Nuestra SCJN declaró como inconstitucional la pena de cadena perpetua porque viola derecho humano a reinserción social.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte falló hoy contra el artículo 127 del Código Penal de Chihuahua, en la parte que sanciona con prisión vitalicia al responsable de tres o más homicidios.
Los Ministros determinaron que la cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional o alguna otra medida similar, viola el derecho humano a la reinserción social, establecido en 2008 en el artículo 18 de la Constitución.
El amparo fue concedido a Juan Carlos Gámez Bernal, condenado por participar en 2011 en el asesinato de tres hombres y una mujer en un bar de Chihuahua.
El efecto del amparo será que la justicia local, de confirmar la culpabilidad de Gámez, le imponga la pena de homicidio calificado, que en Chihuahua era de 20 a 50 años de cárcel, misma que podría acumularse por cada una de las víctimas, o sea en los hechos es cadena perpetua…
Es decir, la Corte no rechazó la posibilidad de imponer condenas de varias décadas…
Y al haber sido dictada en un amparo directo, la sentencia de la Corte no tiene efectos generales de ningún tipo, ni deroga el artículo 127 del código de Chihuahua.
Pero el criterio de fondo del fallo podría ser problemático para la extradición de capos del narcotráfico a EU, donde los más importantes usualmente son condenados a pasar el resto de su vida en la cárcel.
Mediante amparos, los extraditables podrían obligar al Gobierno mexicano a que requiera a EU no aplicar cadena perpetua para autorizar la entrega, como se hace desde hace años con la pena de muerte, prohíbida por la Constitución.
Debe prevalecer reinserción
"La reinserción social, como fin de la pena, no acepta la idea de que al culpable se le caracterice por ser desadaptado o peligroso. La prisión vitalicia se contrapone a dicha premisa, puesto que parte de la idea que la persona que hubiera cometido cierto delito es peligrosa para la sociedad y no merece tener la oportunidad de reinsertarse a ésta", dice la sentencia, que presentó el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena…
"La falta de certeza de recobrar la libertad impide la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida futuro, lo que es contrario a la reinserción social", explicó la Ministra Loretta Ortiz.
El proyecto de Gutiérrez también declaraba que la cadena perpetua es una pena inusitada, de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución, pero ante la objeción de varios Ministros, ese tema ya no se tocará en la sentencia.
En 2005, la votación a favor de la cadena perpetua fue seis contra cinco, lo que permitió al Gobierno abrir las extradiciones de capos hacia EU, luego de que en 2001, la propia Corte las había frenado en una sentencia en la que solo votaron ocho ministros, de los que cinco la consideraron inconstitucional.
Desde entonces, hubo dos reformas Constitucionales trascendentes, la de reinserción social de 2008, y la de primacía de los derechos humanos de 2011.
La Corte atrajo el amparo directo de Gámez en 2015, y lo aplazó varias veces a lo largo de los últimos nueve años.
Nota de Victor Fuentes/ Reforma
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Fernanda Tapia sustituye a Jesús Alejo Santiago, como directora generald e Radio Educación / Foto: @ccurieldeicaza
La secretaría de Cultura , Claudia Curiel de Icaza, anunció a la conductora y locutora, Fernanda Tapia como la nueva Directora General de Radio Educación, con el fin de consolidar “un sistema de medios públicos al servicio de las audiencias, promover un trabajo con perspectiva de género y fortalecer la estación a un centenario de su fundación".
A través de Twitter, la titular de Cultura anunció destacó los 40 años de trayectoria de Fernanda Tapia en medios de comunicación.
“Confío en que Fernanda logrará asumir los retos que representa fomentar y difundir las expresiones educativas, culturales y artísticas de México a través de la radio".
Asimismo, Curiel Icaza agradeció a Jesús Alejo Santiago, quien durante su cargo en Radio Educación, dijo, sumó una mirada crítica al periodismo cultural que se difunde desde la emisora.
