Lo cerraron y lo volvieron a abrir..
Cortes, peinados, shampoo y tintes ¡en Senado!
Nota de Mayumi Suzuki
Un salón de belleza en el Senado de la República fue cerrado ayer tras ser revelada su existencia... pero dos horas después fue reabierto.
Conforme confiaron legisladores morenistas a REFORMA, el salón fue habilitado desde hace un año por gestiones de la senadora de Morena, Andrea Chávez, y ofrece servicios de peinado, tinte y maquillaje en días de sesión.
Pronto, dijo la persona que ahí atendía, se hará manicure.
La senadora pevemista Juanita Guerra fue captada ayer al mediodía cuando se aplicaba un tinte en la estética.
La presidenta de la Cámara alta, la morenista Laura Itzel Castillo, admitió la operación del lugar y reconoció haberlo usado al menos una ocasión.
"Es un trabajo que se hace sobre todo porque hay muchas compañeras que vienen de diferentes estados y las sesiones son muy temprano, y los vuelos también", justificó la senadora.
Tras la revelación de la estética en el recinto senatorial, personal de Resguardo Parlamentario, que depende del ahora presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, clausuró el lugar, pero en menos de dos horas los sellos fueron retirados por lo que deberá dar servicio este jueves.
Aunque colegas de su bancada confirmaron que Andrea Chávez promovió el salón, ella se deslindó.
"Ni habilité ningún salón de belleza, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie. Tengo una Dyson, me peino en mi casa, y no tengo nada que ver con la película que se montaron", manifestó.
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Ayuntamiento morenistas de Tequila, al servicio del crimen..
¿Como?, ¿Por qué?
La noticia sacudió el tablero nacional: Omar García Harfuch confirmó la caída de Diego Rivera Navarro, alcalde morenista de Tequila, Jalisco. Pero no cayó solo; se llevaron también a la plana mayor de su administración: el Director de Seguridad Pública, el de Catastro y el de Obras Públicas. Todos, según la investigación, piezas de un mismo engranaje criminal.
Lo que revela este operativo coordinado (Sedena, Marina, FGR y SSPC) es una radiografía del México que duele: un gobierno municipal convertido en una sucursal del CJNG. Aquí no solo se desviaban recursos del erario; se manejaba un esquema de extorsión contra las industrias que dan identidad a la región: la cervecera y la tequilera.
Esta deteción no es una sorpresa, es una confirmación. Ya en mayo de 2025, el alcalde fue citado por aquel polémico evento de "Los Alegres del Barranco", donde la imagen de "El Mencho" se proyectaba sin pudor. La señal estaba ahí, pero la justicia tardó en llegar.
Detener a un alcalde y a sus directores de confianza —Juan Manuel Pérez Sosa, Juan Gabriel Toribio e Isaac Carbajal— es apenas un síntoma. El verdadero reto de la Operación Enjambre es limpiar de raíz esas "redes de corrupción" que asfixian a los empresarios y comerciantes bajo la bota del narco.
¿Hasta dónde llega la cadena de complicidades? Por ahora, en Tequila, el poder local ha quedado bajo los reflectores de la vergüenza nacional.
Y que dice la dirigencia de Morena?, seguramente se van a deslindar……
Pero debemos precisar que Rivera Navarro goza de la presunción de inocencia…
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Las columnas políticas hoy, jueves 5 de febrero de 2026.
Templo Mayor EN REFORMA
CUANDO la CTM despertó, el dinosaurio mayor se había jubilado. Por increíble que parezca, Carlos Aceves del Olmo anunció que no buscará la enésima reelección al frente de la central obrera que fue clave en el régimen priista y que hoy busca acomodarse en la férula de la 4T.
AUNQUE Fidel Velázquez se revolvería en su tumba al ver que el líder obrero no se queda hasta el final de los tiempos, la decisión está tomada y los distintos liderazgos comienzan a moverse para la sucesión cetemista. Uno de los que ya levantó la mano es Tereso Medina.
LO QUE SE COCINA es una fórmula muy parecida a la que han tenido en el SNTE y otras centrales que antes fueron tricolores y ya cambiaron al guinda.
