacia Puerto Rico con transferencias de ciudadanos mexicanos, beliceños, guatemaltecos, colombianos y rumanos, que servían para “movilizar recursos de procedencia ilícita de las estructuras financieras de organizaciones criminales mexicanas”.

Brizuela Guevara estuvo involucrado en varios problemas violentos en Quintana Roo, aparentemente por un fraude por una subcontratación de carpas Covid, asignada por el entonces gobernador. Nada se ha sabido de esos contratos. Lo único cierto es que pese a los correos de la Secretaría de la Defensa, no hay ninguna investigación sobre Brizuela Guevara, ni afectó para que Joaquín González llegara a Ottawa, pese a las alertas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se empezó a recibir información de actividades irregulares e ilícitas de mexicanos y empresas nacionales vinculadas con el gobierno de Maduro que se cruzaban con los venezolanos en la Riviera Maya.

Un correo del 24 de febrero del año pasado monitoreado por los servicios de inteligencia militares, menciona que Calderón Jaimes le comunicó al subsecretario para Asuntos Latinoamericanos y del Caribe, Maximiliano Reyes, que “existe información muy delicada que indica que Joaquín (N) está usando Facebank para sus operaciones”. Facebank es un banco venezolano que forma parte de las instituciones que son sujetas a la investigación de las agencias estadounidenses sobre el presunto lavado de dinero.

“Joaquín” es Joaquín Leal, propietario de la empresa mexicana Libre Abordo, que a mediados de 2020, junto con una empresa asociada, Schlager Business Group, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar ayudando a Venezuela a evadir sanciones de esa nación mediante el comercio con petróleo venezolano.

Un correo de la Defensa del 22 de noviembre de 2019, revela la existencia de dos contratos entre México y Venezuela, denominados “Petróleo por Alimentos”, donde le daban 210 mil toneladas de maíz -aparentemente de los faltantes del fraude en Segamlex- y mil cisternas de agua potable, a cambio de dos millones de barriles de petróleo diario, que se incrementó a 30, que fueron transportados por las dos empresas mexicanas, que se convirtieron en los principales clientes de la empresa petrolera venezolana.

La conexión Puerto Rico no parece estar lejos de ser dada a conocer, en todos sus detalles, por las autoridades estadounidenses, donde la vertiente mexicana de todo este entramado criminal va a surgir. Hay un número no precisado de funcionarios del gobierno de López Obrador involucrados, aunque por la vigilancia que tiene inteligencia militar sobre la cancillería mexicana, se presume que la mayoría puedan encontrarse en esa dependencia. Pero no son los únicos. Funcionarios de la Presidencia y de la Secretaría de Gobernación, por el tipo de operación que se realizó con Venezuela, podrían también figurar en la triada criminal, terrorista e ideológica, del entramado que están terminando de armar en Estados Unidos.

$$##

Eje Central, 10 de marzo de 2023

#BoricuaPapers: México, ruta terrorista

Una operación de lavado de dinero en Puerto Rico puso al descubierto el apoyo de Segalmex a Venezuela y las conexiones con grupos que para las agencias estadounidenses son terroristas

María Idalia Gómez

El informe desde la Embajada de Venezuela llegó directamente a la Sección Segunda del Ejército. Era 4 de agosto de 2020 y confirmaba que Jorge Luis Brizuela Guevara era agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN). La historia apenas comenzaba.

La misma confirmación llegó a manos de las agencias estadounidenses, quienes, al igual que el área de inteligencia del Ejército mexicano, ubicó a este personaje también como un operador de grupos criminales en Quintana Roo, tanto mexicanos como rumanos, y con una delgada línea que aparentemente llega hasta grupos rusos con presencia en México y América Latina.

Pero había algo más, los registros de las investigaciones mexicanas, confirmaron cómo este personaje, había logrado vincularse al exgobernador y actual embajador de México en Canadá, Carlos Manuel Joaquín González, lo mismo que a círculos de oficiales militares y empresariales. Las pesquisas estadounidenses fueron más allá en sus sospechas, Brizuela Guevara facilitaba la llegada de venezolanos vinculados al presidente Nicolás Maduro para vacaciones, estancias cortas o largas, lo mismo que recursos para ser blanqueados.