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Morena pone, Morena quita/
Bajo ReservaEl UNiversal
De manera extraña, por decir lo menos, la senadora del Partido Verde Juanita Guerra fue bajada de la presidencia de la Comisión de Turismo del Senado de la República sin explicación alguna. En la sesión del pasado 27 de noviembre, la Mesa Directiva anunció que, en lugar de la legisladora morelense, la presidencia de dicha comisión había sido asignada al morenista Eugenio Segura. Nos comentan que, a la senadora del Partido Verde, que le tomó por sorpresa el anuncio, le prometieron otra comisión, pero hasta el momento sigue esperando, y, por lo pronto, la Comisión de Turismo del Senado será instalada el miércoles, con la presencia de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez. En la autollamada Cuarta Transformación se asegura que el pueblo pone, y el pueblo quita, pero en este caso Morena da, y Morena quita. Lo bueno es que el Partido Verde es aliado de los morenistas.
Dante da bendición pública a Máynez
Nos comentan que quien ayer andaba muy contento en Xalapa, Veracruz, en la toma de posesión de Rocío Nahle como nueva gobernadora de esa entidad fue Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC). Nos detallan que además de hacer una sentadilla para presumir su buen estado de salud, el líder naranja dejó de manifiesto, como aquí se lo adelantamos, su bendición y la de todo su equipo, a Jorge Álvarez Máynez, para que sea él quien lo sustituya en la dirigencia nacional del partido. Así, nos hacen ver, la llegada de Máynez, el hijo político de don Dante, a la dirigencia nacional de MC está más cantada que las Mañanitas.
¿Qué harán los morenistas que no están de acuerdo con el Presupuesto?
A dos semanas de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones de la nueva legislatura, en la Cámara de Diputados alistan el debate y aprobación del Presupuesto de Egresos. Nos hacen ver que esta vez se prevé que la mayor controversia venga de los propios morenistas, más que de la oposición. Nos señalan que hay varios diputados que aseguran que el monto de los recursos no alcanzará para cubrir necesidades, y han hecho manifiestos varios reclamos y llamados a hacer modificaciones. Será, nos dicen, una buena oportunidad para ver si los morenistas dan la batalla interna, o simplemente cumplen con la línea y aprueban el presupuesto sin cambios, y sucede lo mismo que pasó en la Cámara de Senadores con la designación de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que un bloque de morenistas no apoyaba que fuera reelecta y al final del día acabaron por disciplinarse, tragarse sus críticas y votar por la candidata que le instruyeron apoyar.
a tormenta Trump en los estados fronterizos
Ante las amenazas de deportaciones masivas del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algunos gobernadores fronterizos han comenzado a alistarse. Nos cuentan que, por ejemplo, en Tamaulipas trabajan en un plan llamado “el aviso de tormenta”. Aún no saben bien a bien qué va a pasar, ni cómo serían las deportaciones, pero sí empiezan a prever un incremento en el flujo migratorio. Hace unos días en este diario le dimos a conocer que la infraestructura mexicana no tiene la capacidad para recibir una probable llegada masiva de deportados, por lo que mientras se ve sin Trump cumple su promesa de campaña, parece una idea sensata que los gobiernos fronterizos mexicanos comiencen a trabajar en el tema, pues para mañana es tarde.
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La elección judicial: incierta, sin tiempo ni recursos/Salvador García Soto
Cada vez son más las dudas, la incertidumbre y los problemas de organización que rodean a la primera elección judicial en la historia contemporánea de México.
Con el tiempo recortado y ajustado, porque el proceso electoral empezó formalmente desde septiembre, pero el INE aún no avanza nada en la organización ni en la logística de los comicios; sin dinero ni financiamiento suficiente, porque los consejeros electorales proyectaron un costo de 13 mil millones de pesos, pero en el Congreso les darán menos de la mitad de ese monto; y sin experiencia previa en este tipo de elecciones que involucran hasta 500 candidatos en una boleta para que elija el ciudadano, no se ve cómo estas votaciones vayan a salir bien realizadas.