OTRO DATO a considerar es que Aceves del Olmo tenía un pleito cantado con Pedro Haces, el dirigente de la CATEM, y se dio cuenta que no tenía muchas posibilidades de vencer.
NI EN LAS telenovelas turcas se dan relaciones tan complicadas como las de Morena y Movimiento Ciudadano. La suya es una mezcla de amor-odio que va cambiando conforme se traspasan las fronteras estatales.
POR UN LADO, hay pronunciamientos de distintos dirigentes respecto a que estarían dispuestos a apoyar una reforma electoral y a la vez otros afilan lanzas contra los gobernadores naranjas de Jalisco y de Nuevo León.
AYER ANDUVO por Monterrey Luisa María Alcalde y tiró línea contra Samuel García. Debido a eso, Morena apoyará ¡al PRI y al PAN! en la aprobación del presupuesto estatal, antes que darle el aval al gobierno fosfo-fosfo.
EL REGRESO del infierno es complicado. Y eso lo están comprobando las y los venezolanos, que ven con esperanza los cambios que se están dando en el régimen, pero al mismo tiempo comprueban los graves efectos que han dejado tantos años de tiranía e impunidad.
UN EJEMPLO que puede palparse en videos difundidos en redes sociales es el de la liberación de los presos políticos de las múltiples cárceles que erigieron los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En ellas fueron encerrados vibrantes activistas y férreos opositores a la dictadura, pero están siendo liberadas personas con el alma quebrada, desorientadas, con más miedo que certeza sobre la vida.
ESTAS ESCENAS ponen al descubierto una realidad que se denunció una y otra vez pero que el gobierno de Venezuela (y los de países cómplices) negaron reiteradamente: que en las cárceles políticas no se purgan condenas, sino que se imponen castigos inhumanos, se tortura, se quiebra a los opositores.
EL COLMO es que eso no parece preocuparle a Estados Unidos, que supuestamente iba a poner en orden a Venezuela, pero que simplemente tomó la caja registradora del petróleo y se desentendió de todo lo demás.
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Estrictamente Personal
Adán y Marina, bajo la lupa de EU/Raymundo Riva Palacio
El Financiero,
Dos figuras estelares del régimen tienen serios problemas en su horizonte: el senador Adán Augusto López Hernández y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Ambos tienen investigaciones abiertas en Estados Unidos y han ido perdiendo apoyo en Palacio Nacional, aunque públicamente se diga lo contrario. Aunque cuentan con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, nuevas pistas que presuntamente los vinculan con el crimen organizado se están agregando a sus expedientes.
Los nuevos señalamientos directos de Washington contra López Hernández se encuentran en el antecoro de su renuncia a la coordinación de Morena en el Senado. Es cierto lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que no le pidió que lo hiciera, porque sabía que una iniciativa de ella en ese sentido sería rechazada en Palenque. El senador se fue de la coordinación, pero mantiene la protección del fuero.
El caso de Ávila es todavía más serio, porque su nombre ha sido puesto sobre la mesa en las reuniones de los enlaces de los gobiernos de México y Estados Unidos en el tema de la seguridad, donde se ha estado hablando de su licencia a la gubernatura. El mensaje le fue transmitido hace 10 días por el secretario de Educación, Mario Delgado, quien, como presidente de Morena, tuvo una activa participación para que fuera electa. Esa reunión fue pública, pero no generó mayor interés. Los detalles de lo que le dijo se mantienen herméticos. Lo que ella pueda haber alegado o planteado como solución también se desconoce.
La gobernadora es una de las poco más de 100 funcionarios y políticos a quienes el Departamento de Estado les ha cancelado la visa, lo cual es el componente político de las decenas de miles que han sido suspendidas y que no se encuentran en la política o cuyas relaciones son exclusivamente criminales. No se sabe si le han suspendido la visa al senador López Hernández.
Los bienes en Estados Unidos del senador, su esposa, sus familiares y sus socios, de acuerdo con información en el gobierno, están bajo investigación en Estados Unidos, donde exploran la posibilidad de congelar sus activos en ese país, que sería el primer paso para determinar si se les abre un proceso judicial en el Departamento de Justicia.