Los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) y la agencia de Alcohol Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) integraron esta línea de investigación al caso de lavado de dinero vinculado a Puerto Rico, llamado #BoricuaPapers, pues Cancún es uno de los epicentros de las operaciones venezolanas de blanqueo de recursos, y el SEBIN es identificado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los pilares del régimen de Nicolás Maduro (que esta semana cumplió 10 años en el poder), y la relación con grupos terroristas iraníes.

Dentro del rompecabezas que han ido armando las oficinas estadounidenses y que ejecentral comenzó a mostrar la semana pasada con el reportaje “La Conexión Puerto Rico” se sumaron los vuelos de las empresas venezolanas Emtrasur y Conviasa desde México hacia diferentes partes de Latinoamérica y que está directamente vinculados con grupos terroristas iraníes. 

Todas las operaciones de estas aerolíneas, desde Querétaro y Ciudad de México, han sido puestas bajo estrecha vigilancia de las agencias estadounidenses, la razón, el equipo y recursos que al parecer están transportando.

El avión decomisado por EU portaba “una fuerte cantidad de dinero en efectivo, componentes tecnológicos y un sistema de comunicaciones satelitales adquirido ilegalmente”.

Brizuela, tras sus pasos

El reporte del 4 de agosto de 2020, con carácter de confidencial y que aparece entre los documentos de #GuacamayaLeaks, está dirigido al general secretario Luis Cresencio Sandoval y se le informa sobre la identificación de Jorge Luis Brizuela Guevara, quien a pesar de ser de origen venezolano y no contar claramente con un documento de nacionalización, posee un pasaporte mexicano que le fue expedido en el consulado mexicano en Florida, Estados Unidos, donde radicaba antes de llegar a territorio mexicano:

“DN-2, S-2 (INTL) E.M.D.M.- Informó a la superioridad que el C. Jorge Luis Brizuela Guevara es agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual fue informado por el responsable de la Agdría. Mil. Y Ar. A la Embajada de México en Venezuela.

“Se identifica al C. Jorge Luis Brizuela Guevara como enlace entre los miembros de la ‘Mafia Rumana’ en la Ciudad de Benito Juárez, Quintana Roo (Cancún) y el SEBIN. También se le considera enlace entre el Gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González y estas organizaciones criminales trasnacionales”.

El documento de dos páginas, tiene un tercer párrafo en el que señala que el propio empresario ha mencionado haber tenido una relación ”muy estrecha” con un general. Al final del documento aparece una imagen del pasaporte de Brizuela Guevara y una fotografía con el general, la cual ha aparecido en algunos medios de comunicación locales desde 2018, y es con el general Salvador Cienfuegos.

La información de inteligencia del Ejército mexicano no detuvo la designación del exgobernador como embajador en Canadá, tampoco se iniciaron expedientes en la Fiscalía General de la República contra el empresario. Lo que sí ocurrió fue que las cuatro agencias estadounidenses lo incluyeron en sus pesquisas y ahora forma parte de los #BoricuaPapers, y confirmaron todos los datos del documento, por lo que sumaron al funcionario mexicano, al empresario, la posible relación con el general y comenzaron un rastreo sobre cómo obtuvo el pasaporte mexicano.

Adicionalmente, comenzaron el rastreo de los recursos que desde Cancún se envían a Puerto Rico, para ser lavados a favor de grupos criminales y posibles grupos terroristas.

Gholamreza Ghasemi, capitán del vuelo detenido en Argentina y principal sospechoso de ser parte de grupos terroristas. Hasta el momento permanece libre.

Equipo prohibido 

La CIA y el Comando Sur de Estados Unidos rastrearon el vuelo YV-3531 de la empresa venezolana Transporte Aerocargo del Sur, S.A. (Emtrasur), que aterrizó finalmente en Argentina. 