Vendidas en el discurso demagógico como “la primera vez que los ciudadanos podrán elegir a sus jueces”, las elecciones judiciales serán en realidad un experimento que no tendrá los mismos niveles de certeza y de organización profesional que hoy caracterizan a las elecciones en México, características que le han valido al INE reconocimientos y hasta peticiones de capacitación en otros países del mundo que tienen incluso democracias más avanzadas que la mexicana.
Ni siquiera entre los entusiastas promotores de esta elección, la mayoría candidatos interesados o autoridades federales que promovieron la Reforma Judicial, hay optimismo sobre el éxito de esta primera elección. Desde la misma 4T se habla de que el nivel de participación que podrían alcanzar los comicios judiciales del 2 de junio sería algo similar al referéndum de ratificación de mandato que tuvo lugar el domingo 10 de abril del 2022. En aquel ejercicio, que también fue inédito, participó apenas el 17% del padrón electoral nacional que entonces tenía 92.8 millones de votantes registrados y habilitados para votar, es decir que el 83% no votó.
Aun así, si participara el próximo 2 de junio un porcentaje similar del 17% del padrón o incluso menor, la elección sería válida incluso con un solo voto, aunque no necesariamente se tendría la legitimidad, claridad y certeza que se necesitarían para los nuevos juzgadores federales.
Pero las prisas y la escasez de recursos que enfrentará el INE para organizar y realizar este nuevo proceso electoral no son el único tema que genera más dudas que certezas. La posibilidad de que partidos políticos se involucren, aunque se los prohíba la ley, es tan real y latente, que muchos de los candidatos que se inscribieron para las posiciones en disputa son militantes, funcionarios actuales o tienen vínculos directos con Morena y con sus gobiernos a nivel federal, estatal o municipal.
Incluso entre candidatos ya registrados, de los que tienen vínculos con Morena, varios de ellos buscan abiertamente la aprobación, visto bueno o el aval de la Presidencia de la República, de los líderes parlamentarios o hasta de los dirigentes del partido oficialista.
“Va a ganar quien tenga el apoyo de las bases morenistas. Es tan simple como que a los votantes que reciben programas sociales les pedirán votar por los candidatos que tengan más afinidad con el régimen, y ante lo complicado que será la votación a los acarreados solo les darán la combinación de los números de los candidatos o candidatas (porque en la boleta se identificaran por números y no necesariamente por nombres o fotos las candidaturas) por los que deben votar”, nos dijo recientemente un funcionario federal que ya se registró como aspirante a funcionario judicial”.
A todo eso hay que sumarle algunas cosas curiosas que están pasando con el “milagroso” registro de 50 mil candidatos que se logró en unas cuántas horas. Entre los que se inscribieron para buscar ser parte del nuevo Poder Judicial hubo quienes se registraron hasta dos o tres veces y para competir por varios cargos. Por ejemplo, se han detectado un buen número de registros en los que el mismo nombre del abogado o abogada aspirante, junto con su documentación requerida, aparecen registrados lo mismo en el Poder Ejecutivo, que en el Legislativo y en algunos casos hasta en el Judicial
Y también hay un buen número de registros en los que la misma persona se registró con como candidato o candidata a ministro de la Suprema Corte, a magistrado federal y también aparece en las listas como aspirante a juez federal. Será interesante ver cómo abordan esos casos en los Comités de Evaluación, ya que la convocatoria y las reglas que se fijaron no les prohibían a los abogados llenar su registro para varios cargos a la vez, ni les ponían tampoco restricción alguna para que sólo se registraran en uno de los tres Comités habilitados.
Es decir que, aprovechando la laxitud y descuido en las reglas, muchas abogadas y abogados apostaron por ganarse la Trifecta perfecta en la incierta y complicada elección judicial.