De sus socios, uno llamó la atención al ser mencionado por nombre por los estadounidenses que sirven de enlaces con el gobierno de Sheinbaum: Luis Montaño García, un empresario del Estado de México que aspira a la alcaldía de Atizapán por el Partido Verde, que es socio de una financiera a través de la cual vende y renta vehículos especializados al IMSS, ISSSTE y CFE, así como arrienda patrullas a varios gobiernos estatales.
No está claro por qué es una persona de interés para Estados Unidos, pero dado su involucramiento en la pacificación frustrada en Michoacán, un hilo conductor pueden ser los contratos millonarios que ha obtenido del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla para equipar a las policías locales, que, de acuerdo con funcionarios mexicanos y estadounidenses, trabajan en una buena parte para el crimen organizado.
El desplazamiento de López Hernández de la coordinación en el Senado es lo más que pudo hacer la presidenta Sheinbaum para no tensar más su relación con el ala dura del obradorismo, que, a través de sus propagandistas en los medios, ha venido exigiendo una mayor dureza con el gobierno estadounidense, al mismo tiempo que señala que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es complaciente con Washington.
El senador quedó blindado con el fuero, que también tiene la gobernadora Ávila, quien ha estado involucrada en asuntos del crimen organizado –que ella niega– desde que le cancelaron la visa estadounidense en mayo pasado. Ávila era una de las gobernadoras preferidas del régimen, pero esto ha cambiado ante las denuncias de corrupción de Carlos Torres, de quien se divorció en octubre, que dio origen a una investigación en la Fiscalía General de la República.
Torres, a quien también le suspendieron la visa, publicó la semana pasada un video en las redes sociales donde negó ser criminal y aseguró que la denuncia anónima que dio pie a la investigación está relacionada con la elección para la gubernatura de Baja California el próximo año.
La gobernadora y su exesposo, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, estuvieron involucrados en un conflicto en Baja California hace más de tres años, por el reacomodo de cárteles en la plaza de Tijuana, y una investigación realizada en México con el apoyo de la DEA la señaló como una de las siete candidatas a gobernadora en 2021, cuya campaña recibió dinero de Sergio Carmona, El Rey del Huachicol.
Aunque el nombre de López Hernández ha sido el de mayor frecuencia en las conversaciones de altos funcionarios estadounidenses con la presidenta para que actúe penalmente contra él y sus acciones presuntamente criminales no queden impunes, es el de Ávila el que se ha barajado específicamente en las recientes mesas de trabajo sobre seguridad entre ambos países, donde se ha planteado la posible solicitud de licencia de la gobernadora, allanando el camino para que se le abra una causa legal.
La respuesta en la Presidencia a las presiones estadounidenses, que trajeron un primer resultado en el más alto nivel del régimen con la renuncia de López Hernández a la coordinación, muestra la creciente falta de espacio de maniobra de la presidenta y la aceptación que se tiene que enviar señales de que está tomando decisiones sobre políticos del obradorismo para evitar impunidad. Con López Hernández, Sheinbaum no ha tenido problema en ser fría y distante y, con ese tono que patea todo, decir que la decisión fue suya. Con Ávila, volvió a mostrarle apoyo en su reciente visita a Baja California y dijo que la coordinación con el gobierno federal, especialmente en el tema de la seguridad, era muy buena.
Los zigzagueos de la presidenta se han vuelto frecuentes, y lo que dice hoy, no necesariamente lo repetirá mañana. La presión sobre López Hernández finalmente dio un resultado, aunque salomónico, manteniéndolo cuidado y protegido. En reuniones siguientes se verá la reacción estadounidense por seguir blindándolo, y de Palenque por el acuerdo alcanzado con Sheinbaum. Con Ávila, en cambio, su futuro ya se está diseñando.