Las escalas previas que tuvo la aeronave fueron en Tabasco y Querétaro en México, Venezuela y Paraguay. La tripulación, advirtió la agencia estadounidense, son miembros de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán, “adscritos a la División Aeroespacial y de la Unidad de Operaciones Externas de los Guardianes”, según confirmó el agregado militar de México en la Embajada en Venezuela.

El reporte militar mexicano, incluido en #GuacamayaLeaks también confirma que la Embajada de Israel en Buenos Aires, Argentina, señaló adicionalmente a dos de los tripulantes iraníes como integrantes de la Unidad de Operaciones Externas adscritos a la Agregaduría Militar de Irán en Venezuela.

Lo más importante de las denuncias israelíes, que se plantean a partir de informes de inteligencia, y que los refiere el documento mexicano, es que el vuelo que partió de territorio mexicano, especialmente de Querétaro, donde se encuentra la industria aeroespacial, portaba: “una fuerte cantidad de dinero en efectivo, componentes tecnológicos restringidos y un sistema de comunicaciones satelitales adquirido ilegalmente…” y que “no contaba con los permisos de exportación requeridos…”.

Si recordamos que apenas en 2020, Nicolás Maduro creó como empresa estatal Emtrasur, que opera desde la base aérea militar El Libertador, una de las más importantes de Venezuela y junto a su hangar se ubica el de la también venezolana Empresa Aeronáutica Nacional S.A., que está produciendo diferentes equipos y aspira hasta construir satélites, pero que Estados Unidos sospecha que incluye el ensamblaje de drones posiblemente kamikaze para Irán.

Es así que tanto las empresas venezolanas Emtrasur y Conviasa son para Venezuela una forma de conexión con el mundo y la obtención de recursos, por lo que ha promovido su extensión por varios países latinoamericanos, pero también con Rusia, China, Argelia, Irán y otros de sus aliados.

Ante las operaciones sospechosas, Estados Unidos ha pedido a sus aliados latinoamericanos que investiguen a estas aerolíneas venezolanas. Esto porque Mahan Air, de propiedad iraní y que ha “vendido” todas las aeronaves a dichas compañías venezolanas y ha invertido dinero, es una aerolínea sancionada por el Departamento de Estado, por considerar que utilizan fachadas comerciales para suministrar armas a zonas de guerra como a Siria y Yemen, o a Hezbolá en el Líbano; así como apoyar al traslado de miembros de grupos terroristas.

Y esto que han puesto al descubierto los #BoricuaPapers es algo que preocupa a los estadounidenses, porque consideran que es posible que se haya construido, desde México, un corredor que favorece las operaciones de grupos terroristas con intereses y conexiones en Venezuela, Irán y Rusia.

Aparece Segalmex

Uno de los correos, que también se ubica entre los documentos de #BoricuaPapers, es una impresión de pantalla de un correo oficial de un diplomático mexicano interceptado por la inteligencia de Estados Unidos y que aporta pistas de lo que pasó en Segalmex.

En el mail, de fecha 24 de febrero de 2022, Juan Manuel Calderón Jaimes, cónsul general de México en Puerto Rico, se dirige al subsecretario para América Latina y el Caribe en la cancillería mexicana, Maximiliano Reyes Zúñiga, diciéndole que “existe información muy delicada que indica que Joaquín (N) está usando FACEBANK para sus operaciones”. 

›Aunque el documento está testado como parte de las investigaciones de las agencias estadounidenses, el diplomático se estaría refiriendo a Joaquín Leal, el dueño de la empresa Libre Abordo, investigada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como parte de la red creada en México para adquirir petróleo venezolano y hacer otros negocios con el chavismo, camuflados de ayuda humanitaria.

La advertencia contenida en el correo electrónico proviene de alguien que conoce las operaciones irregulares que se realizan desde Caracas para enviar transferencias millonarias a Estados Unidos, utilizando como puente bancos boricuas, pues hasta antes de ser designado a la embajada mexicana en la isla, en 2019 fungió como Encargado de Asuntos Políticos y de la Sección Consular de México en Venezuela.