Finalmente está también el tema de los recursos públicos con los que se financiará esta elección judicial. Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como los coordinadores parlamentarios de Morena ya dijeron que no le darán al INE los 13 mil millones de pesos que solicitó, con base en los costos reales que tendrá la organización de esos comicios. En su lugar, los morenistas les piden “revisar” cómo disminuir el costo, sin afectar la calidad de la elección, y según nos dicen fuentes de la Cámara de Diputados le ofrecerán al INE menos del 50% del monto que solicitó.
Y para obtener esos recursos, algo así como 5 o 6 mil millones de pesos que le piensan dar al INE, la mayoría de Morena se apresta a tomar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial que en total administran 21 mil millones de pesos, según el saldo del 2023, que están repartidos en 12 fideicomisos, de los cuales 6 los administra el Poder Judicial.
El problema es que para poder disponer de esos recursos primero tienen que declarar la extinción legal de dichos fideicomisos, algo que podría aprobar sin problema la mayoría de Morena en el Congreso, pero ahí viene otro inconveniente: una parte importante de esos fondos judiciales se utilizan para pagar liquidaciones, fondos de ahorro y hasta pensiones para trabajadores judiciales. ¿A ese dinero que pertenece a los trabajadores también le meterá mano Morena?
Por todo eso es que el panorama para la que será la primera elección de jueces que se haya realizado en la democracia mexicana no es nada halagüeño. La elección se realizará por mandato constitucional y de ella surgirán los que serán los nuevos ministros de la Corte, magistrados y jueces, de eso no hay duda; de todo lo demás, cuál será la calidad de la elección, qué tan limpia, democrática y libre será, hay muchas más dudas que certezas.
NOTAS INDISCRETAS… Los ecos de la cena de Justin Trudeau con Donald Trump, calificada como “wonderful” por el futuro presidente estadounidense, siguen resonando en todo Canadá, pero también en México, donde la diplomacia mexicana parece congelada, en comparación con la proactividad que están mostrando los diplomáticos canadienses. Porque detrás de la reunión personal que tuvo Trump con el presidente de Canadá están los oficios y la movilización que se desplegó desde la embajada canadiense en Washington, que logró concretar en menos de una semana este encuentro en el complejo residencial de Mar-a-Lago donde radica el presidente electo estadunidense. Y cuando uno voltea a ver la embajada mexicana en Washington parecen sonar los grillitos de inactividad porque no se ve para nada al embajador Esteban Moctezuma Barragán, que además ya tiene un pie fuera del cargo, porque ya le dijeron que lo van a sustituir, pero su relevo nomás no lo decide todavía la presidenta Claudia Sheinbaum. Habrá que ver cómo reacciona mañana el gobierno de México ante esta especie de carrera que parecemos llevar con Canadá por ver quién de los dos se salva primero del perverso juego de las amenazas y los aranceles de Trump. Pero lo que urge es que México tenga ya un nuevo embajador en Washington, un auténtico “halcón” o “águila” mexicana que tenga experiencia diplomática pero también mucho oficio y mucho colmillo político. Se barajan ya varios nombres en la oficina del canciller Juan Ramón de la Fuente, pero lo que falta es que se tome ya la decisión si no queremos seguir teniendo una estrategia solamente reactiva a las pautas agresivas que nos vaya marcando el señor Trump… Con la bendición de Dante Delgado y con el padrinazgo de su promotor, Samuel García, todo indica que Jorge Álvarez Máynez se convertirá en el nuevo dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, cuya presidencia se renueva esta semana. Con Máynez al frente del partido emecista está claro que Dante Delgado se decantó por heredarle el partido a Samuel García y confirmó su pleito irreconciliable con el Grupo Jalisco que encabeza Enrique Alfaro. Veremos si Máynez resulta mejor dirigente que candidato y si su gusto personal por la fiesta, que tanto le han criticado, no vuelve a ser tema en su dirigencia. En todo caso el movimiento naranja quedó muy lejos, por ahora, de los sueños de volverse la segunda fuerza política nacional y ya se verá si con su nuevo dirigente avanza