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Harfuch confirma que el Cártel de Sinaloa sigue operando políticamente/Héctor De Mauleón
El Universal,
El secretario de seguridad pública federal, Omar García Harfuch, identificó a una célula de Los Chapitos, líderes del Cártel de Sinaloa, como responsable del atentado ocurrido la semana pasada en pleno centro de Culiacán, en contra del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, y de la diputada Elizabeth Montoya.
El pasado 28 de enero, ambos legisladores salían de las instalaciones del Congreso del Estado y se dirigían al aeropuerto para volar a la Ciudad de México, cuando sobrevino la agresión. Torres Félix, exalcalde de Culiacán y exlíder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, STASAC, maniobraba políticamente para tomar el control de este sindicato, del que había sido dirigente, y tenía la vista puesta, además, con ánimo de participar, en el proceso electoral del año entrante, cuando se renovarán los poderes del estado.
Dos candidatos que habían anunciado su decisión de contender por la dirigencia de la STASAC se bajaron de la contienda a poco de hacer públicas sus intenciones. Uno, alegando “motivos de salud”, y otro “motivos personales”. Corrió la versión, normalizada ya entre la clase política de Sinaloa, de que los dos habían sido amenazados.
A los pocos días ocurrió el atentado en contra de Torres Félix, que le costó un ojo a la diputada Montoya y que a él tiene en estado crítico en una unidad de terapia intensiva.
Se trató, en realidad, del banderazo de salida del proceso electoral de 2027, en el que, a través de su sindicato, el Ayuntamiento de Culiacán es la primera pieza en disputa por los dos grupos del Cártel de Sinaloa que se hallan enfrentados desde el año pasado, y que han erosionado y destruido no solo a sus milicias y sus ejércitos de sicarios, sino también la vida y la actividad económica de la capital y de amplias regiones del estado.
Cerca de dos mil muertes y más de dos mil desaparecidos. Balaceras y persecuciones todos los días. Ejecuciones, robo de autos y de camionetas. Quema de casas y de negocios. Arrojadero de cuerpos en la vía pública. Asesinato de policías. Mensajes, narcomantas y cartulinas de ida y vuelta.
Y ahora, en medio de la presencia de diez mil soldados que no logran mitigar el horror ni ahuyentar el miedo, la inminencia de un proceso electoral que arranca formalmente en septiembre, mientras el Cártel de Sinaloa se halla inmerso en su peor guerra, y en el que la pregunta en los círculos políticos es quién se atreverá a postularse.
El Culiacanazo de 2019, en el que Ovidio Guzmán fue liberado por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, y las elecciones intermedias de 2021, en las que, se ha documentado extensamente, el Cártel de Sinaloa se convirtió en el gran operador electoral del partido en el poder, desnudó el contubernio del crimen con la política.
El atentado contra Torres Félix y la diputada Montoya, atribuido por García Harfuch a una célula de Los Chapitos, es el indicio poderoso de que a pesar de los 10 mil soldados y de una estrategia de seguridad que presume detenciones, pero lleva más de un año sin dar resultados tangibles; de que a pesar de las entregas, las expulsiones y las extradiciones de narcos al gobierno estadounidense, los poderes fácticos de Sinaloa siguen preparando el escenario político para los años siguientes.
Mucho antes del arranque formal del proceso electoral, y cuando ya desde de la Presidencia y la gubernatura del estado comienzan a moverse políticamente las primeras piezas en el tablero de la sucesión, vendrán en Estados Unidos los juicios de los grandes narcos de Sinaloa.
¿Qué pueden ofrecerle los dos Chapos presos y El Mayo Zambada al gobierno de Donald Trump? En esos juicios, el estado de Sinaloa tendrá por fuerza que ocupar un lugar central, ya que en las listas de los capos detenidos hay gobernadores, alcaldes, legisladores de todos colores. Es probable que veamos todo eso dentro de algunos meses.
Washington no parece impresionado con los logros del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de combate a la narcopolítica, se ha escrito en el Financial Times. En la acusación al dictador venezolano Nicolás Maduro aparecen ya los vínculos oscuros de México con el narcotráfico, los cuales tendrán que emerger a lo largo de su juicio.
