10 años después, la reforma inconclusa/María Elena Morera
EL UNIVERSAL, | 20/06/2026 |
La madrugada del 18 de junio de 2016, después de ocho años de preparación, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) entró en vigor en todo el país. Aquella noche se habló de transparencia, debido proceso, derechos de las víctimas y una justicia más eficaz. Una frase de Luis María Aguilar, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cobra hoy un sentido distinto. Cuando advirtió: “Ahora comienza el reto de hacerlo realidad” recordaba que la reforma apenas entraba en su prueba más difícil, la de funcionar en los hechos.
Sería injusto afirmar que nada cambió. El sistema acusatorio redujo parte de la opacidad del viejo modelo escrito. Las audiencias se volvieron públicas, se fortaleció la presunción de inocencia y se ampliaron los derechos de víctimas e imputados.
Sin embargo, también sería un error concluir que la reforma cumplió sus principales promesas; para millones de mexicanos, la justicia sigue siendo lenta, inaccesible o simplemente inexistente.
Durante años, el debate público se ha concentrado en culpar al sistema acusatorio de la impunidad y de la inseguridad. Cada vez que una persona detenida recupera su libertad, se culpa a los jueces. Cada vez que una investigación fracasa, se cuestionan las garantías procesales. Sin embargo, pocas veces se observa el problema donde realmente comienza.
México reformó los juicios, pero no reformó la investigación criminal. La evidencia es contundente. En 2024, más de 93% de los delitos no fueron investigados y apenas 0.8% derivó en alguna consecuencia mínima, como recuperación de bienes, puesta del responsable ante un juez, perdón o reparación del daño. No porque existan demasiadas garantías procesales, sino porque los casos ni siquiera logran construirse adecuadamente desde el inicio.
Uno de los mayores desafíos sigue siendo el Ministerio Público. En teoría, debe conducir jurídicamente las investigaciones y construir casos sólidos para llevar ante los tribunales. En la práctica, es el embudo donde la justicia se atora.
Los hallazgos más recientes de Causa en Común muestran que las fiscalías mantienen rezagos en capacitación, certificación y desarrollo profesional, así como capacidades insuficientes de investigación criminal. A ello se suma la debilidad de los servicios periciales, la escasez de policías de investigación y el desaprovechamiento de miles de policías municipales que conocen su territorio, identifican patrones delictivos y generan información que rara vez se incorpora a las investigaciones. En otras palabras, la reforma procesal avanzó más rápido que las instituciones encargadas de hacerla funcionar.
Frente a estas deficiencias, la respuesta política de los últimos años ha sido ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Si la justicia no funciona, pareciera que la solución es encarcelar a más personas. Sin embargo, la ampliación de la prisión preventiva no resuelve el problema; lo agrava. En 2025, la población penitenciaria creció en casi 21 mil personas y, al cierre de 2024, casi la mitad de quienes estaban en prisión sin sentencia enfrentaban prisión preventiva oficiosa. México sigue apostando por encarcelar más, en lugar de investigar mejor.
La impunidad no inicia en las salas de audiencia. Nace mucho antes, cuando un delito no se investiga, una evidencia se pierde, una víctima no recibe atención o una carpeta se integra sin los elementos necesarios para sostener una acusación.
A diez años de la implementación nacional del SJPA, la discusión ya no debería centrarse en si el modelo es demasiado garantista o demasiado flexible. La verdadera pregunta es si México ha construido las instituciones necesarias para que funcione.
El juicio oral llegó. No obstante, lo que sigue pendiente son fiscalías capaces, policías profesionales, servicios periciales robustos y una investigación criminal eficaz. Diez años después de aquella madrugada de junio de 2016, el reto sigue siendo el mismo que advirtió el presidente de la Suprema Corte: hacerlo realidad.
Presidenta de Causa en Común
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