en algo en ese objetivo… La empresa Broxel, que dirige Gustavo Gutiérrez, reitera que en el palco de 20 lugares que tiene en el Hard Rock Stadium de Miami, no estuvo presente ningún funcionario público del gobierno de la Ciudad de México durante el partido de los Miami Dolphins del pasado 17 de noviembre, como señala la denuncia ciudadana anónima que se presentó ante la Función Pública federal. La empresa mexicana que tiene también operaciones en Estados Unidos insiste en que en esa fecha solo hubo invitados que son sus clientes del sector privado y personal de su equipo comercial en Estados Unidos. Y sobre los señalamientos en contra de la licitación que ganó para manejar los vales de despensa en el Gobierno capitalino, insisten en que se le otorgó de manera transparente y por haber cumplido con todos los requisitos. “El cumplimiento cabal no demerita nuestra participación, sino que exhibe las limitaciones de la competencia, que busca litigar con desinformación en los medios lo que no pudo ganar en buena lid”, dice la carta enviada por la dirección de Broxel. En respuesta solo reiteramos que lo publicado en esta columna fue tomado textual de la denuncia ciudadana presentada ante Función Pública y otras 13 dependencias federales y estatales por un denunciante anónimo, y que en todo caso corresponde a las autoridades investigar y esclarecer… Los dados inician la semana con Escalera Doble. Buen tiro para el comienzo de diciembre.
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Entendimiento/Ricardo Monreal Ávila
El Universal,
La política es el arte de gobernar, pero también la capacidad de transformar las adversidades en oportunidades para lograr el bienestar común. Un liderazgo auténtico, además de administrar recursos, posee carácter y templanza para tomar decisiones, así como sabiduría para anticipar las consecuencias a largo plazo. Los momentos de tensión revelan siempre la verdadera naturaleza de las y los líderes y les dan la oportunidad de demostrar que la política no se trata de poder, sino de servicio.
En La República, Platón expone un ideal que sigue vigente: el del gobernante que une conocimiento profundo y virtud moral para conducir a su pueblo hacia la justicia y el bienestar. Este líder, según el filósofo griego, no busca el poder por ambición, sino que es una responsabilidad que asume con conciencia y humildad. Esto nos recuerda que quienes gobiernan deben ser capaces de mirar más allá de las crisis inmediatas, entendiendo que cada decisión puede marcar el destino de generaciones.
Hoy, México tiene en la presidenta Claudia Sheinbaum un reflejo de ese ideal. Su actuar ante las recientes amenazas de fijar aranceles a nuestros productos, por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, es un ejemplo de liderazgo basado en el diálogo, la cooperación y la defensa de la soberanía.
Desde el inicio de su gestión, ella ha dejado claro que la defensa de la soberanía y la dignidad nacional son principios innegociables. Incluso antes de que el entonces candidato republicano ganara la elección, se preveía un escenario de tensiones comerciales. Así que no nos tomó por sorpresa.
Gracias a su capacidad de análisis, la mandataria ya había planeado estrategias para enfrentar tal contexto. Su respuesta, inmediata y contundente, fue una carta que, lejos de la confrontación, buscó construir puentes, enfatizando que desafíos como la migración y el combate al fentanilo no se resuelven con amenazas ni con aranceles, sino con cooperación y entendimiento.
Esa misma visión fue el sello de la posterior conversación telefónica que ambos sostuvieron, descrita como “muy productiva” por Trump, y en la que la mandataria subrayó que México está gestionando las caravanas migrantes con una política basada en la dignidad y los derechos humanos, construyendo puentes y no muros.
Esta actitud, alejada de la sumisión, reafirma que México colaborará en temas de interés mutuo, pero jamás cederá a presiones o imposiciones que vulneren nuestra soberanía. Respecto a la migración, el objetivo es asegurar que sea ordenada, regulada y segura, como establece la ONU. En cuanto al combate al fentanilo, la oferta fue fortalecer la cooperación bilateral y compartir las campañas de prevención institucionales que han dado buenos resultados en nuestro país.