Paradójicamente, en medio del terremoto que parece avecinarse, la elección de 2027 podría ser una oportunidad histórica para la sociedad sinaloense para detener la destrucción y el deterioro a que su estado ha sido arrastrado. Es probable que, tras tantos años de mentiras, corrupción e impunidad, también veamos eso dentro de algunos meses.##
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Golpe constitucional
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento /
REFORMA, 05 febrero 2026
"Vamos a obradorizar el Poder Judicial". Alejandro Robles Gómez, diputado de Morena, 24.5.2023
Hoy hace dos años el expresidente López Obrador lanzó la convocatoria para un golpe constitucional. Pidió 18 enmiendas constitucionales y dos legales, aunque no contaba con mayoría calificada en el Congreso ni tenía intenciones de negociar con la oposición. Era fácil menospreciar sus propuestas, no solo porque se encontraba ya al final de su mandato, sino porque el artículo 54 de la Constitución establece reglas que impiden que un partido pueda tener mayoría calificada.
En la lista se mezclaban iniciativas que ya estaban en la Constitución, como reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como "sujetos de derecho público"; expresiones de buenos deseos, como garantizar la atención médica gratuita, la educación y el trabajo; propuestas que revelaban ignorancia científica o técnica, como prohibir el maíz transgénico, el fracking y la minería a cielo abierto, revertir las reformas de pensiones de 1977 y 2007, y utilizar los 18 mil kilómetros de vías férreas para dar servicio de pasajeros; algunas habrían destruido la actividad económica, como prohibir en "zonas con escasez de agua", todo el norte del país, el uso de agua excepto para consumo doméstico.
Algunas iniciativas eran de una superficialidad asombrosa, como prohibir los vapeadores, además equiparándolos con el fentanilo, pero otras eran de una perversidad extrema, como elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular y eliminar "las candidaturas plurinominales" en una reforma electoral.
La mayoría calificada la logró AMLO con un golpe a la Constitución premeditado y ejecutado de manera sistemática. El primer paso fue tomar control del INE, designando consejeros incondicionales, y del Tribunal Electoral. El Senado, con mayoría oficialista, se negó inconstitucionalmente a designar a nuevos magistrados para asegurar una mayoría artificial de tres morenistas y dos independientes en el Tribunal. Morena y sus aliados movieron candidatos a legisladores de un partido a otro para maximizar su representación proporcional. Posteriormente, el INE y el Tribunal Electoral omitieron el párrafo I del artículo 54 constitucional, que dice que para ser considerado en el reparto de plurinominales un partido debe presentar candidatos uninominales en 200 distritos, para considerar a los tres partidos oficialistas como uno solo. Al asignar plurinominales, sin embargo, los volvieron a considerar independientes para darles una enorme sobrerrepresentación.
Por eso, con 54 por ciento del voto, el oficialismo recibió 73 por ciento de los escaños y la oposición, con 46 por ciento, solo 27 por ciento. Como la coalición oficialista no alcanzó la mayoría calificada en el Senado, Morena compró dos senadores del PRD y uno del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, y además presionó a uno de MC para que no se presentara en la votación de la reforma judicial.
Fue un verdadero golpe. López Obrador definió el camino y la presidenta Sheinbaum lo ha ejecutado. Falta la reforma electoral, diseñada para regresarnos a los tiempos del partido hegemónico, pero estamos a unos días de conocer la iniciativa.
Este 5 de febrero debemos lamentar la muerte de la Constitución ordenada hace dos años por López Obrador. Hoy está a punto de concluir la construcción de su sueño de restablecer en México un régimen de partido hegemónico.
INFORMACIÓN
El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, afirmó ayer que la información sobre los envíos de petróleo a Cuba es pública y que en 2025 se le vendieron productos por 496 millones de dólares. El último reporte a las autoridades estadounidenses, sin embargo, dice que de enero a septiembre de 2025 se le entregaron 17,200 barriles diarios de petróleo y 2 mil de petrolíferos por 7,900 millones de pesos (456 millones de dólares al tipo de cambio de ayer). No coincide. Pero además no sabemos cuánto se regaló y cuánto se cobró realmente.
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