Un cable de la Sección Segunda (inteligencia militar) que aparece entre los documentos de #GuacamayaLeaks y que forma parte del expediente que han trabajado las cuatro agencias de Estados Unidos (el FBI, la CIA y DHS y ATF), revela que cuando estaba en la embajada en Caracas, Calderón Jaimes era considerado por el agregado militar de la embajada Mexicana en Venezuela como un “objetivo coptado” de la inteligencia bolivariana, dada su cercanía con altos mandos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quienes al conocer su tesis de licenciatura por la UNAM, identificaron una oportunidad de tener a alguien dentro de la Embajada Mexicana en Caracas.

Y es que su tesis se titula: “La realidad Africana: Ghana: Dentro de la lucha ideológica del capitalismo y socialismo”.

En otro documento, fechado el 22 de noviembre de 2019 y elaborado por la agregaduría militar de la embajada mexicana en Venezuela, que ya forma parte de los #BoricuaPapers se pone en evidencia algo que había sido rechazado por el gobierno mexicano, y que es la relación con la empresa Libre Abordo:

“… ha identificado información que el programa de ayuda humanitaria Petróleo por Alimentos transcurre sin mayores contratiempos. El funcionario de nuestra embajada, responsable de supervisar el proyecto, mantiene lazos permanentes entre el gobierno de Venezuela y la empresa responsable Libre Abordo S.A. de C.V.

“El respaldo financiero del acuerdo con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) fue diseñado por el banquero venezolano… (a) ‘Banquero Silencioso’, quien cuenta con una sólida estructura bancaria en Panamá, Puerto Rico, Islas Caimán y Miami”, señala el documento en el que aparece testado el nombre porque es uno de los ejes fundamentales de las operaciones estadounidenses “Calle 13” y “Criollos de Caguas”.

›Para el FBI, el cónsul mexicano es una pieza clave de la operación montada desde Venezuela con empresarios mexicanos, para mantener abierta la supuesta ayuda humanitaria a Caracas, y de acuerdo a los agentes consultados por ejecentral, se considera que antes de irse de la embajada mexicana en Venezuela a su nuevo cargo en Puerto Rico, Calderón habría sido “el contacto de confianza de la administración del SEBIN” para realizar los acuerdos que culminaron en al menos dos contratos para entregar al gobierno chavista 210 mil toneladas de maíz y mil camiones cisterna de agua potable a cambio de petróleo, un negocio valuado por unos 220 millones de dólares.

Pero cabe recordar que el Departamento del Tesoro descubrió que el acuerdo pasó de 2 millones a 30 millones de barriles de petróleo, al grado que las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group, a través de las cuales se movilizó el crudo para venderlo a empresas de los Estados Unidos, se convirtieron en los principales clientes de Pedevesa, la petrolera chavista, lo que propició las sanciones de OFAC contra el empresario Joaquín Leal y a sus empresas por hacer negocio con Venezuela, y le congelara sus recursos en la banca estadounidense.

Este caso, tiene aún más implicaciones en México, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de desvíos en la empresa paraestatal que fungió como proveedora del maíz enviado a Venezuela, Segalmex, y de allí gran parte del desfalco que se estima que sólo en 2019 y 2020, sumó unos 12 mil 962 millones de pesos.

Un agente del FBI consultado por este periódico consideró que tras toparse con el correo electrónico y los documentos de inteligencia militar de México dentro de sus investigaciones de #BoricuaPapers, el caso de Segalmex no se trata de “un pésimo manejo administrativo sino es una operación secreta del gobierno mexicano con el gobierno de Venezuela”.

Lo que llama la atención de los investigadores es que a la cantidad de recurso desaparecido en la dependencia del gobierno que vendió el maíz para Venezuela, se le suma la quiebra de Libre Abordo, que declaró pérdidas por 90 millones de dólares. 

“Todo ese dinero se perdió o no aparece, no nos extrañaría que haya sido enviado a Puerto Rico desde cuentas de Facebank en México y en Venezuela, siguiendo el mismo modus operandi del narco”, dijo uno de los agentes del FBI que participa en las investigaciones.

La preocupación mayor para el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos es que Puerto Rico además de la puerta trasera para ingresar a la banca estadounidense “capitales opacos”, esté sirviendo para el fin

Publicado por María Idalia Gómez