Se equivocan todos aquellos que han apostado por una confrontación. Quienes desean ver una pelea o una guerra de declaraciones quedarán decepcionados. La presidenta respondió con prudencia y estrategia, recordándonos que defender la soberanía no es algo nuevo para el movimiento de la Cuarta Transformación.
No olvidemos que, en 2020, durante la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Poder Legislativo aprobó reformas a la Ley de Seguridad Nacional que, entre otros asuntos, regulan la presencia de agentes extranjeros, como los de la DEA, en el territorio nacional. Esa legislación es un recordatorio de que México ya no tolerará más injerencias y defenderá su independencia.
La jefa del Ejecutivo continúa con ese legado, con una actitud sobria y republicana. Mientras otros líderes, como el primer ministro canadiense, acuden a Trump por cálculo electoral, nuestra presidenta actúa con inteligencia y sin desesperación. Su enfoque es estratégico, priorizando los intereses del pueblo mexicano por encima de cualquier impulso político.
En lo que corresponde al Poder Legislativo, particularmente en la Cámara de Diputados, estaremos acompañando a la presidenta en esta lucha. Nuestro respaldo será total, ejerciendo nuestras facultades —legales y constitucionales— para preservar la soberanía y asegurar que México enfrente con éxito este y cualquier otro desafío.
Estoy convencido de que, a partir de enero próximo, prevalecerán el entendimiento y la buena vecindad entre México y Estados Unidos. Los problemas compartidos no se resolverán desde la confrontación, sino desde la cooperación y el respeto mutuos.
Es primordial mantener la unidad como pueblo y nación, firmes en la defensa de nuestra soberanía. La fortaleza de México reside en su gente, en su capacidad para enfrentar los desafíos con determinación y esperanza. Con el liderazgo de la presidenta, tenemos la certeza de que el entendimiento, guiado por la razón y el diálogo, nos conducirá hacia un país más fuerte, independiente, próspero y en paz.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
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Estrictamente Personal
Andy contra Omar/Raymundo Riva Palacio
EL Financiero,
En los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum se había planeado realizar 100 capturas de alto impacto para lanzar el mensaje de que la seguridad sí era una prioridad para la Presidenta y que enfrentaría a los criminales, entre los cuales se encontraba la detención de un sicario apodado el Tijeras, el principal responsable del atentado contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en junio de 2020. El Tijeras estaba ubicado en Chiapas, y su detención era parte de la estrategia que pensaba seguir García Harfuch para cambiar rápidamente la percepción de que el gobierno no hacía nada, porque era cómplice del crimen organizado. Pero no se pudo.
Las resistencias dentro del gobierno federal, donde los leales al expresidente Andrés Manuel López Obrador pertenecen al sector duro al que le molesta la presencia de García Harfuch porque no es parte de su causa sino simboliza a sus enemigos, pero es en quien descansa fuertemente Sheinbaum y lo perfilan como una de sus cartas fuertes para la sucesión en 2030, sabotearon el trabajo interinstitucional para detener al Tijeras, mediante una filtración que lo alertó y se fue del estado.
Lo que sucedió con el Tijeras es el mejor ejemplo de la lucha intestina que se está viviendo en el gobierno de Sheinbaum, donde el combate a los criminales se está cruzando con pugnas entre las facciones que existen dentro de Morena y, por razones de sobrevivencia, el realineamiento de lealtades rumbo a la sucesión presidencial en 2030.
La más clara hasta ahora es la Operación Enjambre, que escondió los primeros golpes contra el grupo político de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y actual secretario de Organización Electoral de Morena, a quien se señala dentro del gobierno como el principal responsable de los ataques contra García Harfuch, y las complicidades políticas mexiquenses con el crimen organizado, que propiciaron la fuga de siete funcionarios que iban a ser detenidos.
Coordinada por García Harfuch, la Operación Enjambre se ejecutó en los territorios controlados por La Familia Michoacana, que encabezan los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, que nunca operaron en Michoacán, pero fueron aliados de aquella organización criminal que fue aniquilada durante el gobierno de Felipe Calderón y renació en el de Enrique Peña Nieto. En el sexenio anterior se alió con Cárteles Unidos para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación, y se renombró La Nueva Familia Michoacana.
Los Hurtado Olascoaga operan desde la zona de la Tierra Caliente en Guerrero, pero controlan esa misma región en el Estado de México, donde se fueron expandiendo hasta operar en 49 de los 125 municipios mexiquenses, de acuerdo con un informe elaborado el año pasado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La Familia Michoacana tuvo la protección de altos funcionarios federales del obradorismo, y amenazaron y secuestraron a candidatos de oposición en varias contiendas municipales para neutralizarlos o eliminarlos de la lucha electoral a cambio de pagos millonarios, de acuerdo con personas con conocimiento y experiencia en algunos de esos episodios. Esas viejas alianzas fueron rotas por la Operación Enjambre.
Información pública vincula a varios de los políticos detenidos, en particular a la alcaldesa de Amanalco, María Elena Robles, como parte del grupo del senador Higinio Martínez, muy cercano a López Obrador, quien hace escasas tres semanas hizo una crítica a la política de seguridad del gobierno de Sheinbaum, que nunca hizo con anterioridad. Martínez era jefe del Grupo Texcoco, en el que se formaron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y su secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, y se distanció de ellos porque él no fue quien se quedó con la candidatura. El golpe de la Operación Enjambre lo sintió en los municipios conurbados al oriente de la Ciudad de México, que tiene bajo su control político.
La Operación Enjambre sirvió también para ocultar el relevo de Paulina Moreno García como secretaria de Finanzas del Estado de México, y la llegada de Óscar Flores Jiménez, que había trabajado con la gobernadora en la Secretaría de Educación como su oficial mayor.
La sustitución de Moreno García fue para que Gómez se quitara una losa de encima porque la exsecretaria tenía prácticamente paralizado al estado, al no responderle a la gobernadora y secarla presupuestalmente, acatando órdenes sólo de Juan Pablo de Botton –alfil de López Beltrán–, removido por Sheinbaum de la Subsecretaría de Egresos en Hacienda, y nombrado secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, donde se concentra la mayor fuerza opositora a la Presidenta.
El cambio por Flores Jiménez, sin embargo, no es una ruptura definitiva con López Beltrán. Todavía no hay condiciones para ello. Flores Jiménez también responde a ese grupo y fue enviado como oficial mayor a Educación –donde se maneja uno de los presupuestos más grandes de la administración federal– por la pareja López Beltrán-De Botton. Pero el cambio en sí mismo es una señal. Moreno García, muy cercana a De Botton desde que estudiaron en el CIDE, estaba convertida en el principal poder en el Estado de México, desafiando al constitucionalmente instituido.
La vinculación de este episodio con el tema de la seguridad es indirecta, aunque fundamental para entender lo que está sucediendo. López Beltrán es a quien le adjudican dentro del gobierno de Sheinbaum los golpes públicos que ha estado recibiendo García Harfuch, para deslegitimarlo y desacreditarlo, como se ha estado intentando desde septiembre, a través de personas ligadas al exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta, Jesús Ramírez Cuevas, y al director del ISSSTE, Martí Batres, quienes encabezaron su descarrilamiento como candidato a la jefatura de Gobierno capitalina el año pasado.
La sucesión presidencial se está cruzando en la estrategia de seguridad, demasiado pronto para ese proceso y demasiado rápido para lo que tiene que enfrentar Sheinbaum, que está buscando reforzar a García Harfuch con una mayor presencia en las mañaneras y admitiendo que acciones como la Operación Enjambre tendrán que ser una norma, no una excepción, cueste a quien le cueste.
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TOLVANERA / Roberto Zamarripa
REFORMA, 02 diciembre 2024
El presidente electo Donald Trump alineó a sus vecinos antes de arrancar su segundo mandato. Hablan de lo que él quiere y emprenden medidas preventivas para tratar de satisfacer las exigencias de quien advierte un 20 de enero infernal, día en que tomará posesión y expedirá órdenes y decretos acordes a sus estridencias de campaña.PUBLICIDAD
Trump incorporó el tema del combate al narcotráfico como un asunto central de la relación con México y Canadá. La eterna narcotización de la relación binacional aunque ahora atada a una guerra comercial. Pero la amenaza arancelaria puede ser la cortina que oculte otro propósito de mayor calado: la remodelación del gobierno mexicano con el pretexto de combatir la narcopolítica imperante.
El punto de partida del nuevo gobierno estadounidense, y no solo del presidente Trump, es el convencimiento de que en México impera un narcoestado y que la peor plaga que tiene el país junto con los criminales son los narcopolíticos.
El próximo vicepresidente, James Vance; el consejero de seguridad nacional, Mike Waltz, y el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, han insistido en que el narco mexicano controla grandes porciones de territorio nacional y resulta el principal factor de inestabilidad y amenaza para Estados Unidos. Para Vance, la exterminación de los narcos es asunto personal. Culpa a los criminales mexicanos de introducir la droga que arruinó la vida de su madre, una adicta al opio. Para Waltz el tema está en una iniciativa legislativa presentada con el congresista texano Dan Crenshaw donde sugiere una intervención armada estadounidense en territorio mexicano para desactivar a los cárteles de la droga.
"Hay que equipar mejor a nuestros militares y dejar de centrarnos en las prioridades woke y volver a centrarnos en ganar guerras. Nuestra seguridad nacional depende de ello", ha dicho en declaraciones de prensa.
Marco Rubio será el próximo secretario de Estado norteamericano y su postura es pública: AMLO entregó porciones de territorio mexicano al narco. Y aunque matiza diciendo que es necesario coordinarse con las fuerzas de seguridad mexicanas para desatar una intervención armada de EU en México contra los cárteles, su convencimiento de que prevalece un narcoestado es pleno.
El fondo del asunto no es solo la bravata que puede pasar a decisión con acciones quirúrgicas en comunidades o con detenciones extraterritoriales específicas de capos mexicanos.
Bajo un gobierno demócrata ya pudieron capturar de manera disfrazada a El Mayo Zambada con la ayuda del cártel rival con el saldo de un narcopolítico muerto, el ex rector Cuén.
Con Trump no requerirán de argucias. Están decididos a actuar directamente.
Además de los capos están los narcopolíticos. Y esa es la lista que engrosan desde ahora. Los amagos militares pueden pasar rápidamente a las advertencias sobre funcionarios incómodos y sobre certezas de complicidades y relaciones directas de altos funcionarios, gobernadores o alcaldes con narcotraficantes.
Hay caldo de cultivo. La operación "Enjambre" del gobierno mexicano pudo desarticular una célula de "La Familia Michoacana" en Amanalco, un pequeño municipio mexiquense de apenas 25 mil habitantes. La alcaldesa María Elena Martínez, afiliada a Morena, fue encarcelada por sus vínculos con los criminales a quienes asignaba las partidas del presupuesto público y les pagaba cuotas por acuerdos de cabildo.
Ese es un microejemplo de lo que ocurre en una gran cantidad de municipios de todo el país. Es la célula básica de la narcopolítica mexicana. No es un asunto de ficción ni argumento de una película. Es lo cotidiano.
La nueva admiistración estadounidense puede amagar con una poda política o con una persistente presión bajo el argumento de que prevalece un narcoestado. No son ocurrencias. Ni es una pequeña operación enjambre. Van a centrarse en ganar guerras. Y la del narco es una de ellas.
robertozamarripa2017@gmail.com
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